CE - Auto interlocutorio 11001030600020250018000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00180-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca), departamento de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.

Asunto: Autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. El 10 de marzo de 2021, la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca) expidió certificación de información laboral CETIL número 202103860015929000770001, para efectos del reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.) por el tiempo laborado en dicha institución hospitalaria, entre

certificación de información laboral CETIL número 202103860015929000770001, para efectos del reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.) por el tiempo laborado en dicha institución hospitalaria, entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985. En dicho documento, se indic ó que, para los períodos comprendidos entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985, no se efectuaron aportes por concepto de seguridad social.

2. El 17 de junio de 2024, Colfondos S.A. solicitó a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta

(Cundinamarca) el « reconocimiento y pago [del] cupón de bono pensional al que tiene

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250018000 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 2 de 34

derecho [la señora Ana Judith González Beltrán], por el tiempo de servicio anterior al traslado al Régimen de Ahorro Individual (RAIS)».

3. El 5 de enero de 202 5, la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca) negó su

traslado al Régimen de Ahorro Individual (RAIS)».

3. El 5 de enero de 202 5, la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca) negó su competencia para reconocer y pagar el bono pensional solicitado por Colfondos S.A., bajo el argumento de que el artículo 2.12.4.4.3 del Decreto 586 de 2017 4, que modificó el Decreto 1068 de 2015 5, establece que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales son las responsables del financiamiento del pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, de las instituciones hospitalarias por su personal retirado certificado como beneficiario.

4. Posteriormente6, Colfondos S.A. solicitó al departamento de Cundinamarca y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento y pago del bono pensional al que tiene derecho la señora González Beltrán por el tiempo trabajado en la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca) durante el período comprendido entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985.

5. El 26 de febrero de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se declaró sin competencia para atender la solicitud de Colfondos S.A, al considerar que la señora González Beltrán no fue reportada como beneficiaria del Pasivo Prestacional del Sector Salud por el Ministerio de Salud.

6. El 5 de marzo de 2025, la Gobernación de Cundinamarca manifestó que, ni la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca ni el departamento están obligados al

Salud por el Ministerio de Salud.

6. El 5 de marzo de 2025, la Gobernación de Cundinamarca manifestó que, ni la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca ni el departamento están obligados al reconocimiento y pago prestaciones pensionales, debido a que el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, dispone que las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezca para cada caso , la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993.

7. El 28 de marzo de 2025, Colfondos S.A. formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto de competencias administrativas suscitado entre la E.S.E.

Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca) , el departamento de C undinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de definir la entidad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.), correspondiente al tiempo laborado en di cho hospital entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

4 «Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 4 Parte 12 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público». 5 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público».

de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público». 5 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público». 6 No se indica fecha.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 3 de 34

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala el edicto número 166 del 31 de marzo de 2025 , por el término de cinco días hábiles, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 2 de abril de 2025, se comunicó de la existencia del presente conflicto a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Colfondos S.A. y a Juan Fernando Granados Toro, apoderado de esa sociedad.

Igualmente, la Secretaría de la Sala informó al señor Luis Eduardo Ramos Acuña y a Karina Julieth Acuña González, esposo e hija de la señora Ana Judith González Beltrán, respectivamente, la existencia del presente conflicto.

En informe secretarial del 11 de abril de 2025, consta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC)

Crédito Público, la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC) presentaron consideraciones dentro del término otorgado para presentar alegatos.

Según informe secretarial del 24 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho la presentación de consideraciones por la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca).

El 29 de mayo de 2025, el Despacho ponente ordenó vincular a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPEC) al trámite del conflicto de competencias y le otorgó un término de cinco días para presentar consideraciones o alegatos frente al asunto.

Mediante informe secretarial del 10 de junio de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que la UAEPEC guardó silencio.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Señala que la Ley 60 de 1993 creó el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, para que la Nación y las entidades territoriales colaboren en la financiación del pasivo causado al 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores y ex trabajadores de las entidades hospitalarias que fueron certificadas como beneficiarias del citado fondo.

Indica que con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se trasladó la responsabilidad financiera de la Nación al

del citado fondo.

Indica que con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se trasladó la responsabilidad financiera de la Nación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 4 de 34

Precisa que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo tiene como función la relativa a colaborar en la financiación del pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, y agrega que, la entidad competente para reconocer el bono pensional soli citado por Colfondos S.A. es la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca), en su condición de empleadora de la señora González Beltrán.

2. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca

Explica que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) administra el pasivo pensional del sector salud del departamento conforme el contrato de concurrencia 204 de 2001 y el Convenio 001 de 2003, que establecen que únicamente se atenderán las obligaciones pensionales de quienes hayan sido certificados como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud hasta el 31 de diciembre de 1993. Anota que las empresas sociales del Estado son sucesoras jurídicas de los antiguos hospitales, y, por ende, responsables de los pasivos laborales y pensionales no incluidos ni financiados en dichos contratos.

Precisa que, en los términos dispuestos por el Decreto 586 de 2017 y por el artículo 242

antiguos hospitales, y, por ende, responsables de los pasivos laborales y pensionales no incluidos ni financiados en dichos contratos.

Precisa que, en los términos dispuestos por el Decreto 586 de 2017 y por el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, mientras no se haya realizado el corte de cuentas ni suscrito o modificado el contrato de concurrencia, las empresas sociales del Estado deben presupuestar, reconocer y pagar directamente las obligaciones pensionales de los servidores no certificados como beneficiarios del Fondo del Pasivo. Esto incluye el pago de bonos pensionales, como en el caso de la señora Ana Judith González Beltrán, por el período en que laboró en el extinto Hospital Salazar de Villeta , y quien no fue reportada oportunamente.

Señala que, a unque las empresas sociales del Estado no concurren con la Nación y el departamento al pago del pasivo pensional causado antes del 31 de diciembre de 1993, sí deben asumir la responsabilidad como empleadores en ausencia de los trámites exigidos por la norma. Esto incluye el reconocimiento y pag o de bono s pensionales, y posteriormente, el reporte de la información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se pueda calcular el pasivo y, eventualmente, adicionar el contrato de concurrencia y obtener el reembolso correspondiente.

Concluye que la E.S.E Hospital Salazar de Villeta debe atender la solicitud de bono pensional de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.), asumiendo el pago en calidad de empleadora, puesto que no realizó el corte de cuentas ni actualizó la información necesaria para que esta fuera incluida como beneficiaria del Fondo.

pensional de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.), asumiendo el pago en calidad de empleadora, puesto que no realizó el corte de cuentas ni actualizó la información necesaria para que esta fuera incluida como beneficiaria del Fondo.

3. E.S.E. Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca)

Indica que el pasivo prestacional del sector salud causado hasta el 31 de diciembre de 1993, incluyendo cesantías y pensiones, es responsabilidad exclusiva de la Nación y de las entidades territoriales según la Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios posteriores. Anota que, la inclusión de las instituciones hospitalarias como responsables fue declarada nula por el Consejo de Estado en 2010.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 5 de 34

Precisa que el Decreto 586 de 2017 establece que las empresas sociales del Estado deben recopilar y remitir información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que este determine el valor y porcentaje de concurrencia en el pago del pasivo, pero no tienen competencia legal para reconocer ni pagar bonos pensionales.

Así las cosas , concluye que no puede emitir ni pagar el bono pensional solicitado por Colfondos S.A. respecto de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.), dado que hacerlo implicaría expedir un acto administrativo sin competencia legal, con posibles consecuencias disciplinarias y fiscales.

4. Departamento de Cundinamarca

Expone que la señora Ana Judith González Beltrán figura como beneficiaria retirada en los formularios del sistema de Cálculo Actuarial Ministerio de Salud ( CAMISA), sin haberse

4. Departamento de Cundinamarca

Expone que la señora Ana Judith González Beltrán figura como beneficiaria retirada en los formularios del sistema de Cálculo Actuarial Ministerio de Salud ( CAMISA), sin haberse calculado reserva pensional, debido a que no solicitó el bono pensional antes del cálculo.

En este sentido, explica que, según el artículo 31 del Decreto 530 de 1994 y el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el pasivo pensional correspondiente a los trabajadores que se retiraron antes del cálculo actuarial efectuado con corte a 31 de diciembre de 1993, y que no solicitaron la emisión de su bono pensional, debe ser reconocido por la entidad empleadora -en este caso, la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta -, hasta que se suscriban nuevos contratos de concurrencia que lo incluyan.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.2. La competencia de la Sala en el caso concreto

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ana Judith González Beltrán, por el periodo comprendido entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985, durante el cual laboró en el Hospital Salazar de Villeta (Cu ndinamarca); y iii) todas lasConflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 6 de 34

autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva7.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud presentada por Colfondos S.A. relacionada con el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ana Judith González Beltrán (q.e.p.d.), por el período comprendido entre el 5 de enero de 1983 y el 1° de octubre de 1985, durante el cual laboró en el Hospital Salazar de Villeta (Cundinamarca).

El conflicto surge porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera que el bono pensional reclamado debe ser reconocido y paga do por la E.S.E . Hospital Salazar de Villeta, en su calidad de antiguo empleador de la señora Ana Judith González Beltrán.

El departamento de Cundinamarca por su parte, argumenta que, según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 530 de 1994 y en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el pasivo

El departamento de Cundinamarca por su parte, argumenta que, según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 530 de 1994 y en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el pasivo pensional correspondiente a los trabajadores que se retiraron antes del cálculo actuarial

7 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 7 de 34

efectuado con corte a 31 de diciembre de 1993, y que no solicitaron la emisión de su bono pensional, debe ser reconocido por la entidad empleadora, -en este caso, la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta -, hasta tanto se suscriban nuevos contratos de concurrencia que lo incluyan.

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) también atribuye a la E.S.E Hospital Salazar de Villeta competencia para atender la solicitud de bono pensional de la señora González Beltrán, por haber sido su empleadora y porque no se realizó el corte de cuentas ni se actualizó la información necesaria para que esta fuera incluida como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

Por último, E.S.E. Hospital Salazar de Villeta indica que el pasivo prestacional del sector salud causado hasta el 31 de diciembre de 1993, incluyendo cesantías y pensiones es responsabilidad exclusiva de la Nación y de las entidades territoriales, según lo establecido

salud causado hasta el 31 de diciembre de 1993, incluyendo cesantías y pensiones es responsabilidad exclusiva de la Nación y de las entidades territoriales, según lo establecido por la Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios posteriores.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración8

Decreto Ley 2470 de 19689

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema10, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en

8 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil . Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001 -03-06-000-2022-0009800; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00041-00 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 9 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 10 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los serviciosConflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 8 de 34

tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 197311

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las

entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197512

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad

seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de s alud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud,

evaluar el desarrollo de los programas de s alud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 11 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes ». 12 «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 9 de 34

especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten

entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

actividades de los organismos locales de salud; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00180-00 Página 10 de 34

Decreto Ley 350 de 197513

Mediante este decreto se definió l a organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197514

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que l as entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser

de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsi