CE - Auto interlocutorio 11001030600020250018800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado Ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00188-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Atlántico y Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de

Investigaciones Especiales.

Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente un inspector de policía por el ejercicio de funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dieron origen al conflicto de competencias:

1. El 11 de noviembre de 2021 3, en el marco de una audiencia pública convocada por la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de abordar la problemática referente a la posesión, titularidad y tenencia de tierras en la ciudad de Barranquilla , la señora Gemma del Pilar Andrade

convocada por la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de abordar la problemática referente a la posesión, titularidad y tenencia de tierras en la ciudad de Barranquilla , la señora Gemma del Pilar Andrade Blanco presentó ante la Procuraduría General de la Nación queja disciplinaria en contra de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía de Sabanilla Montecarmelo de Puerto Colombia,

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2025-00188-00 que reposa en SAMAI. 3 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 2 de 29

(Atlántico), y otros funcionarios públicos4, por hechos referentes a la presunta invasión y posibles irregularidades de servidores públicos en la protección de la propiedad y posesión del inmueble denominado Blanco Mar Lote núm. 6, identificado con matrícula inmobiliaria núm. 040 -81713 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y referencia catastral núm. 00-02-0106-000.

2. El 1 de diciembre de 20215, mediante Resolución núm. 331, la Procuraduría

Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y referencia catastral núm. 00-02-0106-000.

2. El 1 de diciembre de 20215, mediante Resolución núm. 331, la Procuraduría General de la Nación designó como funcionario especial de instrucción al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para asumir el conocimiento de la queja y adelantar la investigación disciplinaria correspondiente.

3. El 9 de diciembre de 2021 6, mediante auto, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación dio apertura a indagación preliminar respecto de la queja de la referencia con radicado interno E -2021-676736-IUC-D-2021-21665067, y se ordenó ratificación y ampliación de queja, así como pruebas de oficio.

4. El 26 de agosto de 2022 8, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico) y otros servidores públicos, por presuntas irregularidades, por acción y omisión, en un proceso de policía relacionado con la protección de la propiedad y posesión, especialmente, del inmueble denominado Blanco Mar Lote núm. 6.

5. El 29 de octubre de 20249, la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales , mediante auto, declaró su falta de competencia para continuar con la investigación disciplinaria adelantada en

5. El 29 de octubre de 20249, la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales , mediante auto, declaró su falta de competencia para continuar con la investigación disciplinaria adelantada en

4 Debe precisarse que la queja se interpuso contra varios servidores públicos; sin embargo, el presente conflicto únicamente se suscitó frente a la competencia para disciplinar a la Inspectora de Policía, dado que, frente a los demás funcionarios, las autori dades involucradas no han negado ni rechazado competencia. 5 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10. 6 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10. 7 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10. 8 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10. 9 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 3 de 29

contra de la inspectora por los hechos que tuvieron ocurrencia con posterioridad al 13 de enero de 2021 10, y la remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico , por considerar que era la entidad competente para disciplinar a los inspectores de policía.

posterioridad al 13 de enero de 2021 10, y la remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico , por considerar que era la entidad competente para disciplinar a los inspectores de policía.

6. El 18 de febrero de 2025 11, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico promovió conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al considerar que la función disciplinaria que le atribuye el artículo 257 A de la Constitución Política solamente puede ser ejercida frente a servidores de la Rama Judicial y abogados en ejercicio de su profesión, y no para los inspectores de policía.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 174 del 31 de marzo de 2025 12, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco (5) días, es decir, desde el 4 hasta el 10 de abril de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de l 31 de marzo de 2025 13, consta que se libraron comunicaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, a la Procuraduría General de la Nación, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y al Procurador Judicial Juan Carlos Gutiérrez Strauss. Lo anterior, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

Especiales de la Procuraduría General de la Nación y al Procurador Judicial Juan Carlos Gutiérrez Strauss. Lo anterior, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

De otro lado, en informe secretarial del 11 de abril de 2025 14, consta que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

