CE - Auto interlocutorio 11001030600020250031200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00312-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría

Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función que le confieren los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por la Ley 2080 de 2021 1, pr ocede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 13 de abril de 20212, Marcela Valero Monsalve , en calidad de representante legal de Wellness Center MDI Marino SAS (en reorganización), presentó queja ante la Procuraduría General de la Nación y la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura , en contra del señor Darío Laguado Monsalve por presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido en su calidad de auxiliar de la justicia como liquidador y promotor dentro d el proceso de insolvencia de la sociedad Wellness Center MDI Marino SAS adelantado ante la Superintendencia de

Sociedades.

presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido en su calidad de auxiliar de la justicia como liquidador y promotor dentro d el proceso de insolvencia de la sociedad Wellness Center MDI Marino SAS adelantado ante la Superintendencia de Sociedades.

La referida queja, fue repartida a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, el 2 de junio de 2021.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2017y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 04_EXP COMISION SECCIONAL 11001250200020210153000, documento: 002QUEJA222021001530.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 2 de 23

2. El 2 de julio de 202 13, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá profirió auto de apertura de investigación, en los siguientes términos:

En ese orden, de conformidad con lo previsto en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002, se dispone APERTURA DE INVESTIGACI ÓN DISCIPLINARIA en contra del señor DARIO LAGUADO MONSALVE, en su calidad de AUXILIAR DE LA JUSTICIA -PROMOTOR, en virtud a que de los hechos puestos en conocimiento por MARCELA VALERO MONSALVE, representante legal de la sociedad WELLNESS CENTER MDI MARINO SAS hoy en reorganización, se desprende una presunta infracción de sus deberes funcionales en el marco del

conocimiento por MARCELA VALERO MONSALVE, representante legal de la sociedad WELLNESS CENTER MDI MARINO SAS hoy en reorganización, se desprende una presunta infracción de sus deberes funcionales en el marco del proceso de insolvencia, expediente bajo radicado No. 89667 seguido en la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.

3. El 19 de julio de 2021 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá profirió auto que fijaba fecha para celebrar diligencia de versión libre , la cual se efectuó el 6 de octubre del mismo año5.

4. El 18 de abril de 2022 6, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la queja disciplinaria mencionada y ordenó remitir el asunto a la Procuraduría General de la Nación . Esto, por considerar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el particular disciplinable debe ser investigado por esta autoridad.

5. El 24 de febrero de 20257, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer la queja disciplinaria y propuso conflicto negativo de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

6. El 30 de abril de 20258, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció respecto del presunto conflicto negativo de competencia s suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Segunda

Distrital de Instrucción de Bogotá y resolvió:

respecto del presunto conflicto negativo de competencia s suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y resolvió:

3Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 04_EXP COMISION SECCIONAL 11001250200020210153000, documento: 005AUTOAPERTURAINVESTIGACION11202101530. 4 Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 04_EXP COMISION SECCIONAL 11001250200020210153000, documento: 009AUTOFECHAVERSIONLIBRE11202101530 5Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 04_EXP COMISION SECCIONAL 11001250200020210153000, documento: 022ACTAAUDIENCIAVERSIONLIBRE11202101530 6 Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 04_EXP COMISION SECCIONAL 1100125020 0020210153000, documento: 026AUTOREMITEPORC OMPETENCIAPGN11202101530 7 Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 2025-00312\001Conflicto, Documento: Document_2 50225_083718 8 Expediente digital Samai 2025 -312, Carpeta: 2025 -00312, Documento: 011 PROVIDENCIA 202500224-00 - SVRadicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 3 de 23

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JU DICIAL DE BOGOTÁ a donde se remitirá inmediatamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

[…]

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JU DICIAL DE BOGOTÁ a donde se remitirá inmediatamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

[…]

7. El 26 de mayo de 20259, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia en el asunto y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia suscitado entre esa autoridad y la

Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 29410 de fecha 11 de junio de 2025 en la Secretaría de esta Sala , por el término de cinco días, contados desde el 13 hasta e l 19 de junio de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó11 sobre el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y al señor Darío Laguado Monsalve.

