CE - Auto interlocutorio 11001030600020250034300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001-03-06-000-2025-00343-00

Referencia: presunto c onflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -

Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta, Córdobay el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta Asunto: Competencia para continuar con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, después de la sentencia judicial que homologó la resolución de adopción. Inexistencia de un conflicto de competencias administrativas

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a estudiar el presun to conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de agosto de 2022 1, se informó a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba) que el menor de edad JAV2, de 8 años de edad, en ese momento, y quien está diagnosticado con distrofia muscular progresiva, estaba siendo víctima de violencia física, psicológica y negligencia en el medio familiar de origen.

ese momento, y quien está diagnosticado con distrofia muscular progresiva, estaba siendo víctima de violencia física, psicológica y negligencia en el medio familiar de origen.

2. El 31 de agosto de 2022 3, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) emitió auto de «apertura» de investigación. Sin embargo, el 2 de

1 Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 4. 2 El uso de iniciales se hace necesario para proteger el derecho a la intimidad de la menor de edad. 3 Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 52.Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 2 de 22

septiembre de 2022 4, la entidad remitió el proceso a la Comisaría de Familia de Tierralta.

3. El 9 de enero de 2024 5, después de que la Comisaría de Familia de Tierralta

(Córdoba) definiera la situación jurídica6, cambiara la medida de protección a hogar sustituto7 y se prorrogara la etapa de seguimiento 8, ordenó el traslado del proceso a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba) para la declaratoria de adoptabilidad, mediante Resolución núm. 107400579901.

4. El 30 de enero de 2024 9, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) remitió el proceso a la autoridad judicial, con el fin de que se declare

107400579901.

4. El 30 de enero de 2024 9, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) remitió el proceso a la autoridad judicial, con el fin de que se declare la nulidad de lo actuado y asuma la competencia para resolver de fondo la situación jurídica. A juicio de la autoridad, en el proceso se presentaron una serie de hallazgos10 que ya no podía subsanar en esta instancia del proceso, cuando faltaba menos de un mes para cumplirse el límite de los 18 meses que tiene la autoridad administrativa para resolver el caso11.

4 Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 49. 5 Samai, expediente digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 1. 6 La situación jurídica fue definida el 13 de febrero de 2023. Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 75. 7 El cambio de medida de protección se determinó el 4 de mayo de 2023. Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 96. 8 La prorroga se dispuso el 11 de agosto de 2023 . Samai, expediente digital, actuación 2, 1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 138. 9 Samai, expediente digital , actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 20.

1_110010306000202500343002DemandaWeb2025710165351, folio 138. 9 Samai, expediente digital , actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 20. 10 La Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta puso de presente que, en su concepto, no fueron practicadas pruebas debidamente decretadas, ni se emitió auto de revocatoria de las mismas, en contradicción con el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018; en adic ión, no se allegó al expediente la denuncia que tuvo que haberse presentado, en consideración al presunto maltrato físico ejercido contra el menor de edad por su padrastro; a lo que agregó la aparente falta de certeza en la identificación de los representa ntes legales del menor de edad, por no tener en el expediente el Registro Civil de Nacimiento del niño; la aparente ausencia de valoraciones realizadas por el equipo interdisciplinario ante la falta de material probatorio que demuestre su realización; la f alta de evidencia de fijación, «desfijación» de estados y ejecutoria de la resolución que dispuso el cambio de medidas a favor del menor de edad; la aparente falta de notificación personal oportuna al padre del menor de edad; al parecer, tampoco se evidenc ia la realización del emplazamiento en la página de internet del ICBF, ni la realización de investigaciones sociales requeridas; a la vez que no se evidencia la búsqueda de parientes 11 La Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta señaló que: «NO contándose entonces con el tiempo suficiente para ello y tampoco se podía solicitar aval al Director Regional Cordoba de ICBF, para la ampliación del término de seguimiento dentro del Proceso Administrativo de

tiempo suficiente para ello y tampoco se podía solicitar aval al Director Regional Cordoba de ICBF, para la ampliación del término de seguimiento dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos surtido a favor del niño JAV, teniendo en cuenta que dos de los requisitos establecidos para poder solicitar el mencionado aval, es que la solicitud deberá presentarse por lo menos con un mes de antelación al termino máximo que tiene contemplado la ley para definir de fondo el proceso, (Dieciocho (18) meses contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa, es decir, 11 de febrero de 2024, según resoluciónRadicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 3 de 22

5. El 31 de enero de 202412, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta rechazó la competencia y devolvió el proceso, decisión que confirmó tras los recursos de reposición de la defensoría, precisando que el mismo se decidió en «única instancia», además de exhorta r a la defensoría para que ejerza la competencia.

6. El 1º de agosto de 202413, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) definió la situación jurídica del niño declarándolo en situación de adoptabilidad, decisión que quedó ejecutoriada el 9 de agosto de 2024. Lo anterior, después de (i) haber promovido la subsanación de las nulidades advertidas a su juicio en este caso, decretar la práctica de pruebas y solicitar el aval de la Dirección Regional Córdoba del ICBF para ampliar el término 14, (ii) de que dicho aval fuese concedido15; (iii) de recibir las declaraciones de los

advertidas a su juicio en este caso, decretar la práctica de pruebas y solicitar el aval de la Dirección Regional Córdoba del ICBF para ampliar el término 14, (ii) de que dicho aval fuese concedido15; (iii) de recibir las declaraciones de los progenitores del menor de edad16, quienes se opusieron a que fuera declarado en condición de adoptabilidad; y (iv) de cambiar el prestador frente a la medida de protección «hogar sustituto»17.

7. El 25 de noviembre de 202 418, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta,

(Córdoba), en el proceso con radicado núm. 23807408900120240055800, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, dispuso homolo gar la decisión del 1º

de prórroga de Comisaria), y que el Proceso Administrativo de Restablecimi ento de Derechos, no se encuentre incurso en ninguna causal de nulidad ni de perdida de competencia, lo cual no se podía indicar de este proceso, ya que se avizoraron las nulidades ya citadas en este documento.» 12 Samai, expediente digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 35. 13 Samai, expediente digital, actuación 2, 7_110010306000202500343005DemandaWeb2025710165351, folio 101 a 153; y 9_110010306000202500343006DemandaWeb2025710165351 folio 1 al 9. 14 Samai, expedie nte digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 62.

9_110010306000202500343006DemandaWeb2025710165351 folio 1 al 9. 14 Samai, expedie nte digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 62. 15 Samai, expediente digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 77. 16 Samai, expediente digital, actuación 2, 5_110010306000202500343004DemandaWeb2025710165351, folio 156 y 161. 17 Samai, expediente digital, actuación 2, 7_110010306000202500343005DemandaWeb2025710165351. En el documento se indica: «Que actualmente el niño [JAV] se encuentra en unidad de servicio ubicada en el municipio de Tierralta, unidad de servicio que producto de una queja […] fue motivo de cierre temporal, debiéndose reubicar inmediatamente el niño en otra unidad de servicio. Que, a pesar de resaltarse al operador de la modalidad hogares sustitutos la importancia d e la permanencia del niño en unidad de servicio ubicada en el municipio de Tierralta solo fue posible la asignación de un cupo en Hogar Sustituto para atender a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, en la ciudad de Montería, debiéndose realizar el traslado del niño a la unidad de servicio correspondiente». 18 Samai, expediente digital, actuación 2, 9_110010306000202500343006DemandaWeb2025710165351 folio 62 a 76.Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 4 de 22

de agosto de 2024, por medio de la cual se declaró al menor de edad en condición de adoptabilidad.

de agosto de 2024, por medio de la cual se declaró al menor de edad en condición de adoptabilidad.

8. El 26 de diciembre de 2024, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) remitió el proceso al Comité de Adopciones de la Regional Córdoba de ICBF. Sin embargo, el 26 de mayo de 2025, esta entidad devolvió la historia de atención, por considerar que en el proceso se advirtieron nulidades y la pérdida de competencia de la autoridad administrativa. En el documento recomendó remitir el expediente a la autoridad judicial y la presentación de una acción de tutela.

9. El 29 de mayo de 2025, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta

(Córdoba) remitió el proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba), en procura de acatar las recomendaciones del Comité de Adopciones de la Regional Córdoba de ICBF. Por consiguiente, solicitó la subsanación de nulidades, declaración de perdida de competencia y la correspondiente definición de la situación jurí dica del niño. No manifiesta , ni hay constancia de que se haya presentado una acción de tutela por esta causa.

10. El 16 de junio de 2025 19, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta

(Córdoba) dispuso no avocar conocimiento del proceso, porque, en su concepto, no se configuró «ningún yerro o nulidad que diera lugar a que este Juzgado se pronuncie de fondo».

11. El 2 de julio de 2025, mediante oficio allegado a la Sala el 18 de julio siguiente,

concepto, no se configuró «ningún yerro o nulidad que diera lugar a que este Juzgado se pronuncie de fondo».

11. El 2 de julio de 2025, mediante oficio allegado a la Sala el 18 de julio siguiente, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitó a la Sala definir el conflicto negativo de competencias, determinando que a la autoridad judicial le corresponde asumir el conocimiento del proceso, declarar las nulidades a que haya lugar y definir de fondo la situación jurídica del menor de edad JAV.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.°, por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 31820, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días hábiles, comprendidos entre el 11 y el 17 de julio de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

19 Expediente digital, actuación 2. 11_110010306000202500343007DemandaWeb2025710165351, folios 39 a 58. 20 Expediente digital, actuación 4, 9_POREDICTO_08_EDICTO_0_20250710125052270.Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 5 de 22

En el expediente consta que se comunicó 21 la existencia del conflicto de competencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría

En el expediente consta que se comunicó 21 la existencia del conflicto de competencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba), al Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba), a la Comisaría de Familia de Tierralt a (Córdoba), a la Personería de Tierralta (Córdoba), a la Fundación Labriegos por la Paz Montería (Córdoba), a los progenitores del menor de edad, señores JAAM y DPVE, y a la madre sustituta del mismo.

De acuerdo con el informe secretarial del 18 de julio de 2023, dentro del término de fijación del edicto , las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio22.

Ese mismo día, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba) presentó consideraciones.

Mediante auto del 6 de agosto de 2025, la consejera ponente vinculó al proceso al Comité de Adopciones de la Regional Córdoba del ICBF.

El 14 de agosto de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que el Comité de Adopciones de la Dirección Regional Córdoba del ICBF allegó documentos.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba)

Mediante oficio con fecha 2 de julio de 2025, allegado al despacho el 18 de julio siguiente, esta autoridad administrativa solicitó a la Sala definir el conflicto negativo de competencias y, en esa medida, se determine que el Juzgado Promiscuo

Mediante oficio con fecha 2 de julio de 2025, allegado al despacho el 18 de julio siguiente, esta autoridad administrativa solicitó a la Sala definir el conflicto negativo de competencias y, en esa medida, se determine que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta es la autoridad competente para declarar las nulidades existentes en el proceso y definir de fondo la situación jurídica del menor de edad.

La autoridad administrativa explicó que, una vez la autoridad judicial homologó la declaratoria en situación de adoptabilidad del menor de edad, remitió el proceso al Comité de Adopciones de la Regional de Córdoba . Sin embargo, esta última autoridad devolvió la historia de atención por encontrar nulidades en el trámite y la pérdida de competencia que vicia la declaratoria de adoptabilidad. En esa medida, sugirió remitir el proceso a la autoridad judicial para que resuelva l os yerros advertidos y defina de fondo la situación jurídica. Igualmente, señaló que, ante el eventual rechazo de la competencia, se promueva la solución del conflicto de competencias o se instaure una acción de tutela.

21 Expediente digital, actuación 3, 12_EXPEDIENTEDIGI_04_INFORMEDECOMUNICA_3_20250711110226704. 22 Expediente digital, actuación 6, 16_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20_0_20250718102606693.Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 6 de 22

En consecuencia, ante la decisión de la autoridad judicial de no avocar conocimiento y, en vista de las recomendaciones del Comité de Adopciones de la Regional de

En consecuencia, ante la decisión de la autoridad judicial de no avocar conocimiento y, en vista de las recomendaciones del Comité de Adopciones de la Regional de Córdoba, la defensoría solicitó a la Sala dirimir el conflicto de competencias.

3.2. Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba)

Mediante oficio fechado el 17 de julio de 2025, allegado a este despacho el 18 del mismo mes y año, la autoridad judicial presentó consideraciones con el fin de rechazar la competencia para resolver sobre las causales de nulidad advertidas y definir de fondo la situación jurídica del menor de edad.

Para sustentar su postura, la autoridad judicial hizo énfasis en que los pronunciamientos emitidos en este proceso se profirieron en «única instancia», incluyendo el relacionado con la «declaratoria de adoptabilidad». Igualmente, puso de presente que, mediante decisiones del 31 de enero y 5 de febrero de 2024, había devuelto, previamente, el proceso a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Tierralta (Córdoba), para que continuara con el trámite del PARD, después de haber explicado que esta entidad no había perdido la competencia para pronunciarse «y que tampoco había nulidad».

3.3. Comité de Adopciones de la Dirección Regional Córdoba del ICBF

El 11 de agosto de 2025, el Comité de Adopciones de la Dirección Regional Córdoba del ICBF, presentó alegatos, con el «objeto [de] coadyuvar una resolución de fondo, que garantice la seguridad jurídica del procedimiento, la legalidad de las decisiones adoptadas y, sobre todo, la protección integral de los derechos funda mentales del

del ICBF, presentó alegatos, con el «objeto [de] coadyuvar una resolución de fondo, que garantice la seguridad jurídica del procedimiento, la legalidad de las decisiones adoptadas y, sobre todo, la protección integral de los derechos funda mentales del niño», quien, en este caso, a su juicio, se encuentra en una situación procesal indefinida.

