CE - Auto interlocutorio 11001030600020250020300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00203-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Defensoría d e Familia de l Centro Zonal Duitama , Regional Boyacá del ICBF y el Juzgado Segundo Pr omiscuo de Familia de

Duitama.

Asunto: autoridad competente para conocer del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y definir de fondo la situación jurídica de varios menores de edad. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES1

1. El 19 de septiembre de 2023, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, tuvo conocimiento de presuntos hechos de vulneración de

derechos de los menores de edad L. D. C. C. y S. L. C.M.

2. Mediante Auto del 3 de octubre de 2023, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, dio apertura al Proceso Administrativo de

2. Mediante Auto del 3 de octubre de 2023, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, dio apertura al Proceso Administrativo de

Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de los hermanos L. D. C. C. y

S. L. C. M.

3. El 16 de enero de 2024, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF fue informada de presuntos hechos de vulneración de

derechos de la menor I. N. C. M. hermana de los menores de edad L. D. C. C .

y S. L. C.M.

1 La información que se anota en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001030600020250020300 en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 2 de 26

4. En auto del 18 de enero de 2024, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, dio apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de la menor de edad I. N. C. M.

5. En Resolución del No. 010 del 7 de marzo de 2024 , la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF declaró en situación de vulneración

de derechos a los menores L. D. C. C . y S. L. C. M. y ordenó la medida provisional de ubicación en medio familiar.

6. A través de Resolución No. 026 del 4 de julio de 2024, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF declaró en situación de vulneración

provisional de ubicación en medio familiar.

6. A través de Resolución No. 026 del 4 de julio de 2024, la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF declaró en situación de vulneración de derechos a la niña I. N. C. M.

7. En la Resolución No. 047 del 13 de septiembre de 2024 , la Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF ordenó la prórroga del

seguimiento dentro del PARD adelantado en favor de los hermanos L. D. C. C .

y S. L. C. M.

8. El 28 de noviembre de 2024, Mediante Resolución No. 056, Defensoría del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF declaró en situación de

adoptabilidad a los hermanos L. D. C. C., S. L. C. M. y I. N. C. M.

Dentro de la audiencia que dio lugar a la citada resolución, la señora G. C. C.

M. tía abuela materna de los mencionados menores de edad presentó oposición a la declaratoria de adoptabilidad de los niños, la cual no fue tramitada.

9. El 27 de diciembre de 2024, mediante auto de trámite, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF remitió los PARD

adelantados en favor de los menores L. D. C. C., S. L. C. M. y I. N. C. M. al juez de familia de Duitama (Reparto) para adelantar el trámite de homologación de la decisión de adoptabilidad.

adelantados en favor de los menores L. D. C. C., S. L. C. M. y I. N. C. M. al juez de familia de Duitama (Reparto) para adelantar el trámite de homologación de la decisión de adoptabilidad.

10. En auto del 18 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama (Boyacá) procedió a «[…] evaluar si avoca o no conocimiento del trámite de homologación dispuesto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006

[…]».

En dicha oportunidad manifestó que la decisión adoptada en la Resolución No. 056 del 28 de noviembre de 2024 no se encuentra ejecutoriada, en tanto que la oposición de la señora G. C. C. M. debió ser tramitada como un recurso de reposición contra la decisión de adoptabilidad.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 3 de 26

Por lo anterior, indicó que «[…] la defensora de Familia de Duitama debe entrar a resolver dicho recurso, notificar su decisión y luego si evaluar si se d an los presupuestos ya referidos para proceder a remitir el expediente al Juez de familia para su Homologación».

Así las cosas, resolvió declarar la nulidad de lo actuado «[…] con posterioridad al pronunciamiento del fallo contenido en la resolución No. 56 del 28 de noviembre de 2024 y, como consecuencia, se proceda a dar el trámite al recurso de reposición interpuesto y sustentado verbalmente en audiencia por la señora

G.C.C.M.».

11. Mediante auto del 6 de marzo de 2025 , la Defensoría de Familia del Centro

de reposición interpuesto y sustentado verbalmente en audiencia por la señora

G.C.C.M.».

11. Mediante auto del 6 de marzo de 2025 , la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, resolvió devolver las actuaciones

contenidas en los PARD adelantados en favor de los menores L. D. C. C., S. L.

C. M. y I. N. C. M. al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama

(Boyacá), por considerar que una vez decretada la nulidad, la autoridad judicial debió asumir conocimiento de los referidos procesos administrativos y darles trámite.

12. En auto del 12 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama indicó que la devolución realizada por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, era improcedente, razón por la cual resolvió devolver las diligencias a dicha autoridad administrativa.

13. Mediante escrito del 17 de marzo de 2025, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF, propuso conflicto negativo de competencias ante la Sala con el fin de que se defina la autoridad que debe

conocer de los PARD adelantados en favor de los menores L. D. C. C., S. L. C.

M. y I. N. C. M.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 3 de abril de 2024, la Secretaría de la Sala

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 3 de abril de 2024, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 189, por el término de cinco días hábiles, contados desde el 4 al 10 de abril de 2025, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia secretarial del 3 de abril de 2024, sobre la comunicación de la existencia del presente trámite a l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama , alRadicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 4 de 26

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, a la señora G.C.C.M tía abuela materna de los menores de edad, a la señora M. I. C. M. madre de los menores de edad, al señor J. M.C.N. padre de la menor de edad L. D. C. C. 2, a la señora O. N. R abuela paterna de la menor de edad L. D. C. C., al señor S. E. A. C. tío materno de los menores de edad, a la Personería Municipal de Duitama y a la Fundación Superar.

Según informe secretarial del 11 de abril de 2025, durante el término de fijación del edicto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama y la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama presentaron consideraciones. Mientras que las

edicto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama y la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama presentaron consideraciones. Mientras que las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama

Mediante escrito del 4 de abril de 2025, manifestó que ninguna de las autoridades vinculadas en el presente trámite ha declarado su falta de competencia. Considera que tuvo la oportunidad de conocer del caso frente a la homologación solicitada por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, pero no por razones de pérdida de competencia de la autoridad administrativa.

A lo anterior agregó que, lo que procedía en este caso no era proponer un conflicto de competencias, sino que la autoridad administrativa hubiera declarado su pérdida de competencia y, en consecuencia, hubiese remitido el asunto al juez de familia.

2. Defensoría de Familia del Centro Zonal Duitama, Regional Boyacá del ICBF

En las consideraciones allegadas a la Sala durante el término de fijación del edicto, no se incluyeron argumentos sobre su competencia; la defensoría se limitó a aclarar cuál fue la funcionaria de l a Defensoría que estuvo, en su momento, a cargo de l proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantados en favor de los menores de edad L. D. C. C., S. L. C. M. y I. N. C. M.

Por lo anterior , sobre los argumentos que sustentan su posición de no asumir competencia en el presente asunto, es necesario acudir a lo expuesto en el auto del

Por lo anterior , sobre los argumentos que sustentan su posición de no asumir competencia en el presente asunto, es necesario acudir a lo expuesto en el auto del 6 de marzo de 2025, mediante cual devolvió las actuaciones al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama para su conocimiento.

2 Sobre el padre de los menores S. L. C. M. y I. N. C. M. no se tiene información en el expediente.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 5 de 26

En tal oportunidad manifestó que una vez el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama declaró la nulidad de algunas de las actuaciones llevadas a cabo dentro de los PARD adelantados en favor de los hermanos L. D. C. C ., S. L.

C. M. y I. N. C. M, dicha autoridad judicial debió asumir conocimiento de dich os procedimientos en virtud de los dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018.

Por lo cual consideró que es el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, la autoridad competente para continuar con los PARD mencionados y resolver de fondo la situación jurídica de los menores.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 3. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia4.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en

3 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 4 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los

4 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 6 de 26

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 20185 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 20185 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

5 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 7 de 26

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para estable cer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida

plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

6 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 8 de 26

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas 1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 20187 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional8.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

7 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098

decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

7 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 8 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 9 de 26

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la

de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 9 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. (Resalta la Sala)

Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. (Resalta la Sala)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

9 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especial es. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 10 de 26

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] (Subraya la Sala).

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía,Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 11 de 26

defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía,Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 11 de 26

siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3º, del CPACA, con sus modificaciones.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala y los jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se ha ejercido de manera continua.

c. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar

que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura y a su contenido, y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:

[…].

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00203-00 Página 12 de 26

En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que están llamadas a conocer de los procedimientos administrativos de restablecimiento de dere