Frente a la señora Marcela Valero Monsalve, en su calidad de quejosa, la Secretaría de la Sala informó que no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952

Frente a la señora Marcela Valero Monsalve, en su calidad de quejosa, la Secretaría de la Sala informó que no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 12; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquella.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo

9 Expediente digital Samai 2025 -312, Documento: 4_EXPEDIENTEDIGI_03_AUTOPLANTEA CONFLC_2_20250611151834275 10 Expediente digital Samai 2025 -312, Documento: 1_POREDICTO_07_EDICTO_0_ 20250611151729428 11 Expediente digital Samai 2025 -312, Documento: 9_EXPEDIENTEDIGI_09_INFORMESECRETA RIA_5_20250616093817575 12 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 4 de 23

definitivo de la investigación13, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva para el quejoso.

definitivo de la investigación13, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva para el quejoso.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»14, el despacho de la consejera ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realice a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra del señor D arío Laguado Monsalve, en su calidad de auxiliar de la justicia -promotor, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

También, obra en informe secretarial del 20 de junio de 202515 en el que consta que, durante la fijación del edicto , la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá presentaron consideraciones, mientras que, las demás autoridades y particul ares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá16

En oficio núm. CSDJBTAD08-25-30 del 18 de junio de 2025, esta autoridad expuso a la Sala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia se incluyeron en el régimen disciplinario de los particulares y que dicha disposición normativa consagra que l a competencia para conocer de la acción disciplinaria de particulares, corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías.

disposición normativa consagra que l a competencia para conocer de la acción disciplinaria de particulares, corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías.

2. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá17

En memorial presentado el 19 de junio de 2025, indicó a la Sala que compete a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia , quienes tienen una categorización especial de acuerdo con la Ley 1952 de 2019 ,

13 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 14 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 15 Expediente digital Samai 2025 -312, Documento: 17_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20 _0_20250620105222489 16 Expediente digital Samai 2025-312, Documento: 14_110010306000202500312002MemorialWeb 2025619215747 17 Expediente digital Samai 2025-312, Documento: 12_110010306000202500312002MemorialWeb 202561921168Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 5 de 23

por cuanto los separa de los particulares que ejercen función pública de manera permanente o transitoria.

Afirmó que, de acuerdo con la naturaleza de los cargos de los auxiliares de justicia y el carácter de tal servicio, estos prestan colaboración en el ejercicio de la función judicial, razón por la cual, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 otorgó competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para

y el carácter de tal servicio, estos prestan colaboración en el ejercicio de la función judicial, razón por la cual, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 otorgó competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigarlos y sancionar los disciplinariamente, agregó que dicha norma no fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, por cuanto es una norma autónoma frente a la Ley 734 de 2002.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá. y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo, de conformidad con el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, bajo radicación 11001-03-06-000de 2011, modificado el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.

La Sala en decisión de fecha 30 de abril de 2024, bajo radicación 11001-03-06-0002023-00893-00 (entre otras reiteraciones18) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

18 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de junio de 2025, radicación 2024-00715; del 9 de abril de 2025, radicación 2025 -00032; del 26 de marzo de 2025, radicación 2025 -00033; 19 de febrero de 2025, radicación 2024 -00714; del 24 de abril de 2024, radicación 2024-00098; del 15 de octubre de 2024, radicación 2024-00518; del 18 de septiembre de 2024, radicación 2024-470; del 10 de julio de 2024, radicación 2024-168.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 6 de 23

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones

En el caso de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha puesto de presente varias consideraciones importantes19, que se expondrán a continuación.

La Sala en varias oportunidades 20, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial; puesto que en tal caso sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 21, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, desde el punto de vista funcional, estos conflictos son administrativos, toda vez que por los menos una de las autoridades involucradas estaría llamada a asumir competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo cual solo se puede determinar una vez la Sala asuma competencia y defina el conflicto.

Así las cosas, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención a los mandatos de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6°, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA10. En particular, porque la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados22.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 23, en armonía con derecho al debido proceso, que la Sala tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos,

la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados22.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 23, en armonía con derecho al debido proceso, que la Sala tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos, debido a que, por disposición del artículo 3.º d e la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]» 24 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

19 Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 017 -00200; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130, entre otras. 20 Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200; Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200. 21 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 22 Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 23 Decisión del 22 de junio de 2006, radicación 2006-00059; Decisión del 18 de septiembre de 2014,

radicación 2014-00168; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017 -00200; Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otros 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-000-Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 7 de 23

De manera adicional, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el Auto del 30 de abril de 2025.

En efecto, es importante mencionar que las reglas del mencionado inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, no le son aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, que no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la Sentencia C-030 de 2023, las actuaciones disciplinarias de este organismo, así como sus decisiones son eminentemente administrativas25.

la Nación, que no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la Sentencia C-030 de 2023, las actuaciones disciplinarias de este organismo, así como sus decisiones son eminentemente administrativas25.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales, o incluso entre dos autoridades a dministrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

2017-00200-00; 18 de junio de 2019 radicación 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00. 25La Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las

2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00. 25La Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional» de los artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2°, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 8 de 23

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales , o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Como se observa, el inciso 5° de esta norma está dirigido a establecer la autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa que desplace a un juez en sus funciones jurisdiccionales.

De hecho, al revisar la finalidad del citado artículo 139, debe tenerse en cuenta que

ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa que desplace a un juez en sus funciones jurisdiccionales.

De hecho, al revisar la finalidad del citado artículo 139, debe tenerse en cuenta que el mismo, forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»26.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del libro segundo, sección II, título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el ampa ro de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es dirimir conflictos de naturaleza judicial, -y no administrat iva-, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de competencias de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) La Procuraduría no es una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas; y b) No existe una autoridad judicial desplazada en

referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) La Procuraduría no es una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas; y b) No existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, toda vez que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede sustituir a ninguna autoridad judicial.

26 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 9 de 23

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 del Código General del Proceso no aplica a las circunstancias frente a las cuales se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que ahora fueron puestas en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad se rige por la Ley 1952 de 2019, es pertinente citar de nuevo la regla especial de competencia prevista para los procesos disciplinarios en el artículo 99 de dicho cuerpo normativo. Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposi ciones que regulan el procedimiento y la facultad para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al principio referido a que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 3° y artículo 5°, numeral 1° de la Ley 57 de 1887).

Sin embargo, tal y como se mencionó de manera previa, esta regla no es aplicable al caso concreto, porque la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión Seccional de Disciplina

al caso concreto, porque la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá carecen de un superior común inmediato.

En definitiva, observa la Sala que en el asunto objeto de estudio no es procedente aplicar las reglas del artículo 139 del Código General del Proceso (relacionado exclusivamente con dos autoridades que ejercen funciones judiciales); ni el artículo 99 del Código General Disciplinario (norma especial que implica que las dos autoridades en conflicto tengan un superior jerárquico). Por lo anterior, se puede concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es la autoridad habilitada para resolver esta clase de conflictos, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, se ratifica que la facultad para dirimir conflictos de competencia como el que se analiza en este caso está en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en atención a sus funciones legales referidas a resolver conflictos de competencias administrativas, y conforme lo establecido por la doctrina d e la Sala, avalada y respaldada por la Corte Constitucional27.

En este orden de ideas, la Sala destaca que el Auto del 30 de abril de 2025 adoptado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en relación con este asunto no soslaya o desplaza la compet encia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para resolver el conflicto de competencias administrativas, en consideración a que: i) la

27 Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C-030 de 2023 se declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría general de la Nación y éstas volvieron a ser de

27 Teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C-030 de 2023 se declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría general de la Nación y éstas volvieron a ser de naturaleza administrativa, la Corte Constitucional expidió una serie de autos de Sala Plena (por ejemplo, el Auto A1388 de 12 de julio de 2023), en los que se declaró no competente para conocer estos conflictos toda vez que no constituían conflictos entre juris dicciones, y ordenó remitirlos a la Sala de Consulta y Servicio Civil por considerarla competente para conocer y decidir estos asuntosRadicación: 11001-03-06-000-2025-00312-00 Página 10 de 23

competencia de la Procuraduría General de la Nación es de naturaleza administrativa; ii) la Comisión Nacional de Discipl ina Judicial no tiene la facultad 28 para dirimir conflictos de competencia entre una autoridad jurisdiccional y una administrativa; y iii) no obstante la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia para conocer del asunto29, y por tanto, el conflicto aún persiste y debe resolverse de fondo.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva30.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva30.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En est e sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto La Sala