CE - Auto interlocutorio 11001030600020250020800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo del 2025.

Número único: 11001-03-06-000-20250020800

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaria de Integración Social de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de unos comisarios de familia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida , se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 16 de diciembre de 20243, la señora Herlinda Mercedes Sinisterra Quiñones presentó ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá una queja disciplinaria en contra de l a Comisaría de Familia de Engativá II , por presuntas omisiones en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección núm. 040-2014 y, además, por presunto trato inadecuado.

Familia de Engativá II , por presuntas omisiones en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección núm. 040-2014 y, además, por presunto trato inadecuado.

2. Mediante Auto 1653 del 30 de diciembre de 2024 4, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá resolvió remitir las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020240070900 que reposa en SAMAI. 3 Carpeta Principal 0752-2024. Folios 3-7. 4 Carpeta Principal 0752-2024. Folios 21-34.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 2 de 23

Bogotá, a fin de que, en el marco de sus competencias, adelantara las acciones que en derecho correspondan.

3. Mediante Auto de l 21 de marzo de 2025 5, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja disciplinaria enviada por la señora Herlinda Mercedes Sinisterra Quiñones en contra de los Comisarios de Familia de Engativá II – sin determinar, y remitir de inmediato estas diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estadodisciplinaria enviada por la señora Herlinda Mercedes Sinisterra Quiñones en contra de los Comisarios de Familia de Engativá II – sin determinar, y remitir de inmediato estas diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estadoconforme los artículos 39 y 112 de la ley 1437 de 2011.

4. El 27 de marzo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en cumplimiento del Auto del 21 de marzo de 2025 remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa autoridad y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración

Social de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 194 del 34 de abril de 2025, en la secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 4 hasta el 10 de abril de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de 3 de abril de 20256, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bogotá; a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Integración Social, de la Alcaldía de Bogotá; y al señor Nelson Francisco Torres Murillo, en su calidad de Procurador Judicial.

Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Integración Social, de la Alcaldía de Bogotá; y al señor Nelson Francisco Torres Murillo, en su calidad de Procurador Judicial.

Frente a la disciplinada, no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 7; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos.

5 002Ed_0212AutoOrdenaRemitir.pdf. 6 006ED_07Informedecomunicacio.pdf 7 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 3 de 23

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación de la comisaria de familia once de Suba 1 que acreditaran su calidad de investigada8, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 9, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

de investigada8, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 9, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 10, el despacho de la consejera ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra los disciplinados que se llegue n a determinar en la etapa procesal disciplinaria que corresponda . Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala11 en el sentido de que, durante la fijación del edicto, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá presentó alegatos. Las demás autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá12

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto del 21 de marzo de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia.

Manifestó que, tras examinar el expediente de la medida de protección núm. 0402014, se pudo establecer que el proveído objeto de reproche disciplinario es del 5 de enero de 2024. En dicho proveído, se resolvió el incidente de incumplimiento de

2014, se pudo establecer que el proveído objeto de reproche disciplinario es del 5 de enero de 2024. En dicho proveído, se resolvió el incidente de incumplimiento de la medida de protección a favor del señor Jorge William Palacios Henao, imponiendo a la señora Herlinda Mercedes Sinisterra Quiñones una sanción consistente en una multa de tres (3) días por cada salario mínimo fijado.

Adujo que, para determinar la competencia en este caso es necesario señalar que el artículo 114 de la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, asigna a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial la facultad de conocer, en primera

8 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 9 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 10 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 11 013ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIAL20.pdf. 12 002ED_0212AutoOrdenaRemiti.pdfRadicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 4 de 23

instancia, los procesos disciplinarios relacionados con jueces, fiscales, empleados de la Rama Judicial, jueces de paz, abogados, y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional.

Entonces, las inconformidades planteadas por la señora Sinisterra Quiñones, que dieron lugar al proceso disciplinario con radicado 0752-2024, obedecen a su desacuerdo con la decisión tomada en el incidente de incumplimiento de la medida de protección y con la sanción de multa impuesta en su contra. A pesar de que dicha

desacuerdo con la decisión tomada en el incidente de incumplimiento de la medida de protección y con la sanción de multa impuesta en su contra. A pesar de que dicha decisión fue adoptada en el ejercicio de una función jurisdiccional, lo cier to es que es del 5 de enero de 2024.

En tal sentido, precisó que la Ley 2430 de 2024 - vigente desde el 9 de octubre de 2024 - no tiene efectos retroactivos. Esto implica que la competencia disciplinaria se limite al marco normativo vigente al momento de los hechos, respetando así el principio de irretroactividad, que garantiza la seguridad jurídica y el debido proceso, conforme a lo señalado en distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, la Sentencia SU309/19.

Adicionalmente, expuso que en cuanto al trato recibido por parte de los funcionarios de la Comisaría de Familia de Engativá II -sin determinar-, y la solicitud de no ser atendida por dicha comisaría, cabe señalar que no se trata de un incumplimiento de funciones jurisdiccionales, sino de funciones administrativas. Por lo tanto, la Jurisdicción Disciplinaria no tiene competencia para adelantar un proceso disciplinario por estos motivos.

En consecuencia concluyó que esa Comisión solo es competente para investigar acciones u omisiones en ejercicio de funciones jurisdiccionales ocurridas a partir de la fecha de promulgación de dicha norma. En el presente caso las acciones u omisiones, ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, y otras no tienen connotación jurisdiccional por lo cual le corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría Distrital de Integración Social.

omisiones, ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, y otras no tienen connotación jurisdiccional por lo cual le corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría Distrital de Integración Social.

2. Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de

Integración Social de la Alcaldía de Bogotá13

En escrito de consideraciones presentado dentro del término establecido para tal efecto, expuso como argumentos que sustentan su rechazo de competencia, los siguientes:

Adujo que la competencia para conocer de un proceso disciplinario contra un Comisario (a) de Familia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, corresponde a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y a la Comisión Nacional de

13 Expediente digital, 11_110010306000202500208002MemorialWeb202548205519.pdfRadicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 5 de 23

Disciplina Judicial, sin importar la fecha de ocurrencia de los hechos. Tesis que sustentó a partir d el marco normativo y jurisprudencial aplicable del cual concluyó que:

1. Desde la expedición del Código Disciplinario Único en el año 2002 se estableció la competencia en cabeza de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales para conocer, tramitar y resolver los procesos disciplinarios contra funcionarios que ejercen función jurisdiccional de manera permanente, transitoria u ocasional.

2. La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones indicando que

para conocer, tramitar y resolver los procesos disciplinarios contra funcionarios que ejercen función jurisdiccional de manera permanente, transitoria u ocasional.

2. La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones indicando que los funcionarios administrativos que cumplen funciones jurisdiccionales deben estar sujetos a un régimen disciplinario acorde con su rol, es decir, que cuando un funcionario administrativo cumple funciones jurisdiccionales, su régimen disciplinario debe estar bajo el mismo control de quienes ejercen funciones judiciales.

3. En casos similares, la Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial ha reconocido la competencia propia y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para investigar a personas que ejercen funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria o excepcional.

4. De acuerdo con el artículo 116 constitucional, por ley se pueden atribuir excepcionalmente funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, lo que guarda consonancia con lo señalado en la Ley 2126 de 2021 en sus artículos 3 y 11, respecto a que las Comisarías de Familia ostentan funciones jurisdiccionales bajo los principios de autonomía e independencia en materia de los procesos de medidas de protección y sus incumplimientos.

Por lo anterior solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

funciones jurisdiccionales».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicableRadicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 6 de 23

en el caso bajo estudio, debido a que las partes involucradas, a saber, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procederá a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

En virtud del artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales son: (i) Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del

competencia administrativa, los cuales son: (i) Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; y iii) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, cual es la actuación disciplinaria iniciada contra la Comisaría de Familia de Engativá II por presuntas omisiones en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección núm. 040-2014 y además por presunto trato inadecuado; (ii) las dos autoridades en conflicto son una del orden nacional y otra del orden territorial; y (iii) ambas negaron la compete ncia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, 14, la Sala mantiene su competencia para resolver la controversia. debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 15, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente. ,

14 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018

definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente. ,

14 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 15 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017 -00200; Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168, entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 7 de 23

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que se buscan tutelar con el proceso, y en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal y contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos16.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas,

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la

16 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de

territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [énfasis añadido]. 17 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 8 de 23

autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria correspondiente en contra de la Comisaría de Familia de Engativá II por presuntas omisiones en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección núm. 040-2014.

disciplinaria correspondiente en contra de la Comisaría de Familia de Engativá II por presuntas omisiones en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección núm. 040-2014.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá negó competencia para conocer del asunto, toda vez que, en su criterio, su facultad para conocer procesos disciplinarios en contra de autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada por la Ley 2430 de 2024 , que modificó la Ley 270 de 1996, y no es posible retrotraer los efectos de dicha ley a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá señaló que la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen de forma excepcional, ocasional o transitoria funciones jurisdiccionales fue otorgada originalmente por la Ley 1952 de 2019 y con la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, por medio de la cual se modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, se reiteró dicha facultad. Por lo anterior, solicitó a la Sala que «asigne la competencia de la función disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales cuando se trata de investigar y juzgar a un Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia.

Comisario (a) de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración; ii) La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia ; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria . Reiteración ; v) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vi) el caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteadoRadicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 9 de 23

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisar ías de familia. Reiteración18

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar. Más adelante, la Ley 2126 de 202119 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° defin ió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así: Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala]

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1720 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos

cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

El artículo 1720 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00. 19 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. 20 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00208 00 Página 10 de 23

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte

del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional21 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar22.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración23

Por control interno disciplinario debe entenderse la o