CE - Auto interlocutorio 11001030600020250024800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar de Bahamón Falla

Bogotá, D.C., dieciseis (16) de julio de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00248-00

Referencia: presunto conflicto de competencias administrativas Partes: Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) y Comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino (Antioquía) Asunto: competencia para conocer de un PARD adelantado en favor de una menor de edad perteneciente a una comunidad indígena. Inexistencia del conflicto de competencias.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 7 de noviembre de 2024 3, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) tuvo conocimiento de la presunta vulneración de los derechos de la menor de edad D.M.S.P.4, por hechos aparentemente relacionados con violencia sexual y física. La menor de edad pertenece a la etnia indígena Embera Eyabida, de la comunidad Atausi del resguardo indígena Murri Pantanos, en el municipio de

Frontino (Antioquia).

2. El 7 de noviembre de 2024, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia)

comunidad Atausi del resguardo indígena Murri Pantanos, en el municipio de Frontino (Antioquia).

2. El 7 de noviembre de 2024, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) ordenó verificación del estado de cumplimiento de los derechos de la niña

D.M.S.P.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 Samai, índice 2, archivo 22 ED_23253203184001202400, documento 002. 4 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 2 de 20

3. El 16 de noviembre de 2024, la Comisaría de Familia de Frontino recibió comunicación de la señora Blanca Ligia Bailarín Sinigui, gobernadora mayora del Cabildo Mayor Indígena de Frontino (Antioquia), en la cual le ofreció colaboración para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad D.M.S.P.

4. Mediante Auto del 19 de noviembre de 2024, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) dio apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de la menor de edad D.M.S.P.

4. Mediante Auto del 19 de noviembre de 2024, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) dio apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de la menor de edad D.M.S.P.

5. El 9 de diciembre de 2024, el gobernador local de la comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos, señor Fabián Pernía Domico, indicó a la Comisaría de Familia de Frontino que , debido a que el presunto victimario pertenece a dicha comunidad, el asunto referido al restablecimiento de derechos de la niña D.M.S.P. debía ser resuelto por las autoridades indígenas, bajo las reglas del gobierno propio y no de la legislación ordinaria.

En esa medida, solicitó que la Comisaría de Familia de Frontino se apartarse del conocimiento del asunto y le remitiese a dicha autoridad indígena la actuación adelantada, con el fin de que el Gobierno Local de la Comunidad Atausí del Resguardo Indígena Murri Pantanos asumiera competencia.

6. Con ocasión de lo anterior, el 16 de enero de 2025, la Comisaría de Familia de Frontino solicitó a l Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino

(Antioquia) dirimir el conflicto positivo de competencia suscitado con el gobernador local de la comunidad indígena de Atausi del resguardo Murri Pantanos, en relación con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad D.M.S.P.

7. Mediante Auto Interlocutorio número 8 del 27 de enero de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino (Antioquia) manifestó que el asunto constituía

derechos en favor de la menor de edad D.M.S.P.

7. Mediante Auto Interlocutorio número 8 del 27 de enero de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino (Antioquia) manifestó que el asunto constituía un conflicto de competencias administrativa, de aquellos de que trata el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. En esa medida, indicó que carecía de competencia para dirimirlo y resolvió remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquía, por considerar que esa era la autoridad competente.

8. Mediante Auto del 7 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que el conflicto de competencia , que le fue planteado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino (Antioquia), se suscita entre una autoridad con funciones jurisdiccionales (Comunidad Atausi del Resguardo Indígena Murri Pantanos) y otra con funciones administrativas (Comisaría de Familia de Frontino), por lo que consideró que es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la autoridad facultada para dirimir dicho conflicto. ConformeRadicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 3 de 20

a ello, declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del asunto a esta Sala.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los

de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto número 234 del 13 de mayo de 2025 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días hábiles, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se informó sobre el presente trámite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) – Centro Zonal Occidente Medio , a la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia), a la Comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino (Antioquía), al Cabildo Mayor Indígena de Frontino (Antioquia), al Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino (Antioquia), al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Personería Municipal de Frontino (Antioquía), a la señora N.P.D., madre de la menor de edad D.M.S.P., y al señor J.S.B., padre de la menor de edad D.M.S.P.

Dentro del término de fijación del edicto, según informe secretarial del 23 de mayo 2025, la gobernadora del Cabildo Mayor Indígena de Frontino (Antioquia) presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisaría de Familia de Frontino (Antioquía)

Aunque no presentó consideraciones a nte la Sala, sus argumentos se toman del escrito del 16 de enero de 2025, mediante el cual solicitó al Juzgado Promiscuo de

1. Comisaría de Familia de Frontino (Antioquía)

Aunque no presentó consideraciones a nte la Sala, sus argumentos se toman del escrito del 16 de enero de 2025, mediante el cual solicitó al Juzgado Promiscuo de Familia de Frontino (Antioquia) dirimir el conflicto suscitado con el gobierno local de la Comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino.

Manifestó que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1098 de 2006 , modificada parcialmente por la Ley 1878 de 2018, el comisario de familia tiene a su cargo prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia en circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitados en conte xto de violencia intrafamiliar.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 4 de 20

Agregó que, si bien el artículo 246 de la Constitución Política establece que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio de conformidad con sus usos y costumbre s, dicha jurisdicción no es absoluta. En esa medida, señaló que cuando se pone en conocimiento de una autoridad administrativa la presunta vulneración de derechos de niño, niña o adolescente indígena, esta autoridad tiene competencia para actuar.

2. Comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino (Antioquia)

No presentó consideraciones. S us argumentos se extrae n del escrito del 9 de diciembre de 2024, en el cual el gobernador de la mencionada comunidad reclamó

No presentó consideraciones. S us argumentos se extrae n del escrito del 9 de diciembre de 2024, en el cual el gobernador de la mencionada comunidad reclamó competencia ante la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquía) y del escrito del 28 de febrero de 2025, mediante el cual presentó intervención ante el Tribunal Administrativo de Antioquía.

En el primero de los escritos, el gobernador local de la comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino (Antioquia) manifestó que el presunto victimario pertenece a dicha comunidad, en razón a lo cual el asunto debe ser resuelto por las autoridades indígenas, bajo las reglas del gobierno propio y no bajo las reglas de la legislación ordinaria.

En el segundo de los documentos mencionados, agregó que , dado que todas las personas que intervienen en el procedimiento están censadas en el casco urbano de Frontino (Antioquía), las normas de la comunidad se deben aplicar a todo el trámite.

Concluyó que la competencia respecto del PARD adelantado en favor de la menor de edad D.M.S.P. es del gobierno local de la comunidad Atausi del resguardo Murri Pantanos de Frontino (Antioquia).

3. Cabildo Mayor Indígena de Frontino (Antioquia)

Mediante escrito del 16 de abril de 2025, solicitó a la Sala no asignar a la Jurisdicción Especial Indígena la competencia frente al PARD adelantado en favor de la menor de edad D.M.S.P. Esto debido a que el resguardo Murri Pantanos, al cual pertenece la comunidad Atausi , no cuenta con legislación interna , ni capacidad institucional para juzgar delitos de alta gravedad como los sexuales contra menores de edad.

de edad D.M.S.P. Esto debido a que el resguardo Murri Pantanos, al cual pertenece la comunidad Atausi , no cuenta con legislación interna , ni capacidad institucional para juzgar delitos de alta gravedad como los sexuales contra menores de edad.

Destacó que, aunque el presunto agresor y la víctima pertenecen a la comunidad indígena de Atausi, no se ha demostrado que exista un sistema de derecho propio que garantice el debido proceso ni la protección efectiva de los derechos fundamentales de la menor de edad.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 5 de 20

Adicionalmente, indicó que debe darse prevalencia a los derechos de los niños , conforme lo consagra el artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de

2006. En consecuencia, señaló que debe negarse la solicitud del gobernador local de la comunidad Atausi, y que el proceso debe continuar bajo la jurisdicción ordinaria, con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor de edad afectada.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Ley 1878 de 20185 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional.

El artículo 3° de la citada ley modific ó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas

susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en la cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia conocer del conflicto planteado.

La enunciada revisión comprende:

a) La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

b) La vigencia de la Ley 1878 de 2018. Reiteración.

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia;

d) Competencia de la Sala en el caso concreto.

a) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16°, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración

Dispone la norma en cita:

5 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 6 de 20

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…]

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…]

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

[…]. [Resalta la Sala]

De conformidad con esta disposición, el juez de familia es competente para conocer de los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, en asuntos de familia.

Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas en CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa compet encia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112 numeral 10º, y 151 numeral 3º del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16 del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala de Consulta y los jueces de fam ilia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se continuó ejerciendo.

b) La vigencia de la Ley 1878 de 2018. Reiteración.

jueces de fam ilia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se continuó ejerciendo.

b) La vigencia de la Ley 1878 de 2018. Reiteración.

Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes (artículos 150 y 157 de la C.P.), de lo cual se sigue que el Legislador puede disponer el momento en el cual estas comenzarán a regir. Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente.6

La Ley 4 ª de 1913, «sobre régimen político y municipal», es plenamente concordante con la normativa constitucional, al disponer que «[l]a ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada», esto es, de «insertar la ley en el periódico oficial».

6 Sobre el particular, ver Sentencia C-215 de 1999 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 7 de 20

No obstante, el artículo 53 de la misma Ley 4 ª de 1913 establece una excepción a dicha regla, así:

Artículo 53 . Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes.

1. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado [...]. [Resalta la Sala]

Si bien la Ley 1878 de 2018 no estableció una norma precisa relativa a su vigencia,

fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado [...]. [Resalta la Sala]

Si bien la Ley 1878 de 2018 no estableció una norma precisa relativa a su vigencia, por lo que, en principio, resultaría aplicable la regla general del artículo 52 de la Ley 4ª 7, no puede pasarse por alto que el artículo 13 de la Ley 1878 dispone:

Artículo 13. Los procesos en curso al entrar en vigencia la presente ley , se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

1. Los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos que no cuenten aún con la definición de la situación jurídica establecida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, deberán ser fallados conforme con la legislación vigente al momento de su a pertura. Una vez se encuentre en firme la declaratoria en situación de vulneración o adoptabilidad se continuará el trámite de seguimiento de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

2. Respecto de los procesos que se encuentran con declaratoria en situación de vulneración de derechos, se deberá aplicar lo dispuesto en la presente ley para el seguimiento de las medidas, cuyo término se contará a partir de la expedición de la presente ley. [Resalta la Sala]

La norma transcrita alude a la vigencia de la Ley 1878 para hacer un corte respecto de los procesos en curso y fijar las reglas de tránsito de legislación, momento que acaece «a partir de la expedición» de esa ley. La manera ambigua y antitécnica como la ley alude a dos asuntos de capital importancia (la vigencia de la ley y las normas de transición), ameritan que sean dilucidados por la Sala.

acaece «a partir de la expedición» de esa ley. La manera ambigua y antitécnica como la ley alude a dos asuntos de capital importancia (la vigencia de la ley y las normas de transición), ameritan que sean dilucidados por la Sala.

En cuanto a lo primero, debe decirse que la expedición de la ley no coincide con el momento de su vigencia. La expedición se refiere a la formulación de la materia normativa y la promulgación alude a la publicidad de dicho contenido 8. «En consecuencia, la ley o el acto, aunque se conforman en el momento de su expedición, sólo producen efectos jurídicos desde su promulgación en el Diario Oficial»9.

7 Ley 4ª de 1913. Artículo 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada. 8 Artículo 119 de la Ley 489 de 1998: «Publicación en el Diario Oficial» 9 Sentencia C-306 de 1996.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 8 de 20

Por consiguiente, considerando el efecto útil del artículo 13 de la Ley 1878 de 2018, en el sentido que, la expresión «a partir de la expedición»10 debe entenderse como el inicio de su vigencia, esto es, que el Legislador fijó la fecha de su promulgación como el día en que debía «principiar a regir» (art ículo 53 de la Ley 4 ª de 1913), necesariamente deberá concluirse que si la Ley 1878 fue publicada en el Diario Oficial 50.471 del 9 de enero de 2018, esta comenzó a regir en esa fecha, y, por lo

necesariamente deberá concluirse que si la Ley 1878 fue publicada en el Diario Oficial 50.471 del 9 de enero de 2018, esta comenzó a regir en esa fecha, y, por lo mismo, desde ese momento, comenzó a regular las situaciones por ella previstas, en lo que se conoce como el efecto general inmediato de la ley.

Así las cosas, a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que inicien a partir del 9 de enero de 2018 les aplica, en su integridad, la Ley 1878 de 2018, incluida la regla especial de definición de los conflictos de competencia, asignada por el parágrafo 3° del artículo 3° al juez de familia.

c) Alcance del parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, incorporado por el artículo 3° de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Reiteración.

El artículo 44 de la Constitución Política establece el carácter prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistirlos y protegerlos, para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como a procurar el restablecimiento de sus derechos, cuando les sean vulnerados.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), modificada por la Ley 1878 de 2018. La exposición de motivos de esta última ley fue reiterativa en su propósito de reducir los tiempos del

Infancia y la Adolescencia), modificada por la Ley 1878 de 2018. La exposición de motivos de esta última ley fue reiterativa en su propósito de reducir los tiempos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, bajo los principios de celeridad y eficacia (artículo 209 constituciona l), con el fin de lograr que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sea efectiva.

En particular, el artículo 3° de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:

Parágrafo 3º. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a

10 Respecto a la expresión «a partir de», la doctrina de la Sala contenida en el Concepto 2360 de 2017, señala que teniendo como base lo dispuesto por el Diccionario de la Lengua Española, significa «[t]Omar un hecho, una fecha o cualquier otro antecedente como base para un razonamiento o cómputo».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 9 de 20

prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quién venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el

competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quién venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso. [Resalta la Sala]

En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que, en el Código de la Infancia y la Adolescencia están llamadas inicialmente a conocer de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, esto es, los defensores de familia, los comisarios de familia o (a falta de los anteriores) los inspectores de policía o los personeros municipales o distritales11 (concordante con el CGP, artículo 21, numeral 16, ya analizado).

De igual forma, el parágrafo comentado guarda armonía con el propósito de la Ley 1878 de 2018 de agilizar y reducir los tiempos de los procedimientos, tanto para proteger a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, como para definir su derecho fundamental a tener una familia.

En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en la etapa inicial12 del PARD , permite que se materialice una de las garantías del debido proceso, esto es, la autoridad legalmente habilitada para conocer y decidir una determinada actuación (con la intervención de una autoridad judicial), pues propicia la aproximación material y formal al motivo del conflicto y su pronta solución.

Reitera la Sala que la Ley 1878 de 2018, en el parágrafo 3º del artículo 3 °, al igual

la aproximación material y formal al motivo del conflicto y su pronta solución.

Reitera la Sala que la Ley 1878 de 2018, en el parágrafo 3º del artículo 3 °, al igual que el Código General del Proceso, consagra esa intervención del juez de familia en la actuación administrativa de protección y restablecimiento de los derechos de

11 Ley 1098 de 2006. Artículo 51.Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. 12 El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la «iniciación de la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra, de forma inicial, en este artículo y continúa desarrollándose en el artículo 100 de la misma normativa, por lo que d ebe entenderse que el parágrafo 3° del artículo 3 de la Ley 1878 cobija ambos artículos.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 10 de 20

los niños, niñas y adolescentes, solamente cuando el conflicto se plantea entre las autoridades administrativas de familia reguladas en el Código de la Infancia y la

los niños, niñas y adolescentes, solamente cuando el conflicto se plantea entre las autoridades administrativas de familia reguladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia13.

Por consiguiente, como en esta materia hay norma especial 14, los conflictos de competencia serán presentados ante el juez de familia que corresponda al lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, en el entendido de que esta autoridad operará con celeridad, dentro del citado espíritu de la Ley 1878 de 2018.

Ahora bien, es importante precisar que cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia 15 dispone, como consecuencia, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso al juez de familia, para que este, actuando en reemplazo de la autoridad administrativa 16, defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente.

La Sala ha reiterado que, en estos casos, la naturaleza de la función que ejerce el juez de familia es administrativa17, y no judicial.

Como se indicó atrás, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código General del Proceso se refieren a los conflictos de competencias entre las autoridades administrativas inicialmente llamadas a conocer del PARD, y prevén que los resuelva una autoridad judicial, esto es, el juez de familia.

Pues bien, cuando un juez de familia debe reemplazar a una de las autoridades administrativas señaladas que haya perdido la competencia, por dejar vencer los términos para adelantar y concluir el PARD, puede entrar en conflicto de competencias con un defensor de familia o con un comisario de familia, e, incluso,

administrativas señaladas que haya perdido la competencia, por dejar vencer los términos para adelantar y concluir el PARD, puede entrar en conflicto de competencias con un defensor de familia o con un comisario de familia, e, incluso,

13 Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cfr. Artículos 79 a 98 de la Ley 1098 de 2006. 14 El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es una actuación administrativa regulada en ley especial -Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 - y, por consiguiente, las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA se aplican para suplir sus vacíos. Confrontar con el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011. 15 Ley 1098 de 2006 con las modificaciones de la Ley 1878 de 2018, artículos 100 y 103. 16 En concordancia, el numeral 4º del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia le atribuye al juez de familia la competencia en única instancia para «resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia». Y, a su vez, el artículo 120 del mismo Código otorga competencia al juez civil o promiscuo municipal para conocer de los asuntos «que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este» 17 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020160000600 del 10 de octubre de 2016, reiterado en radicación 11001030600020190013000 del 12 de noviembre de

donde no exista este» 17 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020160000600 del 10 de octubre de 2016, reiterado en radicación 11001030600020190013000 del 12 de noviembre de 2019, entre otrasRadicación: 11001-03-06-000-2025-00248-00 Página 11 de 20

con un inspector de policía (en los casos en que esta autoridad ejerza la competencia supletoria que le asigna el Código de la Infancia y la Adolescencia).

Esta hipótesis particular (conflicto de competencias entre un funcionario