La entidad administrativa puso de presente la devolución de la historia de atención del menor de edad JAV a la Defensoría de Familia, mediante memora ndo 202543300000040923, con sustento en las inconsistencias que en su criterio exigían remitir el proceso a la autoridad judicial para su revisión y eventual asunción de competencia . E n caso de que esta última rechace la competencia, sugirió el planteamiento de un conflicto de competencias y, paralelamente, puso en consideración la presentación de una acción de tutela «en caso de que estos se vean amenazados o vulnerados por la falta de actuación o por decisiones administrativas irregulares».

Uno de los yerros principales, en criterio del Comité, fueron las actuaciones surtidas por la autoridad administrativa después de la presunta pérdida de competencia para el efecto, y la imposibilidad de subsanarlas, considerando la etapa procesal, la superación de los 6 meses iniciales del PARD. En ese sentido, puso de presente, la decisión adoptada por la Sala en el conflicto 11001 -03-06-000-2022-00287-00, enRadicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 7 de 22

el cual, a su juicio, se presentó una situación similar a la que acontece en el presente caso y, en esa oportunidad, se definió la competencia en cabeza de la autoridad

el cual, a su juicio, se presentó una situación similar a la que acontece en el presente caso y, en esa oportunidad, se definió la competencia en cabeza de la autoridad judicial, quien fue además exhortada para el cumplimiento de sus funciones y en su contra se compulsaron copias por no haber asumido el proceso oportunamente.

Esta, y las demás nulidades que a su juicio se presentan en el caso concreto, comprometen la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales del niño, pues se identificaron actuaciones que excedieron el término legal para definir la situación jurídica, y fueron resumidas así por el Comité así:

1. Notificación a ruego defectuosa en los folios 33 y 34, lo que afecta el derecho de defensa de las partes.

2. Modificación de medidas sin procedimiento legal, contrariando el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018 (mod. art. 103 Ley 1098 de 2006).

3. Cambio de autoridad administrativa sin auto formal de avocación, lo cual genera inseguridad jurídica.

4. Omisión en la notificación al progenitor y al padrastro dentro de los seis meses, violando el art. 4 de la Ley 1878 de 2018 (mod. art. 100).

5. Ausencia de audiencia de fallo previa a la declaración de situación de vulneración.

6. No se agotó la búsqueda de familia extensa dentro del término legal (art. 2, Ley 1878 de 2018, mod. art. 56).

7. Falta de entrevista al niño en el auto de apertura, violando el art. 3 de la Ley 1878 de 2018 (mod. art. 99).

8. Omisión de revocar pruebas no practicadas, contrariando el art. 4 de la Ley 1878

1878 de 2018 (mod. art. 99).

8. Omisión de revocar pruebas no practicadas, contrariando el art. 4 de la Ley 1878 de 2018 (mod. art. 100).

9. No se vinculó a la familia extensa paterna, identificada en el folio 278. 10.Resolución de AVAL ejecutoriada extemporáneamente, lo cual presume pérdida de competencia (arts. 295 y 302 CGP, art. 103 de la Ley 1098 de 2006). 11.Subsanación de errores fuera del plazo legal, contrariando el art. 4 de la Ley 1878 de 2018 (mod. art. 100). 12.Notificación por estado sin firma de la comisaria de familia, folio 44. 13.Expedición del AVAL por la Regional Córdoba sin observar la Resolución 11199 de 2019, art. 5 núms. 2, 4 y 5. 14.Actuaciones administrativas sin el expediente físico. En el Memorando No. 202543300000040923 se advirtió que la Resolución de AVAL fue expedida sin contar con el expediente completo, lo que vulnera la integridad documental y compromete la legalidad del acto administrativo. […] 15: Se incurrió en la causal 1 del artículo 133 del Código General del Proceso, toda vez que la autoridad administrativa continuó actuando sin tener competencia legal para ello, lo que podría generar nulidades en las actuaciones y decisiones adoptadas […]

Debe mencionarse que, en el punto 15, a juicio de la entidad, que el conflicto de competencias surge ante:

[l] l a pérdida de co mpetencia legal por vencimiento del término previsto en el

adoptadas […]

Debe mencionarse que, en el punto 15, a juicio de la entidad, que el conflicto de competencias surge ante:

[l] l a pérdida de co mpetencia legal por vencimiento del término previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, y de la negativa tácita del Juzgado TerceroRadicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 8 de 22

Promiscuo Municipal de Tierralta para asumir el conocimiento del caso, al haber devuelto el expediente sin pronuncia miento de fondo. Tales circunstancias motivaron la radicación del conflicto negativo de competencias administrativas identificado bajo el número 11001-03-06-000-2025 00343-00. […]

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la primera condición, la Sala ha precisado que no está habilitada

de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En relación con la primera condición, la Sala ha precisado que no está habilitada para resolver un conflicto de esta clase cuando ex ista una sentencia u otra providencia judicial en firme razón de la cual se haya terminado el proceso 23 o se haya declarado competente a una de las autoridades en disputa, o por medio de la cual se le haya impuesto a dicha autoridad el deber de tramitar o resolver el asunto o la actuación administrativa de que se trate, pues la Sala no puede desconocer ni contradecir lo resuelto en sede judicial24.

En este caso concreto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo considerando la inexistenc ia del conflicto de competencias, debido a que hay una providencia judicial que resolvió homologar lo decidido por la autoridad administrativa y se encuentra en trámite de cumplimiento.

1.2. la homologación por parte del juez de familia de las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Reiteración25

23 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 2 de octubre de 2024, radicado núm. 11001 -0306-000-2024-00495-00 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 27 de julio de 2022, rad. núm. 11001-03-06-000-2022-00094-00 25 Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión adoptada el 9 de noviembre

11001-03-06-000-2022-00094-00 25 Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión adoptada el 9 de noviembre de 2022. Radicado núm.: 11001-03-06-000-2022-00229-00. También puede consultarse la Decisión adoptada el 17 de julio de 2020. Radicado núm.: 11001-03-06-000-2020-00119-00(C).Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 9 de 22

La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en el Título II, reguló la «garantía de derechos y prevención», en favor de los niños, niñas y adolescentes. En el Capítulo IV se previó un «Procedimiento administrativo y reglas especiales», que contiene las disposiciones aplicables a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).

La Sala considera importante recordar que, a partir de las modificaciones introducidas al citado Código por la Ley 1878 de 2018, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos quedó estructurado en dos etapas c laramente diferenciadas: i) la etapa inicial, que se extiende desde el momento en que se pone en conocimiento de la autoridad administrativa (defensor o comisario de familia, generalmente) la presunta vulneración o amenaza a los derechos del niño, niña o adolescente hasta que se dicta el «fallo» (previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 , modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018 ), y ii) la etapa de seguimiento, que va desde la firmeza del fallo hasta que se adopta la decisión de

de 2006 , modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018 ), y ii) la etapa de seguimiento, que va desde la firmeza del fallo hasta que se adopta la decisión de fondo definitiva sobre la situación jurídica del menor de edad.

El fallo mediante el cual se define, inicialmente, la situación jurídica del niño, niña o adolescente se debe dictar por la autoridad judicial o administrativa 26 en el término máximo de seis meses, improrrogables. Después de este, cuando se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, continúa la etapa de seguimiento, por un plazo máximo de seis meses, prorrogables por seis meses más. Solo en casos de enfoque diferencial 27, el seguimiento puede ampliarse por un término mayor. En los demás, el proceso debe tener una duración máxima de dieciocho meses, incluyendo sus dos etapas28.

Vale la pena recordar que, si en el fallo se declara al menor de edad en situación de vulneración de derechos, el proceso deberá terminar, luego de agotar el seguimiento, con una de estas tres opciones:

[…] el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus der echos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

Ahora bien, la homologación está prevista en los artículos 100, 108 , con sus modificaciones, y 119, numeral 1.°, de la Ley 1098 de 2006, como un procedimiento

cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

Ahora bien, la homologación está prevista en los artículos 100, 108 , con sus modificaciones, y 119, numeral 1.°, de la Ley 1098 de 2006, como un procedimiento que debe surtirse ante el juez de familia, cuando se presente oposición contra la resolución mediante la cual se define la situación jurídica del menor de edad en el

26 Ley 1098 de 2006, artículo 100, inciso 9. 27 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 8. 28 Ley 1098 de 2006, artículo 103, inciso 6 y 8.Radicación 11001-03-06-000-2025-00343-00 Página 10 de 22

PARD, o cuando haya exi stido «oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa».

Según el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018:

Artículo 100. Trámite […]

[…]

Vencido el término del traslado, mediante auto que será notificado por estado, se fijará la fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en derecho corresponda.

El fallo es susceptible de recurso de reposición que debe interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les notificará por Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

les notificará por Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguien