CE - Auto interlocutorio 11001030600020250029700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00297-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar

y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

Vinculada: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad

de Control Interno Disciplinario.

Asunto: autoridad competente para conocer y adelantar una investigación disciplinaria contra empleados por determinar de la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar (Cesar).

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados, respectivamente, por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dieron origen al conflicto de competencias:

1. Mediante informe de auditoría interna núm. UA24-IA019 de octubre de 2024 , la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura evidenció presuntas irregularidades en el procedimiento de asignación de los procesos judiciales

1. Mediante informe de auditoría interna núm. UA24-IA019 de octubre de 2024 , la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura evidenció presuntas irregularidades en el procedimiento de asignación de los procesos judiciales identificados con los radicados nro. 20001-310-3001-2019-00123-00, 20001-3103001-2019-0027000, 20001-310-3002-2018-00106-00 y 20001-310-3005-202200130-00, adelantado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de

Valledupar (Cesar).

2. El 12 de noviembre de 2024, la Unidad de Auditor ía del Consejo Superior de la Judicatura trasladó los hallazgos con presunto alcance disciplinario a la Comisión

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2025-00297 que reposa en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 2 de 24

Seccional de Disciplina Judicial del Cesar , para que adelantara el trámite disciplinario correspondiente, de acuerdo con su competencia.

3. El 17 de marzo de 2025, mediante auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declaró su falta de competencia para conocer de los hechos

disciplinario correspondiente, de acuerdo con su competencia.

3. El 17 de marzo de 2025, mediante auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declaró su falta de competencia para conocer de los hechos presuntamente irregulares, en contra de los empleados operadores del sistema de información del Centro de Servicios Administrativos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, y ordenó lo siguiente:

[…].

SEGUNDO: REMITIR por competencia el expediente de la referencia al Director Seccional de Administración Judicial de Valledupar [sic], para que adelante la actuación correspondiente.

4. El 29 de abril de 2025, mediante auto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar determinó su falta de competencia para tramitar la queja presentada contra los empleados operadores del sistema de información , y, por tal razón, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para que dirima el conflicto de competencias.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 279 del 30 de mayo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 6 hasta el 12 de junio de 2025 , para que las autoridades involucradas y l os sujetos interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de l 30 de mayo de 2025 , consta que se libraron comunicaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y a la

consideraciones en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de l 30 de mayo de 2025 , consta que se libraron comunicaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar). Lo anterior, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

De otro lado, en informe secretarial del 13 de junio de 2025, consta que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante auto del 5 de agosto de 2025, el despacho ponente solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar «[C]opia del Informe de auditoría núm. UA24 -IA019 realizado por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura». Al respecto, en informe secretarial del 15 de agosto de 2025, se indico que, vencido el termino concedido, la autoridad mencionada aportó los documentos solicitados.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 3 de 24

Posteriormente, mediate auto de mejor proveer del 19 de septiembre de 2025 , el despacho ponente vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno disciplinario para que presentara sus alegatos o consideraciones. En informe secretarial del 29 de septiembre de 2025, consta que, dentro del término de fijación del edicto, la autoridad vinculada presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES3

dentro del término de fijación del edicto, la autoridad vinculada presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES3

3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar4

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se extraen del auto del 17 de marzo de 2025 , mediante el cual declaró su falta de competencia, y explicó que, según el artículo 257 A de la Constitución Política, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le compete la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Manifestó que su competencia para ejercer la potestad dis ciplinaria sobre los empleados de la Rama Judicial se circu nscribe a las conductas realizadas con posterioridad al 13 de enero de 2021 , fecha de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Frente al caso en concreto, la autoridad manifiesta:

[…] De otro lado, tenemos que como resultado de dicha investigación se determinaron cuatro hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen connotación penal, y cuatro disciplinaria, que aquellos que tienen alcance disciplinario guardan relación con la inexistencia de la base de datos BITACORA de las vigencias 2018 y 2019, la cual fue diseñada para manejar los datos de auditoría del sistema de información de reparto, y es sobre la cual se verifica la forma de creación de cada uno de los procesos judiciales, a través del seguimiento detallado de la información contenida en las tablas enunciadas de la base de datos S.A.R.J. [Negrillas del texto original].

