CE - Auto interlocutorio 11001030600020250033000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00330-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: Autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de traslado de aportes pensionales ante la no procedencia de emisión de bono pensional. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, de la Ley 1437 de 20111, respectivamente modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 9 de mayo de 2022, la ESE Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá

(Cundinamarca) emitió la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL número 202205890680025000580003, en la que indicó que el señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán trabajó en dicha institución hospitalaria entre el 1° de junio de 1980 y el 25 de octubre de 1982, y entre el 26 de noviembre de 1982 y el 2 de enero de 1983. Indicó, además, que

trabajó en dicha institución hospitalaria entre el 1° de junio de 1980 y el 25 de octubre de 1982, y entre el 26 de noviembre de 1982 y el 2 de enero de 1983. Indicó, además, que los aportes correspondientes a los referidos períodos se efectuaron a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (CAPRECUNDI), y señaló como entidad responsable al departamento de Cundinamarca.

2. A partir de la información laboral certificada, el 13 de agosto de 2024, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA (en adelante Protección SA) solicitó al departamento de Cundinamarca la «devolución de aportes pensionales» del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán, con fundamento en que, dichos aportes «no son válidos

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250033000 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 2 de 25

para bono pensional, pero que en definitiva sí tienen la vocación de financiar la prestación económica que esta Administradora deba resolver».

3. Mediante escrito SDAF-854 del 13 de septiembre de 2024 dirigido a la Unidad

para bono pensional, pero que en definitiva sí tienen la vocación de financiar la prestación económica que esta Administradora deba resolver».

3. Mediante escrito SDAF-854 del 13 de septiembre de 2024 dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (en adelante UAEPC), la gobernación de Cundinamarca indicó que el señor Muñoz Beltrán se encuentra registrado en el Certificado del Fondo del Pasivo Pensional del Sector Salud en calidad de retirado, y en consecuencia, no fue avalado valor alguno por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de la deuda pensional del mencionado ciudadano , por lo cual, el compromiso de pago deberá ser presupuestado, reconocido y pagado por la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), en calidad de entidad empleadora.

4. El 18 de septiembre de 2024, la UAEPC informó a Protección SA que remitiría la solicitud relacionada con el señor Muñoz Beltrán a la ESE Hospital San Raf ael de Fusagasugá (Cundinamarca), por ser la entidad empleadora, y , por ende, competente para atender el requerimiento. Dicha remisión se materializó mediante oficio del 1 ° de octubre de 2024.

5. Mediante escrito sin fecha, allegado al despacho ponente el 4 de julio de 2025, la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre dicha entidad hospitalaria, el departamento de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre dicha entidad hospitalaria, el departamento de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de determinar la autoridad competente para resolver la solicitud elevada por Protección SA, re lacionada con e l traslado de los aportes pensionales del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán, por el período laborado en la referida institución hospitalaria.

I. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala el edicto 310 del 25 de junio de 2025, por el término de cinco días hábiles, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 25 de junio de 2025, la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del conflicto de competencias administrativas a la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, a Protección SA, a la abogada Yanine Yisney Cerón Arias (apoderada de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca)), y, al señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán.

En informe secretarial del 4 de julio de 2025, se indicó al despacho que la ESE Hospital

(Cundinamarca)), y, al señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán.

En informe secretarial del 4 de julio de 2025, se indicó al despacho que la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca, laConflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 3 de 25

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitieron consideraciones, mientras que las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante autos de mejor proveer de fechas 25 de agosto y 23 de octubre de 2025, el despacho ponente ordenó requerir a Protección SA y a la UAEPC, información y documentos relevantes para estudiar el conflicto planteado.

En informes secretariales de fechas 4 de septiembre y 4 de noviembre de 2025, consta que ambas organizaciones allegaron información.

II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca)

Mediante escrito del 7 de julio de 2025, señala que el antiguo Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) era una dependencia de la gobernación de Cundinamarca sin personería jurídica, y, por tanto, la vinculación del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán se dio directamente con el departamento. Indica que solo hasta el 22 de marzo de 1996, mediante Ordenanza núm. 026 de la Asamblea de Cundinamarca, dicho hospital se transformó en empresa social del Estado.

Muñoz Beltrán se dio directamente con el departamento. Indica que solo hasta el 22 de marzo de 1996, mediante Ordenanza núm. 026 de la Asamblea de Cundinamarca, dicho hospital se transformó en empresa social del Estado.

Agrega que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 60 de 1993, en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, en el Decreto 530 de 1994, en el Decreto 3061 de 1997, en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, en el artículo 29 de la Ley 1122 de 2007 y en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, se generó una situación especial que involucraba a todas las entidades del sector salud del nivel territorial, en el reconocimiento y pago de las «cuotas partes pensionales » causadas hasta el año de 1993, cuya responsabilidad recaía en la Nación y en el respectivo departamento de manera concurrente.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En escrito del 2 de julio de 2025, manifiesta no ser ni haber sido una caja de previsión social, por lo cual rechaza su vinculación al presente trámite.

Afirma que, no le corresponde dar respuesta a la petición que originó el conflicto de competencias administrativas, así como tampoco la emisión y pago del bono pensional del afiliado , ni la expedición del acto de reconocimiento de la «cuota parte del bono pensional».

Señala que a la situación del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán , quien se encuentra inscrito como beneficiario retirado, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto

pensional».

Señala que a la situación del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán , quien se encuentra inscrito como beneficiario retirado, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, según el cual, no se calculará una reserva pensional para las personas en esta categoría, lo que significa que el pasivo prestacional solo ser á exigible una vez seConflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 4 de 25

cumplan los requisitos legales para acceder a una pensión.

Precisa que, bajo ese contexto, las entidades de salud tenían la obligación de seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones hasta la formalización de un contrato de concurrencia para así definir las responsabilidades financieras entre la Nación y las entidades territoriales.

Agrega que, entre la Nación y el sector salud del departamento de Cundinamarca se suscribió el contrato de concurrencia 204 del 24 de diciembre de 2001, en virtud del cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público giró los recursos de acuerdo con los parámetros de concurrencia, para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, sin que tales recursos puedan ser destinados a pagos que correspondan a personal retirado.

Menciona que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha señalado que, en ausencia de un acuerdo de concurrencia, las instituciones de salud son responsables del pago de los «bonos pensionales » a los empleados retirados. Esto implica que, aunque los hospitales no estén obligados a compartir la carga financiera del pasivo pensional, deben cumplir sus obligaciones como empleadores hasta que se firme

responsables del pago de los «bonos pensionales » a los empleados retirados. Esto implica que, aunque los hospitales no estén obligados a compartir la carga financiera del pasivo pensional, deben cumplir sus obligaciones como empleadores hasta que se firme un contrato que distribu ya responsabilidades. Conforme ello, considera que en el caso específico del señor Muñoz Beltrán, la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá debe emitir y pagar el «bono pensional» correspondiente.

3. Departamento de Cundinamarca

Mediante oficio del 1° de julio de 2025, precisa que, una vez revisado el formulario 18 del Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA) se encontró registrado al señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán en calidad de retirado a 31 de diciembre de 1993, razón por la cual, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3061 de 1998 no avaló valor alguno por concepto de reserva pensional en su favor.

Con fundamento en lo anterior, concluye que el pasivo prestacional del señor Muñoz Beltrán por el tiempo laborado en el Hospital San Rafael de Fusagasugá es competencia de esa entidad hospitalaria, por tener la calidad de empleadora.

4. Protección SA

Mediante escrito del 30 de octubre de 2025, dio respuesta a los requerimientos realizados por el despacho ponente a través del auto del 23 de octubre de 2025, en el que se le solicitó lo siguiente:

1. Precisar con claridad el alcance y la finalidad de la solicitud dirigida al departamento de Cundinamarca y al Hospital Regional San Rafael de

solicitó lo siguiente:

1. Precisar con claridad el alcance y la finalidad de la solicitud dirigida al departamento de Cundinamarca y al Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca).Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 5 de 25

1. Indicar cuál es la prestación que se pretende financiar con el traslado de los aportes pensionales del señor Muñoz Beltrán. iii) Explicar por qué afirma que no se trata de un bono pensional. iv) Exponer bajo qué sustento normativo realiza la afirmación consistente en que los aportes cuyo traslado se requiere no son válidos para bono pensional, pero tienen la vocación de financiar la prestación económica.

En la referida respuesta a los anteriores requerimientos, explicó que, el señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán no tiene derecho a la generación de un bono pensional, toda vez que los tiempos laborados con anterioridad a su traslado de régimen pensional, esto es, del 1° de junio de 1980 al 25 de octubre de 1982, y del 26 de noviembre de 1982 al 2 de enero de 1983, -cotizados a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (CAPRECUNDI) como se evidencia en el CETILacumulan 130 semanas.

Al respecto, precisa que, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, las personas que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público que hayan cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono pensional.

100 de 1993, las personas que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público que hayan cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono pensional.

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 3995 de 2008, en aquellos casos en los que se haya dado un traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, y no haya lugar a la emisión del bono pensional, la entidad respectiva deberá efectuar el traslado del valor equivalente a las cotizaciones.

Agrega que, por lo anterior, y debido a que el señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán solo registra 657 semanas cotizadas y en consecuencia no cuenta con el capital suficiente para financiar una pensión de vejez conforme lo previsto en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, ni cumple con el mínimo de 1150 semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión bajo la figura de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez establecida en el artículo 65 de la misma ley , resulta procedente en su caso , el traslado de saldos pensionales, para los fines previstos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

Aclara que dicho traslado comprende los aportes realizados, los rendimientos financieros generados, y en el caso particular del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán, los aportes efectuados a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (CAPRECUNDI), toda vez que, como se explicó anteriormente, en su situación no se configura el derecho al bono pensional.

efectuados a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (CAPRECUNDI), toda vez que, como se explicó anteriormente, en su situación no se configura el derecho al bono pensional.

Finalmente, manifiesta que mediante el Decreto 1455 de 1995 se creó el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca con la finalidad de sustituir a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (CAPRECUNDI). Señala que e l artículo 2° del citado decreto, establece que dicho Fondo es una cuenta especial del departamento , sin personería jurídica, en orden a lo cual, la responsabilidad respecto del pasivo pensional de la extinta (CAPRECUNDI) recae en el departamento de Cundinamarca, siendo esta la razón por laConflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 6 de 25

que Protección S.A. ha realizado la solicitud de traslado de aportes pensionales a dicho ente territorial.

III. CONSIDERACIONES

1. La competencia de la Sala en el caso concreto

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunt o de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo

solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunt o de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos toda vez que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional; esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , y las demás, de orden territorial, esto es, el departamento de Cundinamarca, la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón a que se trata de determinar la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de traslado de aportes pensional es del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán ; y iii) las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite

comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva4.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

4 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 7 de 25

que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, la Sala determinará cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de traslado de los aportes pensionales del señor Jorge Alveiro Muñoz Beltrán, por el tiempo durante el cual laboró en entonces el Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), esto es, entre el 1° de junio de 1980 y el 25 de octubre de 1982, y, entre

durante el cual laboró en entonces el Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), esto es, entre el 1° de junio de 1980 y el 25 de octubre de 1982, y, entre el 26 de noviembre de 1982 y el 2 de enero de 1983.

El conflicto surge porque la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) considera no ser competente para pronunciarse sobre la solicitud de traslado de los aportes pensionales, debido a que, para la época en la que el señor Muñoz Beltrán laboró en dicha institución hospitalaria, esta no tenía personería jurídica. En atención a lo anterior, considera que, en el marco de la concurrencia prevista normativamente, la Nación y el departamento de Cundinamarca son competentes para atender la solicitud de traslado de los aportes pensionales.

Por su parte, el departamento de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideran que la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá debe asumir las obligaciones pensionales correspondientes al señor Muñoz Beltrán, por cuanto quedó inscrito como beneficiario retirado en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas5:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud.

5 La Sala, en decisiones anteriores (d ecisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000i) Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud.

5 La Sala, en decisiones anteriores (d ecisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-0002025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2025-00257-00, y decisión del 23 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre aspectos jurídicos de asuntos relacionados con el que se estudia en el presente conflicto, en el que examinaron de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud, el proceso de descentralización del sector salud, las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, tales aspectos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en estas materias.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 8 de 25

1. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Traslado de aportes. Reiteración. v) Conclusiones del recuento normativo.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 19686, y mediante la Ley 9ª de 19737, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 19686, y mediante la Ley 9ª de 19737, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sect or público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 19758

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas

entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias

6 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 7 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 8 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 9 de 25

técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 19759

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios

respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como

9 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00330-00 Página 10 de 25

establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

Ahora bien, como lo señaló la Sala 10, antes de la Constitución Política de 1991 se inició

desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

Ahora bien, como lo señaló la Sala 10, antes de la Constitución Política de 1991 se inició