CE - Auto interlocutorio 11001030600020250032800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00328-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Antioquia y Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes (Antioquia).

Asunto: Autoridad competente para adelantar actuación disciplinaria contra un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. A través de queja disciplinaria del 30 de noviembre de 2023, el señor Argemiro Castaño Martínez solicitó adelantar actuación disciplinaria en contra de la señora María Magola Mosquera Mosquera en su calidad de auxiliar de la justicia (partidora), por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir dentro del proceso radicado bajo el número 2017000211-00, adelantado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar

(Antioquia).

2. El 30 de enero de 2024 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró su falta de competencia para conocer la queja disciplinaria presentada en contra

(Antioquia).

2. El 30 de enero de 2024 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró su falta de competencia para conocer la queja disciplinaria presentada en contra de la señora Mosquera Mosquera , y remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Antioquia, al considerar que, según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, «los particulares, sin distinción, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación».

3. A través de Auto de fecha 8 de abril de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría Provincial de

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto número 11001-03-06000-2025-00328-00 expediente digital SAMAI.Radicación 11001030600020250032800 Página 2 de 15

Instrucción de Andes (Antioquia) , por considerar que la señora Mosquera Mosquera desempeñó la función pública en el nivel municipal.

4. Mediante Auto núm. 518 del 7 de mayo de 2024 , la Procuraduría Provincial de

Instrucción de Andes (Antioquia) , por considerar que la señora Mosquera Mosquera desempeñó la función pública en el nivel municipal.

4. Mediante Auto núm. 518 del 7 de mayo de 2024 , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes ordenó «abrir indagación previa contra persona por determinar en su condición al parecer de particular que ejerce funciones públicas en el Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar ». Posteriormente, por Auto núm. 386 del 7 de abril de 2025, la citada procuraduría provincial abrió investigación disciplinaria en contra de la señora María Magola Mosquera Mosquera.

5. A través de Auto 456 del 29 de abril de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes declaró su falta de competencia para continuar el proceso disciplinario adelantado contra la señora Mosquera Mosquera , por lo que remitió el expediente disciplinario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

6. El 11 de junio de 2025, por medio de Auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia reiteró su falta de competencia y planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil conflicto de competencias con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 308 por el término de cinco días , contados desde el 26 de junio al 7 de julio del

su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 308 por el término de cinco días , contados desde el 26 de junio al 7 de julio del 2025 para la presentación de consideraciones o alegatos por parte de las autoridades involucradas y personas interesadas en el trámite del conflicto.

Según constancia secretarial del 28 de mayo de 2025, se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes y a la señora María Magola Mosquera Mosquera.

Conforme consta en informe secretarial del 4 de julio de 2025, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Frente al señor Argemiro Castaño Martínez, en su calidad de quejoso, la Secretaría de la Sala informó que no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 4; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquel.

4 Artículo 115: RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitiv o, sin perjuicio de los derechos de los sujetosRadicación 11001030600020250032800 Página 3 de 15

o se emita la providencia que ordene el archivo definitiv o, sin perjuicio de los derechos de los sujetosRadicación 11001030600020250032800 Página 3 de 15

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 5, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»6, el despacho del consejero ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda . Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia

No presentó consideraciones. S e tienen en cuenta los argumentos presentados en el escrito de fecha 30 de enero de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia, al considerar que a partir del 13 de enero de 2021, fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales , tal autoridad es competente para ejercer función jurisdiccional sobre funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, esto conforme al artículo 257A de la Constitución Política, el artículo 114 , numeral 2° de la Ley 270 de 1996 y el

Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, esto conforme al artículo 257A de la Constitución Política, el artículo 114 , numeral 2° de la Ley 270 de 1996 y el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019.

Manifestó, además, que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, de manera clara y expresa precisa que los particulares, sin distinción, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes (Antioquia)

Tampoco presentó consideraciones. En escrito de fecha 29 de abril de 2025, manifestó que, en línea con decisión reciente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre sus competencias , correspondería a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia continuar el asunto disciplinario de conformidad con lo previsto en los artículos 2° y 70 de la Ley 1952 de 2019.

IV. CONSIDERACIONES

procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 5 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 6 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación 11001030600020250032800 Página 4 de 15

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes (Antioquia) y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo

solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora María Magola Mosquera Mosquera; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 7, de manera que, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto

7 Decisión del 18 de septiembre de 2014 , radicación 2014 -00168; decisión del 16 de mayo de 2018 , radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras.Radicación 11001030600020250032800 Página 5 de 15

sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, e s armónico con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos8.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 ° de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

8 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto

decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

8 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [Resalta la Sala]. 9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en

9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001030600020250032800 Página 6 de 15

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria contra la señora María Magnolia Mosquera Mosquera , en su calidad de auxiliar de la justicia, en el marco del proceso judicial radicado bajo el número 2017-000211-00, adelantado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar (Antioquia) por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir en sus funciones como partidora.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia ha señalado que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, los particulares disciplinables, sin ninguna distinción, deben ser investigados por la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes (Antioquia) niega estar facultada para conocer del asunto, y señala que la competencia corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, porque según lo establecido en los artículos 2° (modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021) y 70 de la Ley 1952 de 2019, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales tienen el deber de

los artículos 2° (modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021) y 70 de la Ley 1952 de 2019, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales tienen el deber de ejercer la acción disciplinaria, entre otros, contra los auxiliares de la justicia.