Conforme a lo anterior, la competencia para investigar estos hechos no recae en esta Comisión Seccional, por el factor temporal en aplicación del principio de

contenida en las tablas enunciadas de la base de datos S.A.R.J. [Negrillas del texto original].

Conforme a lo anterior, la competencia para investigar estos hechos no recae en esta Comisión Seccional, por el factor temporal en aplicación del principio de favorabilidad, por cuanto corresponde a una conducta de carácter continuada iniciada con anterioridad al 13 de enero de 2021. […].

De lo anterior, la autoridad concluye que el funcionario competente para adelantar la actuación disciplinaria, es el superior jerárquico del empleado encargado del área de sistemas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, que corresponde al director o quien haga sus veces.

3 Información extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001 -0306-000-2025-00297 que reposa en SAMAI.

4. Información extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001 -0306-000-2025-00297 que reposa en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 4 de 24

3.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar]5

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se extraen del auto del 29 de abril de 2025, en el que señaló lo siguiente:

Afirmó que , en virtud del artículo 257A de la Constitución Política , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustituyó al Consejo Superior de la Judicatura en cuanto al ejercicio de las funciones jurisdiccionales disciplinarias de los funcionarios judiciales y de los abogados en ejercicio de su profesión.

Nacional de Disciplina Judicial sustituyó al Consejo Superior de la Judicatura en cuanto al ejercicio de las funciones jurisdiccionales disciplinarias de los funcionarios judiciales y de los abogados en ejercicio de su profesión.

Por tal razón, consideró que las conductas objeto de investigación son actuaciones de carácter continuado que involucran a un empleado adscrito a es a Dirección Seccional y de la cual se precisa como última fecha de los hechos el día 5 de julio de 2022, es decir, posterior a la entrada en vigencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Concluyó que le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales conocer de los hechos expuesto s, y reitera su falta de competencia para conocer del presente asunto.

3.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6

Esta entidad presentó sus argumentos mediante memorial del 22 de septiembre de 2025, en donde, inicialmente, señaló:

[…].

Solicito al Honorable Consejero resolver el conflicto negativo de competencia propuesto por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, declarando la falta de competencia de la U nidad de Control Interno Disciplinario de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, para ejercer la función disciplinaria frente a los hechos puestos en conocimiento mediante el informe núm. UA24-IA019, expedido por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura […].

Al respecto señaló que el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la Dirección Ejecutiva de las Administración Judicial es el órgano técnico que tiene a

expedido por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura […].

Al respecto señaló que el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la Dirección Ejecutiva de las Administración Judicial es el órgano técnico que tiene a cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

5 Información extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001 -0306-000-2025-00297 que reposa en SAMAI. 6 Información extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001 -0306-000-2025-00297 que reposa en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 5 de 24

Adicionalmente, indicó que mediante Acuerdo PCSJA20-11603 del 27 de julio de 2020, se creó la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que estableció, entre otras, la función de «1. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y contra los Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial».

Sumado a lo expuesto , mencionó que el artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019 establece que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales.

Finalmente, concluyó:

[…].

Así las cosas, revisados los hechos materia de investigación, se logró determinar

corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales.

Finalmente, concluyó:

[…].

Así las cosas, revisados los hechos materia de investigación, se logró determinar que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que los hechos objeto de análisis tuvieron ocurrencia en fecha anterior al 13 de enero de 2021, fecha [sic] de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues de la queja se puede entender que los hechos a investigar datan de 25 de octubre de 2021.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en virtud de la actual normatividad y jurisprudencia, no le corresponde a la Unidad de Control Interno Disciplinario de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, conocer de la queja disciplinaria incorporada en el informe núm. UA24-IA019, la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura.

[Negrillas en el texto original].

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, esto es, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno Disciplinario y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar, no tienen un superior común.

esto es, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno Disciplinario y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 6 de 24

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, consistente en la compulsa de copias con ocasión del informe de auditoría que evidenció unas presuntas irregularidades en la asignación de los procesos judiciales por parte de sujetos in determinados adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar) y iii ) todas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación administrativa.

Resalta la Sala que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce

Valledupar (Cesar) y iii ) todas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación administrativa.

Resalta la Sala que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, como está inmersa en el conflicto por lo menos una autoridad de carácter administrativo 7, la Sala mantiene su competencia para resolver la controversia. Por consiguiente, con sujeción al debido proceso, que exige en estos casos definir una autoridad competente para que inicie o continue el proceso correspondiente por la autoridad que esté fac ultada para el efecto por el ordenamiento jurídico, la Sala debe emitir un pronunciamiento de fondo.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que se buscan tutelar con el proceso, y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal. Además, contradice el artículo 3º de la Ley 1437 d e 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]». Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos8.

7 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 8 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación,

(radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 8 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterioRadicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 7 de 24

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para iniciar la actuación disciplinaria contra sujetos indeterminados adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar), por presuntas irregularidades en el procedimiento de asignación de los procesos judiciales nro. 20001-310-3001-2019-00123-00, 20001 -310-3001-2019-0027000, 20001 -3103002-2018-00106-00 y 20001-310-3005-2022-00130-00.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Cesar declaró su falta de competencia por considerar que al ser una conducta de carácter continuado iniciada con anterioridad al 13 de enero de 2021, el funcionario competente para adelantar

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Cesar declaró su falta de competencia por considerar que al ser una conducta de carácter continuado iniciada con anterioridad al 13 de enero de 2021, el funcionario competente para adelantar esta actuación es el superior jerárquico, es decir, el encargado del área de sistemas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar).

Por su parte, l a Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar considera que las conductas investigadas al ser de carácter continuado

estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [énfasis añadido]. 9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 8 de 24

y cuya fecha de terminación se realizó hasta el día 5 de julio de 2022, es decir, posterior a la entrada en vigencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial (13 de enero 2021), es esta la autoridad comp etente p ara ejercer la acción disciplinaria.

posterior a la entrada en vigencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial (13 de enero 2021), es esta la autoridad comp etente p ara ejercer la acción disciplinaria.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno Disciplina rio manifestó que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que los hechos objeto de análisis tuvieron ocurrencia el 25 de octubre de 2021.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en materia disciplinaria. El factor subjetivo o personal. Reiteración. iii) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración. iv) Autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración v) Los servidores de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(DEAJ) y el órgano de control interno disciplinario de esa entidad. Reiteración. vi) Faltas disciplinarias que se prolongan en el tiempo. Aplicación de la ley procesal en el tiempo. Reiteración. vii) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración10

El ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado , para el caso que ocupa la

5.1. La potestad disciplinaria y las finalidades que persigue en un Estado Social de Derecho. Reiteración10

El ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado , para el caso que ocupa la atención de la Sala, en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, norma que prevé en su artículo 2° , modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Así, la norma establece, en su artículo 5°, que la sanción disciplinaria tendrá una finalidad preventiva y correctiva, pues con ella se busca la garantía de la efectividad de los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las finalidades como la prevalencia de la justicia, el debido proceso de los intervinientes, la búsqueda de la

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001 -03-06-000-2023000708-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 9 de 24

verdad material y la efectividad del derecho sustantivo (artículo 11 de la Ley 1952 de 2019).

El artículo 25 de la norma señala que «[s]on destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos11 aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley».

Por su parte, el artículo 2612 prevé que, constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta13 que conlleve al incumplimiento de deberes o la extralimitación

contemplados en esta ley».

Por su parte, el artículo 2612 prevé que, constituye falta disciplinaria la incursión en cualquier conducta13 que conlleve al incumplimiento de deberes o la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. A la vez, según el artículo 2714, esta puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de derechos propios del cargo o función, o con ocasión de ellos.

Bajo esas premisas, el derecho disciplinario es entendido como el instrumento mediante el cual el Estado busca, de un lado, el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, y del otro, la garantía efectiva de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Ahora bien, de manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa15.

11 En la Sentencia C-721 de 2015, sostuvo que «[…] el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad (C.P. art.123), dado que la función administrativa está al servi cio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)» [Énfasis añadido].

art.123), dado que la función administrativa está al servi cio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209)» [Énfasis añadido]. 12 «Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejerc icio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley». 13 En la Sentencia C -244 de 1996, la Corte Constitucional sostuvo que la acción disciplinaria «[…] se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo […]» 14 «La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones». 15 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se

15 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo d e Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre deRadicación: 11001-03-06-000-2025-00297-00 Página 10 de 24

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico destinado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública16, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades17.

Como se vio, la Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria18. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinari