CE - Auto interlocutorio 11001030600020250028400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 2 de julio de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00284-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca), departamento del Valle del Cauca y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación

Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 20 de febrero de 2024 1, la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión

(Valle del Cauca ) expidió la certificación CETIL de información laboral número 202402891900367000580002, correspondiente a la señora Dora Adriana Usma

1. El 20 de febrero de 2024 1, la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión

(Valle del Cauca ) expidió la certificación CETIL de información laboral número 202402891900367000580002, correspondiente a la señora Dora Adriana Usma Osorio, en l a que indicó: i) que estuvo vinculad a, como bacterióloga, a esa institución desde el 3 de septiembre de 1991 hasta el 2 de septiembre de 1992 ; ii) que a la empleada no se le hicieron los descuentos por concepto de seguridad social (pensión/salud/riesgos) y iii) que la entidad responsable por dicho período era el departamento del Valle del Cauca.

1 Expediente digital, archivo « S16993D8001443313_3_80014433132973962025_5_26_195440__3CETILCC319358312.pdf ».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 2 de 34

2. El 12 de junio de 20242, Porvenir SA le solicitó al departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Dora Adriana Usma Osorio por el período laboral aludido.

3. El 20 de diciembre de 2024 3, el departamento del Valle del cauca certificó «por solicitud del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional» que la señora Dora Adriana Usma Osorio figuraba como beneficiaria retirada del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud del departamento del Valle del Cauca y que su «[cuota parte]» estaba «[a cargo del Hospital]».

4. El 8 de enero de 2025 4, el departamento del Valle del cauca objetó el

del Pasivo Prestacional del Sector Salud del departamento del Valle del Cauca y que su «[cuota parte]» estaba «[a cargo del Hospital]».

4. El 8 de enero de 2025 4, el departamento del Valle del cauca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, indicando que la autoridad competente es la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca), por ser la institución donde laboró la afiliada.

5. El 26 de mayo de 20255, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión

(Valle del Cauca), el departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, determinar la autoridad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Dora Adriana Usma Osorio.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 266 del 27 de mayo de 20256 por el término de 5 días hábiles (desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 202 5), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

2 Expediente digital, archivo « S16993D8001443313_5_80014433132973962025_5_26_195440__5COBRODPTOCC3193583.pdf »,

consideraciones en el trámite del presente conflicto.

2 Expediente digital, archivo « S16993D8001443313_5_80014433132973962025_5_26_195440__5COBRODPTOCC3193583.pdf », folios 1 a 3. 3 Expediente digital, archivo «S16993D8001443313_6_80014433132973962025_5_26_195440__6OBJECIONDPTOCC3193.pdf». 4 Expediente digital, archivo « S16993D8001443313_6_80014433132973962025_5_26_195440__6OBJECIONDPTOCC3193.pdf ». 5 Expediente digital, archivo « S16993D8001443313_10_80014433132973962025_5_26_195440__DEMANDACONFLICTODEC.pdf ». 6 Expediente digital, archivo «011POREDICTO_08_EDICTOpdf.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 3 de 34

En el expediente consta, según informe secretarial del 28 de mayo de 20257, que se comunicó la presentación del conflicto a la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) , al departamento del Valle del Cauca , al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social), a Porvenir SA, y a su apoderada, la abogada Laura Giselle Banoy Becerra y, a la señora Dora Adriana Usma Osorio.

De acuerdo con el informe secretarial del 6 de junio de 20258, dentro del término de fijación del edicto se presentaron alegatos o consideraciones por parte del

Becerra y, a la señora Dora Adriana Usma Osorio.

De acuerdo con el informe secretarial del 6 de junio de 20258, dentro del término de fijación del edicto se presentaron alegatos o consideraciones por parte del departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Consta en informe secretarial del 9 de junio de 20259, que la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca)

La ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca), mediante escrito del 6 de junio de 202510, indicó que la señora Dora Adriana Usma Osorio prestó sus servicios en el Hospital Gonzalo Contreras entre el 3 de septiembre de 1991 y el 2 de septiembre de 1992, periodo durante el cual dicha unidad hospitalaria no contaba con personería jurídica, autonomía administrativa, ni presupuestal y, operaba como una dependencia directa del Servicio de Salud del departamento del Valle del Cauca.

Señaló que el 12 de febrero de 1996 , el Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) fue transformado en Empresa Social del Estado y antes de esa fecha «no existía como sujeto de derecho […] y por lo tanto no puede atribuírsele responsabilidad por pasivos pensionales originados en una época en la que no tenía capacidad jurídica para adquirir obligaciones».

Finalmente, manifestó que esta Sala «ha sostenido en forma reiterada que cuando

responsabilidad por pasivos pensionales originados en una época en la que no tenía capacidad jurídica para adquirir obligaciones».

Finalmente, manifestó que esta Sala «ha sostenido en forma reiterada que cuando los servicios fueron prestados antes de la creaci ón formal de la ESE […] la responsabilidad recae sobre la entidad territorial correspondiente», que para el caso concreto es el departamento del Valle del Cauca.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de

7 Expediente digital, archivo «016ED_Expediente_05_INFORMEDECOMUNICA.pdf». 8 Expediente digital, archivo «034ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20.pdf». 9 Expediente digital, archivo «046INFORMESECRETA_Informesecretarial20.pdf». 10 Expediente digital, archivo «045RECIBEMEMORIAL_RESPUE1PDF.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 4 de 34

Regulación Económica de la Seguridad Social

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio del 4 de junio de 202511, indicó que no es el llamado a garantizar el pago del pasivo pensional de la señora Dora Adriana Usma Osorio por los tiempos laborados en el Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca), hoy ESE, por las siguientes razones:

• La Institución Hospitalaria no reportó a la señora Usma como beneficiaria del Pasivo Prestacional del Sector Salud, por lo tanto, no quedó inscrit a en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

Pasivo Prestacional del Sector Salud, por lo tanto, no quedó inscrit a en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud. • Al no ser beneficiaria de los recursos del citado Fondo, su pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 por concepto de pensiones y cesantías no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia, toda vez que los recursos de la concurrencia son exclusivos para el pago del pasivo de las personas que fueron certificadas como beneficiarias activas y jubiladas y no podría dársele otra destinación, so pena de configurarse un detrimento patrimonial. • No obstante, como l os derechos prestacionales de las personas que no fueron certificados como beneficiarios se mantienen vigentes y gozan de pleno derecho frente a su empleador, los pasivos prestacionales dejados de reportar, que fueron erróneamente informados o que, por cualquier razón, hayan sido excluidos, debe n ser asumidos por el empleador, en consideración a la vinculación laboral que existió entre las partes.

De otro lado, es pertinente anotar que en el escrito de «[c]ontestación conflicto negativo de competencias administrativas 2025-00284», el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aportó la Resolución núm. 3231 del 24 de octubre de 2024 suscrita por el viceministro general encargado de las funciones del empleo de ese ministerio12, por medio de la cual se reconoció el pasivo prestacional por concepto de pensiones de los beneficiarios retirados de la ESE Hospital Gonzalo Contreras

por el viceministro general encargado de las funciones del empleo de ese ministerio12, por medio de la cual se reconoció el pasivo prestacional por concepto de pensiones de los beneficiarios retirados de la ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) causado a 31 de diciembre de 1993, con el respectivo contrato de concurrencia, pero al revisar dichos documentos no se encuentra relacionado el pago del bono pensional de la señora Dora Adriana Usma Osorio.

3. Departamento del Valle del Cauca

En escrito del 30 de mayo de 202513, el departamento del Valle del Cauca manifestó que la señora Dora Adriana Usma Osorio ostenta la calidad de retirada del Pasivo

11Expediente digital, archivo «036RECIBEMEMORIAL_REGIST2PDF.pdf». 12 Expediente digital, archivo « 026_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaCONTESTACIONCONFLIC.pdf», folios 55 a 69. 13 Expediente digital, archivo «020_MemorialWeb_Alegatos-2025060420250603162.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 5 de 34

Prestacional del Sector Salud y , «bajo la teoría que correspondía a un pasivo INCIERTO», no se apropiaron recursos para la financiación de su pasivo prestacional.

Indicó que la responsabilidad del pago del pasivo prestacional de salud del personal retirado es compartida entre la Nación y las entidades territoriales cuando se firmen los contratos de concurrencia correspondiente s, pero hasta que est os no se celebren, la obligación del pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias,

retirado es compartida entre la Nación y las entidades territoriales cuando se firmen los contratos de concurrencia correspondiente s, pero hasta que est os no se celebren, la obligación del pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias, puesto que est as deben cumplir con lo establecido en el «artículo 2.12.4.4.2 del Decreto 586 de 2017, que es la inscripción en los formularios diseñados por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y anexar los soportes […]».

Señaló que las instituciones hospitalarias del Valle del Cauca «han trabajado por cumplir con el procedimiento estipulado en el Decreto 586 de 2017 […] pero […] no se ha logrado aun suscribir ningún contrato de concurrencia».

Precisó que desde que fueron excluidas las reservas destinadas al pago de acreencias inciertas dentro del cálculo del Decreto 2061 de 1997, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público «no ha realizado ninguna gestión que permita incluir las provisiones que permitan el pago de personal retirado antes de 1993 » ni para «modificar los contratos de concurrencia con el fin de fijar el marco de responsabilidad de cada entidad concurrente».

Asimismo, indicó que no existe normativa que obligue al departamento del Valle del Cauca a actualizar el valor de la deuda prestacional ni modificar los contratos de concurrencia ya firmados por e se ente territorial. Por el contra rio, es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la autoridad competente para modificar y suscribir los contratos de concurrencia con los hospitales.

Finalmente, solicitó que se declare que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

de Hacienda y Crédito Público la autoridad competente para modificar y suscribir los contratos de concurrencia con los hospitales.

Finalmente, solicitó que se declare que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad competente para suscribir nuevos contratos de concurrencia con la entidad hospitalaria o actual izar el contrato de concurrencia firmado y , que se ordene a la institución hospitalaria para que realice el pago de los tiempos laborados y certificados en el CETIL.

IV. CONSIDERACIONES

Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicciónRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 6 de 34

de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional y las otras dos corresponden al orden territorial; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimiento y pago de un bono

una de las autoridades en conflicto es del orden nacional y las otras dos corresponden al orden territorial; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional; y iii) las autoridades en conflicto negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

1. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

2. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Dora Adriana Usma Osorio correspondiente al periodo laborado en el Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca), comprendido entre el 3 de septiembre de 1991 hasta el 2 de septiembre de 1992.

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 7 de 34

La ESE Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) señaló que la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado es el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca manifestó que hasta que no se firmen los contratos de concurrencia correspondientes, la obligación del pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias . Adicionalmente, precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad competente para suscribir nuevos contratos de concurrencia.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la señora Dora Adriana Usma Osorio dado que no fue reportad a por la institución hospitalaria y, por ende, su pasivo

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la señora Dora Adriana Usma Osorio dado que no fue reportad a por la institución hospitalaria y, por ende, su pasivo prestacional debe ser asumido por el empleador, en consideración a la vinculación laboral que existió entre las partes.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración15

• Decreto Ley 2470 de 196816

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001 -03-06-000-2025-00038-00; decisión del 19 de noviembre de 2024, con radicado

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001 -03-06-000-2025-00038-00; decisión del 19 de noviembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00609-00; decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-2019-0004100, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 8 de 34

Al definir los niveles del sistema 17, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

• La Ley 9ª de 197318

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley

para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:

1. adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;

1. suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;

1. dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;

1. determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y

1. elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los

17 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b)

por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecuta r los programas de salud pública en su jurisdicción. 18 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 9 de 34

Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

• Decreto Ley 056 de 197519

El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y las dependencias de otras entidades del sector público

niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y las dependencias de otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada

de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y

19 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00284-00 Página 10 de 34

coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

• Decreto Ley 350 de 197520

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos

los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del Sistema Nacional de Salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

• Decreto Ley 356 de 197521

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación

20 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales».

servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación

20 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de la