CE - Auto interlocutorio 11001030600020250019700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C.; seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00197-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Universidad del Pacífico y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca Asunto: autoridad competente para adelantar con el trámite disciplinario en contra de una servidora pública. Oficina de control interno inexistente. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES3

Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 17 de noviembre de 2023, la Directora Académica de la Universidad del Pacífico señora Yomaira Angulo Alegria remitió queja al Comité de Control Interno Disciplinario, contra la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones, funcionaria adscrita a esa dependencia, por hechos relacionados con la presunta ausencia recurrente en su cargo como secretaria.

Interno Disciplinario, contra la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones, funcionaria adscrita a esa dependencia, por hechos relacionados con la presunta ausencia recurrente en su cargo como secretaria.

2. Mediante oficio núm. 20240010003681 radicado ante la Procuraduría el día 23 de mayo de 2024 , la rectora de la Universidad del Pacífico señora Ruth Sánchez Perea, remitió a la Procuraduría General de la Nación el expediente

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 Información extraída del expediente digital de SAMAI del radicado 11001030600020250019700.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 2 de 34 con radicado núm. 20230010009203, con el fin de adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes de acuerdo con su competencia.

Lo anterior, declarando su falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario por cuanto la Universidad, no cuenta dentro de su estructura administrativa con una oficina de control interno disciplinario, lo que afectaría el debido proceso y la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento.

3. Mediante Auto del 19 de junio de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca asignó al proceso disciplinario del presente asunto, el radicado núm. IUS E-2024-336505, y resolvió abstenerse de

Instrucción del Valle del Cauca asignó al proceso disciplinario del presente asunto, el radicado núm. IUS E-2024-336505, y resolvió abstenerse de asumir conocimiento y como consecuencia decidió devolver con destino al Grupo de Control Interno Disciplinario el proceso del asunto.

Lo expuesto, sustentado en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 y en la Directiva núm. 13 de 2021, en la que indica que la Procuraduría asumirá los procesos en la etapa de juzgamiento, cuando no se puedan garantizar las etapas de instrucción y juzgamiento.

4. El 24 de febrero de 2025, mediante oficio núm. 202520010001821, la rectora de la Universidad del Pacífico solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas, en orden a determinar la autoridad competente para continuar con el trámite de la queja disciplinaria con núm. IUS E-2024-336505.

II. ACTUACIÓN PROCESAL4

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 26 de marzo de 2025 la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 183, por el término de cinco días hábiles (del 04 al 10 de abril de 2025), con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 2 de abril de 2025, sobre la comunicación de

interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 2 de abril de 2025, sobre la comunicación de la existencia del presente asunto a la Universidad del Pacífico , a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca. Frente al disciplinado, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva que se garantiza a la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115

4 Información extraída del expediente digital de SAMAI del radicado 11001030600020250019700Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 3 de 34 de la Ley 1952 de 2019 5; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación del sujeto procesal. El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación de la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones que acreditará su calidad de investigad a6, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenará el archivo definitivo de la investigación 7, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así, pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 8, la Sala determinó que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que deba

encargado de ejercer el control disciplinario» 8, la Sala determinó que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que deba adelantarse contra la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones , en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Según informe secretarial del 11 de abril de 2025 , la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico presentaron alegatos; mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 22 de mayo de 2025, el despacho ponente ordenó comunicar al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacifico la existencia del presente conflicto y así presentar sus consideraciones. Adicionalmente se requirió a la Universidad del Pacifico información relacionada, con la estructura administrativa, manual de funciones y documentos necesarios para resolver el conflicto del asunto. También se le solicitó a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, allegar copia integral del Auto del 19 de junio de 2024, a través del cual decidió abstenerse de asumir el conocimiento del proceso radicado con el núm. IUS E-2024-336505 y devolver el expediente a la Universidad del Pacífico.

Al respecto, mediante informe secretarial del 30 de mayo de 2025, se indicó que, vencido el termino concedido por el auto mencionado , la Universidad del Pacífico, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y el Grupo de Control

Al respecto, mediante informe secretarial del 30 de mayo de 2025, se indicó que, vencido el termino concedido por el auto mencionado , la Universidad del Pacífico, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico, guardaron silencio.

5 Artículo 115. Reserva de la Actuación Disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 6 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 7 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 8 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 4 de 34 En consecuencia, mediante Auto del 4 de junio de 2025, el despacho ponente reiteró el requerimiento a las partes antes mencionadas para que allegaran la información y documentación impetrada. Por informe secretarial del 12 de junio de 2025, se comunicó que la Universidad del Pacífico y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca presentaron consideraciones; por otro lado, se informó que, el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico guardo silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico.9

consideraciones; por otro lado, se informó que, el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico guardo silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico.9

Mediante escrito del 10 de abril de 2025, la Universidad del Pacífico manifiesta que, actualmente no tiene competencia para asumir el conocimiento y trámite de la queja disciplinaria y consideró que, la entidad competente para asumir el proceso es la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca , por las siguientes razones: Inicialmente indica la institución, que el Grupo de Control Disciplinario Interno creado por el Acuerdo Superior núm. 001 de 2009, fue constituido sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley. Por tal razón y para subsanar y cumplir con lo exigido por la Ley 1952 de 2019, el Consejo Superior de la Universidad faculto al rector para que, adelantara todas las gestiones con el fin de crear la unidad u oficina de control disciplinario interno y así garantizar la doble instancia.

Adicionalmente, sostuvo que la institución está en proceso una reestructuración y reorganización administrativa con el de crear la Unidad u Oficina del más alto nivel para cumplir con «los cambios legislativos introducidos por el Código General Disciplinario», motivo por el cual se considera que la competencia debe ser asumida por el Ministerio Público.

En conclusión, manifestó que «el expediente se remitió en el estado en que se recibió, sin ninguna actuación o decisión de fondo sobre el mismo, por considerar que no se tiene competencia para ello».

por el Ministerio Público.

En conclusión, manifestó que «el expediente se remitió en el estado en que se recibió, sin ninguna actuación o decisión de fondo sobre el mismo, por considerar que no se tiene competencia para ello».

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca.10

9 Información extraída del expediente digital de SAMAI del radicado 11001030600020250019700.

10Información extraída del expediente digital de SAMAI del radicado 11001030600020250019700.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 5 de 34 En sus alegatos del 4 de abril de 2025, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca indicó que las Oficinas de Control Disciplinario Interno son las titulares de la potestad disciplinaria, respecto de los asuntos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos adscritos las ramas, órganos y en tidades del Estado.

Precisó que, el nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 ), en sus artículos 92 y 93, modificados por los artículos 13 y 14 de la Ley 2094 de 2021, reitera la obligatoriedad para todos los organismos y entidades del Estado de crear una unidad u oficina del más alto nivel con el propósito de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

De lo anterior afirma que, la Universidad del Pac ífico al crear un Grupo de Control Disciplinario Interno desde el año 2009, tiene la competencia para conocer las actuaciones disciplinarias contra sus servidores públicos y por ende no existe ningún condicionamiento para ejercer la acción disciplinaria.

Disciplinario Interno desde el año 2009, tiene la competencia para conocer las actuaciones disciplinarias contra sus servidores públicos y por ende no existe ningún condicionamiento para ejercer la acción disciplinaria.

Respecto al caso en concreto, manifiesta el Ministerio Público que la queja contra la servidora Sheyla Marcela Portocarrero, en su condición de Secretaría de la Dirección académica de la Universidad del Pacífico, puede ser asumida por el Grupo de Control Disciplinario Interno de esa institución.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio civil

1.1 Regla especial de competencia

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación y la Universidad del Pacífico, no tienen un superior común, dado que son autoridade s del orden nacional, autónomas e independientes. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 6 de 34 1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011,

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, esto es la queja disciplinaria en contra de la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva11.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la

11 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 7 de 34 autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

2. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer la queja disciplinaria presentada por la señora Yomaira Angulo Alegria en contra de la señora

2. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer la queja disciplinaria presentada por la señora Yomaira Angulo Alegria en contra de la señora Sheyla Marcela Portocarrero Quiñones relacionada con la presunta ausencia recurrente en su cargo como secretaria de la Dirección Académica de la Universidad del Pacífico.

La Universidad del Pacífico sostiene que actualmente no existe una unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno en dicha institución universitaria que pueda asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios existentes, pero que se encuentra en un proceso de reestructuración y reorganización administrativa para la creación de dicha dependencia, así como la implementación de los cambios introducidos por el Código General Disciplinario.

Adicionalmente, menciona que el Grupo de Control Disciplinario Interno ya no existe y agrego que, en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, remitió los expedientes disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia. Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca estima que la queja contra la servidora Sheyla Marcela Portocarrero, en su condición de Secretaría de la Dirección académica de la Universidad del Pacífico, puede ser asumida por el Grupo de Control Disciplinario Interno creado mediante Acuerdo Superior núm. 001 de 2009 de esa institución.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.

Superior núm. 001 de 2009 de esa institución.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La vigencia de la Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 de 2021, y su aplicación al conflicto planteado. Reiteración. iii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control disciplinario interno y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. v) El control disciplinario interno de Universidad del Pacífico. vi) Caso concreto.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 8 de 34

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración12

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios d e igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa13.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública14, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública14, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades15.

Como se vio, la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 16. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.17

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 28 de mayo de 2025, radicación 11001-03-06-0002025-00188-00. 13 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de

que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 16 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 17 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 9 de 34

con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 9 de 34 5.2. La vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, y su aplicación al conflicto planteado. Reiteración18

Mediante la Ley 1952 de 2019, se expidió el «Código General Disciplinario», que derogó expresamente la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

El artículo 263 original de la Ley 1952 de 2019, relativo a la transitoriedad de las normas incluidas en dicho código, dispuso:

Artículo 263. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en vigencia la presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior.

Las indagaciones preliminares que estén en curso al momento de entrada de la vigencia de la presente ley, se ajustarán al trámite previsto en este código

Por su parte, la versión originaria del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 estableció, entre otros aspectos:

1. Que «[l]a presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación […]», lo cual tuvo lugar el 28 de enero de 2019.

1. Que los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,

y publicación […]», lo cual tuvo lugar el 28 de enero de 2019.

1. Que los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, concernientes al procedimiento reflejado en el mencionado código, entrarán en vigencia dieciocho meses después de su promulgación.

Sin embargo, inicialmente, el artículo 140 de la Ley 1955 de 201919 prorrogó, hasta el 1 de julio de 2021, la entrada en vigencia del Código General Disciplinario. Y, más adelante, el 29 de junio de 2021, fue expedida la Ley 2094 20, cuyo artículo 73 prorrogó de nuevo la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 201921, al modificar su artículo 265, de la siguiente forma:

Artículo 73. Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 3 de mayo de 2023 , radicación 11001-03-06-0002023-025. 19 Por el [sic] cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 20 «Por medio de la cual se reforma la ley (sic) 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 21 Cabe resaltar que antes de la expedición de la Ley 2094 de 2021, el plazo para la entrada en

por la Equidad”. 20 «Por medio de la cual se reforma la ley (sic) 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 21 Cabe resaltar que antes de la expedición de la Ley 2094 de 2021, el plazo para la entrada en vigencia del Código General Disciplinario había sido prorrogado, hasta el 1 de julio de 2021, por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, "[p]or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad". Por lo tanto, sugiero hacer referencia a dicha norma, para que la secuencia quede clara y entendible.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 10 de 34

Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

En virtud de lo anterior, la entrada en vigencia plena de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente).

Ahora bien, la propia Ley 2094 de 2021 (artículo 71), al modificar el artículo 263 del Código General Disciplinario, estableció la siguiente regla de transición, así:

2011 (que aún está vigente).

Ahora bien, la propia Ley 2094 de 2021 (artículo 71), al modificar el artículo 263 del Código General Disciplinario, estableció la siguiente regla de transición, así:

Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley. [Se destaca].

En el caso que nos ocupa, como no se ha surtido la notificación del pliego de cargos, ni se ha instalado la audiencia del proceso verbal, pues únicamente se hizo el traslado de los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria a la Procuraduría el 23 de mayo de 2024 y en la actualidad no ha iniciado en sí el proceso disciplinario, se deberá observar y aplicar, en su integridad, el procedimiento previsto en las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 263, modificado, de la Ley 1952.

En consecuencia, en estos procesos disciplinarios deberá garantizarse, entre otras, el debido proceso de los implicados, en los términos del artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, que establece la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento , y las garantías de independencia, imparcialidad y autonomía del funcionario competente.

5.3. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una

separación de las etapas de instrucción y juzgamiento , y las garantías de independencia, imparcialidad y autonomía del funcionario competente.

5.3. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control disciplinario interno y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración 22

22 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040; decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 1100103-06-000-2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001 -03-06-000-202200070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000197-00 Página 11 de 34 Por con