CE - Auto interlocutorio 11001030600020250031800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado Ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00318-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39 en armonía con el artículo 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2° y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dieron origen al conflicto de competencias:

1. El 31 de octubre de 2023 4, el Juzgado Doce (12) laboral del Circuito de Bogotá, remitió por competencia el expediente IUS E-2023-681049/IUC D2024-3556487 (radicado interno del ministerio público) , por presuntas irregularidades por parte del señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), dentro del proceso ejecutivo núm.

2024-3556487 (radicado interno del ministerio público) , por presuntas irregularidades por parte del señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), dentro del proceso ejecutivo núm. 11001310501220020001000.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2025-00318-00 que reposa en SAMAI. 4 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2, folio 16, folio 16.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 2 de 22

2. El 19 de abril de 20245, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa profirió auto por medio del cual remitió por competencia las diligencias a la Procuraduría Distrital de Instrucción (reparto), toda vez que el señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), desempeñó su función en el distrito capital, razón por la cual, correspondía conocer de las actuaciones a dicha autoridad de conformidad con lo señalado en el literal j del artículo 22 del Decreto 1851 de 20216.

distrito capital, razón por la cual, correspondía conocer de las actuaciones a dicha autoridad de conformidad con lo señalado en el literal j del artículo 22 del Decreto 1851 de 20216.

3. El 27 de mayo de 20247, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción remitió por competencia las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y argumentó que la competencia para ejercer la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia recae en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, conforme al artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, y al Acuerdo núm. 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura.

4. El 24 de julio de 2024 8, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer la compulsa de copias dispuesta por el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá, contra el señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia

(secuestre) y en consecuencia ordenó la remisión del asunto disciplinario a la Procuraduría General de la Nación , por ser el órgano competente para investigar a los particulares que cumplen funciones públicas ocasionales.

5. La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá 9, mediante oficio sin fecha, sostuvo que, aunque el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 otorg ó competencia a la Procuraduría para investigar a particulares disciplinables , ello no incluy ó

Distrital de Instrucción de Bogotá 9, mediante oficio sin fecha, sostuvo que, aunque el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 otorg ó competencia a la Procuraduría para investigar a particulares disciplinables , ello no incluy ó automáticamente a los auxiliares de la justicia, quienes cumplen una función de colaboración judicial, y que, conforme al artículo 2 ° y al artículo 239 del mismo estatuto, la competencia para investigarlos corresponde a la Comisión

5 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2 , folio 16. 6 «Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones.» 7 Samai, expediente digital, actuación 00002, 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2, folio 20. 8 Samai, expediente digital, actuación 00002, 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2, folios 1-4. 9 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 12ED_007DECISIONCNDJ20240(.rar) NroActua 2, folio 3.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 3 de 22

NroActua 2, folio 3.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 3 de 22

Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, en tanto estos particulares ostentan una categoría especial diferenciada de quienes ejercen funciones públicas permanentes o transitorias.

6. El 30 de abril de 2025 10, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dirimió el conflicto negativo de competencias surgido entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, asignando el conocimiento del asun to a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. La referida decisión fue notificada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, el 7 de mayo de

2025.

7. El 26 de mayo de 2025 11, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró la falta de competencia para conocer de la diligencia en contra del señor José Javier González Gil, en calidad de auxiliar de la justicia, y remitió las actuaciones a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que dirima el conflicto de competencias suscitado entre esa autoridad y la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Segunda

Distrital de Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 300 de 17 de junio de 2025 12, por el término de 5 días hábiles (del 19 al 26 de junio de 2025), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Consta que el 17 de junio de 2025 13, se comunicó el conflicto a la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial . Lo anterior, con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones.

10 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 12ED_007DECISIONCNDJ20240(.rar) NroActua 2. 11 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 2ED_02008AUTOPLANTEACONF(.pdf) NroActua 2. 12 Samai, expediente digital, actuación 00003, documento 8POREDICTO_07Edictopdf(.pdf) NroActua 3. 13 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 6ED_08Informecomunicacio(.pdf) NroActua 2.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 4 de 22

13 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 6ED_08Informecomunicacio(.pdf) NroActua 2.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 4 de 22

Frente al señor José Javier González Gil , en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), la Secretaría de la Sala informó14 que no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 15; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de éste.

Al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, el despacho ponente no encontró el auto de apertura de investigación n i orden de vinculación del señor José Javier González Gil , en su calidad de auxiliar de la justicia que acreditaran su calidad de investigado 16, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos, etapas del procedimiento disciplinario en las que, entre otras, se levanta la reserva de este.

Así, pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»17, el despacho del consejero ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizar a a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que deba adelantarse en contra del señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre) , en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Lo anterior se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

de auxiliar de la justicia (secuestre) , en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Lo anterior se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

De acuerdo con el informe secretarial del 27 de junio de 202518, dentro del término de fijación del edicto se presentaron alegatos por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá . Las demás autoridades involucradas guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá19

14 Samai, expediente digital, actuación 00002, documento 7ED_09Informesecretarial(.pdf) NroActua 2. 15 Artículo 115: Reserva de la actuación disciplinaria . En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 16 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 17 Corte Constitucional. Sentencia T-499 de 2013. 18 Samai, expediente digital, actuación 00006, documento 19ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20(.pdf) NroActua 6. 19 Samai, expediente digital, actuación 00005, documento 14_MemorialWeb_AlegatosALEGATOSCONFLCITOCOM(.pdf) NroActua 5.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 5 de 22

ALEGATOSCONFLCITOCOM(.pdf) NroActua 5.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 5 de 22

Esta autoridad , en escrito del 26 de junio de 2025, señaló que carece de competencia jurisdiccional disciplinaria para conocer de procesos contra los auxiliares de la justicia, dado que no son funcionarios o empleados judiciales, ni particulares que ejerzan funciones jurisdiccionales, sino particulares que realizan un oficio público ocasional, de acuerdo con el artíc ulo 47 del Código General del Proceso, por lo que la competencia para investigarlos disciplinariamente recae exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación , conforme al artículo 92 del Código General Disciplinario.

Fundamentó esta postura en una interpretación armónica de la Constitución y las leyes 270 de 1996, 2430 de 2024 y 1952 de 2019, y se alinea con el principio pro homine, pues garantiza el derecho al debido proceso del investigado al permitir el control de legalidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Señaló que, tras la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, la naturaleza de la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia es administrativa y no jurisdiccional, correspondiendo de forma exclusiva a la Procuraduría General de la Nación el conocimiento de tales procesos, conforme a los artículos 70 y 92 del mismo estatuto.

Criticó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le haya asignado competencia para resolver este caso, pues esa entidad no tiene atribución legal o constitucional para dirimir conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales

mismo estatuto.

Criticó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le haya asignado competencia para resolver este caso, pues esa entidad no tiene atribución legal o constitucional para dirimir conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales y administrativos. Por ello, decidió remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al estimar que es la autoridad competente para resolver este conflicto negativo de competencia.

3.2. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción20

No presentó consideraciones. La postura de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción se extrae del auto del 27 de mayo de 2024, en el cual argumentó que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial son las encargadas de ejercer la acción disciplinaria contra los particulares disciplinables, incluyendo a los auxiliares de la justicia. Esta interpretación se refuerza con el Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, que establece que los auxiliares de la justicia colaboran en el ejercicio de la función judicial.

Soportó su postura en proveído de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Rad. 11001080200020220101400, del 22 de junio de 2022), el cual resolvió un conflicto

20 Samai, expediente digital, actuación 00002, 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2, folio 20.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 6 de 22

20 Samai, expediente digital, actuación 00002, 11ED_Nuevacarpetarar(.rar) NroActua 2, folio 20.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 6 de 22

de competencia similar, asignando la competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en casos que involucran a auxiliares de la justicia. Dicho proveído también aclaró que la modificación del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 por la Ley 2094 de 2021 eliminó la derogatoria que excluía a los auxiliares de la justicia de la competencia disciplinaria de la Comisión.

Concluyó su postura al indicar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Seccionales son las autoridades especializadas para conocer de los asuntos disciplinarios relacionados con los auxiliares de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no tienen un superior común.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la compulsa de copias presentada por el Juzgado Doce (12) laboral del Circuito de Bogotá en contra del señor José Javier González Gil, en su calidad de auxiliar de la justicia ; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 7 de 22

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de c arácter administrativo 21, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]» 22 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos23.

De manera adicional, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el Auto del 30 de abril de 2025.

21 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; decisión del 16 de mayo de 2018,

Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el Auto del 30 de abril de 2025.

21 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-0002017-00200-00; 18 de junio de 2019 radicación 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00. 23 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de

territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [subrayas y resaltado de la Sala].Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 8 de 22

En efecto, es importante mencionar que las reglas del mencionado inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, no le son aplicables a la situación objeto de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación], por las razones que a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, que no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la Sentencia C-030 de 2023, las actuaciones disciplinarias de este organismo, así como sus decisiones son eminentemente administrativas24.

la Nación, que no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la Sentencia C-030 de 2023, las actuaciones disciplinarias de este organismo, así como sus decisiones son eminentemente administrativas24.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales, o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso. El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la

el proceso. Dicho auto no admite recursos. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Como se observa, el inciso 5° de esta norma está dirigido a establecer la autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa que desplace a un juez en sus funciones jurisdiccionales.

24La Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional» de los artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2°, 238A y 265 de la Ley 1952 d e 2019. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 9 de 22

De hecho, al revisar la finalidad del citado artículo 139, debe tenerse en cuenta que el mismo, forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan

«[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»25.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del libro segundo, sección II, título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es dirimir conflictos de naturaleza judicial, -y no administrativa -, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de competencias de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) La Procuraduría no es una autoridad admi nistrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas; y b) No existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, toda vez que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 del Código General del Proceso no aplica a las circunstancias frente a las cuales se pronunció

administrativas, por lo que no puede sustituir a ninguna autoridad judicial.

Estas consideraciones permiten concluir que la norma del artículo 139 del Código General del Proceso no aplica a las circunstancias frente a las cuales se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que ahora fueron puestas en conocimiento de la Sala.

(ii) Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad se rige por la Ley 1952 de 2019, es pertinente citar de nuevo la regla especial de competencia prevista para los procesos disciplinarios en el artículo 99 de dicho cuerpo normativo. Esta norma debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la facultad para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al principio referido a que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 3° y artículo 5°, numeral 1° de la Ley 57 de 1887).

Sin embargo, tal y como se mencionó de manera previa, esta regla no es aplicable al caso concreto, porque la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría

25 Artículo 1º de la Ley 1564 de 2012.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00318-00 Página 10 de 22

Primera Distrital de Instrucción de Bogotá - y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá carecen de un superior común inmediato.

En definitiva, observa la Sala que en el asunto objeto de estudio no es procedente aplicar las reglas del artículo 139 del Código General del Proceso (relacionado exclusivamente con dos autoridades que ejercen funciones judiciales); ni el artículo

En definitiva, observa la Sala que en el asunto objeto de estudio no es procedente aplicar las reglas del artículo 139 del Código General del Proceso (relacionado exclusivamente con dos autoridades que ejercen funciones judiciales); ni el artículo 99 del C ódigo General Disciplinario (norma especial que implica que las dos autoridades en conflicto tengan un superior jerárquico). Por lo anterior, se puede concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es la autoridad habilitada para resolver esta clase de conflictos, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, se ratifica que la facul