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) Funciones de la Procuraduría General de la Nación frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. v) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. Reiteración. vi) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración10

La naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201211, que señala:

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021, radicación 1100103-06-000-2021-00025-00(C) 11 «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones ».Radicación 11001030600020250032800 Página 7 de 15

03-06-000-2021-00025-00(C) 11 «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones ».Radicación 11001030600020250032800 Página 7 de 15

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimie nto. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…]. [Resalta la Sala].

La Corte Constitucional 12 ha señalado que los auxiliares de la justicia «no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas».

De igual manera, la Sala ha precisado 13 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración14

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019, señaló:

[…] la Sentencia C-373-16 declaró exequible el artículo 19 del AL 02/15, el cual quedó incorporado como artículo 257A de la Constitución Política. De tal manera que, si bien operó la derogatoria tácita de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como efecto del artículo 15 del AL 02/15, dicha sala debió continuar en ejercicio de la función disciplinaria hasta cuando, de acuerdo con el artículo 19 del mismo AL 02/15 -artículo 257A de la Constitución Política - sea integrada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. [Resalta la Sala].

12 Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 13 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 , radicación 11001-03-06-000-201900063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de marzo de 2025, radicación

00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-051-00(C); y Decisión del 26 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025026-00(C).Radicación 11001030600020250032800 Página 8 de 15

En tal virtud, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo institucional quedó sujeto a la designación y posesión de los magistrados que integrarían la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cual ocurrió en diciembre de 2020 con la elección de los siete magistrados que la integran, quienes se posesionaron en sus cargos el 13 de enero del 2021, fecha a partir de la cual entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En conclusión, hasta el 12 de enero de 2021 siguieron operando y cumpliendo sus funciones constitucionales y legales tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como sus consejos seccionales, razón por la cual debe entenderse que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 solo produjo efectos hasta ese momento.

5.3. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración15

Sobre las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales, el artículo 257A de la Carta Política, incorporado mediante el

seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración15

Sobre las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales, el artículo 257A de la Carta Política, incorporado mediante el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispone, en lo pertinente:

ARTICULO 257A. <Artículo "adicionado" por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de

2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de

la Rama Judicial.

[…].

Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

[...]

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura . Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de marzo de 2025, radicación

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-051-00(C); y Decisión del 26 de marzo de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025026-00(C).Radicación 11001030600020250032800 Página 9 de 15

funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. [...]. [Resalta la Sala]16

De acuerdo con la norma expuesta:

• La nueva jurisdicción disciplinaria, compuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales, sustituyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales.

Dicha jurisdicción ejerce la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y los abogados en ejercicio de su profesión.

• Se asignó a la nueva jurisdicción disciplinaria competencia respecto de los empleados de la Rama Judicial , quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de

1996.

• La Constitución le atribuyó a la Comisión Nacional y a las Seccionales la competencia para continuar con todos los procesos disciplinarios iniciados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales . Por ende, se comprenden incluidos aquellos adelantados contra los auxiliares de la justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

los consejos seccionales . Por ende, se comprenden incluidos aquellos adelantados contra los auxiliares de la justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

Sumado a ello, la Ley Estatutaria 2430 de 2024, en su artículo 55 que modificó la ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia, reconoció competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para conocer procesos en contra de «funcionarios y empleados de la Rama Judicial, salvo aquellos que gocen de fuero especial, según la Constitución Política, igualmente contra los jueces de paz y de reconsideración, abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional»17. En este orden de ideas, dicha disposición no incluyó expresamente los auxiliares de la justicia, por lo que ha de entenderse que la competencia para disciplinarlos no corresponde a la CNDJ.

Esta norma fue declarada exequible mediante la Sentencia C-134 de 202318.

En conclusión, ni el artículo 257A de la Constitución Política ni el Legislador Estatutario le han otorgado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni a sus comisiones seccionales la competencia para examinar y sancionar las faltas de los auxiliares de la

16 La Corte Constitucional en las sentencias C-373 de 2016 y C-112 de 2017 declaró exequibles las normas que regulan la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el régimen de transición para su entrada en funcionamiento. 17 Sentencia C-134 de 2023. 18 Ver Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 6 de noviembre de 2024, radica ción 11001-03-06funcionamiento. 17 Sentencia C-134 de 2023. 18 Ver Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 6 de noviembre de 2024, radica ción 11001-03-06000-2024-00509-00.Radicación 11001030600020250032800 Página 10 de 15

justicia. En esa medida, la jurisdicción disciplinaria únicamente puede conocer de dichos procesos, por mandato del marco jurídico vigente, cuando se trate de actuaciones disciplinarias iniciadas por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus salas seccionales, en virtud del principio de continuidad.

5.4. Funciones de la Procuraduría General de la Nación frente a auxiliares de la justicia.

A partir del 13 de enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación, con sujeción a la regla general contemplada en el artículo 277, numeral 6, de la Constitución Política tiene competencia para « Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas , inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley». [Resalta la Sala].

Dicha norma constitucional, fue desarrollada, en un principio, por la Ley 734 de 2002, al disponer en sus artículos 53 y 75, lo siguiente:

Artículo 53. Sujetos Disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del

Artículo 53. Sujetos Disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de lo