CE - Auto interlocutorio 11001030600020250016600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00166-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad del Pacífico y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca Asunto: autoridad administrativa competente para conocer de una queja disciplinaria. Oficina de control disciplinario interno inexistente. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de septiembre de 20221, el señor Juan Guillermo Franco Enríquez, docente de la Universidad del Pacífico, presentó ante el jefe de división de personal de dicha institución una queja contra el señor José Edward Arroyo, en su calidad de director del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura de la referida universidad, por las presuntas irregularidades en las qu e incurrió, al solicitarle «ayudas económicas». Dicha solicitud, según el quejoso, se materializó el 20 de abril de

2021.

por las presuntas irregularidades en las qu e incurrió, al solicitarle «ayudas económicas». Dicha solicitud, según el quejoso, se materializó el 20 de abril de 2021.

Mediante Auto del 4 de enero de 2023 2, el presidente del Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico asignó al expediente el radicado 2023-01 y dispuso abrir investigación disciplinaria en contra del señor José Edward

1 Expediente Electrónico, SAMAI, documento: 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf. 2 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folios 85 a 87.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 2 de 32

Arroyo, en su calidad de director del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura de la Universidad del Pacifico con base en la queja antes descrita.

2. Por medio de Oficio del 25 de abril de 2024 3, la rectora de la Universidad del Pacífico declaró su falta de competencia para tramitar varios procesos disciplinarios, dentro de los cuales se encontraba el del señor José Edward Arroyo, radicado 202301, y, en consecuencia, ordenó remitirlos a la Procuraduría General de la Nación.

3. En virtud de lo anterior, el 22 de mayo de 20244, la Universidad del Pacífico remitió a la Procuraduría General de la Nación varios expedientes con implicaciones disciplinarias, dentro de los cuales se encuentra la queja presentada por Juan Guillermo Franco Enríquez contra José Edward Arroyo , radicado 2023 -01, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funcion es, al solicitarle «ayudas

disciplinarias, dentro de los cuales se encuentra la queja presentada por Juan Guillermo Franco Enríquez contra José Edward Arroyo , radicado 2023 -01, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funcion es, al solicitarle «ayudas económicas».

4. Por Auto del 19 de junio de 2024 5, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca se abstuvo de asumir el conocimiento, entre otros, del proceso identificado con radicado IUS E-2024-335800, derivado de la queja presentada por Juan Guillermo Franco Enríquez contra José Edward Arroyo y, en consecuencia, ordenó devolverlo al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del

Pacífico.

5. El 18 de febrero de 2025 6, la rectora de la Universidad del Pacífico solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas, en orden a determinar la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria a que haya lugar en contra del señor José Edward Arroyo, radicado núm. 2023 -01 (Universidad del Pacífico) e IUS E -2024-335800

(Procuraduría).

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 1527 del 25 de marzo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (a partir del 28 de marzo de 2025 hasta el 3 de abril de 2025), con el fin de que las

de marzo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (a partir del 28 de marzo de 2025 hasta el 3 de abril de 2025), con el fin de que las autoridades involucradas y las personas in teresadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

3 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folios 63 a 79. 4 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folio 63. 5 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folios 89 a 114. 6 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folios 1 a 25. 7 SAMAI, 010POREDICTO_EXPEDIENTE_02Edictopdf.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 3 de 32

Consta que se informó 8 sobre el presente conflicto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico y al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico.

Según constancia secretarial del 4 de abril de 2025, durante la fijación del edicto, la Rectoría de la Universidad del Pacífico presentó alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 23 de abril de 2025, el consejero ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente y, de conformidad

involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 23 de abril de 2025, el consejero ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente y, de conformidad con los artículos 109, 110 y 111 de la Ley 1952 de 2019, y 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, consideró necesario comunicar el presente asunto al señor José Edward Arroyo, en su condición de sujeto procesal -investigadodentro del proceso disciplinario núm. 2023-01 (radicado Universidad del Pacífico) e IUS -E-2024335685 (radicado Procuraduría General de la Nación) para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del auto, presentara sus alegatos o consideraciones.

Adicionalmente, en el referido auto para mejor proveer el consejero ponente requirió al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico para que allegara documentación necesaria para la resolución del presente conflicto de competencias administrativas.

Según informe secretarial del 4 de mayo de 2025, dentro del término concedido en el auto mencionado, el señor José Edward Arroyo y el Grupo Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico guardaron silencio.

Mediante informe secretarial del 6 de junio de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que la Universidad del Pacífico allegó la documentación solicitada en el Auto para mejor proveer del 23 de abril de 2025.

Mediante informe secretarial del 6 de junio de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que la Universidad del Pacífico allegó la documentación solicitada en el Auto para mejor proveer del 23 de abril de 2025.

De conformidad con los informes secretariales del 12 de junio y del 2 julio de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que la Universidad del Pacífico allegó documentación adicional.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

8 SAMAI, 011ED_03Informedecomunicac.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 4 de 32

1. Universidad del Pacífico9

En escrito del 2 de abril de 2025 , declaró su falta de competencia para continuar con el proceso disciplinario con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, estableció que el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el derecho al debido proceso, aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, entre las cuales se encuentran las de los entes universitarios autónomos, que, aunque gozan de un estatuto constitucional especial, no están exentos del pleno respeto al ordenamiento jurídico, incluyendo la efectiva implementación de los cambios legislativos introdu cidos con la promulgación de la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

En virtud de lo anterior, explicó que la Ley 1952 de 2019, en el artículo 12, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, señala que el sujeto disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente,

modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, señala que el sujeto disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, por lo que en el proceso disciplinario debe gara ntizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

Adicionalmente, indicó que el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, señaló que toda entidad u organismo del Estado debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, y que, si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, le corresponderá la competencia a la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de julio de 2020, determinó que el Estado colombiano, en un plazo razonable, debía adecuar el ordenamiento jurídico interno c on el propósito de que, entre otros asuntos, se evitara la concentración de las facultades de investigación y sanción en una misma autoridad.

En este orden, explicó que en la Universidad del Pacífico existió un «Grupo de Control Disciplinario Interno » establecido mediante el Acuerdo Superior 001 de

2009. Sin embargo, advirtió que esta dependencia de la Universidad no cumplía con los requerimiento s relacionados con la garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Convención de Der echos Humanos, así como tampoco se desarrollaban de manera íntegra los postulados de imparcialidad

los requerimiento s relacionados con la garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Convención de Der echos Humanos, así como tampoco se desarrollaban de manera íntegra los postulados de imparcialidad

9 SAMAI, 013_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSRAD110010.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 5 de 32

y seguridad jurídica, desconociendo lo establecido en la s Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 y que, por tal razón, dejó de operar.

Así las cosas, la Universidad del Pacífico manifestó que, actualmente, se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa con el fin de crear la unidad u oficina de control disciplinario interno, e implementar los cambios legislativos introducidos por el nuevo Código General Disciplinario. Lo cual se inició a partir del Acuerdo Superior núm. 162 del 29 de junio de 2023 del Consejo Superior de la universidad, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, le concedió facultades al rector para adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para tal fin.

Por tal razón, y porque no cuenta con una unidad u oficina del más alto nivel que conozca de los procesos disciplinarios, la Universidad del Pacífico resolvió remitir el expediente disciplinario a la Procuraduría General de la Nación, por falta de competencia.

Lo anterior, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, que expresa que en el evento en que las

competencia.

Lo anterior, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, que expresa que en el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan cumplir por parte de la entidad estatal respectiva, por razón de su estructura, el conocimiento del asunto será de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca10

Aunque la Procuraduría Regional no presentó alegatos ante la Sala, su posición sobre el presente conflicto puede extraerse del Auto del 19 de junio de 2024, en el que esa autoridad se abstuvo de asumir el conocimiento del proceso disciplinario que origina el presente conflicto , y devolvió las diligencias al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico.

Señaló que la Universidad del Pacífico es un ente universitario autónomo, del orden nacional, y que la obligación que tiene toda entidad u organismo del Estado, con excepción de la Rama Judicial, de crear una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer de las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra sus servidores, no es un asunto reciente.

En efecto, indicó que desde la expedición de la Ley 200 de 1995 (artículo 48), y posteriormente con la promulgación de las Leyes 734 de 2002 (artículos 34 y 76) y 1952 de 201 9, modificada -esta última - por la Ley 2094 de 2021, se ratificó tal

posteriormente con la promulgación de las Leyes 734 de 2002 (artículos 34 y 76) y 1952 de 201 9, modificada -esta última - por la Ley 2094 de 2021, se ratificó tal

10 SAMAI, documento 006ED_EXPEDIENTE_072024335453pdf.pdf , folios 89 a 114.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 6 de 32

obligatoriedad, situación que, en su criterio, aplica incluso a las instituciones de educación superior, sin que pueda mediar justificación alguna para incumplir con ese deber.

De acuerdo con lo anterior, la Procuraduría precisó que al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico (creado desde 2009) le asiste la competencia para conocer de las actuaciones contra los servidores adscritos a esa institución universitaria.

Ahora bien, en sus alegatos también distinguió entre dos s upuestos fácticos , a saber: i) la existencia o no de un operador de control disciplinario interno en la institución, y ii) la imposibilidad de garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, regulado en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , otorgó competencia a la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, la Procuraduría aclaró que teniendo en cuenta que la Universidad del Pacífico es una entidad del orden nacional , en el evento en que no se pueda garantizar la separación de las etapas procesales de instrucción y juzgamiento, la competencia al interior de la Procuraduría para adelantar la segunda etapa, esto

Pacífico es una entidad del orden nacional , en el evento en que no se pueda garantizar la separación de las etapas procesales de instrucción y juzgamiento, la competencia al interior de la Procuraduría para adelantar la segunda etapa, esto es, la de juzgamiento, corresponde a las Procuradurías Distritales de Bogotá, conforme lo ordena el parágrafo único del artículo 76 A del Decreto 262 de 2000, adicionado por el artículo 23 del Decreto 1851 de 2021, dependencia a la cual le deberán remitir las diligencias una vez se expida y notifique el pliego de cargos, si se adopta tal decisión.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 , Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso , a saber, la Universidad del Pacífico y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca no tienen un superior común, dado que son autoridades autónomas e independientes.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 7 de 32

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo,

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pron unciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a qu e: i) las dos autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico, son del orden nacional ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con la investigación disciplinaria iniciada en contra de José Edward Arroyo, en calidad de director del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura de la Universidad del Pacifico, por las presuntas irregularidades en las que incurrió al solicitarle al quejoso «ayudas económicas»; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la

de Lenguas, Lingüística y Literatura de la Universidad del Pacifico, por las presuntas irregularidades en las que incurrió al solicitarle al quejoso «ayudas económicas»; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva11.

3. Aclaración previa

11 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 8 de 32

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las

documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario en contra del señor José Edward Arroyo, en su calidad de director del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura de la Universidad del Pacifico , por las presuntas irregularidades en las que incurrió, al solicitar «ayudas económicas » a un profesor de la mencionada institución universitaria.

La Universidad del Pacífico señaló que , actualmente, se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa con el fin de crear la unidad u oficina de control disciplinario interno, e imple mentar los cambios legislativos introducidos por el nuevo código general disciplinario . Agregó que esa institución universitaria no cuenta con una Oficina de Control Disciplinario Interno y, en consecuencia, no puede cumplir con las garantías de instrucción y juzgamiento, razón por la cual, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, remitió el conocimiento del asunto a la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauc a enfatizó

2094 de 2021, remitió el conocimiento del asunto a la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauc a enfatizó en la obligación que tiene toda entidad u organismo del Estado, con excepción de la Rama Judicial, de crear una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer de las actuaciones d isciplinarias que se adelanten contra sus servidores. Agregó que una cosa es no contar con un operador de control disciplinario interno en la institución, y otra la imposibilidad de garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, event o, este último, en el cual , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la competencia es de la Procuraduría General de la Nación.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 9 de 32

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de Universidad del Pacífico. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de Universidad del Pacífico. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración12

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa13.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública14, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comu nidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades15.

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. 13 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales

publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 10 de 32

Como se vio, la Ley 1952 de 201916, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 17. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad

para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de t odas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.18

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control disciplinario interno y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración 19

Por control disciplinario interno debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2094 de 2021 , corresponde a las oficinas de control disciplinario interno conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servido res públicos de sus dependencias.

Sobre las reglas de competencia para adelantar los procesos disciplinarios , es importante recordar que desde la Ley 734 de 2002 el Legislador introdujo la obligación de las entidades u órganos del Estado de contar con una oficina de control disciplinario interno, para adelantar los procesos disciplinarios hasta la decisión de primera instancia20. Señala el artículo 2.o:

16 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la vigencia de la Ley 1952 de 2019 es a partir del 29 de marzo de 2021. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del

16 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la vigencia de la Ley 1952 de 2019 es a partir del 29 de marzo de 2021. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00518-00; y Decisión del 18 de septiembre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00470-00; Decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00. 17 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 18 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 19 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sal a de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040; decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 1100103-06-000-2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001 -03-06-000-202200070-00. 20 Este esquema tiene sus antecedentes en la Ley 200 de 1995, cuyos artículos 48, 57 y 61

00070-00. 20 Este esquema tiene sus antecedentes en la Ley 200 de 1995, cuyos artículos 48, 57 y 61 introdujeron la figura de la oficina de control interno disciplinario, pero solo para dar impulso alRadicación: 11001-03-06-000-2025-00166-00 Página 11 de 32

Artículo 2o. Titularidad de la Acción Disciplinaria . Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ra mas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. [Resalta la Sala]

En concordancia con esta disposición, el artícul