CE - Auto interlocutorio 11001030600020250021200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 2 de julio de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00212-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) y Ministerio de Hacienda y

Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública .

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. La ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca) , expidió la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL número 202202832001411000560003 del 9 de febrero de 2022, en la que indicó que la señora Stella Rubio Cortés estuvo vinculada

electrónica de tiempos laborados CETIL número 202202832001411000560003 del 9 de febrero de 2022, en la que indicó que la señora Stella Rubio Cortés estuvo vinculada como ayudante de esa institución entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973, y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984. Certificó, además, que se efectuaron los respectivos descuentos por concepto de seguridad social, y que la entidad responsable por los aportes de dicho período es el departamento de Cundinamarca.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expedient e del conflicto 11001030600020250021200 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 2 de 34

2. El 27 de enero de 2017, la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S .A. solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional en favor de su afiliada, la señora Stella Rubio Cortés.

3. De acuerdo con el reporte de fecha 13 de abril de 2018, el departamento de Cundinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Rubio Cortés, con fundamento en que ella no e s beneficiaria del pasivo pensional del sector salud , por

Cundinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Rubio Cortés, con fundamento en que ella no e s beneficiaria del pasivo pensional del sector salud , por cuanto figura registrada en el formulario número 18 del cálculo actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA), el cual enlista el personal retirado a diciembre de 1993, es decir, aquel cuyo retiro se dio con anterioridad al cálculo actuarial efectuado con corte a esa fecha.

4. El 2 de abril de 2025, Porvenir S.A. solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de determinar la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tenga derecho la señora Stella Rubio Cortés, por el período laborado en la referida institución hospitalaria entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973 , y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 198 del 24 al 30 de abril de 2025, por el término de cinco días en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

24 al 30 de abril de 2025, por el término de cinco días en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Conforme con la constancia del 7 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala comunicó la existencia del presente conflicto de competencias administrativas a Porvenir S.A., a la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC), a la señora Stella Rubio Cortés (solicitante del bono pensional) y al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona (apoderado de Porvenir S.A.).

Según informe secretarial del 2 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca)Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 3 de 34

No presentó consideraciones. Su postura negativa frente a la competencia para el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado se evidencia en el contenido explícito y literal que se encuentra en la certificación CETIL número 202202832001411000560003 del 9 de febrero de 2022, en el cual advierte que el

reconocimiento y pago del bono pensional solicitado se evidencia en el contenido explícito y literal que se encuentra en la certificación CETIL número 202202832001411000560003 del 9 de febrero de 2022, en el cual advierte que el departamento de Cundinamarca es la autoridad responsable de las cotizaciones de la señora Stella Rubio Cortés, correspondientes a los períodos laborados en esa institución hospitalaria comprendidos entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973, y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984, frente a los cuales versa la solicitud del bono pensional.

2. Departamento de Cundinamarca

Manifestó que una vez revisado el formulario 18 del Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA) se encontró registrada a la señora Stella Rubio Cortés en calidad de retirada a 31 de diciembre de 1993 , razón por la cual, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda , en cumplimiento de lo establ ecido en el Decreto 3061 de 1997, no avaló valor alguno por concepto de reserva pensional en su favor.

Con fundamento en lo anterior, concluy ó que el pasivo prestacional de la señora Rubio Cortés, por el tiempo laborado en el Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca) , es competencia de esa entidad hospitalaria.

3. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de

Cundinamarca (UAEPC)

Expresó no ser competente para conocer la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Stella Rubio Cortés, por cuanto, si bien es responsable del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, conforme con el contrato de concurrencia núm.

Expresó no ser competente para conocer la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Stella Rubio Cortés, por cuanto, si bien es responsable del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, conforme con el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001 suscrito entre la Nación y el sector salud del departamento de Cundinamarca, y posterior Convenio núm. 001 de 2003 para la administración de dicho Fondo, solo debe asumir el pago de las obligaciones de los beneficiarios exclusivos a 31 de diciem bre de 1993, representados en dos grandes grupos, a saber: i) reserva pensional de activos, y ii) reserva pensional de jubilados.

Señaló que para definir si la señora Rubio Cortés es o no beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud se debe tener en consideración que conforme la certificación emitida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud (en relación con el Hospital San Rafael de Cáqueza), la señora en mención quedó registrada como personal retirado, y en consecuencia no es beneficiaria del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud , de modo que el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca no es responsable del reconocimiento y pago del bono pensional reclamado.

Finalmente, agregó que, aunque las empresas sociales del Estado no existían antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, es claro que , con anterioridad a dicha norma,Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 4 de 34

existían unas instituciones que prestaban los servicios de salud , y que con sujeción a la ley se trasformaron en dichas empresas. Por ello, considera que , tal circunstancia, no

existían unas instituciones que prestaban los servicios de salud , y que con sujeción a la ley se trasformaron en dichas empresas. Por ello, considera que , tal circunstancia, no exime de sus obligaciones a las actuales ESE frente a la prestación de servicios bajo su anterior configuración jurídica . Con base en lo anterior, solicit ó a la Sal a declarar competente a la E.S.E. Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca).

4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En escrito presentado el 29 de abril de 2025, señaló que, según lo reportado en su momento por la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), la señora Stella Rubio Cortés quedó inscrita como retirada en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

Manifestó que no es responsable del pago de pasivos prestacionales cuando las entidades del sector salud no han realizado el corte de cuentas y no han establecido para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales, de manera que si la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza «no ha surtido el procedimiento dispuesto en el Decreto 586 de 2017, para poder celebrar el convenio de concurrencia por los beneficiarios retirados de su institución, está obligada a presupuestar y pagar el b ono pensional de su ex trabajador de conformidad el citado decreto y el artículo 242 de la Ley 100 de 1993».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

Ley 100 de 1993».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta , en razón de que se trata de la autoridad competente para responder de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Stella Rubio Cortés; y iii) las autoridades negaron competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 5 de 34

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, la Sala debe determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Stella Rubio Cortés por el tiempo que laboró para el Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), hoy empresa social del Estado, esto es, entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973, y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984.

del Estado, esto es, entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973, y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984.

El departamento de Cundinamarca manifestó no ser responsable del reconocimiento y pago del bono pensional reclamado en favor de la señora Rubio Cortés, por cuanto en la certificación de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud es reportada como retirada, por lo cual considera que el reconocimiento y pago del b ono pensional es obligación del empleador, es decir, del Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), hoy empresa social del Estado.

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) neg ó competencia al considerar que, si bien es responsable del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud conforme el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001 suscrito entre la Nación y el sector salud del departamento de Cundinamarca, y posterior Convenio núm. 001 de 2003 para la administración de dicho Fondo, el mismo

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 6 de 34

solo puede asumir el pago de las obligaciones de los beneficiarios exclusivos a 31 de diciembre de 1993, representados en dos grupos, a saber: i) reserva pensional de activos, y ii) reserva pensional de jubilados.

solo puede asumir el pago de las obligaciones de los beneficiarios exclusivos a 31 de diciembre de 1993, representados en dos grupos, a saber: i) reserva pensional de activos, y ii) reserva pensional de jubilados.

El Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), no presentó consideraciones. Su postura negativa frente a la competencia para el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado se evidencia en el contenido explícito y literal que se encuentra en la certificación CETIL número 202202832001411000560003 del 9 de febrero de 2022, en el cual advierte que el departamento de Cundinamarca es la autoridad responsable de las cotizaciones de la señora Stella Rubio Cortés , correspondientes a los períodos laborados en esa institución hospitalaria comprendidos entre el 1° de febrero de 1973 y el 30 de junio de 1973, y entre el 12 de noviembre de 1982 y el 30 de marzo de 1984 , frente a los cuales versa la solicitud del bono pensional.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no se ha suscrito ningún contrato de concurrencia para financiar el pasivo del personal retirado del Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), por lo que concluy ó que e l hospital es responsable de emitir y pagar el bono pensional que corresponda, en favor de la señora Rubio Cortés.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración.

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración5

Decreto Ley 2470 de 19686

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001-03-06-000-2022-0009800; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00041-00 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 6 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 7 de 34

Al definir los niveles del sistema7, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 19738

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

7 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artíc ulo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 8 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes ».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 8 de 34

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

9 «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 9 de 34

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197510

acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197510

Mediante este decreto se definió l a organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197511

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que l as entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la si tuación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el

nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus

10 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». 11 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00212-00 Página 10 de 34

respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con

respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguirían rigiéndose por sus propios estatutos, los c