10 Respecto de los hechos antes del 13 de enero de 2021, señaló que operó el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria conforme al artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, por lo que procedió a ordenar el archivo de la investigación frente a la Inspectora de Policía por estos hechos en virtud de los artículos 90 y 213 del Código General Disciplinario. 11 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 2ED_02004AutoRemitePorCo(.pdf) NroActua 2. 12 Samai, expediente digital, actuación 00003, documento 11POREDICTO_06Edictopdf(.pdf) NroActua 3. 13 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 6ED_07Informecomunicacio(.pdf) NroActua 2. 14 Samai, expediente digital, actuación 00004, documento 12ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIAL20(.pdf) NroActua 4.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 4 de 29

El consejero ponente, mediante Auto del 25 de abril de 2025 15, vinculó a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia,

El consejero ponente, mediante Auto del 25 de abril de 2025 15, vinculó a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, (Atlántico), y ordenó comunicar la existencia de este conflicto a la señora Celinda María Bastidas González, para que presentara sus alegatos o consideraciones.

Mediante informe secretarial del 7 de mayo de 2025 16, consta que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Obra de igual manera informe secretarial del 9 de mayo de 202517, en el cual consta, que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación remitió en físico dos (2) CD con información y un archivo en formato PDF con información mediante correo electrónico.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico18

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se extraen del escrito del 18 de febrero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia y explicó que, según el artículo 257 A de la Constitución Política, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le compete la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y los abogados en ejercicio de la profesión, pero no respecto de los inspectores de policía.

Manifestó que estos últimos son servidores públicos que se encuentran sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, y refirió que ni la Constitución Política, ni la Ley Estatutaria de Administración de Justicia o el Código General

Manifestó que estos últimos son servidores públicos que se encuentran sujetos a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, y refirió que ni la Constitución Política, ni la Ley Estatutaria de Administración de Justicia o el Código General Disciplinario, le otorgaron competencia para adelantar investigaciones en contra de los inspectores de policía.

Por lo anterior, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que resuelva el conflicto negativo de competencia planteado entre esa entidad y la Procuraduría General de la Nación.

15 Samai, expediente digital, actuación 00005, documento 13Autoparamejor_CCA202500188autopara(.pdf) NroActua 5. 16 Samai, expediente digital, actuación 00008, documento 15INFORMESECRETA_202500188INFORMESECR(.doc) NroActua 8. 17 Samai, expediente digital, actuación 00011, documento 21INFORMESECRETA_Informesecretarial20(.pdf) NroActua 11 18 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 2ED_02004AutoRemitePorCo(.pdf) NroActua 2.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 5 de 29

3.2. Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de Investigaciones Especiales19

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se extraen del Auto de 29 de octubre de 2024, en el que señaló que respecto a los hechos posteriores al 13 de enero de 2021 que dieron origen a la investigación

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se extraen del Auto de 29 de octubre de 2024, en el que señaló que respecto a los hechos posteriores al 13 de enero de 2021 que dieron origen a la investigación disciplinaria en contra de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico) , por presuntas irregularidades, por acción y omisión, relacionadas con la protección de la propiedad y posesión especialmente del inmueble denominado Blanco Mar Lote núm. 6, es competente para conocer la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

Sustentó la anterior posición, al señalar que las autoridades de policía ejerce n función jurisdiccional en los procesos policivos donde se pretende amparar la posesión, tenencia o servidumbre al resolver conflictos inter-partes, con lo cual ejercen la función jurisdiccional en los términos consagrados en el artículo 116 de la Constitución Política en consonancia con lo señalado en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 270 de 1996.

Recalcó que le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, conocer de las actuaciones disciplinarias en contra los servidores que cumplen funciones jurisdiccionales de manera permanente o transitoria, como es el caso de los inspectores de policía en el marco de estos específicos procesos policivos. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, remitió la s actuaciones disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Di sciplina Judicial del Atlántico, no tienen un

19 Samai, expediente digital, actuación 00010, documento 17RECIBEMEMORIAL_testigodocumentalpdf(.pdf) NroActua 10.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 6 de 29

superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la

administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la queja disciplinaria en contra de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico); y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de c arácter administrativo 20, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de

definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

20 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017 -00200; Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168, entre otras.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 7 de 29

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos21.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva22.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite

los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva22.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer la s reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

21 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de

territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala]. 22 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 8 de 29

Previo a definir el problema jurídico, la Sala precisa que, si bien la queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por la señora Gemma del Pilar Andrade Blanco se dirigió en contra de varios servidores públicos, lo cierto es que el presente conflicto se originó única y exclusivamente respecto de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico), en razón a

que el presente conflicto se originó única y exclusivamente respecto de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico), en razón a que tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico 23 como la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales24 manifestaron su falta de competencia, teniendo en cuenta la calidad de ese sujeto disciplinable.

Así las cosas, el presente conflicto se circunscribe a determinar, única y exclusivamente, la autoridad competente para continuar una investigación disciplinaria respecto de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico), por las presuntas conductas irregulares en que incurrió, en ejercicio de una función jurisdiccional. En consecuencia, la presente decisión no involucra ni se extiende a otros sujetos que, eventualmente, se llegaren a determinar como presuntos autores de la conducta a la que se refiere la queja de la señora Gemma del Pilar Andrade Blanco en el curso de la actuación que se adelante.

Por lo tanto, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria promovida en contra de la señora Celinda María Bastidas González, en su calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico), por presuntas irregularidades, por acción y omisión, en un proceso de policía relacionado con la protección de la propiedad y posesión, especialmente, del inmueble denominado Blanco Mar Lote núm. 6.

Montecarmelo, Puerto Colombia (Atlántico), por presuntas irregularidades, por acción y omisión, en un proceso de policía relacionado con la protección de la propiedad y posesión, especialmente, del inmueble denominado Blanco Mar Lote núm. 6.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Atlántico niega competencia porque, a su juicio, la función disciplinaria que le atribuye el artículo 257 A de la Constitución Política solamente puede ser ejercida frente a servidores de la Rama

23 En el Auto del 18 de febrero de 2025, esta autoridad expresamente resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Declarar por las razones expuestas, que la Sala carece de competencia para conocer del presente asunto en contra de INSPECTORA DE POLICÍA DE SABANILLA

MONTECARMELO DE PUERTO COLOMBIA, CELINDA MARIA BASTIDAS GONZALEZ.

24 En el Auto del 29 de octubre de 2024, esta autoridad expresamente resolvió lo siguiente:

SEGUNDO: REMITIR POR COMPETENCIA a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico o la seccional competente, la presente actuación disciplinaria únicamente respecto de las presuntas conductas investigadas de la inspectora de Policía de Sabanilla Montecamelo de Puerto Colombia , Atlántico, CELINDA MARÍA BASTIDAS GONZÁLEZ, expuestos en el acápite 3.3.2 de la parte considerativa de la presente decisión.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 9 de 29

Judicial y abogados en ejercicio de su profesión, pero no respecto de inspectores de policía.

Judicial y abogados en ejercicio de su profesión, pero no respecto de inspectores de policía.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales manifestó que las presuntas irregularidades en las que incurrió la inspectora de policía tuvieron ocasión en el ejercicio de una función jurisdiccional, por lo tanto, la competencia en discusión corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o sus seccionales , al ser la autoridad a cargo de la función disciplinaria frente a los servidores y empleados de la Rama Judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración;

1. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración;

1. Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración;

1. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a los inspectores de policía. Reiteración;

1. Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable; y

1. Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1 La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración25

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución

la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de febrero de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00270-00; Decisión del 7 de octubre de 2024, radicación 11001-03-06-0002024-0049400; decisión del 5 de marzo del 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; entre otras.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00188-00 Página 10 de 29

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, h onradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que

quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro26.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríe