CE - Auto interlocutorio 11001030600020250022800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00228-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico) y Comisaría Primera de Familia del Municipio de Arauca (Arauca) Asunto: autoridad competente para continuar con el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos en favor de una menor de edad y definir la situación jurídica.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 19 de septiembre de 20243, pasó al despacho4 de la Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico) una denuncia presentada por el Centro de Salud del mismo municipio sobre un presunto caso de vulneración de derechos de la menor de edad S.J.R.H.5

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

menor de edad S.J.R.H.5

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folio: 1 4 No obra en el expediente pieza procesal que de cuenta de la fecha en la que se presentó la denuncia. 5 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 2 de 29

2. El 20 de septiembre de 20246, mediante auto, la Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico) ordenó al equipo interdisciplinario de su despacho realizar la verificación de garantía de derechos en favor de la menor de edad S.J.R.H.

3. El 1 de octubre de 2024 7, la Comisaría de Familia de Palmar de Varela

(Atlántico) emitió Auto de Apertura de Investigación en favor de la menor de edad S.J.R.H. y adoptó como medida inicial de restablecimiento de derechos, su ubicación en la modalidad «familia de origen».

En la misma fecha, se realizó diligencia de entrega 8 de la menor de edad S.J.R.H. a su abuela paterna, la señora M.J.S.A.

su ubicación en la modalidad «familia de origen».

En la misma fecha, se realizó diligencia de entrega 8 de la menor de edad S.J.R.H. a su abuela paterna, la señora M.J.S.A.

4. El 22 de noviembre de 2024 9, la Comisaría de Familia de Palmar de Varela

(Atlántico) celebró audiencia de pruebas y fallo dentro del proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad S.J.R.H., en la que se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vulnerabilidad de derechos del NNA que la menor [S.J.R.H.]; por trasgresión a sus derechos a integridad física, a la vida y a un ambiente sano, al buen trato y a los derechos de protección.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar como medida para restablecimiento de los derechos de la niña [S.J.R.H.] el Auto Apertura de la investigación 010 -2024 del 01 de octubre 2024, acta de ubicación que la menor permanezca en familia extensa con su abuela paterna la señora [M.J.S.A.].

[…]

ARTÍCULO QUINTO: Los funcionarios que conforman el equipo interdisciplinario podrán hacer seguimiento hasta por 6 meses contados a partir de la ejecutoria del fallo término dentro del cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el NNA esta ubicado en medio familiar y ya se ha superado la vulneración de derechos, en los casos que la Autoridad administrativa considere que debe superarse el termino de seguimiento, deberá prorrogar mediante re solución motivada por un término de que no podrá exceder de 6 meses cont ados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial, la prórroga deberá notificarse

superarse el termino de seguimiento, deberá prorrogar mediante re solución motivada por un término de que no podrá exceder de 6 meses cont ados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial, la prórroga deberá notificarse

6 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 2-3 7 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 29-30 8 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folio: 28 9 Samai expediente digital 2025-228, documento: 17_110010306000202500228003MemorialWeb 20255716461, folios: 61-69Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 3 de 29

por estado, en ningún caso el proceso administrativo de restablecimiento de derechos podrá excederse de 18 meses contados a partir del consentimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro del menor a su medio familiar.

5. El 25 de marzo de 2025 10, la señora M.J.S.A., abuela paterna de la menor de edad S.J.R.H., denunció ante el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Atlántico un presunto ejercicio arbitrario de la custodia de la niña, por parte de su madre M.C.H.G. quien trasladó a la menor de edad a la ciudad de Arauca.

Adolescencia del Departamento de Policía de Atlántico un presunto ejercicio arbitrario de la custodia de la niña, por parte de su madre M.C.H.G. quien trasladó a la menor de edad a la ciudad de Arauca.

6. El 27 de marzo de 202511, tras la referida denuncia el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Arauca logró la ubicación de la menor de edad S.J.R.H. en la ciudad de Arauca, y solicitó la intervención del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia Arauca.

7. El 3 1 de marzo de 2025 12, la Comisaría de Familia de Palmar de Varela

(Atlántico), mediante Auto núm. 010, resolvió trasladar el proceso de restablecimiento de derecho s en favor de la menor de edad S.J.R.H. a la Comisaría de Familia del Municipio de Arauca (Arauca), y afirmó que: «carece de competencia por el factor territorial».

8. El 3 de abril de 202513, la Comisaría Primera de Familia del Municipio de Arauca

(Arauca) decidió no avocar conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad S.J.R.H. , y propuso conflicto negativo de competencias administrativas por vencimiento de términos, y, por lo tanto, ordenó la remisión del expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el fin de que se determine la autoridad competente para conocer del asunto. El mencionado expediente fue remitido a la Sala el 28 de abril de 2025.

Consejo de Estado, con el fin de que se determine la autoridad competente para conocer del asunto. El mencionado expediente fue remitido a la Sala el 28 de abril de 2025.

10 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 34-35. 11 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 34-35. 12 Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 42-44. 13Samai expediente digital 2025-228, documento: 3_EXPEDIENTEDIGI_03CONFLICTODECOMPE TE_2_20250430102759238, folios: 45-48.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 4 de 29

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3º, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto núm. 214 del 30 de abril de 2025, en la secretaría de esta Sala, por el término de cinco días contados desde el 2 al 8 de mayo de 2025, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones14.

término de cinco días contados desde el 2 al 8 de mayo de 2025, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones14.

Consta que se informó sobre el presente conflicto 15 a la Comisaría Primera de Familia de Arauca (Arauca) , a la Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico), a los señores M.C.H.G y Y.E.R.S en calidad de padres de la menor de edad y a la señora M.J.S.A. abuela paterna de la menor de edad.

Dentro del término de fijación, según informe secretarial del 9 de mayo de 202516, la Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico) presentó alegatos, mientras que, l as demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisaría de Familia de Palmar de Varela (Atlántico)17

Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2025, esta autoridad manifestó que, en el presente trámite, no se cumplen con los requisitos legales propios de los conflictos de competencias administrativa s, por cuanto, no ha declarado su no competencia para continuar con el trámite del PARD.

Enfatizó en que:

[L]a Comisaría de Familia de Palmar de Varela jamás ha tomado la decisión jurídica ni existe manifestación alguna que demuestre que la comisaria de familia de Palmar de Varela para declarar su incompetencia o se ha declarado

14Samai expediente digital 2025 -228, documento: 14_POREDICTO_08Edicto_0_202504301029 18844

de Palmar de Varela para declarar su incompetencia o se ha declarado

14Samai expediente digital 2025 -228, documento: 14_POREDICTO_08Edicto_0_202504301029 18844 15 Samai expediente digital 2025 -228, documento: 12_EXPEDIENTEDIGI_14Informecomunicacio_ 11_20250430102759910 16 Samai expediente digital 2025 -228, documento: 19_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2 0_0_20250509084227424 17 Samai expediente digital 2025 -228, documento: 16_110010306000202500228002MemorialWeb 20255716461Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 5 de 29

incompetente para continuar conociendo y para resolver del PARD, relacionado con la menor S.J.R.H.

Argumentó que el traslado de la actuación administrativa se originó por el cambio de domicilio de la menor víctima S.J.R.H, debido a que su madre en forma arbitraria la trasladó del municipio de Palmar de Varela (Atlántico) al municipio de Arauca (Arauca).

Finalmente, solicitó a la Sala que, «al momento procesal de desatar y resolver la Solicitud de CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, se proceda a asignar la funcionaria competente que su despacho estime jurídicamente competente».

Sin embargo, obra en el expediente Auto núm. 010 del 31 de marzo de 2025, en el que resolvió trasladar el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad S.J.R.H. a la Comisaría de Familia del Municipio de Arauca (Arauca)

que resolvió trasladar el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad S.J.R.H. a la Comisaría de Familia del Municipio de Arauca (Arauca) y en donde afirmó que: «carece de competencia por el factor territorial».

2. Comisaría Primera de Familia de Arauca (Arauca)

Esa autoridad no presentó alegatos, sin embargo, sus argumentos se extrae n del escrito del 7 de abril de 2025 en el que propuso conflicto de competencias administrativas.

En dicha oportunidad sostuvo que, niega competencia para adelantar el PARD por cuanto se pretende trasladar un proceso sin términos para fallar, advirtió que, en el expediente remitido, no obra auto de cambio de medida de restablecimiento de derechos o fallo que justifique tal decisión dentro del proceso.

Agregó en el expediente no existen términos para fallar, por lo que la Comisaría de Palmar de Varela (Atlántico) perdió competencia, al respecto señaló:

[…] debe ser esta autoridad quien exige la norma que resuelva la situación jurídica de lo contrario resolverá el juez familia del circuito o para el caso en concreto la Sala de Consulta Civil – del Consejo de Estado, es decir cuando existe perdida de competencia por vencimiento de términos no es dado solo remitir para continuar el proceso y con la mera remisión por competencia pretender se defina dicha situación.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 6 de 29

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas. Reiteración18 La Ley 1878 de 201819 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional20. El artículo 3º de la citada ley, modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión previa de las normas legales pertinentes en este aspecto, con base en lo cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia dirimir el conflicto que le ha sido planteado, y fund amentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) la competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas; b) la posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); c) el alcance del artículo 3º (parágrafo 3) de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia; y

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión adoptada el 11 de diciembre de

susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia; y

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión adoptada el 11 de diciembre de 2024, en el proceso 11001-03-06-000-2024-00543-00. 19 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 20 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 7 de 29

d) la competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

d) la competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 21 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

21 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 8 de 29

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) son de conocimiento de la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Solo se exceptúan de esta competencia los conflictos regulados por la norma especial incorporada en el parágrafo 3.° del artículo 3.° de la Ley 1878 de 2018, que reguló el procedimiento de que tratan los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia.22

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21 numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…]

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

[…] [Subraya la Sala].

