CE - Auto interlocutorio 11001030600020250026100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., dos (2) de julio del 2025.

Número único: 11001 03 06 000 2025 00261 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un inspector de policía, por el incumplimiento de una orden judicial en el marco de un proceso policivo.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Evis Manuel Martínez Pérez promovió acción de tutela contra la Inspección de Policía del municipio de María La Baja (Bolívar), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de las supuestas irregularidades en que incurrió dentro del proceso policivo por perturbación a la posesión2.

2. El 12 de agosto de 2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja

(Bolívar) resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa

incurrió dentro del proceso policivo por perturbación a la posesión2.

2. El 12 de agosto de 2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja

(Bolívar) resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del accionante, en consecuencia, de jó sin efectos todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso policivo y dispuso rehacerlas. Dicha decisión fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco (Bolívar) el 24 de septiembre de 2020.

3. Mediante Auto del 17 de febrero de 2021 3, el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja (Bolívar) , en el marco del incidente de desacato con radicado núm. 13442-40-89001-2020-00126-00, resolvió sancionar al señor Walter Alfonso Pérez Narváez, en su calidad de Inspector de Policía de María La Baja, y a la señora Raquel Victoria Sierra Cassiani, en su condición de alcaldesa de ese municipio, por

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Las partes fueron: Evis Manuel Martínez Pérez, en calidad de querellante y Julio Pérez Sanmartín, querellado. 3 Esta Decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbaco el 19 de marzo de 2021.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 2 de 22

3 Esta Decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbaco el 19 de marzo de 2021.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 2 de 22

el no cumplimiento del fallo de tutela del 12 de agosto de 2020 que ordenó rehacer el proceso policivo iniciado por el querellante Evis Manuel Martínez Pérez.

En esa misma decisión, se ordenó compulsar copias a la Procuraduría Provincial de Cartagena, con el fin de que «tome las medidas que sean del caso en ejercicio de la función de vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas».

4. El 24 de septiembre de 2021, la Procuraduría Provincial de Cartagena dio apertura de indagación preliminar contra de los señores Walter Alfonso Pérez Narváez y Raquel Victoria Sierra Cassiani, en sus calidades de Inspector de Policía de María La Baja y alcaldesa de ese municipio, respectivamente.

5. Mediante Auto del 10 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Cartagena dio apertura a la investigación disciplinaria en contra de los señores

Walter Alfonso Pérez Narváez y Raquel Victoria Sierra Cassiani.

6. A través de Auto del 27 de noviembre de 2023, la Procuraduría Provincial de Cartagena resolvió: i) formular pliego de cargos en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez ; y ii) archivar la investigación disciplinaria respecto de la señora

Raquel Victoria Sierra Cassiani.

7. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena , en Auto del 20 de

Pérez Narváez ; y ii) archivar la investigación disciplinaria respecto de la señora Raquel Victoria Sierra Cassiani.

7. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena , en Auto del 20 de noviembre de 2024, remitió, por competencia, la investigación disciplinaria iniciada en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, al considerar que esa era la autoridad comp etente para disciplinar a los inspectores de policía, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

8. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, mediante Auto del 31 de marzo de 2025, manifestó su falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra del señor Pérez Narváez, por cuanto los hechos materia de investigación radican en que el servidor público no cumplió oportunamente una orden de tutela, sin que verse sobre un asunto propio del ejercicio de una función de carácter jurisdiccional.

9. El 23 de abril de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efectos de que d etermine la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario iniciado en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez, en su calidad de Inspector de Policía de María La Baja.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 3 de 22

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011,

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 247, por el término de cinco días, desde el 23 al 29 de mayo de 2025, en la Secretaría de esta Sala , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial del 21 de mayo de 2025, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bolívar, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, al Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja, a la Procuraduría Provincial de Cartagena y al señor Walter Alfonso Pérez Narváez.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala del 30 de mayo de 2025, en el que se informa de que, durante la fijación del edicto, las autoridades y terceros interesados guardaron silencio.

También obra constancia secretarial del 3 de junio de 2025, mediante el cual se informa que el señor Walter Alfonso Pérez Narváez allegó escrito de alegatos o consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraerán del oficio mediante el cual declaró su falta de competencia.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraerán del oficio mediante el cual declaró su falta de competencia.

Destacó que el Acto Legislativo 02 de 2015 le atribuyó función jurisdiccional disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a partir del 13 de enero de 2021.

Manifestó que carece de competencia para tramitar el proceso de la referencia dado que no se trata de un Inspector de Policía en ejercicio de funciones jurisdiccionales, dentro de un proceso policivo. «Si no que más bien lo que se busca es estudiar disciplinariamente la conducta de un funcionario por no dar cumplimiento a una orden de tutela».

En razón a lo anterior, concluyó que le corresponde a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena seguir conociendo del proceso disciplinario en contra del inspector de policía, señor Walter Alfonso Pérez Narváez.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 4 de 22

2. Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraerán del oficio mediante el cual declaró su falta de competencia.

Precisó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016, los procesos policivos de posesión que adelantan los inspectores de policía, como es el caso del inspector Walter Alfonso Pérez Narváez, se efectúan

1801 de 2016, los procesos policivos de posesión que adelantan los inspectores de policía, como es el caso del inspector Walter Alfonso Pérez Narváez, se efectúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales , razón por la cual le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, conocer de los procesos disciplinarios en esos eventos.

Concluyó que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar conocer del proceso disciplinario en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez.

3. Walter Alfonso Pérez Narváez

El señor Pérez Narváez allegó escrito ante Sala, mediante el cual manifestó que fue declarado insubsistente desde el 17 de noviembre de 2022 y refirió las distintas actuaciones que adelantó en el marco del proceso policivo.

Finalmente, puso de presente que dio «cumplimiento a cada una de las actuaciones surtidas dentro del proceso sometido a mi estudio, así como a las órdenes impartidas por el juzgado, de igual manera se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos enviados por la procuraduría».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena y la Comisión Seccional

entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar no tienen un superior común.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 5 de 22

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a que se trata de la actuación disciplinaria en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez ; y iii)

las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a que se trata de la actuación disciplinaria en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez ; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 4, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos5.

4 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200);

decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 5 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir es te tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 6 de 22

2. Términos legales

declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 6 de 22

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva6.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

En este caso, le corresponde a l a Sala establecer cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez, en calidad de Inspector de Policía del municipio de María La Baja (Bolívar), por presuntamente no haber cumplido la orden judicial del 12 de agosto

para conocer del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Walter Alfonso Pérez Narváez, en calidad de Inspector de Policía del municipio de María La Baja (Bolívar), por presuntamente no haber cumplido la orden judicial del 12 de agosto de 2020, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja (Bolívar).

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena remitió, por competencia, la investigación disciplinaria iniciada en contra del señor Pérez Narváez a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, al considerar que esa era la autoridad competente para disciplinar a los inspectores de policía, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar manifestó que los hechos materia de investigación radican en que el servidor público, señor Pérez Narváez, no cumplió oportunamente una orden de tutela, sin que verse sobre un asunto propio del ejercicio de una función de carácter jurisdiccional.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

6 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 7 de 22

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre.

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre.

Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los inspectores de policía. Reiteración. iv) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración7

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, h onradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de la s conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 5 de marzo del 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-202400709-00; decisión del 7 de febrero de 2023, rad. núm. 11001 -03-06-000-2022-00270-00; decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00257-00; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 8 de 22

en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro8.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la

en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro8.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados. La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la po testad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]9.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.

De esta manera en la Ley 1952 de 2019 se reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales.

5.2. Funciones jurisdiccionales asignadas a los inspectores de policía en el ejercicio de la acción policiva para la protección a la posesión, tenencia y servidumbre. Reiteración10

La Ley 1801 de 2016 «Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», en su artículo 198, prevé:

Artículo 198. Autoridades de policía. Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana.

Son autoridades de Policía:

1. El Presidente de la República.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, decisión del 13 de febrero de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00698-00(2670-11). 9 Sentencia C-028 del 26 de enero de 2006. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-202200284-00; decisión del 5 de marzo del 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 9 de 22

2. Los gobernadores.

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.

2. Los gobernadores.

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.

4. Los inspectores de Policía y los corregidores.

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. [...]. [Se destaca].

A la luz de la norma, los inspectores de policía y corregidores son autoridades de apoyo en el territorio nacional, su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad; conciliar y resolver los asuntos que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía11.

El artículo 206 de la misma Ley 1801 de 2016 establece las atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, las cuales fueron adicionadas con el numeral 7 introducido por el artículo 3° de la Ley 2030 de 202012 así:

7. Ejecutar las comisiones que trata el artículo 38 del Código General del Proceso13 o subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicción y competencia, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de policía.

En el marco de lo anterior, el parágrafo 1° del referido artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, modificado por el artículo 4° de la Ley 2030 de 2020, dispone que:

Las autoridades a que se refieren los artículos anteriores, deberán realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por comisión de los jueces o subcomisión de los alcaldes de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.

Las autoridades a que se refieren los artículos anteriores, deberán realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por comisión de los jueces o subcomisión de los alcaldes de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.

Es importante precisar que si bien la competencia de los inspectores de policía prevista en el Código General del Proceso para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces fue derogada tácitamente por el parágrafo 1° del artículo 206 de la Ley 1801 de 201614, tal facultad fue nuevamente prevista por la citada Ley 2030 de 2020, en sus artículos 3° y 4°, en lo pertinente arriba citados.

De todo lo anterior, se deriva que las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional cuando ejecutan una orden judicial, lo cual ha tenido un desarrollo

11 Ministerio de Justicia, programa «Conexión Justicia», Manual Fundación Liborio Mejía - Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. 12 Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) y los artículos 205 y 206 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). 13 Artículo 38. Competencia. La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales. Los tribunales superiores y los jueces podrán comisionar a las autoridades judiciales de igual o de inferior categoría. Podrá comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía,

Podrá comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el artículo anterior. […]. 14 Así lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00261 00 Página 10 de 22

disímil en nuestro ordenamiento jurídico, pues a lo largo del tiempo se ha oscilado entre una reglamentación que la permite y otra que la restringe. Incluso, se han dado distintas interpretaciones a propósito de una antinomia surgida entre el Código General del Proceso y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior por cuanto los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso expedido en el año 2012, facultaron a los jueces para comisionar, entre otros, a las autoridades de policía 15, para facilitar el cumplimiento de algunas diligencias jurisdiccionales. Esto como expresión del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y que supone únicamente la ejecución de decisiones adoptadas de forma previa por el juez de conocimiento.

Pero como antes se mencionó, el parágrafo 1° del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estableció una restricción según la cual: «los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con

2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estableció una restricción según la cual: «los inspectores de policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de