CE - Auto interlocutorio 11001030600020250035200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001030600020250035200

Referencia: conflicto positivo de competencias administrativas.

Partes: Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca y la Procuraduría Regional de Juzgamiento – Norte de Santander.

Asunto: conflicto positivo de competencias administrativas. Autoridad competente para conocer proceso disciplinario contra directivos docentes de colegios del departamento de Arauca.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida , se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 27 de febrero de 2023, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado , en su calidad de directivos docentes de

disciplinaria en contra de Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado , en su calidad de directivos docentes de distintos colegios del departamento de Arauca, por la presunta omisión en la rendición de cuentas de su respectivo establecimiento educativo , en la vigencia 2022.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La inform ación que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020240070900 que reposa en SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 2 de 22

2. El 2 de noviembre de 2023, la Dirección Jurídica formuló pliego de cargos contra los investigados, por tratarse, provisionalmente, de la presunta comisión de una falta grave a título de dolo.

3. El 22 de marzo de 2024, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Arauca avocó el conocimiento de la actuación, fijó como procedimiento a seguir el ordinario y corrió traslado para presentar descargos.

4. El 14 de mayo de 2025 3, el apoderado del sujeto disciplinable Ever Segundo Rivera Tejada solicitó a la Procuraduría G eneral de la Nación ejercer el poder

4. El 14 de mayo de 2025 3, el apoderado del sujeto disciplinable Ever Segundo Rivera Tejada solicitó a la Procuraduría G eneral de la Nación ejercer el poder preferente en el proceso disciplinario núm. 001 -002-2023, adelantado por la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Arauca, el cual se surte en contra de su defendido, entre otros.

5. El 22 de mayo de 2025, mediante oficio HVP-82, remitido vía correo electrónico, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander solicit ó a la gobernación de Arauca copia de las di ligencias disciplinarias con radicado núm. 001-02-2023, seguidas y en etapa de juzgamiento , en contra del señor Ever Segundo Rivera Tejada, entre otros.

6. El 9 de junio de 2025 4, la Gobernación de Arauca remit ió a la Procuraduría Regional de Juzgamiento Norte de Santander el expediente con radicado de juzgamiento núm. 01-03-2024, en contra de Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado, en calidad de directivos docentes del departamento de Arauca.

7. El 18 de junio de 2025, tras practicar visita especial al proceso disciplinario con

radicado de instrucción núm. 001-002-2023 y radicado de juzgamiento núm. 01-032024, la Procuraduría Regional de J uzgamiento de Norte de Santander emitió concepto favorable para asumir la competencia en ejercicio del poder preferente.

8. El 1 de julio de 2025 , la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander envió a la Gobernación de Ara uca comunicación con radicado 202501068867-1, en la que se informó del auto que autoriza el ejercicio del poder disciplinario preferente sobre el expediente con número de radicado de la Procuraduría General de la Naci ón IUS E-2025-234685 IUC D -2025-402349 que corresponde al proceso disciplinario con radicado de instrucción núm. 001-002-2023 y radicado de juzgamiento núm. 01 -03-2024 de la Gobernación de Arauca e,

3 3. RESPUESTA ARC HIVO OFICINA No. HVP-83 de FECHA 22 DE MAYO DE 2025 – E-202523468. Pdf. 4 4. SAL-80070-Soporte64.E-2025-234685.pdf.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 3 de 22

igualmente, adjuntó la decisión de l 26 de junio de 2025 , proferida por la Viceprocuraduría General de la Nación, en ese sentido.

9. El 4 de julio de 20255, la Gobernación de Arauca consideró que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para ejercer el poder preferente en tanto

9. El 4 de julio de 20255, la Gobernación de Arauca consideró que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para ejercer el poder preferente en tanto lo fundamenta en un acto administrativo cuyo fundamento normativo fue derogado.

En consecuencia, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Se rvicio Civil del Consejo de Estado a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca y la Procuraduría Regional de Juzgamiento – Norte de Santander.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 327 del 16 de julio de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 18 hasta el 24 de julio de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial de 16 de julio de 20256, consta que se informó sobre el presente conflicto a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca, a la Procuraduría Regional de Juzgamiento Norte de Santander, a la Procura duría General de la Nación y a la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.

Consta en informe secretarial del 25 de julio de 2025 7 que, durante la fijación del

General de la Nación y a la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.

Consta en informe secretarial del 25 de julio de 2025 7 que, durante la fijación del edicto, la Procuraduría Regional de Juzgamiento Norte de Santander presentó alegatos y que las demás autoridades guardaron silencio.

El 26 de agosto de 2025 la magistrada ponente expidió auto de mejor proveer con el fin de confirmar los sujetos procesales y el avance de la investigación respecto a cada uno de ellos, además de confirmar si el ejercicio del poder preferente versa solo sobre el solicitante o sobre todos los investigados.

De acuerdo con el informe secretarial del 3 de septiembre de 2025 se tiene que, vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer de fecha 26 de agosto de 2025, el viceprocurador general de la Nación y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de

5 Carpeta principal 009_MemoralWeb_Respuesta-OficioHVP9112025.pdf. 6 005ED_06_INFORMECOMUNICA.pdf. 7 014ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00352.pdf.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 4 de 22

la Gobernación de Arauca, por medio de correo electrónico, presentaron consideraciones.

Por auto de mejor proveer el 26 de septiembre se le comunicó la existencia del conflicto a los sujetos procesales Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado. Esto, por cuanto en la investigación ya se expidió el pliego

conflicto a los sujetos procesales Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado. Esto, por cuanto en la investigación ya se expidió el pliego de cargos, etapa del procedimiento disciplinario en la que, entre otras, se levanta la reserva de este.

Según consta en informe secretarial del 10 de octubre de 2025, vencido el términ o concedido mediante auto para mejor proveer del 26 de septiembre de 2025, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca, por medio de correo electrónico, presentó información. El abogado Daniel Alejandro Cruz Mejía, conforme a poder especial conferido por los señores Ever Segundo Rivera Tejada, Rafael Vianey Díaz Contreras y Gladys René Machado, presentó escrito de consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander 8

En escrito de consideraciones presentado dentro del término establecido para el efecto, sustentó su reclamo de competencia con base en los argumentos que a continuación se exponen.

Manifestó que el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) es la facultad constitucional para asumir procesos disciplinarios que, en principio, corresponden a las oficinas de control disciplinario interno de las entidades del Estado.

Precisó, s in embargo, que este poder preferente no es absoluto, por lo que l a jurisprudencia ha establecido excepciones claras, especialmente por la naturaleza

Estado.

Precisó, s in embargo, que este poder preferente no es absoluto, por lo que l a jurisprudencia ha establecido excepciones claras, especialmente por la naturaleza del sujeto disciplinable o el tipo de funciones disciplinares atribuidas por la Constitución a otros órganos.

Destacó que el ejercicio del poder preferente por la PGN es excepcional y no debe ejercerse de manera arbitraria, sino por causas motivadas, como protección a derechos fundamentales, afectación al interés general o falencias en el control interno disciplinario.

8 009_MemorialWeb_Respuesta-OFICIOhvp9112025.pdf.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 5 de 22

Sobre el caso particular precisó que, el señor viceprocurador decidió, mediante auto de fecha 26 de junio de 2025, de forma expresa y motivada, autorizar dicho ejercicio, dadas las condiciones particulares del expediente.

Adujo que , en este caso , existe fundamento suficiente para ejercer el poder preferente, como quiera que resultan amenazadas las garantías procesales del disciplinado solicitante y de los demás servidores involucrados en la investigación. De manera que el ejercicio de dicho poder preferente abarca a Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado.

2. Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca 9

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán

2. Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca 9

Aunque no presentó alegatos dentro del término concedido por la Sala, se tendrán en cuenta los argume ntos expuestos en el auto del 4 de juli o de 2025 , por medio del cual propuso el conflicto de competencias.

Manifestó que, respecto de la competencia, se presenta un decaimiento del acto administrativo que desarrolla el ejercicio del poder preferente y supervigilancia administrativa en la Procuraduría General de la Nación, a saber: la Resolución 456 del 14 de septiembre 2017 , el cual se configura cuando desaparecen las condiciones de hecho o derecho que lo fundamentan, premisa que se verifica en el presente caso a partir de la derogatoria de la norma en la que se fundamenta la referida resolución, esto es, la Ley 734 de 2002.

Señaló que la Procuraduría Regional de Norte de Santander edifica el ejercicio del poder preferente en la Resolución 456 del 14 de septiembre del 2017 “Por medio de la cual se desarrollan el poder disciplinario preferente y la supervigilancia administrativa de la Proc uraduría General de la Nación, y se regula su trámite en procesos disciplinarios”, acto administrativo adjetivo fundado en los artículos 3 y 69 de la Ley 734 de 2002, normativ a que fue derogada por el artículo 265 de la Ley 1952 del 2019.

Adujo que, en el evento en que la procuraduría continúe con el ejercicio del poder preferente con sustento en una reglamentación expedida mediante un acto administrativo cuyo fundamento normativo fue derogado, estaría incurriendo en

Adujo que, en el evento en que la procuraduría continúe con el ejercicio del poder preferente con sustento en una reglamentación expedida mediante un acto administrativo cuyo fundamento normativo fue derogado, estaría incurriendo en falsa motivación por vicio de ilegalida d y en una vía de hecho, al soportar su actuación en una norma sustancial derogada , aplicando una reglamentación procedimental cuyos efectos fenecieron con ocasión a la expedición de la nueva Ley sustancial 1952 del 2019.

9 Conflicto de Competencias 20250202855-2.pdf.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 6 de 22

Respecto de las circunstancias de hecho, manifestó que se cumplió en tiempo con todo lo requerido por la Procuraduría Regional y que no es de recib o para ese despacho la consideración genérica realizada en la decisión del órgano de control, tendiente a edificar la pr ocedencia del poder preferente en el incumplimiento a los principios de transparencia y eficacia en la respuesta a los requerimiento s de la Procuraduría Regional Norte de Santander, cuando se puede evidenciar objetivamente que la administración departament al de Arauca (archivo y correspondencia) informó al procurador regional del trámite que se le había dado a la petición, y dio respuesta en el término de los 2 días concedidos.

Con lo cual, no hay lugar a la apreciación de que hubo «demora y suministro parcial de la información solicitada », luego, entonces, no se configuran los supuestos de hecho ni de derecho para que la Procuraduría Regional de Norte de Santander ejerza lo pretendido.

de la información solicitada », luego, entonces, no se configuran los supuestos de hecho ni de derecho para que la Procuraduría Regional de Norte de Santander ejerza lo pretendido.

3. Ever Segundo Rivera Tejada, Gladys René Machado y Rafael Vianey Díaz

Contreras10

En su escrito de consideraciones, actuando mediante apoderado, manifestaron que resultaba injustificado que la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario del departamento de Arauca persistiera en su interés de retener una investigación disciplinaria, donde, a su juicio, se han evidenciado distintas irregularidades que atentan contra el derecho al debido proceso de los investigados.

En relación con el ejercicio del poder preferente, señalaron que basta con observar la Resolución núm. 456 de 2017 para interpr etar que su contenido obedece a la reglamentación del artículo 277 superior, contentivo de las funciones arrogadas al procurador general de la Nación quien puede desarrollarlas por sí o por medio de sus delegadas y agentes dentro de las que se cuenta el ej ercicio del poder preferente contenido, en un primer momento, en la Ley 734 de 2002, y reproducido en la Ley 1952 de 2019 y, que en consecuencia, bien se puede afirmar que la entrada en vigencia de esta última no implica, per s é, que la referida resolución se haya expulsado del ordenamiento jurídico colombiano pues, la nueva normativa disciplinaria no eliminó la figura del poder preferente y menos aún privó a la Procuraduría General de la Nación de su ejercicio.

Por lo tanto, señalan que la competencia para ejercer el poder preferente en materia disciplinaria se encuentra vigente dentro de las funciones asignadas a la

Procuraduría General de la Nación de su ejercicio.

Por lo tanto, señalan que la competencia para ejercer el poder preferente en materia disciplinaria se encuentra vigente dentro de las funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación por mandato constitucional del artículo 277, y bajo el principio contenido en el artículo 3 de la Ley 1952 de 2019, asignado, para

10Expediente digital, archivo 37_RECIBEMEMORIAL_MEMORIALCONSEJODEEST_2_20251009125155169Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 7 de 22

el caso que concierne, a la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander, conforme al artículo 75 A, numeral 7, del Decreto 1851 de 2021.

Concluyeron, en consecuencia, que en ejercicio del poder preferente e ra procedente que la Procuraduría avo cara el conocimiento del proceso disciplinario radicado instrucción 01 -02-2023 y radicado juzgamiento 01 -03-2024 que surte trámite en la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Conviv encia Ciudadana con funciones de Juzgamiento Disciplinario del departamento de Arauca.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento que corresponde, cuando se present a un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitada entre autoridades que tengan un superior común ; situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con

disciplinaria suscitada entre autoridades que tengan un superior común ; situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca y la Pr ocuraduría Regional de Juzgamiento –Norte de Santander , no tienen un superior común.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia y, en caso de que sí, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades involucradas sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia, simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) una de las autoridades en el conflicto es del orden nacional, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) una de las autoridades en el conflicto es del orden nacional, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander, ya que se trata de un debate que surge entreRadicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 8 de 22

esa entidad y otra del nivel territorial, como es la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, pues se trata del proceso disciplinario expediente con número de radicado de la Procuraduría General de la Nación IUS E -2025-234685 IUC D-2025-402349 que corresponde al proceso disciplinario con radicado de instrucción núm. 001-0022023 y radicado de juzgamiento núm. 01 -03-2024 de la Gobernación de Arauca , iniciado en contra de Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada, Jorge Alonso Camargo Rosado, en su calidad de directivos docentes de distintos colegios del departamento de Arauca , por la presunta omisión en la rendición de cuentas del establecimiento educativo en la vigencia 2022, y iii) ambas autoridades reclamaron la competencia para adelantar la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

la competencia para adelantar la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencias se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva11.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

11 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competenci a deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 9 de 22

2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competenci a deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 9 de 22

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario en contra de Rafael Vianney Diaz Contreras, Gladys René Machado, Wilmer Antonio García Romero, Ever Segundo Rivera Tejada y Jorge Alonso Camargo Rosado, en su c alidad de directivos docentes de distintos colegios del departamento de Arauca, por la presunta omisión en la rendición de cuentas de sus establecimientos educativos en la vigencia 2022.

La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander, consideró que existe fundamento suficiente para ejercer el poder preferente y reclamar la competencia para continuar con el asunto disciplinario en mención , como quiera que aparecen amenazadas las garantías procesales del disciplinado solicitante y de los demás servidores objeto de investigación.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana con funciones de Juzgamiento en Control Disciplinario de la Gobernación de Arauca manifestó que la Procuraduría General de la Nación edifica el ejercicio de su poder preferente en la Resolución 456 del 14 de septiembre del 2017 , sobre la cual se configura el decaimiento del acto administrativo , por desaparición de su fundamento legal , en tanto es la Ley 734 de 2002 , una norma ya derogada. Por lo que considera que la competencia le corresponde a esa secretaría.

decaimiento del acto administrativo , por desaparición de su fundamento legal , en tanto es la Ley 734 de 2002 , una norma ya derogada. Por lo que considera que la competencia le corresponde a esa secretaría.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Las funciones de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración. iii) El ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Reiteración. iv) Caso concreto

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración12

La Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa13.

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. 13 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones seRadicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 10 de 22

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública14, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades15.

Como se vio, la Ley 1952 de 2019 , modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 16. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.17

5.2 La función de las oficinas de control disciplinario interno. Reiteración18

Por control disciplinario interno debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 d e 2021, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 2 7 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 16 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 17 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías

17 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a la s oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil decisión del 5 de marzo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; decisión del 29 de junio de 2022, radicación núm. 11001-0306-000-2022-00070-00Radicación 11001-03-06-000-2025-000352-00 Página 11 de 22

El artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, establece lo siguiente sobre el control disciplinario interno: