CE - Auto interlocutorio 11001030600020250025400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Banco Agrario S .A. y Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio.

Vinculadas: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unidad

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Asunto: autoridad administrativa competente para cumplir con un inciso de una sentencia judicial en materia de subsidios de vivienda, en el marco de un proceso de restitución de bienes despojados.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. En sentencia del 26 de octubre del 20173, en el marco del proceso núm. 2006-80015 de incidente de restitución de bienes despojados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz decidió sobre la solicitud de restitución de tierras despojadas elevada por la Fiscalía General de la Nación frente a diecisiete (17) parcelas ubicadas en las veredas de El Encanto y Bejuco Prieto del

restitución de tierras despojadas elevada por la Fiscalía General de la Nación frente a diecisiete (17) parcelas ubicadas en las veredas de El Encanto y Bejuco Prieto del corregimiento Pueblo Nuevo, municipio de Chibolo (Magdalena) y resolvió:

[…] ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR al Banco Agrario la inclusión en los programas de subsidio de vivienda rural a los titulares de los predios objeto de este fallo […].

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), documento “09Auto307SeguimientoEjecución.pdf”, folio 1, hipervínculo: “26 de octubre de 2017”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 2 de 17

La referida providencia quedó ejecutoriada mediante Acta 203 de 2017 ante la ausencia de interposición de recurso alguno en contra de dicha sentencia.

2. Posteriormente, por auto núm. 172 del 3 de abril de 2024 4, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz, ante petición de los propietarios de los predios La Divisa y Villa Luz, señores Jesús Pacífico Gómez Barrios y Manuel Euclides Barrios Andrade, respectivamente, dispuso:

Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz, ante petición de los propietarios de los predios La Divisa y Villa Luz, señores Jesús Pacífico Gómez Barrios y Manuel Euclides Barrios Andrade, respectivamente, dispuso:

REQUERIR al Banco Agrario de Colombia S.A. para que dé cumplimiento a lo ordenado en la decisión del 26 de octubre de 2017.

Para lo cual le otorgó un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

3. En contestación del 22 de mayo del 20245, el Banco Agrario indicó que con la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019 la debida postulación a los subsidios de vivienda de interés social rural le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en calidad de Entidad Otorgante (EO). Adem ás, refirió que los señores GÓMEZ BARRIOS y BARRIOS ANDRADE no fueron incluidos en el programa de subsidios cuando el Banco era precisamente esa entidad otorgante.

4. El 28 de mayo del 2024 6, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz – Magistratura de Control de Garantías, emitió el auto

307 de la misma fecha, en el que dispuso:

PRIMERO: VINCULAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, al presente incidente de restitución en su etapa de ejecución.

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, que — en coordinación con la Unidad

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, previa

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, que — en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, previa consulta en sus registros con el ánimo de evitar dobles beneficios y siempre que se cumplan los requisitos legales —, en los términos de la decisión de restitución y mediante acto administrativo, incluya en los programas de subsidio de vivienda rural a “los titulares de los predios objeto de este fallo”.

4Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), documento “07Auto172RequiereBanco.pdf”. 5Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), documento “09Auto307SeguimientoEjecución.pdf”. 6 Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), documento “09Auto307SeguimientoEjecución”Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 3 de 17

TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS que remita sin dilación los listados que le requiera FONVIVIENDA.

5. El 30 de enero del 2025 7, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz – Magistratura de Control de Garantías, con el fin de verificar la gestión adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a

Sala Penal de Justicia y Paz – Magistratura de Control de Garantías, con el fin de verificar la gestión adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Fondo Nacional de Vivienda, dispuso:

OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación para que, con el fin de anticipar y evitar la ocurrencia de hechos que afecten la garantía de los derechos de los ciudadanos interesados en este asunto (función preventiva), inicie la debida vigilancia a la función pública que desempeña el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — FONVIVIENDA— y, en particular, frente a los servidores destacados en el cumplimiento del Auto 307 de 2024.

6. El 12 de febrero de 20258, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adujo que esa cartera y Fonvivienda no fueron partes del proceso al que se refiere la sentencia del 26 de octubre del 2017. En adición, sostuvo que el argumento del Banco Agrario S.A. es incorrecto, pues según el artículo 255 de la Ley 2294 de 2023 , el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe liderar la ejecución de los proyectos de vivienda rural a partir del año 2020 . De manera tal que lo que ocurrió antes de esta fecha, le corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Banco Agrario.

Por lo tanto, el ente ministerial solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de BarranquillaSala Penal de Justicia y Paz:

1.Dejar sin valor y efecto la decisión proferida mediante Auto 307 de 2024 y estarse a lo resuelto en la sentencia 26 de octubre de 2017.

Lo anterior en consideración a que el error cometido en el auto referido no obliga ni

1.Dejar sin valor y efecto la decisión proferida mediante Auto 307 de 2024 y estarse a lo resuelto en la sentencia 26 de octubre de 2017.

Lo anterior en consideración a que el error cometido en el auto referido no obliga ni al juez ni a las partes a persistir en el e incurrí [sic] en otros.

Es del caso anotar que en atención al marco legal vigente expuesto por los Arts. 300 y 295 de la Ley 2294 de 2023 , corresponde el cumplimiento de la orden sexta (sic) sentencia 26 de octubre de 2017 a otras entidades, mas no a esta cartera ministerial.

2.Mantener los efectos Inter partes y de cosa juzgada y ejecutoria material a la sentencia de 26 de octubre de 2017, dejando en firme la competencia para cumplir el fallo, relevando al Ministerio de Vivienda de dicha responsabilidad, toda vez que ni constitucional, ni legalmente se tiene competencia para cumplir un fallo.

7 Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), sub: 11Auto046OficioaProcuraduriaIncidenteRest, documento “01Auto046OficioaProcuraduriaIncidenteRest”. 8Samai, Expediente Digital, actuación núm. 02, carpeta zip: 3ED_03_03DecisioneseInfo.(.zip), subcarpeta: 12Auto586Requiere2davezFonvivienda; documento “10OficioRtaMinvivienda”Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 4 de 17

Ya que, la propia ley 2294 en su art. 295 indica expresamente que estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Banco Agrario, esto en respecto el principio constitucional de competencia enmarcado en el artículo 121 de la constitución.

3.Se vincule una vez más al Banco Agrario y al Ministerio de Agricultura al proceso de ejecución de sentencia de la referencia en los términos de los art. 300 y 295 de la ley 2294.

4.Se desvincule al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda del proceso de referencia como quiera que se configura una Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva.

7. El 18 de marzo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz –Magistratura de Control de Garantías, consideró que, aun cuando fuera del caso proveer sobre la solicitud elevada por el ente ministerial, lo pertinente era poner el asunto en consideración de la Sala de Consulta. Por lo tanto, emitió un pronunciamiento en el que advierte que tanto el Banco Agrario como el Ministerio de Vivienda alegan no tener competencia para dar cumplimiento al numeral sexto de la sentencia del 26 de octubre del 2017 , por lo que propuso un conflicto de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 14 de mayo del 2025 se fijó

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 14 de mayo del 2025 se fijó el edicto núm. 240, en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, contados desde el 16 al 22 de mayo del 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto9. Consta, en informe secretarial del 14 de mayo de 2025, que se comunicó el presente conflicto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Penal de Justicia y Paz; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Fondo Nacional de ViviendaFonvivienda; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; al Banco Agrario de Colombia S.A; a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas -UARIV; al fiscal 35 de grupo interno de trabajo de persecución de bienes de la dirección de justicia transicional; a la Procuraduría General de la Nación; a la procuradora 352 judicial II penal; a los Representantes de Víctimas de la Defensoría del Pueblo; a los y las señores(as): María Esther Ceballos Varela, Eufemia Esther De Ávila Ortiz, Pedro José Barrios De Ávila, Carlos Marriaga Carmona, Carlos Julio Vides Contreras, Dominga Esther Ferias De La Cerca, Aníbal Rafael Contreras Mosquera, Luz María Brieva Moreno, Lorena

Ávila, Carlos Marriaga Carmona, Carlos Julio Vides Contreras, Dominga Esther Ferias De La Cerca, Aníbal Rafael Contreras Mosquera, Luz María Brieva Moreno, Lorena

9Samai, Expediente digital, actuación núm. 004, documento: «13_POR EDICTO_02Edictopdf».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 5 de 17

Contreras Brieva, Santo Isidro Fuentes, José Isidro Fuentes Villazón, Margarita Arrita Vergara, Iván Enrique Medina Martínez, Luis Antonio De Arco Vergara, Deiber David Camargo Niño, Jairo Luis Sierra Arrieta, Alejandro Fidel García Pino, Leovadis Medina Martínez, Jesús Pacífico Gómez Barrios y Manuel Euclides Barrios Andrade10. En informe secretarial del 23 de mayo de 202511 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto , la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Presidencia de la República, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, el 26 de junio del 2025 12, la consejera ponente emitió auto para mejor proveer, en el que vinculó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas al conflicto. En la misma providencia les solicitó a estas entidades, y al Banco Agrario, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a la Procuraduría General de la Nación allegar pruebas documentales.

la misma providencia les solicitó a estas entidades, y al Banco Agrario, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a la Procuraduría General de la Nación allegar pruebas documentales. En informe secretarial del 8 de julio del 2025 13 se indicó que, vencido el término concedido mediante auto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentaron consideraciones. Las demás autoridades y terceros involucrados guardaron silencio. En auto del 4 de agosto del 2025 14, debido a que la información allegada por las autoridades resultó insuficiente, el despacho ponente requirió al Banco Agrario S.A., y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , con el fin de que remit ieran al despacho información relacionada con los procedimientos para la inclusión de beneficiarios en los programas de subsidio de vivienda rural; soportes relacionados con los titulares de los predios objeto del fallo del 26 de octubre del 2017 y otros aspectos relacionados con el conflicto de la referencia. En informe secretarial del 14 de agosto de 2025 15, se indicó que, vencido el término concedido mediante auto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó consideraciones. Las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

10Samai, Expediente digital, actuación núm. 02, documento: «10ED:10_INFORMEDECOMUNICA(.pdf)». 11Samai, Expediente digital, actuación 08, doc. «19ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20(.pdf)». 12Samai, Expediente digital, actuación 10; doc.: «21Autoparamejor_CCA2025254AMCHGAutop(.pdf)».

11Samai, Expediente digital, actuación 08, doc. «19ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20(.pdf)». 12Samai, Expediente digital, actuación 10; doc.: «21Autoparamejor_CCA2025254AMCHGAutop(.pdf)». 13Samai, Expediente digital, actuación 08, doc.: «32INFORMESECRETA_20250254INFORMESECRE». 14Samai, Expediente digital, actuación 08, doc.: «55Autoparamejor_CCA2025254AMCHGAutoR(.pdf)». 15Samai, Expediente digital, doc.: «61INFORMESECRETA_20250254INFORMESECRE(.doc)Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 6 de 17

El 12 de septiembre de 202516, la consejera ponente profirió auto para mejor proveer, en el que le solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Justicia y Paz informe sobre el incidente de restitución de bienes despojados núm. 200680015 y detalles sobre si se enmarca dentro del proceso judicial de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011 o dentro de las causas penales de la Ley de Justicia y Paz; su rol en dicho proceso como autoridad de restitución de tierras o de paz, y si le eran aplicables los artículos 91 y 102 de la Ley 1448 de 2011, en re lación con las facultades post fallo del juez o tribunal que corresponda. El 18 de septiembre del 2025 17, en respuesta al auto mencionado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala de Justicia y Paz presentó escrito en el que

facultades post fallo del juez o tribunal que corresponda. El 18 de septiembre del 2025 17, en respuesta al auto mencionado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala de Justicia y Paz presentó escrito en el que refirió que: i) el incidente de restitución de tierras despojadas de radicado núm. 200980015 se adelantó en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, siguiendo el trámite contemplado en el artículo 39 de la Ley 1592 de 2012 ; ii) el Tribunal actúa en el referido proceso como juez de Justicia y Paz con funciones de restitución, por ser el proceso anterior al surgimiento de los Jueces y Tribunales de Restitución de Tierras; iii) al proceso de restitución de tierras le es, también, aplicable lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Ley 1448 de 2011; y iv) la remisión del asunto por competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil se realizó en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio18

Dentro del término fijado para presentar alegatos y consideraciones , la entidad informó que la decisión del 26 de octubre de 2017 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que tiene ejecutoria material, ordenó, entre otras cosas, al Banco Agrario, «la inclusión en los programas de subsidio de vivienda rural a los titulares de los predios objeto [del] fallo».

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que tiene ejecutoria material, ordenó, entre otras cosas, al Banco Agrario, «la inclusión en los programas de subsidio de vivienda rural a los titulares de los predios objeto [del] fallo».

En adición, precisó que si bien, mediante Auto 307 del 2024, la misma autoridad judicial resolvió vincular a ese ente ministerial, lo cierto es que ni el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en adelante Ministerio de Vivienda, ni Fonvivienda fueron partes del proceso, en virtud de la sentencia del 26 de octubre de 2017.

En ese orden, arguyó que no es de recibo el argumento del Banco Agrario según el cual, con la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019, la debida postulación a los subsidios de

16Samai, Expediente digital, doc.: «63Autoparamejor_CCA2025254AMCHGAuto2(.pdf) 17Samai, Expediente digital, documento: 68RECIBEMEMORIAL_Oficio164Respondeinq(.pdf) 18Samai, Expediente digital, actuación núm. 005, documento: “ 14_MemorialWeb_AlegatosdeAclaracio nalconflictodecompetenciasysolicituddevinculacionofijaciondelconflictodecompetenciaconelordenadordelg astodelBancoAgrariodeColombiaS.A ElMinisteriode(.pdf)”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 7 de 17

vivienda de interés social rural le corresponde al Ministerio de Vivienda, en calidad de entidad otorgante; pues para esa carte ra ello no es congruente con la competencia de ese ministerio y adolece de precisiones temporales.

vivienda de interés social rural le corresponde al Ministerio de Vivienda, en calidad de entidad otorgante; pues para esa carte ra ello no es congruente con la competencia de ese ministerio y adolece de precisiones temporales.

Así, señaló que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 estipula que el Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de vivienda rural; y que, su formulación y ejecución, a partir del año 2020, estará a cargo el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, al tratarse de una sentencia ejecutoriada y proferida antes del 2020, e impartida al Banco Agrario, es a este último al que le corresponde el cumplimiento de la orden judicial.

Concluye el Ministerio de Vivienda afirmando, que no solo no le asiste competencia para el cumplimiento de la orden judicial indicada, sino que dicha pretensión no se encuentra acorde con los artículos 6 y 121 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 489 y el artículo 3 de la Ley 1437 , que regulan el principio de legalidad de la función administrativa.

2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural19

En escrito del 22 de mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura afirmó que la decisión del 26 de octubre de 2017, mediante la cual se otorga subsidio de vivienda rural , no es de su competencia.

Señaló que ello es congruente con las normas existentes al respecto, pues para el periodo 2000 a 2017, de conformidad con el Decreto 1071 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,

periodo 2000 a 2017, de conformidad con el Decreto 1071 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural », en su artículo 2.2.1.1.11 20, se estipuló que la Entidad Otorgante de los recursos del presupuesto nacional destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural era el Banco Agrario de Colombia S.A. o la entidad que, para tal efecto, determine el Gobierno.

En ese orden, hace un recuento en el que afirma que en el Decreto Ley 890 de 2017, «Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural », se estableció que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debía formular la política de vivienda de interés social

19Samai, Expediente Digital, actuación núm. 00 7, documento “ 17_MemorialWeb_AlegatosIntervencionMADR22(.pdf)”. 20 Decreto 1071 de 2015. A rtículo 2.2.1.1.11. Entidades Otorgantes. La Entidad Otorgante de los recursos del presupuesto nacional destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural será el Banco Agrario de Colombia S.A., o la entidad que para tal efecto determine el Gobierno Nacional. Las Cajas de Compensación Familiar serán las Entidades Otorgantes de los recursos de las contribuciones parafiscales administrados por estas, destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia y el régimen aplicable a éstas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 8 de 17

de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia y el régimen aplicable a éstas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 8 de 17

y prioritario rural, y definir, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, las condiciones para el otorgamiento y ejecución del subsidio, dejándolo como entidad otorgante.

Posteriormente, con la Ley 1955 de 2019, dicha competencia cambió y se estableció que, a partir del año 20 20, la formulación y ejecución de la política de vivienda rural estaría a cargo del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el Decreto 1341 de 2020, «Por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 107 1 de 2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural», refirió que el proceso de ejecución de la Política de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con recursos del Presupuesto General de la Nación hasta la vigencia fiscal 2019, continuaría su trámite, con observancia de las normas contenidas en el Decreto 1071 de 2015. Y, que, en relación con el cumplimiento de sentencias y autos que ord enan la asignación de subsidios de vivienda rural, y que «hayan sido priorizados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hasta el 31 de diciembre de 2019, [estos] serán competencia de dicha cartera ministerial».

Finalmente, adujo que la Ley 2294 de 2023, «Por el cual se expide el Plan Nacional de

Rural hasta el 31 de diciembre de 2019, [estos] serán competencia de dicha cartera ministerial».

Finalmente, adujo que la Ley 2294 de 2023, «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026», en el parágrafo 2º del artículo 300, adicionó el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, en el sentido de indicar que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario culminarían los proyectos de vivienda de interés social rural sobre los que se hayan comprometido subsidios hasta antes del 1 de enero del 2020.

3. Unidad de Restitución de Tierras21

En escrito allegado al expediente el 11 de julio del 2025, la entidad a firmó que en el marco del proceso de restitución de tierras despojadas, la Unidad, en la etapa administrativa correspondiente, es la encargada de solicitar la inscripción del predio en el Registro . Sin embargo, «son los jueces o magistrados civiles especializados en restitución, quienes se pronuncian sobre el derecho a la restitución jurídica y material de los bienes».

Refirió que el artículo 111 de la Ley 1448 de 2011 creó el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como un fondo sin personería jurídica, adscrito a la Unidad, cuyo objetivo principal es el de «servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones». En consonancia con ello, precisó que para el cumplimiento de órdenes judiciales, al interior de la Unidad se conformó un Grupo Interno de Trabajo

instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones». En consonancia con ello, precisó que para el cumplimiento de órdenes judiciales, al interior de la Unidad se conformó un Grupo Interno de Trabajo denominado Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, el cual, de acuerdo con la Resolución núm. 00497 de 2023, que modificó el artículo 4° de la Resolución núm.

21Samai, Expediente digital, actuación 19, doc.: «33RECIBEMEMORIAL_2025_2010_2025201001(.pdf)».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 9 de 17

00412 de 2023, tiene como funciones, entre otras, el cumplimiento de órdenes judiciales que impliquen cuestiones de orden financiero.

Ahora bien, con respecto al caso concreto, la Unidad refirió que esa entidad «ha intercambiado información con el Ministerio de Vivienda, en cumplimiento de las órdenes dadas por el Tribunal », lo que se concreta en comunicar al ente ministerial el estado actual de los predios.

Sin embargo, adujo que, «no tiene competencia alguna relacionada con la asignación de subsidios, pues […] la Unidad adelanta el trámite administrativo de inscripción en el Registro, como requisito de procedibilidad para que, si así procede, se adelante la etapa judicial por el Juez de Restitución».

Por ende, solicitó ser desvinculada del conflicto de competencias administrativas, pues no tiene funciones relacionadas con el objeto del asunto en discusión, pues la Unidad no otorga subsidios.

4. Banco Agrario22

Por ende, solicitó ser desvinculada del conflicto de competencias administrativas, pues no tiene funciones relacionadas con el objeto del asunto en discusión, pues la Unidad no otorga subsidios.

4. Banco Agrario22

En escrito del 22 de julio de 2025, esa entidad manifestó que la decisión judicial que origina este conflicto y que fue emitida el 26 de octubre de 2017, se profirió con posterioridad al Decreto Ley 890 de 2017 , que fue publicado en el Diario Oficial núm. 50.247 del 28 de mayo de 2017 . De manera tal , que sostiene que lo decidido en el decreto entró a regir desde esa fecha, por lo que considera que desde su origen, la orden judicial mencionada se encuentra por fuera del ámbito de competencia del Banco Agrario de Colombia SA. Al respecto, precisó que,

El Banco Agrario de Colombia S.A. actuó como Entidad Otorgante de los recursos destinados al Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural hasta la distribución y adjudicación en virtud del Decreto 1071 de 2015, Artículo 2.2.1.1.11., posteriormente, a travé s del Decreto Ley 890 de 2017, se transfirió la competencia de Entidad Otorgante al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y finalmente, de conformidad con la Ley 1955 de 2019 estableció que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siendo así la actual entidad otorgante.

Aclaró que, a la fecha, la única responsabilidad vigente a cargo del banco corresponde a «la atención del rezago de viviendas pendientes por implementar desde la vigencia 2000 hasta 2017, toda vez que, el programa de subsidio de vivienda rural bajo la

Aclaró que, a la fecha, la única responsabilidad vigente a cargo del banco corresponde a «la atención del rezago de viviendas pendientes por implementar desde la vigencia 2000 hasta 2017, toda vez que, el programa de subsidio de vivienda rural bajo la competencia del Banco Agrario de Colombia S.A., se encuentra actualmente en proceso de cierre».

22Samai, Expediente digital, actuación 28, doc.: «49RECIBEMEMORIAL_20250722_GV_PE_0749(.pdf)».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00254-00 Página 10 de 17

IV. CONSIDERACIONES

1.1. La Sala de Consulta y Servicio Civil se abstendrá de resolver el presunto conflicto de competencias administrativas

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la segunda condición, la Sala ha precisado que no puede proponerse un conflicto de esta clase cuando exista una sentencia u otra providencia j