CE - Auto interlocutorio 11001030600020250035000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-0306-000-2025-00350-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa – y la Agencia Nacional de Seguridad Vial Asunto: autoridad competente para adelantar una investigación disciplinaria contra servidores y ex servidores públicos del orden nacional.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 2 de octubre de 2023, la señora J.E.M.P., funcionaria de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, presentó queja disciplinaria ante dicha entidad en contra de la señora G.M. L.E., profesional especializada código 2028 grado 20, coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano también de esa entidad, con ocasión de la presunta expedición de actos administrativos de nombramiento de la señora G. M. L. E3 «en beneficio de la propia coordinadora

coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano también de esa entidad, con ocasión de la presunta expedición de actos administrativos de nombramiento de la señora G. M. L. E3 «en beneficio de la propia coordinadora y otros relacionados con la reubicación y desvinculación de la quejosa, aparentemente vulnerando o desconociendo el fuero de protección especial que la cobijaba».

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 110010306000202500350 que reposa en SAMAI. 3 Para garantizar la reserva de la actuación disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, se omitirá el nombre del disciplinado. Se hará uso de siglas con las iniciales de su nombres y apellidos.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 2 de 20

2. La Agencia Nacional de Seguridad Vial , a través de la asesora de la Dirección General, e l 20 de octubre de 202 3, dispuso la apertura de la investigación disciplinaria en contra de la señora G.M.L.E.

3. El 30 de mayo de 2024 , la asesora de la Dirección General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial , mediante auto remitió el asunto a la Procuraduría General de la Nación, al considerar que los actos administrativos que la quejosa denunció como presuntamente irregulares, «fueron expedidos por la persona

Nacional de Seguridad Vial , mediante auto remitió el asunto a la Procuraduría General de la Nación, al considerar que los actos administrativos que la quejosa denunció como presuntamente irregulares, «fueron expedidos por la persona que en su momento ostentaba el cargo de director general », por lo que d e conformidad con lo establecido en el Decreto 262 de 2000, artículo 25 numeral 1 literal a, era dicha procuraduría la competente.

4. El 8 de enero de 2025, la Procuraduría Primera de Instrucción de Bogotá remitió el expediente a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa para lo de su competencia.

5. El 22 de abril de 202 5, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa ordenó la devolución del asunto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que continuara el trámite de la investigación en contra de la señora G.M.L.E., al considerar que:

posiblemente podría existir una presunta responsabilidad por parte del Director General de la Entidad, también es cierto, que lo procedente era declarar el cierre de la investigación y correr traslado a los sujetos procesales conforme lo señala el artículo 220 de la Ley 1952 de 2019, y una vez surtido dicho trámite, proceder a su evaluación conforme lo establece el artículo 221 ídem, y proferir la decisión correspondiente, y de advertirse responsabilidad frente al Director o del respectivo funcionario de esa Agencia, ordenar la expedición de copias de la actuación para los fines correspondientes, para ante (sic) la Procuraduría Delegada para la

correspondiente, y de advertirse responsabilidad frente al Director o del respectivo funcionario de esa Agencia, ordenar la expedición de copias de la actuación para los fines correspondientes, para ante (sic) la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa de instrucción (Reparto), para lo de su competencia.

6. En consecuencia, el 11 de junio de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consideró que no era competente para continuar la investigación, y, en su lugar, presentó el conflicto negativo de competencias, ante la Sala de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 325 por el término de cinco días (del 18 al 24 de julio de 2025), para la presentación de consideraciones o alegatos por parte de las autoridades involucradas y personas interesadas en el trámite del conflicto.

Según constancia secretarial del 16 de julio de 2025, se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría DelegadaRadicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 3 de 20

Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la señora G. M. L. E.

Frente a la señora J.E.M.P., en su calidad de quejosa, la Secretaría de la Sala

Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la señora G. M. L. E.

Frente a la señora J.E.M.P., en su calidad de quejosa, la Secretaría de la Sala informó que no le fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 4; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquella. El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 5, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva para el quejoso. Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»6, el despacho de la consejera ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realice a través de la autoridad que se declare competente para continuar la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de la señora G. M. L. E. y en caso de que corresponda iniciar la investigación en contra del director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la época de los hechos , en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario. Mediante el informe secretarial del 25 de julio de 2025, se informó al despacho que, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas guardaron silencio.

disciplinario. Mediante el informe secretarial del 25 de julio de 2025, se informó al despacho que, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas guardaron silencio.

Mediante auto de mejor proveer del 26 de agosto de 2025, se solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que allegara información relevante para resolver el asunto.

Según el informe secretarial del 11 de septiembre de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho que, vencido el término concedido para remitir la información solicitada en auto de mejor proveer, la Agencia Nacional de Seguridad Vial allegó la respectiva información.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

4 Artículo 115: RESEVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 5 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 6 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 4 de 20

1. Agencia Nacional de Seguridad Vial

El 10 de septiembre de 2025, a firmó que los actos administrativos cuestiona dos fueron suscritos por quien en su momento desempeñó el cargo de director general

1. Agencia Nacional de Seguridad Vial

El 10 de septiembre de 2025, a firmó que los actos administrativos cuestiona dos fueron suscritos por quien en su momento desempeñó el cargo de director general de la entidad y que, en tal sentido, aunque la queja fue presentada en contra de la señora G. M. L. E. profesional especializada, coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano, a la investigación debía vincularse a la persona que, en su momento, desempeñó el cargo de director general de la agencia, pues fue quien expidió los actos administrativos que la quejosa denuncia como presuntamente irregulares.

En ese sentido, señaló: Sin embargo, como el cargo de director general de la ANSV ostenta un rango superior (grado 28) al cargo de secretario general (grado es 24), este despacho consideró que no tenía competencia para continuar con la investigación, por lo cual, decidió remitir las diligencias a la Procuraduría General de la NaciónProcuradurías Delegadas de Instrucción, pues de conformidad con lo establecido en el Decreto 262 de 2000, artículo 25 numeral primero literal a., son éstas las competentes para investigar las posible s conductas disciplinarias en que puedan incurrir los servidores públicos que tengan rango equivalente o superior al de secretario general de una entidad del orden nacional, como lo es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. indicó que la función disciplinaria dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la fase de instrucción la realiza quien desempeña el cargo de asesor de la Dirección General, y la fase de juzgamiento el jefe de la Oficina Asesora Jurídica,

indicó que la función disciplinaria dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la fase de instrucción la realiza quien desempeña el cargo de asesor de la Dirección General, y la fase de juzgamiento el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, cargos que están en niveles jerárquicos inferiores al de director general, por lo que no era posible seguir adelantando la investigación dentro de esta entidad, teniendo en cuenta que los actos administrativos que la quejosa denunció como presuntamente irregulares, fue expedido por la persona que para la época de los hechos ostentaba el cargo de director general de la entidad.

Por último, manifestó: De conformidad con todo lo anterior, para este despacho es claro que la autoridad competente para continuar conociendo del presente proceso es la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, ya que no es posible que tanto la suscrita como el funcionario encargado de la etapa de juzgamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial investiguen y juzguen a quienes ostentaron un cargo de mayor jerarquía, además, porque atendiendo el factor de conexidad que establece que “cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigaran y decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía”.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 5 de 20

2. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la

Vigilancia Administrativa

Esta autoridad no presentó alegatos, por lo que se tendrá en cuenta lo manifestado

2. Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la

Vigilancia Administrativa

Esta autoridad no presentó alegatos, por lo que se tendrá en cuenta lo manifestado en Auto del 22 de abril de 2025 , en el que afirmó carecer de competencia para conocer el asunto y devolverlo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues si bien, podría existir una presunta responsabilidad por parte de quien fungió como director general de la entidad para la época de los hechos , «lo procedente era declarar el cierre de la investigación y correr traslado a los sujetos procesales conforme lo señalaba el artíc ulo 220 de la Ley 1952 de 2019, evaluar la investigación tomar la decisión correspondiente y de advertirse responsabilidad frente al director de la Agencia, ordenar la expedición de copias para la Procuraduría Delegadas para la Vigilancia Administrativa de instrucción (Reparto)».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso, a saber, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Procuraduría General de la Nación - Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, no tienen un superior común.

Nacional de Seguridad Vial y la Procuraduría General de la Nación - Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, no tienen un superior común.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 6 de 20

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto, esto es, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la compulsa de copias presentada

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la compulsa de copias presentada en contra de la señora G. M. L. E. y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva7.

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho, para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar las actuaciones disciplinarias en contra de la señora G. M. L. E. , y evaluar si corresponde iniciar

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar las actuaciones disciplinarias en contra de la señora G. M. L. E. , y evaluar si corresponde iniciar investigación en contra del director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la época de los hechos , por las presuntas irregularidades en que pud o incurrir en la expedición de actos administrativos de nombramiento de la señora G.

M. L. E., así como de, reubicación y desvinculación de la quejosa.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que , teniendo en cuenta que los actos administrativos cuestionados fueron suscritos por quien en su momento desempeñó el cargo de director general de la entidad, no es posible realizar al

7 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 7 de 20

interior de dicha entidad la investigación disciplinaria, y por lo tanto la competencia es de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, así como para continuar la investigación en contra de la señora G. M. L. E por factor de conexidad.

Sobre el particular, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa manifiesta que, si bien, podría existir una presunta responsabilidad por parte del director general de la Agencia, «lo procedente era

Sobre el particular, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa manifiesta que, si bien, podría existir una presunta responsabilidad por parte del director general de la Agencia, «lo procedente era declarar el cierre de la investigación y correr traslado a los sujetos procesales conforme lo señalaba el artículo 220 de la Ley 1952 de 2019, evaluar la investigación, tomar la decisión correspondiente , y de advertirse responsabilidad frente al director de la Agencia, ordenar la expedición de copias para la Procuraduría Delegadas para la Vigilancia Administrativa de instrucción (Reparto)».

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control interno disciplinario, y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración. iii) Factores que determinan la competencia. Reiteración. iv) La estructura organizacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración8

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios d e igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa9.

el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios d e igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa9.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00270-00; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001 -03-06000-2022-00257-00, entre otras. 9 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar laRadicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 8 de 20

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública10, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública10, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades11. Como se vio, la Ley 1952 de 201912, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 13. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─14 5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control interno disciplinario, y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración15

En el marco de la potestad disciplinaria de la cual el Estado es titular, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control interno disciplinario:

efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública».

de 2021, dispone lo siguiente en materia de control interno disciplinario:

efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 12 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la vigencia de la Ley 1952 de 2019 es a partir del 29 de marzo de 2021. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00518-00; y Decisión del 18 de septiembre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00470-00; Decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00. 13 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 14 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos

distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 14 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación núm. 11001 -03-06-000-2023-00040-00; decisión del 5 de marzo de 2025, radicación núm. 11001 -03-06-000-2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 9 de 20

Artículo 2. T itularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la procuraduría general de la nación e independencia de la acción. artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…]

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…]

de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…]

A su vez, el artículo 92 de la misma Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, al regular la competencia en razón del sujeto disciplinable, establece:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…]

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

[…]

Para cumplir el mandato legal que se asigna a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas, el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, dispone:

Artículo 93. Control disciplinario interno. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura

debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.Radicación 11001-03-06-000-2025-000350-00 Página 10 de 20

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

Parágrafo 1o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deber á́ ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

Parágrafo 2o. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. [...] [Resalta la Sala]

Ahora bien, el mencionado Código General Disciplinario dispone, como expresión del debido proceso, la separación de las funciones de instrucción y de juzgamiento en el proceso disciplinario, con la exigencia de que cada etapa sea asumida por

Ahora bien, el mencionado Código General Disciplinario dispone, como expresió