CE - Auto interlocutorio 11001030600020250023300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 9 de julio de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00233-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca – Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC) y el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados, respectivamente, por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. El 23 de septiembre de 2024, la ESE Hospital San José de Guachetá

(Cundinamarca), expidió la certificación de tiempos laborados de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren, en la cual indic ó que trabajó como enfermera en dicha

(Cundinamarca), expidió la certificación de tiempos laborados de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren, en la cual indic ó que trabajó como enfermera en dicha institución desde el 31 de marzo al 20 de julio de 1990. Adicionalmente, señal ó que la entidad responsable de las cotizaciones a pensiones por dicho período e s el departamento de Cundinamarca.

2. El 23 de diciembre de 2024, Porvenir SA solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Margarita del Socorro

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expedient e del conflicto 11001030600020250023300 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 2 de 33

Oliveros Saltaren , por los periodos laborados en el Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca).

3. De acuerdo con proveído el 6 de febrero de 2025, el departamento de Cundinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Oliveros Saltaren, e indicó que la autoridad responsable del reconocimiento y pago del bono pensional era la

ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca).

objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Oliveros Saltaren, e indicó que la autoridad responsable del reconocimiento y pago del bono pensional era la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca).

4. De acuerdo con el escrito de proposición del conflicto de Porvenir SA, dicha administradora realizó consulta a la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de indagar si la señora Oliveros Saltaren era beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud por concepto de pensiones. En respuesta, la referida dirección manifestó que, la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren quedó registrada como retirada en la Certificación de Beneficiarios del extinto

Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

5. Por lo anterior , el 11 de abril de 2025, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir un conflicto negativo administrativo de competencias entre la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se determine la autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tenga derecho la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren, por el período laborado en la mencionada institución hospitalaria entre el 31 de marzo al 20 de julio de 1990.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 2 19 del 2 de

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 2 19 del 2 de mayo de 2025, por el término de cinco días en la Secretaría de la Sala, contados del 2 al 8 de mayo de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 30 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del presente conflicto de competencias administrativas a Porvenir SA, a la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) , al departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC), a la abogada Laura Gisell Banoy Becerra (apoderada de Porvenir SA) y a la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren (solicitante del bono pensional).

Según informe secretarial del 9 de mayo de 2025, la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento deConflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 3 de 33

Cundinamarca presentaron consideraciones . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Cundinamarca presentaron consideraciones . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca)

En escrito del 2 de mayo de 2025, manifiesta que la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) no existía jurídicamente en la época respecto de la cual se solicita el reconocimiento del bono pensional de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren.

Agrega que, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la responsabilidad del reconocimiento y pago de los pasivos pensionales del sector salud causado con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 recae en la Nación y en los entes territoriales, y no en las actuales empresa s sociales del estado, en tanto que estas no existían antes de 1993.

En consecuencia, solicit a que se libere a la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) de cualquier responsabilidad en la resolución de la solicitud presentada por Provenir SA, respecto del reconocimiento y pago del bono pensional mencionado.

2. Departamento de Cundinamarca

Mediante oficio del 6 de mayo de 2025, precis a que, según los registros del sistema CAMISA, la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren fue reportada como «beneficiario retirado », lo cual implica que no se calculó reserva pensional alguna, conforme al artículo 9 del Decreto 3061 de 1997 y al artículo 31 del Decreto 530 de 1994. En consecuencia, indica que, el pasivo pensional causado por la señora Oliveros Saltaren

conforme al artículo 9 del Decreto 3061 de 1997 y al artículo 31 del Decreto 530 de 1994. En consecuencia, indica que, el pasivo pensional causado por la señora Oliveros Saltaren no fue incluido en los cálculos actuariales y, por tanto, no está cubierto por los contratos de concurrencia suscritos entre la Nación y el departamento de Cundinamarca.

Con base en lo anterior, y en concordancia con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, sostiene que la obligación de asumir el pasivo pensional recae sobre la ESE Hospital San José de Guachetá, en su calidad de empleador, mientras no se suscriban nuevos contratos de concurrencia que incluyan a los extrabajadores retirados.

3. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de

Cundinamarca (UAEPC)

En los alegatos presentados a esta Sala, sostiene que no es competente para atender la solicitud de Porvenir SA referida al reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Margarita Oliveros Saltaren, por los tiempos laborados en el Hospital San José de Guachetá.

Como fundamento de dicha posición indic a que la señora Oliveros Saltaren no fueConflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 4 de 33

registrada como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, ni se asignaron recursos para cubrir su pasivo. En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, la responsabilidad recae sobre la ESE Hospital San José de Guachetá, en su calidad de empleador, por no haber

el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, la responsabilidad recae sobre la ESE Hospital San José de Guachetá, en su calidad de empleador, por no haber realizado el corte de cuentas, ni la actualización del cálculo actuarial.

Agrega que la mencionada empresa social del Estado debe asumir las obligaciones prestacionales derivadas de los vínculos laborales previos a su transformación en ESE, hasta tanto no se suscriba un contrato de concurrencia que permita la participación de la Nación y el departamento de Cundinamarca en el pago del pasivo.

En consecuencias, indica que la ESE Hospital San José de Guachetá es la competente para el reconocimiento y pago del bono pensional reclamado por Porvenir SA.

4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En su escrito del 6 de mayo de 2025, indic a que únicamente tiene a su cargo colaborar en la financiación del pasivo pensional del sector salud causado hasta el 31 de diciembre de 1993, sin asumir automáticamente la totalidad de las obligaciones pensionales de las entidades hospitalarias.

Agrega que la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) no incluyó a la señora Margarita Oliveros Saltaren en el formato de corte de cuentas para la vigencia 2025, incumpliendo el procedimiento establecido. Señala que esto impide iniciar el trámite de concurrencia y obliga a la mencionada entidad hospitalaria a continuar con el pago de las prestaciones hasta tanto se formalice el cruce de cuentas.

Asimismo, enfatiza que el Convenio de Concurrencia No. 204 de 2001, suscrito entre el

de concurrencia y obliga a la mencionada entidad hospitalaria a continuar con el pago de las prestaciones hasta tanto se formalice el cruce de cuentas.

Asimismo, enfatiza que el Convenio de Concurrencia No. 204 de 2001, suscrito entre el Ministerio de Salud y el departamento de Cundinamarca, no contempla la financiación de pasivos correspondientes a beneficiarios retirados, como es el caso de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 5 de 33

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es una autoridad del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con atender la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Margarita

Ministerio de Hacienda y Crédito Público es una autoridad del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con atender la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren; y iii) todas las autoridades involucradas, han negado su competencia sucesivamente, para atender la solicitud del Porvenir SA, respe cto del reconocimiento y pago del bono pensional mencionado.

2. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, la Sala determinará cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de Porvenir SA respecto del reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Margarita del Socorro Oliveros Saltaren, por el tiempo que laboró para el Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) , hoy ESE, esto es, entre el 31 de marzo y el 20 de julio de 1990.

Al respecto, la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca) manif iesta que no existía como persona jurídica en la época respecto de la cual se solicita el reconocimiento del bono pensional de la señora Oliveros Saltaren. En consecuencia, considera que, los responsables de hacer efectivo el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 6 de 33

son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Cundinamarca.

Por su parte, el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa de pensiones del Departamento de Cundinamarca indican que la competencia en el presente caso corresponde a la ESE Hospital San José

Por su parte, el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa de pensiones del Departamento de Cundinamarca indican que la competencia en el presente caso corresponde a la ESE Hospital San José de Guachetá (Cundinamarca), a título de empleadora de la señora Oliveros Saltaren. Consideran que la entidad hospitalaria debe asumir las obligaciones prestacionales derivadas de los vínculos laborales previos a su transformación en ESE, hasta tanto no se suscriba un contrato de concurrencia que permita la participación de la Nación y el departamento de Cundinamarca en el pago del pasivo.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración5

Decreto Ley 2470 de 19686

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema7, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo,

la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema7, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001-03-06-000-2022-0009800; Decisión del 27 de agosto de 2019 , radicación 11001-03-06-000-2019-00041-00 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 6 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 7 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A

local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 7 de 33

tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

Ley 9ª de 19738

Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las

8 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes ». 9 «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 8 de 33

entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención

entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197510

10 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 9 de 33

Mediante este decreto se definió l a organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el

Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

Decreto Ley 356 de 197511

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que l as entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la si tuación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de

de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente y a la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la

11 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00233-00 Página 10 de 33

entidad recibiera aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguirían rigiéndose por sus propios estatutos, los cuales debían ser ajustados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artíc ulo 14).

Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de atención médica, así: hospital universitario, hospital regional y hospital local (artículo 17). Y, prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor de