CE - Auto interlocutorio 11001030600020250025200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00252-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisaría Tercera de Familia de Envigado y Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín Asunto: Carencia actual de objeto. Definición de PARD en el caso de un adulto en condición de discapacidad.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. Según registro civil de nacimiento1 e informe de evaluación neuropsicológica elaborado por el Instituto Neurológico de Colombia 2, la joven A.P.R.C. nació el 02 de febrero de 2007 y tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve.

2. El 21 de mayo de 20213, el Centro Zonal Aburra Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió una queja anónima por medio de la cual se informó la presunta vulneración de los derechos de la joven A.P.R.C., quien presuntamente es víctima de violencia sexual por parte del abuelo.

de Bienestar Familiar (ICBF) recibió una queja anónima por medio de la cual se informó la presunta vulneración de los derechos de la joven A.P.R.C., quien presuntamente es víctima de violencia sexual por parte del abuelo.

3. El 1° de julio de 2021 4, el Centro Zonal Aburra Sur del ICBF remitió la queja mencionada a la Comisaría Tercera de Familia de Envigado.

4. El 23 de agosto de 20215, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado avocó conocimiento de la posible vulneración de derechos de la joven A.P.R.C. y ordenó

1 Expediente digital, archivo «2043 TOMO 1 DE 3.pdf», folio 8. 2 Expediente digital, archivo «2043 TOMO 3 DE 3.pdf» folios 338 a 344. 3 Expediente digital, archivo «12043 TOMO 3 DE 3.pdf», folios 3 a 6. 4 Expediente digital, archivo «12043 TOMO 3 DE 3.pdf», folio 5. 5 Ibidem, folios 7 a 8.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 2 de 24

como medida de protección, el traslado al Centro de Emergencia para menores de edad del municipio de Envigado.

5. El 20 de septiembre de 2021 6, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado abrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la joven A.P.R.C., y adoptó como medidas provisionales de protección: la vinculación al programa especializado del ICBF para víctimas de presunto abuso sexual y la remisión a un internado u hogar sustituto.

A.P.R.C., y adoptó como medidas provisionales de protección: la vinculación al programa especializado del ICBF para víctimas de presunto abuso sexual y la remisión a un internado u hogar sustituto.

6. El 8 de marzo de 20227, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado realizó la audiencia de pruebas y fallo dentro del PARD , en la que declaró en vulneración de derechos a la joven A.P.R.C. y confirmó la medida provisional adoptada en el auto de apertura del 20 de septiembre de 2021 , esto es, la ubicación en hogar sustituto a través de la Asociación Amigos con Calor Humano.

7. El 17 de noviembre de 2023 8, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado remitió el PARD adelantado en favor de la joven A.P.R.C. a los juzgados de familia del municipio de Envigado, por perdida de competencia, «a fin de darle cumplimiento al artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018». Asimismo, indicó que el equipo psicosocial estaría dispuesto a prestar el apoyo y acompañamiento para el restablecimiento de derechos de la joven. Según constancia de recibido correspondió al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Envigado bajo el nro. de radicación 2023-004609.

8. El 12 de diciembre de 202310, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Envigado se abstuvo de conocer el PARD y dispuso devolver el expediente a la

Comisaría Tercera de Familia de Envigado.

9. El 28 de agosto de 2024 11, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado

Envigado se abstuvo de conocer el PARD y dispuso devolver el expediente a la Comisaría Tercera de Familia de Envigado.

9. El 28 de agosto de 2024 11, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado remitió el PARD adelantado en favor de la joven A.P.R.C. a los juzgados de familia del municipio de Envigado, por perdida de competencia, «a fin de darle cumplimiento al artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de

6 Ibidem, folios 38 a 49. 7 Ibidem, folios 164 a 184. 8 Ibidem, folios 299 a 300. 9 Ibidem, folio 302. 10 Teniendo en cuenta que en el expediente no se encuentra el resultado de dicha remisión, se procedió a buscar en la página de la Rama Judicial (https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/ConstruirNumeroRadicacion), y allí se encontró la información que se relaciona en el numeral 8 del acápite de antecedentes. No fue posible conocer las razones de la abstención porque no hay documentos ni información adicional en la página de la Rama Judicial ni en el expediente. 11 Expediente digital, archivo «12043 TOMO 3 DE 3.pdf», folio 312 a 315.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 3 de 24

la Ley 1878 de 2018 ». Según constancia de recibido 12 correspondió al Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Envigado bajo el nro. de radicado 05266311000120240035800.

10. El 9 de septiembre de 202413, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de

Primero de Familia de Oralidad de Envigado bajo el nro. de radicado 05266311000120240035800.

10. El 9 de septiembre de 202413, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Envigado se abstuvo de conocer el PARD con fundamento en lo siguiente:

Luego de revisar el expediente no se encuentra como corresponde, el auto que declara la perdida de competencia por parte de la autoridad administrativa que venía conociendo del proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad A.P .R.C., Comisaría Tercera de Familia de Envigado.

Por lo anterior, el Despacho se abstendrá de conocer de este asunto y ordenará devolver el expediente a la Comisaría Tercera de Familia , toda vez que el Juez de Familia solo conoce de estos trámites cuando la autoridad administrativa declara que perdió competencia para seguir conociendo del asunto, recordando a la autoridad administrativa que no solo se trata de remitir el proceso, sino que debe indicarse con claridad en que etapa del mismo se perdió la competencia, esto es, si es para decidir la situación jurídica (artículo 100 del Códi go de Infancia y Adolescencia) o por el seguimiento de las medidas de protección (artículo 103 del Código de Infancia y Adolescencia).

11. El 23 de enero de 2025 14, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado , en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Envigado, emitió el auto interlocutorio nro. 07 por medio del cual dispuso la remisión del PARD al juzgado en mención. Según constancia de recibido se le asignó un

Envigado, emitió el auto interlocutorio nro. 07 por medio del cual dispuso la remisión del PARD al juzgado en mención. Según constancia de recibido se le asignó un nuevo número de radicación, esto es, 0526631100012025000220015.

12. El 3 de febrero de 2025 16, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Envigado señaló que el último domicilio de la joven A.P.R.C. era el municipio de Medellín y como consecuencia, rechazó por falta de competencia el PARD y dispuso su remisión al Juzgado de Familia de Medellín.

13. El 7 de febrero de 2025 17, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín resolvió no asumir el conocimiento del PARD por que la joven A.P.R.C. cumplió la mayoría de edad el 2 de febrero de 2025 y dispuso devolver el expediente a la Comisaría Tercera de Familia de Envigado.

12 Ibidem, folio 325. 13 Ibidem, folios 328 a 329. 14 Ibidem, folios 348 a 349. 15 Ibidem, folio 351. 16 Ibidem, folios 353 a 355. 17 Ibidem, folios 356 a 357.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 4 de 24

14. El 7 de abril de 202518, la Comisaría Tercera de Familia de Envigado propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín , con el fin de que se determinara la

ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín , con el fin de que se determinara la autoridad competente para «conocer del [...] PARD» adelantado en favor de la joven

A.P.R.C.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 238 de fecha 14 de mayo de 202519, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco (5) días, desde el 16 de mayo hasta el 22 de mayo de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de l 15 de mayo de 2025 20, consta que se libraron comunicaciones a l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Comisaría Tercera de Familia de Envigado, al Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín, al Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Envigado, al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Fundación Amigos con Calor Humano , al señor Juan Carlos Jaramillo Cifuentes, comisario segundo de familia de Envigado, a la señora Y .M.M.V., madre sustituta de la joven A.P .R.C., a la señora L.M.C.G. y al señor J.F.R.C., progenitores de la joven A.P.R.C.

señora Y .M.M.V., madre sustituta de la joven A.P .R.C., a la señora L.M.C.G. y al señor J.F.R.C., progenitores de la joven A.P.R.C.

Obra informe secretarial del 23 de mayo de 202521 en el que se señala que, dentro del término de fijación del edicto, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín presentó alegatos. L as demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisaría Tercera de Familia de Envigado22

La Comisaría Tercera de Familia de Envigado no presentó alegatos ni consideraciones. No obstante, los argumentos para declarar su falta de

18 Expediente digital, archivo «004ED_03_12043_AUTO_69_PRO.pdf»., folios 1 a 4. 19 Expediente digital, archivo «001POREDICTO_10_EDICTOpdf.pdf». 20 Expediente digital, archivo «007ED_06_INFORMEDECOMUNICA.pdf». 21 Expediente digital, archivo «013ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20.pdf». 22 Expediente digital, archivo «004ED_03_12043_AUTO_69_PRO.pdf»., folios 1 a 4.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 5 de 24

competencia se pueden extraer del auto del 7 de abril de 2025, por medio del cual propuso el conflicto negativo de competencia administrativa.

En primer lugar, manifestó que:

Con suma extrañeza advierto como un agente del estado (juez) que trabaja en el servicio público y que tiene la dignidad de servidor público y como tal es responsable

propuso el conflicto negativo de competencia administrativa.

En primer lugar, manifestó que:

Con suma extrañeza advierto como un agente del estado (juez) que trabaja en el servicio público y que tiene la dignidad de servidor público y como tal es responsable de garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, máxime de esta joven que como el bien lo sabe su condición es particular.

Posteriormente, señaló que, si bien la joven A.P.R.C. es mayor de edad , ostenta una discapacidad cognitiva , por la que debe ser protegida por el Estado y debe «continuar en el hogar sustituto con el operador amigos con calor human o, esto sustentado en la ley 1618 de 2013 art 21 numeral 2, la ley 1346 de 2009 art 6, 9, 12, 23 numeral 2, ley 1098 de 2006».

Finalmente, indicó que esa autoridad administrativa «no es a quien atañe conocer del presente PARD con fundamento en los argumentos señalados, por lo tanto, procederá a plantear el conflicto negativo de competencia».

2. Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín23

El 21 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín presentó sus alegatos.

Indicó que el proceso de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes es un conjunto de acciones legales y administrativas que buscan garantizar la protección y recuperación de sus derechos cuando han sido vulnerados o amenazados.

Señaló que, las personas que no ha n cumplido 18 años son consideradas legalmente como menores de edad, pues el Código de la Infancia y la Adolescencia

garantizar la protección y recuperación de sus derechos cuando han sido vulnerados o amenazados.

Señaló que, las personas que no ha n cumplido 18 años son consideradas legalmente como menores de edad, pues el Código de la Infancia y la Adolescencia «define a los niños y niñas como aquellos que tienen entre 0 y 12 años, y a los adolescentes como aquellos entre 12 y 18 años».

Precisó que el PARD adelantado en favor de la joven A.P.R.C. fue radicado ante el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín el 5 de febrero de 2025, es decir, cuando la joven A.P.R.C. ya era mayor de edad pues nació el 2 de febrero de 2007, por lo que ya no le resultaba aplicable el procedimiento ni las medidas de protección de restablecimiento de derechos previstas en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018. Por esa razón, el 7 de febrero de 2025, el juzgado decidió no asumir el conocimiento del proceso.

23 Expediente digital, archivo «011RECIBEMEMORIAL_007OFI1PDF.pdf».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 6 de 24

No obstante, como la joven A.P.R.C. tiene una discapacidad intelectual o retraso neurocognitivo, ingresó bajo protección siendo menor de edad y su situación de vulneración respecto a tener una familia no se ha superado, en auto del 19 de marzo de 2025, dispuso remitir el proceso al coordinador del Centro Zonal Nororiental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Medellín (Antioquia) para que

vulneración respecto a tener una familia no se ha superado, en auto del 19 de marzo de 2025, dispuso remitir el proceso al coordinador del Centro Zonal Nororiental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Medellín (Antioquia) para que fuera vinculada al programa Proyecto de Vida, con el fin de que se prepare para la vida y adquiera las herramientas para un proyecto de vida autónomo, mediante su vinculación a las estrategias que así lo permitan.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 24. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia25.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas

interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

24 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 25 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 7 de 24

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Ley 1878 de 2018 26 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de

dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y

26 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 8 de 24

adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

Posteriormente, la Ley 1955 de 2019 27 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados

administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

27 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 9 de 24

1. el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 201828 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional29.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

28 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 29 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis

indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 10 de 24

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 30 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la

administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. [Resalta la Sala]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

30 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en

30 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por le yes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00252-00 Página 11 de 24

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) Q