CE - Auto interlocutorio 11001030600020250019100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00191-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica

(Córdoba), departamento de Córdoba y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 21 de octubre de 20151, Porvenir SA le solicitó al departamento de Córdoba el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas por el período comprendido entre el 5 de agosto de 1983 y el 4 de agosto de 1984 laborado en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica

el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas por el período comprendido entre el 5 de agosto de 1983 y el 4 de agosto de 1984 laborado en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba).

2. El 16 de abril de 20182, el departamento de Córdoba objetó el reconocimiento y

1 SAMAI. Índice 00002. Documento 5ED_5. Expediente digital. 2 SAMAI. Índice 00002. Documento 6ED_6. Expediente digital.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 2 de 35

pago del bono pensional solicitado, por considerar que la señora Vergara Vargas no es beneficiaria del convenio de concurrencia núm 492 y, adicionalmente, porque su vinculación laboral fue con la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba).

3. El 13 de julio de 2017 3, la Dirección General de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que la señora Vilma Antonia Vergara Vargas no figuraba como beneficiaria del pasivo prestacional por concepto de pensiones . Lo anterior , en respuesta a la consulta realizada por Porvenir SA en la que solicitó se le informara si la afiliada era beneficiaria del pasivo prestacional por concepto de pensiones o si se había suscrito algún contrato de concurrencia entre las entidades.

4. El 17 de septiembre de 2019 4, Porvenir SA le solicitó a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) el reconocimiento y pago del bono pensional

contrato de concurrencia entre las entidades.

4. El 17 de septiembre de 2019 4, Porvenir SA le solicitó a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas por el periodo laborado en dicha entidad.

5. El 26 de noviembre de 2020 5, la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica

(Córdoba), en calidad de entidad certificadora, expidió certificación CETIL de información laboral número 20 2111800204153000280007 correspondiente a la señora Vilma Antonia Vergara Vargas , en la que indicó: i) que estuvo vinculada como enfermera en esa institución del 5 de agosto de 1983 al 4 de agosto de 1984; ii) que se le hicieron los descuentos por concepto de seguridad social (pensión/salud/riesgos) y iii) que la entidad responsable por dicho período era el departamento de Córdoba.

6. El 21 de marzo de 20256, mediante apoderado, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que resolviera el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), el departamento de Córdoba y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y determinara la autoridad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Vilma Antonia Vergara

Vargas.

3 SAMAI. Índice 00002. Documento 7ED_7. Expediente digital. 4 SAMAI. Índice 00002. Documento 5ED_5. Expediente digital.

Vargas.

3 SAMAI. Índice 00002. Documento 7ED_7. Expediente digital. 4 SAMAI. Índice 00002. Documento 5ED_5. Expediente digital. 5 SAMAI. Índice 00002. Documento 3ED_3. Expediente digital. 6 SAMAI. Índice 00002. Documento 2ED_02. Expediente digital.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 3 de 35

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 177 del 2 de abril de 20257 por el término de 5 días hábiles (desde el 4 hasta el 10 de abril de 2025), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 2 de abril de 20258, que se comunicó la presentación del conflicto a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), al departamento de Córdoba, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social ), a Porvenir SA, a la señora Vilma Antonia Vergara Vargas y al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona, apoderado de Porvenir.

De acuerdo con el informe secretarial del 11 de abril de 20259, dentro del término

Porvenir SA, a la señora Vilma Antonia Vergara Vargas y al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona, apoderado de Porvenir.

De acuerdo con el informe secretarial del 11 de abril de 20259, dentro del término de fijación del edicto se presentaron alegatos o consideraciones por parte del departamento de Córdoba y de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba). Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, en informe secretarial de l mismo día10, se informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba)11

Mediante apoderad o, señaló que la negativa al reconocimiento de los bonos pensionales correspondientes a prestaciones generadas antes del 31 de diciembre de 1993 obedece a que la expedición de dichos bonos no es responsabilidad de la ESE, sino del Ministerio de Hacienda y Crédi to Público y del departamento de Córdoba, conforme a la normativa vigente.

Adicionalmente, indicó que teniendo en cuenta que entre el Ministerio de Hacienda y el departamento de Córdoba se suscribió el Convenio de Concurrencia núm. 0492 de 1999, se da cumplimiento a lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el sentido de que, cuando existen dichos convenios, las

7 SAMAI. Índice 00003. 8 SAMAI. Índice 00002. Documento 14ED_15. Expediente digital. 9 SAMAI. Índice 00006.

7 SAMAI. Índice 00003. 8 SAMAI. Índice 00002. Documento 14ED_15. Expediente digital. 9 SAMAI. Índice 00006. 10 SAMAI. Índice 00009. 11 SAMAI.Índice 00005.Documento 19.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 4 de 35

ESE no son responsables del reconocimiento de prestaciones, que están a cargo de los entes territoriales y el Ministerio.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de

Regulación Económica de la Seguridad Social12

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio del 11 de abril de 2025, indicó que no es el llamado a concurrir en el pago del pasivo pensional de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas por los tiempos laborados en el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), hoy ESE, por las siguientes razones:

• La Institución Hospitalaria no reportó a la señora Vergara Vargas como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud; por lo tanto, no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

• Al no ser beneficiari a de los recursos del citado Fondo, su pasivo prestacional, causado a 31 de diciembre de 1993 por concepto de pensiones y cesantías , no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, toda vez que l os recursos de la concurrencia son exclusivos

prestacional, causado a 31 de diciembre de 1993 por concepto de pensiones y cesantías , no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, toda vez que l os recursos de la concurrencia son exclusivos para el pago del pasivo de las personas que fueron certificadas como beneficiarias activas y jubiladas y no podría dársele otra destinación, so pena de configurarse un detrimento patrimonial.

• Ante la omisión por parte de la institución hospitalaria de haber reportado a la señora Vergara Vargas como beneficiaria, es a dicha institución a la que le compete responder por el pasivo pensional.

3. Departamento de Córdoba13

En escrito del 9 de abril de 2025, el departamento de Córdoba manifestó que no es el responsable de la emisión y pago del bono pensional de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas por los tiempos laborados en el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), hoy ESE, por las siguientes razones:

• La señora Vilma Antonia Vergara Vargas no es beneficiaria del Convenio de Concurrencia núm. 492 de 1999 suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Córdoba.

• La señora Vergara Vargas no ha tenido ningún vínculo laboral con el

12 SAMAI.Índice 00008. 13 SAMAI.Índice 00004.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 5 de 35

departamento de Córdoba, sino que su vinculación fue con el Hospital San Vicente de Paul de Lorica ( Córdoba), quienes son entes autónomos con

departamento de Córdoba, sino que su vinculación fue con el Hospital San Vicente de Paul de Lorica ( Córdoba), quienes son entes autónomos con personería jurídica, totalmente independientes del departamento de Córdoba, y son los llamados a responder por los aportes de pensión de la señora Vergara Vargas.

• A partir de la vigencia de la Ley 715 de 2001 correspond e al Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribir convenios de concurrencia con las entidades territoriales, con el fin de cubrir el pasivo prestacional del sector salud.

• Por disposición legal las instituciones de salud no están obligadas a concurrir en el pago del pasivo pensional, la misma Ley 100 de 1993, en su artículo 242, otorgó la competencia a dichas instituciones cuando «no se ha establecido el respectivo acuerdo de concurrencia de que tratan las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001».

Finalmente, señaló que es el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), en su calidad de empleador, es el que debe pagar el bono pensional al que haya lugar tal y como lo indica el Decreto 1748 de 1994, en su artículo 42.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla general de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta ; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas, correspondiente al periodo laborado en el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), comprendido entreRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 6 de 35

el 5 de agosto de 1983 y el 4 de agosto de 1984 y iii) las autoridades negaron la competencia para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

2. Suspensión de Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte

mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas , correspondiente al periodo laborado en el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), comprendido entre el 5 de agosto de 1983 y el 4 de agosto de 1984.

La ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) señaló que la negativa al reconocimiento de los bonos pensionales correspondientes a prestaciones generadas antes del 31 de diciembre de 1993 obedece a que la expedición de

La ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba) señaló que la negativa al reconocimiento de los bonos pensionales correspondientes a prestaciones generadas antes del 31 de diciembre de 1993 obedece a que la expedición de dichos bonos no es responsabilidad de la ESE, sino del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del departamento de Córdoba, conforme a la normativa vigente.

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 7 de 35

Por su parte, el departamento de Córdoba manifestó que la señora Vilma Antonia Vergara Vargas no fue reportada por el hospital para ser beneficiaria del convenio de concurrencia núm. 492 de 1999 celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Córdoba, ni ha tenido vínculo laboral con el departamento de Córdoba, sino que su vinculación fue con el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba), razón por la cual la autoridad competente para expedir el bono pensional es el Hospital San Vicente de Paul de Lorica (Córdoba).

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no es el llamado a concurrir en el pago del pasivo pensional de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas dado que no fue reportad a por la institución hospitalaria y, por ende, no

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no es el llamado a concurrir en el pago del pasivo pensional de la señora Vilma Antonia Vergara Vargas dado que no fue reportad a por la institución hospitalaria y, por ende, no quedó inscrit a como beneficiari a del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud. Ante la omisión por parte de la institución hospitalaria de haber reportado a la señora Vergara Vargas como beneficiaria, consideró que la responsabilidad es de dicha entidad en calidad de empleador.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración15

• Decreto Ley 2470 de 196816

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 12 de marzo de 2025, con

salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001 -03-06-000-2025-00038-00; decisión del 19 de noviembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00609-00; decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-2019-0004100, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 8 de 35

Al definir los niveles del sistema 17, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

• La Ley 9ª de 197318

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En

• La Ley 9ª de 197318

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los funcionarios que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política

17 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b)

por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecuta r los programas de salud pública en su jurisdicción. 18 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 9 de 35

general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

• Decreto Ley 056 de 197519

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma

promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y las dependencias de otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud,

los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una

19 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 10 de 35

organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

• Decreto Ley 350 de 197520

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

• Decreto Ley 356 de 197521

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del

20 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales». 21 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y

de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales». 21 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00191-00 Página 11 de 35

sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del Sistema Nacional de Salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad re ciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo

de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad re ciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguían ri