CE - Auto interlocutorio 11001030600020250025500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 2 de julio de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00255-00.

Referencia: presunto conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisaría de Familia del municipio de Frontino (Antioquia) y Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia).

Asunto: abstención de resolución de fondo por existencia de un fallo judicial.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados, respectivamente, por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 29 de abril de 20244, el señor EJRA, padre del menor de edad IRG5, puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) la presunta vulneración a la integridad personal del niño, toda vez que «la madre cambia frecuentemente de pareja sentimental y los relaciona con el niño, no tiene reglas ni normas, no present a índices de escolaridad y realiza conductas muy sexuales».

En la misma fecha, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) determinó, como medida de protección provisional, la ubicación del niño bajo el cuidado de su padre.

sexuales». En la misma fecha, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) determinó, como medida de protección provisional, la ubicación del niño bajo el cuidado de su padre.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto núm. 11001-03-06-000-2025-00255-00, que reposa en SAMAI. 4 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 1 a 4. 5 Por tratarse de un menor de edad, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 2 de 16

2. Mediante Auto núm. 019 del 26 de junio de 2024 6, la Comisaría de Familia del municipio de Frontino (Antioquia) abrió proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del niño IRG y ordenó, como medida provisional, mantener ubicación en medio familiar paterno.

3. El 22 de octubre de 2024 7, la comisaria de familia de Frontino (Antioquia) fijó fecha y hora para la audiencia de pr áctica de pruebas y fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, para el 29 de octubre

fecha y hora para la audiencia de pr áctica de pruebas y fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, para el 29 de octubre de 2024, a las 3:00 p.m.

4. El 29 de octubre de 2024 8, por solicitud del apoderado de la madre del niño, la comisaria de familia de Frontino ( Antioquia) suspendió el desarrollo de la audiencia de pruebas y fallo para el día 20 de noviembre de 2024 , a las 8:30 a.m.

5. Mediante Auto núm. 092 del 29 de octubre de 2024 9, la comisaria de familia de Frontino (Antioquia) resolvió decretar, oficiosamente, la nulidad de la actuación por medio de la cual se suspendió el desarrollo de la audiencia de práctica de pruebas y fallo dentro del PARD del niño IRG y procedió a continuar con la audiencia, sin la presencia de los padres del niño.

6. Mediante Resolución núm. 022 de 29 de octubre de 2024 10, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) resolvió declarar en situación de vulneración de derechos al niño IRG.

7. En escrito sin fecha, la madre del niño, mediante apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación11 en contra de la Resolución núm. 022 del 29 de octubre de 2024, por medio de la cual se declaró en situación de vulneración de derechos al niño IRG.

8. El 3 de enero de 2025, mediante Auto núm. 00112, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) resolvió no reponer y confirmar las medidas de

vulneración de derechos al niño IRG.

8. El 3 de enero de 2025, mediante Auto núm. 00112, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) resolvió no reponer y confirmar las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en la Resolución núm. 022 del 29 de octubre de 2024, así como rechazar el recurso de apelación por resultar improcedente.

9. La Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) remitió las diligencias del PARD del niño IRG al Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino

(Antioquia), razón por la cual, mediante Sentencia núm. 001 del 20 de enero de

6 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 31 a 42. 7 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folio 111. 8 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folio 127. 9 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 124 a 131. 10 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 134 al 166. 11 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 176 al 185. 12 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 264 al 268.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 3 de 16 202513, esa autoridad judicial no homologó la decisión adoptada en la Resolución núm. 022 de 29 de octubre de 2024, por medio de la cual la Comisaría declaró en situación de vulneración de derechos al niño y, en

202513, esa autoridad judicial no homologó la decisión adoptada en la Resolución núm. 022 de 29 de octubre de 2024, por medio de la cual la Comisaría declaró en situación de vulneración de derechos al niño y, en consecuencia, resolvió:

[…]

