CE - Auto interlocutorio 11001030600020250036800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00368-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría

Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función que le confieren los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados respectivamente, por la Ley 2080 de 20211, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de marzo de 20172, el [J.O.C.M.E.]3 de Bogotá compulsó copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en contra de la sociedad [S.I.G.] SAS, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), por las presuntas faltas en las que pudo incurrir en el trámite del proceso ejecutivo (mixto) con radicado núm. 2012-0[…]4.

2. El 23 de agosto de 20 175, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

con radicado núm. 2012-0[…]4.

2. El 23 de agosto de 20 175, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó indagación preliminar contra la sociedad [S.I.G.] SAS, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre).

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2017y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: 4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive1297202 5320250730121645442.rar\OneDrive129-7-2025, documento: 001CUADERNOPRINCI PAL, folio: 2 3 información relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario susceptible de reserva 4 Por tratarse de información relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario susceptible de reserva, se omitirán los datos de dicho expediente. 5 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: 4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive12972025320 250730121645442.rar\OneDrive129-7-2025, documento: 001CUADERNOPRI NCIPAL, folio: 46-47.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 2 de 25

3. El 13 de junio de 20186, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó la apertura de in vestigación disciplinaria en contra de los señores [R.E.R.R.] y [M.L.G.L.] en calidad de representantes legales

de la Judicatura de Bogotá ordenó la apertura de in vestigación disciplinaria en contra de los señores [R.E.R.R.] y [M.L.G.L.] en calidad de representantes legales de la sociedad [S.I.G.] SAS, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir dentro del proceso ejecutivo (mixto) con radicado núm. 2012 -0[…], en el que actuaron como auxiliares de la justicia (secuestres).

4. El 28 de febrero de 2019 7, la mencionada autoridad formuló pliego de cargos en contra de los [R.E.R.R.] y [M.L.G.L.] como representantes legales de la sociedad

[S.I.G.] SAS.

5. El 31 de enero de 20208, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional

de la Judicatura de Bogotá resolvió:

Primero: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al señor

[R.E.R.R.], con cédula de ciudadana No. 17.194. […], en su condición de representante legal de la sociedad [S.I.G.] S.A.S (secuestre), de la imputación contenida en el pliego de cargos, y en consecuencia, SANCIONARLO con MULTA equivalente a DIEZ (10) SALARIOS mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016, e INHABILIDAD GENERAL para ejercer empleo público, función pública o prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este, por el término de DIEZ (10) ANOS [sic], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 734 de 2002. Ello, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta GRAVÍSIMA

(10) ANOS [sic], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley 734 de 2002. Ello, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta GRAVÍSIMA prevista en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, al incurrir objetivamente en la descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, consistente en peculado por uso, conforme lo considerado precedentemente.

Segundo: DISPONER que si no se impugna oportunamente el fallo, se remita al superior jerárquico en grado jurisdiccional de consulta parágrafo 1° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, respecto de la sanción.

[…]

Cuarto. ABSTENERSE de continuar con la investigación frente a la señora [M.L.G.L.], identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.772.[…], atendiendo lo expuesto en la presente decisión.

6 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive _1_2972025_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025, documento: 001CUADERNOPRI NCIPAL, folio: 110. 7 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive _1_2972025_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025, documento: 001CUADERNOPRI NCIPAL, folio: 153-168. 8 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive

NCIPAL, folio: 153-168. 8 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive _1_2972025_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025, documento: 001CUADERNOPRI NCIPAL, folio:248-270.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 3 de 25

6. Al no haberse recurrido la providencia , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en aras de surtirse el grado de consulta, no obstante, el expediente fue remitido hasta el 8 de febrero de 20219, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

7. El 31 de mayo de 202310, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en grado de consulta, decretó nulidad de lo actuado mediante providencia, en los siguientes

términos:

PRIMERO. - DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado a partir del auto del 28 de febrero de 2019, mediante el cual se profirió pliego de cargos contra el auxiliar de la justicia [R.E.R.R.], por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, dejando a salvo las pruebas legalmente recaudadas, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proverbio.

[…]

TERCERO. - DEVOLVER la actuación a la Comisión Seccional de origen para lo de su cargo.

conforme lo expuesto en la parte motiva de este proverbio.

[…]

TERCERO. - DEVOLVER la actuación a la Comisión Seccional de origen para lo de su cargo.

8. El 11 de julio de 202311, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para continuar la investigación disciplinaria en contra de [R.E.R.R.] como r epresentante legal de la sociedad [S.I.G.] SAS, en su condición de auxiliar de la justicia (s ecuestre), y ordenó remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación, por considerar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el particular disciplinable debe ser investigado por esta autoridad.