De conformidad con la norma transcrita, al juez de familia le corresponde conocer

22 El parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, adicionado por el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, asignó específicamente a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de

22 El parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, adicionado por el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, asignó específicamente a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de competencia suscitados entre autoridades administrativas (c omisarías de familia, defensorías de familia e inspecciones de policía), respecto de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos adelantados en favor de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en la etapa inicial, en vigencia de la nueva ley.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 9 de 29

los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Al analizar esa disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3.º, del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implica la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias

151, numeral 3.º, del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implica la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluye que la Sala y los jueces de familia tienen, en este campo, una competencia concurrente y a prevención.23

c. El alcance del artículo 3.º (parágrafo 3.º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa asignada a la Sala de Consulta, es necesario analizar dos elementos:

1. El trámite al que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006

(modificados por los artículos 3 y 4 la Ley 1878 de 2018, respectivamente).

El artículo 3.º de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura del PARD y a su contenido, adicionando tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme el cual:

[…].

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del

[…].

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001030600020220022200 del 22 de noviembre de 2022, , radicación 11001030600020220027800 del 7 de febrero de 2023 entre otras, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 10 de 29

administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendr á́ un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrir á́ en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso.

[…].

En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que están llamadas a conocer de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, a partir del momento en que tengan conocimiento de la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente. Estas autoridades son los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía [artículo 21, numeral 16 del CGP, arriba analizado].

En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de

familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía [artículo 21, numeral 16 del CGP, arriba analizado].

En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en la etapa inicial24 del PARD permite que se defina una de las garantías del debido proceso, esto es, la autoridad legalmente habilitada para conocer y decidir una determinada actuación (con la intervención de un juez que ejerce su jurisdicción en el territorio de las autoridades administrativas), a la vez que propicia la aproximación material y formal al motivo del conflicto, y una pronta solución del mismo.

Reitera la Sala que la Ley 1878, en el parágrafo 3o del artículo 3o, al igual que el Código General del Proceso, consagran la intervención del juez de familia en los conflictos de competencias que surjan en el PARD, cuando el conflicto se suscita entre las autoridades administrativas previstas en el Código de la Infancia y la Adolescencia25.

24 El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la « iniciación de la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra, de forma inicial, en este artículo y se continúa desarrollando en el artículo 100 de la misma normativa, por lo que debe entenderse que el parágrafo 3° del artículo 3o de la Ley 1878 cobija a ambos artículos. 25 Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la

3° del artículo 3o de la Ley 1878 cobija a ambos artículos. 25 Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cfr. Arts. 79 a 98 de la Ley 1098 de 2006.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00228-00 Página 11 de 29

Por consiguiente, como respecto de los conflictos que se presenten entre tales autoridades en la etapa inicial del PARD, hay norma especial26, los jueces de familia que tengan jurisdicción, desde el punto de vista territorial 27, son los competentes para resolverlos, en el entendido de que dichos funcionarios judiciales operarán con celeridad, dentro del referido espíritu de la Ley 1878 de 2018.

Ahora bien, cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia28 dispone, como efecto, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso al juez de familia, para que este, actuando en remplazo de la autoridad administrativa29, defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente.

La Sala ha reiterado que, en estos casos, la naturaleza de la función asignada al juez es administrativa y no judicial 30, y que, tal como lo ordenaba el artículo 99 original de la Ley 1098 de 2006, el juez debía informar a la Procuraduría General de la Nación, «para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar».

original de la Ley 1098 de 2006, el juez debía informar a la Procuraduría General de la Nación, «para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar». A lo cual ha de agregarse que, con la Ley 1 878, parágrafo 4o del artículo 4o, el incumplimiento de los términos quedó calificado como falta gravísima31.

Pues bien, cuando un juez de familia debe remplazar a una de las autoridades administrativas mencionadas (defensores o comisarios de familia, o inspectores de policía), ante la pérdida de competencia en la que esta haya incurrido, por vencimiento de los términos con los que contaba para tramitar y concluir el PARD, dicho juez puede entrar en conflicto de competencias administrativas con la correspondiente autoridad administrativa.

26 El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es una actuación administrativa regulada en ley especial - Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 - y, por consiguiente, las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA se aplican para suplir sus vacíos. Confrontar con el artículo 2o de la Ley 1437 de 2011. 27 Regla de competencia territorial. Ver artículo 97 de la Ley 1098 de 2006. 28 Ley 1098 de 2006, con las modificaciones de la L