CE - Auto interlocutorio 11001030600020250032200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre del 2025

Número único: 11001 03 06 000 2025 00322 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

(UNGRD), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Distrito Especial de Barrancabermeja.

Asunto: autoridad competente para resolver un a solicitud de declaración del retorno de habitantes y superación de la emergencia generada por la fuga y posterior explosión asociada a líneas de conducción de hidrocarburos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Revisadas las actuaciones del presente asunto y la información suministrada por las autoridades involucradas, se observa lo siguiente:

1. El 8 de marzo de 2023, la empresa PetroSantander (Colombia) GmbH reportó ante la ANLA, mediante el radicado VITAL 4100800000750823002, la ocurrencia de una fuga en el poliducto de 4 Payoa –Galán, ubicada en el sector conocido

ante la ANLA, mediante el radicado VITAL 4100800000750823002, la ocurrencia de una fuga en el poliducto de 4 Payoa –Galán, ubicada en el sector conocido como Chupundún, vereda Campo Gala, municipio de Barrancabermeja.

2. La empresa activó su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e inició actividades de atención, seguimiento y control.

3. El 1° de junio de 2023, se produjo una explosión en un pozo artesanal de agua que generó lesiones a una habitante del sector. PetroSantander informó que los pozos artesanales no estaban construidos por la empresa ni autorizados como

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001-0306-000-2024-00322-00 expediente digital SAMAI.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 2 de 31

fuentes de agua, y que no existía evidencia técnica de que la explosión estuviera asociada a la fuga de hidrocarburos.

4. Entre junio y julio de 2023, PetroSantander y Ecopetrol acordaron con la comunidad y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación , la Defensoría del Pueblo y la Personería, la reubicación temporal de las familias de Chupundún, como medida preventiva para evitar prácticas inseguras en los

comunidad y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación , la Defensoría del Pueblo y la Personería, la reubicación temporal de las familias de Chupundún, como medida preventiva para evitar prácticas inseguras en los pozos artesanales y facilitar las labores técnicas de diagnóstico.

5. Durante los años 2023 y 2024, PetroSantander realizó pruebas hidrostáticas a las líneas de gasoducto y poliducto, excavaciones, reposición de tramos de tubería, monitoreos de aguas su bterráneas, tomografías eléctricas, y la instalación de 10 piezómetros con mediciones periódicas de atmósferas explosivas. Todos los resultados fueron reportados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante ANLA y a las autoridades locales.

6. El 29 de febrero de 2024, Petrosantander presentó ante la ANLA el reporte final de recuperación ambiental, mediante radicado VITAL 7400800000750824014.

En visita de seguimiento del 27 al 29 de febrero de 2024, la ANLA verificó que no existían afectaciones ambientales ni presencia de gases. En su Acta 113 de 2024, acogiendo el concepto técnico 1829 del 1.º de abril de 2024, la ANLA declaró culminado el seguimiento a la contingencia en el sector Chupundún.

7. El día 19 de marzo de 2024, Petrosantander y Ecopetrol S.A. dieron a conocer a los entes de control, a la Alcaldía Distrital y a la comunidad que la emergencia ya había terminado, según el informe que ellos habían presentado a la ANLA.

En razón a e sa decisión, dentro de la misma reunión , lo s miembros de la

a los entes de control, a la Alcaldía Distrital y a la comunidad que la emergencia ya había terminado, según el informe que ellos habían presentado a la ANLA.

En razón a e sa decisión, dentro de la misma reunión , lo s miembros de la comunidad indicaron a las empresas que no era posible el retorno a sus hogares porque ninguna de las entidades -ANLA y la Alcaldía de Barrancabermeja (en cabeza de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo )- había expedido concepto favorable de retorno y que, además, ninguna se hacía responsable.

8. El 7 de mayo de 2025, la apoderada de la comunidad presentó un derecho de petición ante la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Barrancabermeja, mediante el cual solicitó que se certificara la viabilidad del retorno de las familias y se declarara la superación de la emergencia. La entidad respondió el 20 de mayo de 2025, indicando que no era competente para expedir certificaciones de retorno ni declaratorias de superación de em ergencia, por no estar dentro de sus funciones legales, y procedió a remitir la solicitud a PetroSantander y Ecopetrol S. A. para lo de su competencia.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 3 de 31

9. El 8 de mayo de 2025, la apoderada elevó petición ante la ANLA solicitando se precisara si dicha entid ad era competente para certificar el retorno de la comunidad y declarar la superación de la emergencia. Mediante comunicación del 22 de mayo de 2025, radicada bajo el número 20252300357551, la entidad indicó que su competencia se circunscribe al seguimiento ambiental de

comunidad y declarar la superación de la emergencia. Mediante comunicación del 22 de mayo de 2025, radicada bajo el número 20252300357551, la entidad indicó que su competencia se circunscribe al seguimiento ambiental de proyectos sujetos a licenciamiento y que no tiene funciones para certificar retornos, precisando que ese tipo de decisiones corresponde a las autoridades territoriales de gestión del riesgo.

10. El 21 de mayo de 2025, Ecopetrol S. A. recibió la solicitud trasladada por la Dirección de Gestión del Riesgo del Distrito de Barrancabermeja. Frente a lo cual señaló que, en su calidad de empresa de economía mixta sin funciones administrativas en materia de gestión del riesgo, no podía emitir certificaciones de retorno ni adoptar decisiones sobre la superación de emergencias, solicitud que remitió a PetroSantand er (Colombia) GmbH como operador del contrato

Carare–Las Monas.

11. El 22 de mayo de 2025, la ANLA informó que, tras la visita de seguimiento realizada entre el 27 y el 29 de febrero de 2024, no se evidenciaron afectaciones ambientales ni presencia de gases en el área intervenida y que, desde el componente ambiental, el seguimiento a la contingencia se encontraba culminado, de conformidad con el Acta 113 de 2024 y el Concepto Técnico 1829 del 1.º de abril de 2024. La entidad resaltó que PetroSantander había c umplido con los monitoreos y medidas requeridas.

12. El 29 de mayo de 2025, la apoderada de la comunidad presentó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil una solicitud de definición de competencia, argumentando que existía indeterminación sobre qué autoridad debía certificar

12. El 29 de mayo de 2025, la apoderada de la comunidad presentó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil una solicitud de definición de competencia, argumentando que existía indeterminación sobre qué autoridad debía certificar el retorno de las familias a Chupundún y declarar superada la emergencia , aspectos sobre los cuales las mencionadas entidades rechaza ron su competencia3.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

3 Así, en el escrito allegado a la Sala la ciudadana indicó: «1. Se informe a la peticionaria según lo establecido en las funciones o misionalidad de cada entidad -ANLA o UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES- ¿cuál de ellas, es la encargada de certificar el retorno de los habitantes a la vereda después de determinar que la contingencia “EXPLOSIÓN POR PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN POZOS CAPTADORES DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR DE CHUPUNDUM” ha sido superada? 2. ¿Qué entidad debe ser la encargada de dar la declaración de superación de dichas emergencias desde la perspectiva de la seguridad para la salud humana o la habitabilidad del territorio y a quien le correspondería hacer este seguimiento? –».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 4 de 31

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del CPACA, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 304 el 19 de junio de 2025, por el término legal de cinco días, esto es, del 19 al 26 de junio

artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 304 el 19 de junio de 2025, por el término legal de cinco días, esto es, del 19 al 26 de junio de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos dentro del trámite del conflicto.

Según constancia secretarial del 18 de junio de 2024, la Secretaría informó sobre la existencia del conflicto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), al Distrito de Barrancabermeja, a la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a Ecopetrol S.A., a PetroSantander GmbH , a la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial y a la señora Yolima Salcedo Agámez, en su calidad de apoderada de los habitantes del sector afectado.

Durante el término de fijación del edicto, presentaron alegatos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, la apoderada de la comunidad , Yolima Salcedo Agámez y el Distrito Especial de Barrancabermeja . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

El 5 de agosto de 2025, el despacho ponente profirió auto para mejor proveer, mediante el cual ordenó vincular al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Salud y Protección Social.

El 5 de agosto de 2025, el despacho ponente profirió auto para mejor proveer, mediante el cual ordenó vincular al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Salud y Protección Social.

En atención citado al auto, mediante informe s secretariales del 1° y 11 de septiembre de 2025, la Secretaría informó que los Ministerios de Ambiente y Salud presentaron consideraciones.

El 11 de septiembre de 2025, el despacho profirió un nuevo auto mediante el cual se ordenó vincular al trámite a Petrosantander (Colombia) GmbH, a Ecopetrol S.A. y a CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., dada su participación en la infraestructura involucrada en la contingencia. Además, solicitó al Distrito de Barrancabermeja remitir información.

El 22 de septiembre de 2025, la Secretaría de la Sala d ejó constancia que CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, Ecopetrol , PetroSantander y el Distrito de Barrancabermeja presentaron consideraciones.

Posteriormente, a través de auto del 31 de octubre de 2025, se ordenó vincular a la Gobernación de Santander y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).Radicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 5 de 31

Finalmente, mediante informe secretarial del 11 de noviembre de 2025, la Secretaría de la Sala dejó constancia de la recepción de consideraciones por parte de la CAS.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD

de la Sala dejó constancia de la recepción de consideraciones por parte de la CAS.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD

Presentó alegatos durante la fijación del edicto, en los que indicó que, conforme a los artículos 13, 14 y 42 de la Ley 1523 de 2012, su rol es de coordinación nacional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero no de ejecución, por lo cual no tiene competencia para certificar el retorno de habitantes ni para declarar la superación de emergencias.

Señaló que dichas funciones corresponden a las autoridades territoriales, esto es, a los alcaldes y gobernadores, a través de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo.

Destacó que la contingencia en Chupundún está circunscrita al territorio del Distrito de Barrancabermeja y que no existe un conflicto en términos materiales entre la UNGRD y la ANLA, porque ninguna de estas dos autoridades ostenta la facultad de declarar la superación de la emergencia o certificar retornos.

2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Presentó intervención durante el término de fijación del edicto, en la cual reiteró la postura expuesta en sus comunicaciones previas: la entidad no tiene competencia para certificar retornos poblacionales ni declarar la superación de emergencias.

Indicó que su función, de conformidad con los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de 2015, consiste en adelantar el seguimiento y control de licencias ambientales.

Precisó que ya realizó dicho seg uimiento respecto del evento de 8 de marzo de

Indicó que su función, de conformidad con los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de 2015, consiste en adelantar el seguimiento y control de licencias ambientales.

Precisó que ya realizó dicho seg uimiento respecto del evento de 8 de marzo de 2023, en el sector Chupundún y que , mediante Acta 113 de 2024 y el Concepto Técnico 1829 del 1.º de abril de 2024 , dio por culminada la contingencia, pues no se evidenció presencia de gas ni afectación ambiental vigente en el área objeto de verificación.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la ANLA no es la autoridad competente para adoptar decisiones de retorno de población ni de habitabilidad del territorio.

3. Apoderada de la comunidad – Yolima Salcedo AgámezRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 6 de 31

La apoderada de los habitantes del sector Chupundún allegó alegatos dentro del término del edicto.

En su intervención solicitó que la Sala de Consulta determine cuál autoridad es competente para certificar el retorno de las familias y declarar la superación de la emergencia, dado que —a su juicio — existe una situación de indeterminación institucional entre la ANLA, la UNGRD y el Distrito de Barrancabermeja.

Sostuvo que la comunidad requiere una definición clara de autoridad responsable, ya que las empresas operadoras informaron el cierre técnico de la contingencia, pero ninguna entidad pública emitió una «certificación» oficial sobre la seguridad sanitaria y ambiental del sector.

4. Distrito Especial de Barrancabermeja

Presentó alegatos dentro del término del edicto, y posteriormente amplió su posición

pero ninguna entidad pública emitió una «certificación» oficial sobre la seguridad sanitaria y ambiental del sector.

4. Distrito Especial de Barrancabermeja

Presentó alegatos dentro del término del edicto, y posteriormente amplió su posición en respuesta a los autos de mejor proveer de 5 de agosto y 11 de septiembre de 2025.

El Distrito indicó que la Dirección de Gestión del Riesgo Distrital no tiene competencia para expedir certifi caciones de retorno ni declarar superada una emergencia, y explicó que su intervención en Chupundún se circunscribió a actividades de apoyo y coordinación, incluyendo visitas técnicas, informes y participación en mesas de trabajo con la ANLA, Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, PetroSantander y otras entidades.

Aportó informes en los que señaló que no existía declaratoria de calamidad pública vigente y que las actuaciones ejecutadas se desarrollaron dentro del ámbito del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD).

En consecuencia, solicitó que la Sala determine cuál autoridad debe emitir la «certificación» de retorno y la declaratoria de superación.

Además, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Barrancabermeja, en oficio del 20 de mayo de 2025, señaló que no cuenta con competencia legal para expedir certificaciones de retorno ni para declarar la superación de una emergencia, por cuanto sus funciones se orientan a la coordinación operativa y técnica dentro del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mas no a la adopción de actos administrativos de esa naturaleza.

Indicó también que las actuaciones adelantadas frente a los he chos ocurridos en

coordinación operativa y técnica dentro del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mas no a la adopción de actos administrativos de esa naturaleza.

Indicó también que las actuaciones adelantadas frente a los he chos ocurridos en Chupundún se circunscribieron a labores de apoyo, seguimiento y articulación con otras entidades, entre ellas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 7 de 31

Corporación Autónoma Regional de Santander, PetroSantander y Ecopetrol, sin que exista declaratoria de calamidad pública vigente en el Distrito. En esa misma comunicación sostuvo que la petición presentada por la comunidad fue remitida a las empresas operadoras por no residir en el nivel distrital la competencia para decidir sobre la habitabilidad del territorio o autorizar el retorno de la población . Finalmente, solicitó que se definiera la autoridad llamada a pronunciarse sobre este aspecto.

5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Intervino en atención al auto de mejor proveer del 5 de agosto de 2025. Explicó que no tiene competencia normativa para declarar el retorno de una comunidad ni la superación de una emergencia, por tratarse de funciones propias de las autoridades territoriales conforme a los artículos 31, 64 y 65 de la Ley 1523 de 2012.

Indicó que su rol es de orientación técnica, y que en este caso la ANLA ya realizó el seguimiento ambiental respectivo, concluyendo sobre la inexistencia de afectación vigente.

6. Ministerio de Salud y Protección Social

Intervino en respuesta al auto de mejor proveer. El memorando técnico allegado

seguimiento ambiental respectivo, concluyendo sobre la inexistencia de afectación vigente.

6. Ministerio de Salud y Protección Social

Intervino en respuesta al auto de mejor proveer. El memorando técnico allegado señaló que la autoridad sanitaria competente para evaluar condiciones de habitabilidad, salubridad y calidad del agua en Chupundún es la Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja.

Precisó que el Ministerio de Salud no expide certificaciones de retorno ni declara la superación de emergencias, aunque sí puede realizar acompañamiento técnico en salud pública.

7. Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS

Presentó intervención el 10 de noviembre de 2025, en cumplimiento del auto de vinculación del 31 de octubre de 2025.

Sostuvo que sus funciones, conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, son complementarias y subsidiarias, enfocadas en el apoyo técnico ambien tal a los entes territoriales, pero no incluyen la facultad de emitir actos administrativos de «certificación» de retorno o de declaratoria de superación de emergencias.

Aportó el Memorando SAA.1273.2025, en el cual describió su participación en las mesas técnicas y visitas de campo, destacando que la ANLA ya había declarado cerrado el evento ambiental.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 8 de 31

8. PetroSantander (Colombia) GmbH

Manifestó, en primer lugar, que no puede ser considerada parte de un conflicto de competencias administrativas, pues se trata de una empresa privada que no ejerce función administrativa ni ostenta potestad para expedir actos administrativos; por

Manifestó, en primer lugar, que no puede ser considerada parte de un conflicto de competencias administrativas, pues se trata de una empresa privada que no ejerce función administrativa ni ostenta potestad para expedir actos administrativos; por tanto, no es sujeto activo ni pasivo de un conflicto bajo el artículo 39 del CPACA. Su participación en este trámite se estructura exclusivamente como la de un tercero colaborador, en desarrollo del principio de corresponsabilidad del sector privado dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a la Ley 1523 de 2012.

Seguidamente, presentó varias precisiones técnicas dirigidas a clarificar la naturaleza y alcance de los hechos ocurridos en el sector conocido como Chupundún. Indicó que por d icho territorio atraviesan tres líneas de transporte de hidrocarburos —el gasoducto de 10 pulgadas, el poliducto de 4 pulgadas y el oleoducto de 8 pulgadas—, todas ellas asociadas al contrato especial de asociación Carare–Las Monas. Según lo expuesto, el evento reportado el 8 de marzo de 2023, correspondió a una fuga en el poliducto de 4 pulgadas, la cual fue informada inmediatamente a la ANLA; mientras que la explosión ocurrida el 1 de junio de 2023, tuvo lugar en un pozo artesanal de agua que no fue const ruido por la empresa, no contaba con autorización como captación y, según su análisis, no tiene relación técnica demostrada con la infraestructura petrolera existente en la zona.

Respecto de la atención de la contingencia, detalló que ejecutó diversas acc iones operativas orientadas a verificar la integridad de sus líneas y descartar riesgos

técnica demostrada con la infraestructura petrolera existente en la zona.

Respecto de la atención de la contingencia, detalló que ejecutó diversas acc iones operativas orientadas a verificar la integridad de sus líneas y descartar riesgos tecnológicos. Entre tales actuaciones se encuentran excavaciones manuales y mecánicas sobre los ductos, pruebas hidrostáticas con nitrógeno en el gasoducto de 10 pulgadas y el poliducto de 4 pulgadas, la reposición de tramos de tubería y la aplicación de revestimientos anticorrosivos mediante sandblasting. Asimismo, se llevaron a cabo labores de reconformación y compactación del terreno, la instalación de diez piezómetros para el monitoreo frecuente de atmósferas combustibles y la realización de muestreos de aguas subterráneas —28 puntos en junio de 2023 y 27 en diciembre del mismo año— a cargo de un laboratorio acreditado ante el IDEAM. También se ejecutaron to mografías eléctricas y un modelo hidrogeológico conceptual para caracterizar el comportamiento del subsuelo. De acuerdo con la empresa, estos análisis descartaron la presencia de hidrocarburos en el agua, si bien identificaron contaminación microbiológica atribuible a la falta de alcantarillado en el sector; igualmente, afirmaron que no se evidenció riesgo persistente de explosividad en atmósferas confinadas.

En cuanto al cierre de la contingencia, señaló que la ANLA realizó una visita de seguimiento entre el 27 y el 29 de febrero de 2024, y que, con fundamento en dichaRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 9 de 31

seguimiento entre el 27 y el 29 de febrero de 2024, y que, con fundamento en dichaRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 9 de 31

verificación, la autoridad ambiental expidió el acta 113 de 2024 y adoptó el concepto técnico 1829 del 1.º de abril de 2024, mediante los cuales concluyó que no existían afectaciones ambientales ni presencia de gas en el área, y declaró culminado el seguimiento al evento reportado mediante el radicado VITAL 4100800000750823002.

Finalmente, la empresa sostuvo que cumplió con todas las obligaciones técnicas, ambientales y sociales que le correspondían en el marco del manejo del evento. De igual modo, insistió en que no genera riesgo vigente para la comunidad de Chupundún y que, por su naturaleza privada, carece por completo de competencia para decidir sobre el retorno de los habitantes o para d eclarar la superación de la emergencia, decisiones que —en su criterio — solo pueden ser adoptadas por las autoridades públicas facultadas por la Ley 1523 de 2012.

9. Ecopetrol S.A.

Presentó intervención mediante escrito del 19 de septiembre de 2025, acompañado de diversos documentos técnicos relacionados con su infraestructura y sus protocolos de gestión del riesgo. En dicha comunicación, explicó que su presencia en el área de influencia del sector Chupundún corresponde exclusivamente a la infraestructura de transporte vinculada al Bloque Llanito –Gala–Galán, la cual se encuentra amparada por el expediente ambiental LAM -2249 de la ANLA. Señaló que en ese sector no existen pozos, estaciones de operación ni fuentes emisoras

encuentra amparada por el expediente ambiental LAM -2249 de la ANLA. Señaló que en ese sector no existen pozos, estaciones de operación ni fuentes emisoras de gas bajo su responsabilidad directa y que las líneas que allí confluyen se limitan a sistemas de conducción de hidrocarburos, algunos operados por Ecopetrol y otros bajo gestión de PetroSantander, según lo previsto en los acuerdos contractuales vigentes.

En cuanto al evento de 8 de marzo de 2023, la empresa fue enfática en afirmar que este ocurrió en infraestructura operada por PetroSantander, en el marco del contrato especial de asociación Carare –Las Monas, por lo que su atención correspondió directamente a dicha compañía, conforme a la s obligaciones técnicas y operativas a su cargo. Recordó, además, que la ANLA, en ejercicio de sus competencias de seguimiento, verificó las acciones adelantadas y declaró cerrado el evento desde el punto de vista ambiental y técnico.

Para ilustrar a la S ala sobre las medidas de prevención, reducción y manejo del riesgo asociadas a su propia operación, Ecopetrol anexó a su intervención los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) correspondientes a los periodos 2 022–2023 (versión 5) y 2024 –2025 (versión 7), así como el Plan de Emergencia y Contingencia PEC HSE -L-100, aplicable al sistema Llanito–Galán. Incluyó igualmente el plano de líneas operativas que identifica los oleoductos, gasoductos y poliductos que atraviesan el área. EstosRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 10 de 31

que identifica los oleoductos, gasoductos y poliductos que atraviesan el área. EstosRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 10 de 31

instrumentos describen la infraestructura existente, los escenarios de riesgo tecnológico, los mapas de amenaza y exposición, los procedimientos de articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y los protocol os internos para la respuesta en caso de incidentes.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que no ostenta competencia alguna para certificar el retorno de la población de Chupundún ni para emitir una declaratoria de superación de emergencia, funciones q ue pertenecen exclusivamente a las autoridades públicas previstas en la Ley 1523 de 2012. Su papel —precisó— se limita a garantizar la integridad y operación segura de su infraestructura y a brindar apoyo técnico cuando así lo requieran las entidades competentes.

10. CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Intervino en el trámite en cumplimiento del auto proferido el 11 de septiembre de

2025. Explicó que su participación en el área de influencia del sector Chupundún se limita a la operación de ciertas líneas de transporte de hidrocarburos pertenecientes al sistema Ayacucho –Galán, infraestructura que discurre por la zona pero que no estuvo involucrada en la contingencia del 8 de marzo de 2023, ni presentó alteraciones, fugas, variaciones de presión o señales de alarma durante el período analizado. Explicó igualmente que las líneas específicamente asociadas al evento fueron aquellas operadas por PetroSantander (Colombia) GmbH en virtud del

alteraciones, fugas, variaciones de presión o señales de alarma durante el período analizado. Explicó igualmente que las líneas específicamente asociadas al evento fueron aquellas operadas por PetroSantander (Colombia) GmbH en virtud del contrato especial de asociación Carare–Las Monas.

Para aportar claridad sobre la extensión y características de su infraestructura, anexó a su intervención el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del Poliducto Pozos Colorados – Ayacucho – Galán, junto con los certificados de representación legal y el plano técnico del trazado de sus líneas en el área

En relación con la contingencia objeto de este conflicto, manifestó que no tuvo ninguna interacción técnica con el evento reportado el 8 de marzo de 2023, ya que su infraestructu ra no registró afectaciones ni anomalías en sus sistemas de monitoreo, ni recibió reportes operacionales que indicaran presencia de fuga, presión irregular o riesgo asociado. Por esta razón, sostuvo que su papel dentro del proceso es estrictamente informat ivo, limitado a suministrar la documentación técnica y operativa que permita a la Sala comprender el funcionamiento de su red de transporte en la zona.

Finalmente, enfatizó que carece de competencia administrativa para adoptar decisiones relacionadas con la «certificación» de retorno de la comunidad o la declaratoria de superación de emergencias, pues tales determinaciones corresponden exclusivamente a las autoridades públicas en los términos de la Ley 1523 de 2012. Precisó, además, que no ejecutó labores de mitigación o contenciónRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 11 de 31

1523 de 2012. Precisó, además, que no ejecutó labores de mitigación o contenciónRadicación: 11001 03 06 000 2025 00322 00 Página 11 de 31

porque su infraestructura no estuvo involucrada en el evento, reiterando que su participación se circunscribe al apoyo técnico que sea requerido por las entidades competentes.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los