9. El 6 de marzo de 202 512, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la actuación disciplinaria en contra del señor [R.E.R.R.] y promovió conflicto negativo de competencias ante

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

9 Ello en virtud del Acuerdo PSCJA21 -11710 del 8 de enero de 2021 d el Consejo Superior de la Judicatura 10 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive _1_2972025_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025, documento: 002DECISIÓNSEG UNDAINSTANCIA, folio:7-29. 11 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive

UNDAINSTANCIA, folio:7-29. 11 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: EXPEDIENTE\4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive _1_2972025_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025, documento: 00 6AUTOREMITEP ORCOMPETENCIA 12 Información extraída del expediente núm. 110010802000202500282 correspondiente al conflicto negativo de competencias administrativas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , el cual se relaciona dentro del expediente digital 2025-368.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 4 de 25

10. El 21 de mayo de 202 513, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció respecto al presunto conflicto negativo de competencia suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Primera

Distrital de Instrucción de Bogotá y resolvió:

PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer de la presente actuación a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ a donde se remitirá inmediatamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

11. El 7 de julio de 202514, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reiteró su falta de competencia en el asunto y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia suscitado entre esa autoridad y la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá. El expediente fue remitido a la Sala el 30 de julio de 2025.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá. El expediente fue remitido a la Sala el 30 de julio de 2025.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 34115 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, contados desde el 31 de julio al 6 de agosto de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó16 sobre el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, al señor [R.E.R.R.] y al [J.O.C.M.E.] de Bogotá.

También, en informe secretarial del 8 de agosto de 202517 consta que, durante la fijación del edicto, las autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

13 Expediente digital Samai 2025 -368, Carpeta: 4_EXPEDIENTEDIGI_04OneDrive_1_2972025 _3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025\007PRONUNCIAMIENTOCNDJ11201703880 \OneDrive_1_10-6-2025, documento: 011 PROVIDENCIA

_3_20250730121645442.rar\OneDrive_1_29-7-2025\007PRONUNCIAMIENTOCNDJ11201703880 \OneDrive_1_10-6-2025, documento: 011 PROVIDENCIA 14Expediente digital Samai 2025 -368, Documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_02008AUTOPLANTEA CONF_1_20250730121644629 15 Expediente digital Samai 2025 -368, Documento: 8_POREDICTO_08Edicto_0_2025073012180 5420 16 Expediente digital Samai 2025 -368, Documento: 7_EXPEDIENTEDIGI_07Informecomunicacio _6_20250730121646786 17 Expediente digital Samai 2025 -368, Documento: 11_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20 _0_20250808091815038Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 5 de 25

Esta autoridad no presentó alegatos ; sin embargo, sus argumentos se extraen del Auto del 7 de julio de 202518, mediante el cual propuso el conflicto negativo de competencias administrativas.

En primera medida, mencionó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia, de manera expresa, se incluyeron en el régimen disciplinario de los particulares, donde también se encuentran los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Agregó que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la competencia para conocer de la acción disciplinaria, tratándose de particulares, corresponde a la Procuraduría

modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, la competencia para conocer de la acción disciplinaria, tratándose de particulares, corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías , por lo tanto, concluyó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial carece de competencia para conocer los procesos disciplinarios que comprometan la conducta de un auxiliar de la justicia.

Sostuvo que los procesos disciplinarios que se sigan contra los auxiliares de la justicia, sin importar el estado en el que se encuentren y sin consideración del régimen procedimental aplicable, deben ser conocidos por la Procuraduría General de la Nación por haberse variado la naturaleza jurídica de la acción de jurisdiccional a administrativa.

Finalmente, resaltó que, aunque la Comisión Naciona l de Disciplina Judicial , en proveído de 12 de marzo de 2025, la declaró competente para avocar el conocimiento del presente asunto disciplinario, dicha autoridad carece de competencia para dirimir conflictos de competencias entre una autoridad jurisdiccional y una autoridad administrativa.

Por lo anterior, reiteró su falta de competencia para adelantar la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia y ordenó remitir las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que dirima el presente conflicto.

2. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá

Esta autoridad no presentó alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraerán del Oficio del 6 de marzo de 202 519, en el que declaró su falta de competencia y

18 Expediente digital Samai 2025-368, Documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_02008AUTOPLANTEACO

Oficio del 6 de marzo de 202 519, en el que declaró su falta de competencia y

18 Expediente digital Samai 2025-368, Documento: 2_EXPEDIENTEDIGI_02008AUTOPLANTEACO NF_1_20250730121644629 19Información extraída del expediente núm. 110010802000202500282 correspondiente al conflicto negativo de competencias administrativas surtido ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el cual se relaciona dentro del expediente digital de Samai 2025-368.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 6 de 25

promovió el conflicto de competencias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Sostiene que si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , le otorga competencia para conocer de las investigaciones de los particulares disciplinables, esta atribución no implica que se trate de todos los particulares que ejerzan función pública, como es el caso de los auxiliares de justicia que ejercen una función de colaboración dentro de un proceso judicial, razón por la cual , afirmó que carece de competencia frente a sus actuaciones.

Adicionalmente señaló que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 no fue derogado con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, por cuanto es una norma autónoma frente a la Ley 734 de 2002, en la que se señala que , de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales les correspondía examinar la conducta de los auxiliares de la justicia.

previsto en la Constitución Política, a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales les correspondía examinar la conducta de los auxiliares de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 regula el procedimiento cuando se presente un conflicto de competencias para conocer de una actuación disciplinaria suscitado entre autoridades que tengan un superior común, situación que no es aplicable al presente caso, pues las autoridades involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pron unciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) s e encuentre en curso una actuación o asunto

competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) s e encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 7 de 25

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la queja disciplinaria en contra del señor [R.E.R.R.] representante legal de la sociedad [S.I.G.] SAS, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre); y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la C omisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 20, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente. La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los

bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional med iante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos21.

La Sala en varias oportunidades 22, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre juri sdicciones, ni un conflicto de competencias entre

20 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otras. 21 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al r especto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuest o por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no

los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala D+++isciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícit a en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 22 Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200; Decisión del 21 de junio de 2023 radicación 11001030600020230021200.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 8 de 25

autoridades que ejerzan (todas) función judicial; puesto que en tal caso sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimir el asunto, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 , numeral 11, de la Constitución Política 23, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, desde el punto de vista funcional, estos conflictos son administrativos,

función prevista en el artículo 241 , numeral 11, de la Constitución Política 23, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

De otra parte, desde el punto de vista funcional, estos conflictos son administrativos, toda vez que por los menos una de las autoridades involucradas estaría llamada a asumir competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo cual solo se puede determinar una vez la Sala asuma competencia y defina el conflicto.

Así las cosas, la Sala de Consulta ha considerado que es un imperativo constitucional y legal resolver los conflictos de competencias planteados en tales circunstancias, en atención a los mandatos de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6°, de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA. En particular, porque la indefinición respecto de la autoridad competente o la duda sobre la misma puede afectar el derecho al debido proceso de los involucrados24.

En efecto, este cuerpo colegiado ha considerado 25, en armonía con el derecho al debido proceso, que la S ala tiene competencia para dirimir este tipo de conflictos, debido a que, por disposición del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades [deben buscar] que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»26 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

De manera adicional, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º del artículo 139 del

De manera adicional, con el fin de ratificar la competencia para resolver de fondo el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes consideraciones en relación con la improcedencia de aplicar la regla de competencia del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, en el caso examinado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – en adelante CNDJen el Auto del 21 de mayo de 2025.

En efecto, es importante mencionar que las reglas del mencionado inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso no le son aplicables a la situación objeto

23 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 24 Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 25 Decisión del 22 de junio de 2006, radicación 2006-00059; Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017 -00200; Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otros 26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-00026 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-0002017-00200-00; 18 de junio de 2019 radicación 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 9 de 25

de análisis [conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación] por las razones que, a continuación, se explican:

(i) Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, que no opera como una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En efecto, en virtud de la Sentencia C-030 de 2023, las actuaciones disciplinarias de este organismo, así como sus decisiones son eminentemente administrativas27.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales, o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones. Al respecto, la norma reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que

funciones. Al respecto, la norma reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales , o entre una de estas y un juez , deber á resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Como se observa, el inciso 5° de esta norma está dirigido a establecer la autoridad competente para dirimir los conflictos entre dos autoridades administrativas que

27La Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional» de los artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de

27La Corte Constitucional en la Sentencia C -030 de 2023 declaró la inexequibilidad de las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional» de los artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que modificaron los artículos 2°, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación ya no es una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones administrativas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00368-00 Página 10 de 25

ejercen funciones jurisdiccionales o entre un juez y una autoridad administrativa que desplace a un juez en sus funciones jurisdiccionales.

De hecho, al revisar la finalidad del citado artículo 139, debe tenerse en cuenta que el mismo forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no e stén regulados expresamente en otras leyes»28.

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del libro segundo, sección II, título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

competencia (capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, re