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de toda la actuación surtida a partir del auto No. 092 de fecha 29 de octubre de 2024, por medio del cual la Comisaria de Familia declara la nulidad de la actuación especifica y reanuda la audiencia suspendida dentro del presente trámite del PARD, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisaria de Familia de Frontino - Antioquia, que inmediatamente se le notifique la presente providencia, proceda a fijar nueva fecha para realizar audiencia de práctica de pruebas y fallo en la cual se le garantice de manera efectiva el debido proceso a los padres del NNA cumpliendo rigurosamente con el trámite que legalmente corresponde teniendo en cuenta al momento de tomar la decisión la jurisprudencia reseñada, las consideraciones y las observaciones que se le han realizado en esta providencia.

10. El 17 de marzo de 202514, la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) remitió el PARD del niño IRG al Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino

(Antioquia) para que definiera de fondo la situación jurídica del niño, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1878 de 2018 , por considerar que se superaron los seis meses iniciales para declarar en situación de vulneración de derechos. Al respecto la comisaría de familia señaló:

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1878 de 2018 , por considerar que se superaron los seis meses iniciales para declarar en situación de vulneración de derechos. Al respecto la comisaría de familia señaló:

Considera esta servidora de importancia el sustento legal del conflicto de competencia propuesto y que nos ocupa, el cual se debe analizar a la luz del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, parágrafo 2, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, cuando establece claramente que el proceso no puede exceder los 18 meses desde el conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa, tiempo en el cual debe declararse la adoptabilidad o reintegro familiar del NNA, de lo contrario, se perderá competencia por la autoridad administrativa, tal como lo dispone el artículo sexto (6) de la Ley 1878 de 2018.

A la luz de las normas que rigen el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos no es procedente para la suscrita funcionaria la realización de una nueva audiencia de práctica de pruebas y fallo, en aras de dar cumplimiento a lo ordenado por la Juez de Familia, por cuanto ya han transcurrido más de los seis (6) meses siguientes a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del NNA, tampoco existe figura legal que le permita a la señora Juez de Familia ampliar dicho término para que la suscrita adelante una nueva audiencia de práctica de pruebas y fallo, tras la decisión de no conceder homologación del

13 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 270 al 278.

de práctica de pruebas y fallo, tras la decisión de no conceder homologación del

13 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 270 al 278. 14 Expediente digital. 002ED_EXPEDIENTEPARDISMAEL.pdf. Folios 316 al 326.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 4 de 16 fallo adoptado por la suscrita mediante el cual se definió la situación jurídica del NNA en el marco del PARD.

11. Mediante Auto del 27 de marzo de 202515, el Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia) resolvió no aceptar la pérdida de competencia argumentada por la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) para seguir conociendo el PARD en favor del niño IRG y, en consecuencia, dev olvió las diligencias a dicha autoridad.

12. Por medio de Auto del 7 de abril de 202516, la Comisaría de Familia de Frontino

(Antioquia) solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y el Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino , en orden a determinar la autoridad competente para continuar con el PARD en favor del niño IRG.

13. El 10 de abril de 202517, la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió declarar su falta de competencia para dirimir el conflicto de competencias administrativas por estar involucrada una autoridad del orden nacional y, en consecuencia, remitió las diligencias a la Sala de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

competencias administrativas por estar involucrada una autoridad del orden nacional y, en consecuencia, remitió las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 241 del 14 de mayo de 202518, por el término de cinco días, desde el 16 hasta el 2 2 de mayo de 202 5, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se comunicó sobre el inicio de este trámite al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia), al Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Personería de Frontino (Antioquia)19 y a los señores LMGP y EJRA, padres del niño IRG, así como al señor Lizandro Areiza Higuita, apoderado de la madre del menor de edad.

15 Expediente digital. 004 NoAceptaIncompentenciaDevuelveDiligencias. (1).pdf. 16 Expediente digital. CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.pdf. 17 Expediente digital. CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.pdf. 18 Expediente Digital. 008POREDICTO_08_EDICTOpdf.pdf. 19 Se comunicó la existencia del presente conflicto de competencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Personería de Frontino porque en el expediente del PARD del niño IRG

18 Expediente Digital. 008POREDICTO_08_EDICTOpdf.pdf. 19 Se comunicó la existencia del presente conflicto de competencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Personería de Frontino porque en el expediente del PARD del niño IRG esas autoridades intervinieron en algunas actuaciones.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 5 de 16 Dentro del término de fijación del edicto, según el informe secretarial del 23 de mayo de 202 520, las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) 21

Esta autoridad no presentó alegatos dentro del término otorgado por la Sala. Sin embargo, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el escrito del 7 de abril de 2025, mediante el cual solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia dirimir el conflicto de competencias administrativas.

Señaló que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, una vez proferida la decisión mediante la cual se declara en situación de vulneración de derechos al niño, niña o adolescente, esta puede ser notificada a las partes por estado, tal como se realizó en el presente caso, razón por la cual no comparte la decisión del juzgado de no homologar el Auto núm. 022 del 29 de octubre de 2025, por una presunta vulneración al debido proceso y derecho de defensa.

Agregó que tal como lo dispone el parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1098 de

29 de octubre de 2025, por una presunta vulneración al debido proceso y derecho de defensa.

Agregó que tal como lo dispone el parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, el PARD no puede exceder de 6 meses en la parte inicial, ni de 12 meses en la etapa de seguimiento, para un total de 18 meses, desde el conocimiento de los hechos, de lo contrario la autoridad administrativa perderá competencia por continuar con el proceso.

Finalmente, señaló que, en el presente caso, esa autoridad no puede realizar la nueva audiencia de práctica de pruebas y fallo, toda vez que han transcurrido más de seis meses desde el conocimiento de los hechos y no existe una figura legal que habilite al juez de familia a ampliar el término legalmente establecido.

2. Juzgado Promiscuo de Familia de Oralidad de Frontino (Antioquia)22

Si bien esta autoridad no presentó alegatos en el trámite del presente conflicto, las consideraciones en torno a su falta de competencia se pueden extraer del Auto del 27 de marzo de 2025, mediante el cual resolvió no aceptar la pérdida de competencia argumentada por la Comisaría de Familia.

Señaló que la Comisaría de Familia de Frontino (Antioquia) no dejó vencer el término de los seis meses iniciales contemplado en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, toda vez que esa autoridad tuvo conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de derechos del niño el 29 de abril de 2024 , y

20 Expediente Digital. 010ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20.pdf.

por la Ley 1878 de 2018, toda vez que esa autoridad tuvo conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de derechos del niño el 29 de abril de 2024 , y

20 Expediente Digital. 010ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20.pdf. 21 Expediente digital. CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.pdf. 22 Expediente digital. 004 NoAceptaIncompentenciaDevuelveDiligencias. (1).pdf.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 6 de 16 declaró al niño en situación de vulneración de derecho s el 29 de octubre de 2024, esto es, dentro del término legalmente establecido.

Agregó que, en relación con la competencia para conocer el trámite de las actuaciones anuladas, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia STC9905 del 6 de agosto de 2024, sostuvo:

[…] cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdió competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuación correspondiente hasta su finalización, es el juez, quien por ende deberá adelantarla en única instancia.

Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la última el juez de familia revisa la resolución del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le señalará al Defensor ‘la actuación que debe renovarse’, por ser él quien la adelantó (inciso final del artículo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podrán enmendarse los yerros cometidos en

actuación que debe renovarse’, por ser él quien la adelantó (inciso final del artículo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podrán enmendarse los yerros cometidos en el curso del ‘procedimiento administrativo’, a fin de que la resolución que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el trámite por el propio juez, se pretermitiría, sin sustento legal alguno, la ‘instancia administrativa’, y se incurriría en ‘nulidad por falta de competencia funcional’.

[…]

Por último, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomalía, dentro del semestre comentado dicte la decisión correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarará, pero dispondrá que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad.

Argumentó que, con base en lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, en el hipotético caso en que ese despacho judicial decidiera avocar el conocimiento del proceso, estaría pretermitiendo la instancia administrativa, incurriendo con ello en la nulidad por falta de competencia funcional establecida en el inciso 1° del artículo 138 del Código General del Proceso.

Finalmente, sostuvo que «no es comprensible para esta juez, la actitud renuente asumida por la Comisaria de Familia para acatar las ordenes impartidas en la Sentencia 001 de 20 de enero de 2025».

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011,

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto deRadicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 7 de 16 competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza admin istrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la segunda condición, la Sala ha precisado, en algunas decisiones23, que no puede plantearse un conflicto de competencias administrativas cuando el procedimiento o la actuación administrativa a la cual se refiere haya terminado mediante la expedición de un acto administrativo en firme, debidamente ejecutoriado, pues, en d icha hipótesis, las eventuales discrepancias que existan sobre la competencia de la autoridad que dictó el acto definitivo deben resolverse judicialmente, mediante el respectivo medio de control (de nulidad o de nulidad y restablecimiento de derechos, segú n el caso), de acuerdo con lo dispuesto, actualmente, en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, ha señalado que no puede proponerse un conflicto de esta clase

restablecimiento de derechos, segú n el caso), de acuerdo con lo dispuesto, actualmente, en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, ha señalado que no puede proponerse un conflicto de esta clase cuando exista una sentencia u otra providencia judicial en firme y de obligatorio cumplimiento, en la que se haya declarado competente a una de las autoridades en disputa, o por medio de la cual se le haya impuesto a dicha autoridad el deber de tramitar o resolver el asunto o la actuación administrativa de que se trate, pues la Sala no puede desconocer ni contradecir lo que ha sido decidido judicialmente24. [Se resalta].

En este caso concreto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo, debido a que existe una providencia judicial en firme, que resolvió la no homologación de lo decidido por la autoridad administrativa y, en la misma providencia, impuso la n ulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite legal correspondiente.

2. La homologación por parte del juez de familia de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Reiteración25

La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en el título II, reguló la «garantía de derechos y prevención», en favor de los niños, niñas y adolescentes.

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 2025, rad. núm. 110010306000-2025-00123-00. También puede consultarse la decisión del 9 de noviembre de 2022, rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00182-00.

110010306000-2025-00123-00. También puede consultarse la decisión del 9 de noviembre de 2022, rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00182-00. 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2025-00123-00. 25 Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión adoptada el 20 de noviembre de 202 4. Radicado núm.: 11001 -03-06-000-2024-00589-00. También puede n consultarse las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de marzo de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2023-00009-00. Decisión del 9 de noviembre de 2022 , rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00229-00 y Decisión del 17 de julio de 2020, rad. núm. 11001-0306-000-2020-00119-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 8 de 16 En el capítulo IV se previó un «Procedimiento administrativo y reglas especiales», que contiene las disposiciones aplicables a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).

La Sala considera importante recordar que, a partir de las modificaciones introducidas al citado código por la Ley 1878 de 2018, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos quedó estructurado en dos etapas claramente diferenciadas: i) la etapa inicial, que se extiende desde el momento en que se pone

introducidas al citado código por la Ley 1878 de 2018, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos quedó estructurado en dos etapas claramente diferenciadas: i) la etapa inicial, que se extiende desde el momento en que se pone en conocimiento de la autoridad administrativa (defensor o comisario de familia, generalmente) la presunta vulneración o amenaza a los derechos del niño, niña o adolescente hasta que se dicta el «fallo» (previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 , modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018 ), y ii) la etapa de seguimiento, que abarca desde la firmeza del fallo hasta que se adopta la decisión de fondo definitiva que resuelve la situación jurídica del menor de edad.

Para dictar el fallo, mediante el cual se define inicialmente la situación jurídica del niño, niña o adolescente, el término máximo es de seis meses, que resulta improrrogable, por decisión judicial o administrativa 26. Después de este, si se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, continúa la etapa de seguimiento, por un plazo máximo de seis meses, prorrogables por seis meses más. Solo en casos de enfoque diferencial 27, el seguimiento puede ampliarse por término mayor. En los demás, el proceso debe tener una duración máxima de dieciocho meses, incluyendo sus dos etapas28.

Vale la pena recordar que, si en el fallo se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, el proceso deberá terminar, luego de agotar el seguimiento, con una de estas tres opciones finales:

[…] el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio

vulneración de derechos, el proceso deberá terminar, luego de agotar el seguimiento, con una de estas tres opciones finales:

[…] el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

Ahora bien, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en sus artículos 100 y 108, modificados, respectivamente, por los artículos 4 y 8 de la Ley 1878 de 2018, consagra la figura de la homologación de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa en el trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, como un procedimiento que debe surtirse ante el juez

26 Ley 1098 de 2006, artículo 100, inciso 9: «En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial». 27 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 8. 28 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 6 y 8.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 9 de 16 de familia, cuando se presente oposición contra la resolución mediante la cual se

28 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 6 y 8.Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 9 de 16 de familia, cuando se presente oposición contra la resolución mediante la cual se define inicialmente la situación jurídica del menor de edad en el PARD, o cuando haya existido «oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa».

El artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, señala:

Artículo 100. Trámite […]

[…]

Vencido el término del traslado, mediante auto que será notificado por estado, se fijará la fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en derecho corresponda.

El fallo es susceptible de recurso de reposición que debe interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les notificará por Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión . El Ministerio Público lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición.

[…] [Se subraya].

Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión . El Ministerio Público lo solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición.

[…] [Se subraya].

Respecto al trámite , e l Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en el artículo 21, numeral 18, dispone que los jueces de familia tienen competencia para conocer de la «[h]omologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley»29, en única instancia.

Ahora bien, e l citado artículo 100 fue demandado por considerar se que la única instancia vulneraba los derechos de defensa y de impugnación contenidos en los artículos 29 y 31 de la Constitución. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-228 de 200830, declaró su exequibilidad con base en la potestad de configuración normativa que, en materia procedimental, tiene el legislador, y con el sustento de

29 Ley 1564 de 2012, artículo 21, numeral 18. «Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocerán en única instancia de los siguientes asuntos: […]

18. Homologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley». 30 Corte Constitucional, Sentencia C -228-08 (5 de marzo) , e xpedientes D -6834 y D -6852

(acumulados). Demanda de inconstitucionalidad contra los arts. 48 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial),

30 Corte Constitucional, Sentencia C -228-08 (5 de marzo) , e xpedientes D -6834 y D -6852 (acumulados). Demanda de inconstitucionalidad contra los arts. 48 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 100 (parcial), 102 (parcial), 111, 120 (parcial), 129, 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006Radicación 11001-03-06-000-2025-00255-00 Página 10 de 16 que la Carta Política solo exige la segunda instancia en las sentencias de tutela y de condena en materia penal:

En las normas demandadas no se prevé el recurso de apelación en relación con las decisiones del Defensor de Familia, por una parte, ni respecto de las decisiones del Juez de Familia, o del Juez Municipal en los lugares donde no exista Juez de Familia, por otra parte.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en materia procedimental el legislador goza de potestad de configuración normativa, siempre y cuando respete los límites impuestos por los valores, principios y derechos fundamentales consagrado s en la Constitución y por el principio de proporcionalidad.

Así mismo, con referencia a la segunda instancia en materia judicial, en virtud de apelación o consulta de las sentencias, ha expresado que la Constitución sólo exige en forma obligatoria la impugnación ante el superior respecto