CE - Auto interlocutorio 11001030600020250037100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Álzate

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00371-00

Referencia: conflicto negativo de competencias Partes: ESE Hospital Kennedy de R iofrío (Valle del Cauca), departamento del Valle del Cauca, y Ministerio

de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.° , de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. La ESE Hospital Kennedy de R iofrío (Valle del Cauca) , en calidad de entidad certificadora, expidió el certificado CETIL núm. 202406891900732000250001 del 27 de junio de 2024, correspondiente al señor Carlos Julio Orrego Aristizábal en el que indicó: i) que estuvo vinculado a esa institución , como odontólogo, desde el 1 de septiembre de 1988 y hasta el 31 de agosto de 1989 ; (ii) que no se le hicieron los

indicó: i) que estuvo vinculado a esa institución , como odontólogo, desde el 1 de septiembre de 1988 y hasta el 31 de agosto de 1989 ; (ii) que no se le hicieron los descuentos por seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y (iii) que la entidad responsable por dicho periodo era el departamento del Valle del Cauca.

2. El 12 de junio de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de Porvenir SA, emitió documental en la que registró que la «NACIÓN NO PARTICIPA EN EL BONO PENSIONAL» y refirió que el emisor debía ser el departamento del

Valle del Cauca.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto núm. 11001-03-06-000-2024-00371-00Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 2 de 29

3. El 18 de junio de 2025, mediante correo electrónico, Porvenir SA le solicitó a l departamento del Valle del Cauca la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional tipo A, a favor del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal por el periodo laboral atrás aludido.

departamento del Valle del Cauca la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional tipo A, a favor del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal por el periodo laboral atrás aludido.

4. El 10 de julio de 2025, el departamento del Valle del Cauca, mediante Resolución núm. 1433, objetó la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal, porque, en su concepto, «el reconocimiento, emisión y expedición del bono pensional debe ser realizado por la institución donde laboró».

5. El 4 de agosto de 2025, la ESE Hospital Kennedy de R iofrío (Valle del Cauca), planteó conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil para que se determine cu ál es la autoridad que le corresponde estudiar el reconocimiento y pago del bono pensional del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1988 y hasta el 31 de agosto de 1989.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó , en la Secretaría de la Sala, el edicto núm. 344, del 5 de agosto de 2025, por el término de 5 días hábiles (de sde el 8 hasta el 14 de agosto de 2025) para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto4. En el expediente consta en, informe secretarial del 5 de agosto de 2025, que se

autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto4. En el expediente consta en, informe secretarial del 5 de agosto de 2025, que se comunicó el presente conflicto de competencias y se informó sobre la fijación del edicto a la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle de Cauca) y a su apoderado Álvaro Satizabal Santos; al departamento del Valle del Cauca, a Porvenir SA , a la Unidad de Pasivo Pensional de la Gobernación del Valle del Cauca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al señor Carlos Julio Orrego Aristizábal5. De acuerdo con el informe secretarial del 15 de agosto de 2025, dentro del término de fijación del edicto, se presentaron alegatos o consideraciones por parte de la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del departamento del Valle del Cauca 6. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. El consejero ponente, mediante auto del 18 de septiembre del año en curso7, ordenó oficiar a la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca) y al departamento

4SAMAI. Actuación núm.8. POREDICTO_06__Edicto_0_20250805105857206

5SAMAI. Actuación núm.13. EXPEDIENTEDIGI_07_INFORMEDECOMUNICA

6 SAMAI. Actuación 34. ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20_0_20250815085448743

5SAMAI. Actuación núm.13. EXPEDIENTEDIGI_07_INFORMEDECOMUNICA

6 SAMAI. Actuación 34. ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20_0_20250815085448743 7SAMAI. Actuación núm. 41. Autoparamejor_AutodemejorproveerCC (.pdf)Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 3 de 29

del Valle del Cauca , para que informaran cuál era la naturaleza jurídica de la institución hospitalaria en el periodo en el cual el señor Carlos Julio Orrego Aristizábal prestó sus servicios , y remitieran los actos de transformación del mencionado hospital desde su fundación y la fecha en la cual adquirió la naturaleza jurídica de empresa social del Estado. En el mismo auto, se dispuso oficiar a Porvenir SA para que remitiera las reclamaciones que hubiera elevado en relación con el bono pensional del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal; y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que allegara la respuesta que hubiera dado frente a cualquier reclamación vinculada con el bono pensional del trabajador inmediatamente aludido, por el tiempo de servicios prestado en el antiguo Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca), entre el 1 de septiembre de 1988 y el 31 de agosto de 1989.

Según informe secretarial del 26 de septiembre de 20258, la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca), se pronunció y allegó la información requerida, mientras que las demás entidades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

de Riofrío (Valle del Cauca), se pronunció y allegó la información requerida, mientras que las demás entidades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca)9

Manifestó que Carlos Julio Orrego Aristizábal, laboró en esa institución entre el 1 de septiembre de 1988 y el 31 de agosto de 1989, sin que se realizaran aportes por «la cuota parte del bono pensional que reclama Porvenir SA », por lo tanto el responsable, en su criterio, era el departamento del Valle del Cauca. Refirió que no debía sufragar la cuota parte del bono pensional, pues exist ía un contrato de concurrencia, con modificaciones y aclaraciones.

Mencionó que el trámite deb ía adelantarse ante el departamento del Valle del Cauca, sumado a que en virtud del contrato de concurrencia 01274 de 1997, la obligación se hallaba en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con la entidad territorial.

3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público10

Afirmó que, Carlos Julio Orrego Aristizábal «quedó inscrito como BENEFICIARIO RETIRADO», por eso su situación se encontraba regulada por lo consagrado en el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993, por ende, en estos eventos no se calculó una reserva pensional para financiar el pasivo de quienes fueron registrados como retirados, porque era un pasivo incierto.

8SAMAI. Actuación núm. 46_INFORMESECRETA_20250371INFORMESECRE

en estos eventos no se calculó una reserva pensional para financiar el pasivo de quienes fueron registrados como retirados, porque era un pasivo incierto.

8SAMAI. Actuación núm. 46_INFORMESECRETA_20250371INFORMESECRE

9SAMAI. Actuación núm. 13. 110010306000202500371002MemorialWeb2025811155116 10 SAMAI. Actuación núm. 20.1100103060002025500371002MemorialWebRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 4 de 29

Anotó que, al no incluirse el pasivo correspondiente a los beneficiarios retirados , «serán los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo» en los términos del inciso quinto del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, mientras que, para el caso de la Nación y las entidades territoriales, la obligación solo surgía con la suscripción de contratos de concurrencia.

Señaló, que el hospital que fungió como empleador era el encargado de pagar el bono pensional o la cuota parte hasta que se suscrib iera un nuevo contrato que financie al personal retirado a 31 de diciembre de 1993, para que de esta forma al trabajador no le fueran vulnerados sus derechos. Para soportar la anterior tesis, acudió al artículo 42 del Decreto 1748 de 1995.

Afirmó que, esa cartera ministerial, en cumplimiento de las obligaciones legales y las derivadas del convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001, giró los recursos de acuerdo con los parámetros consagrados en la concurrencia,

Afirmó que, esa cartera ministerial, en cumplimiento de las obligaciones legales y las derivadas del convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001, giró los recursos de acuerdo con los parámetros consagrados en la concurrencia, pero ello fue para los «beneficiarios Activos y Jubilados», mas no para los retirados.

Refirió que, con los recursos de los contratos de concurrencia, solo se podía pagar mesadas pensionales de los «beneficiarios certificados como jubilados y el pago de los bonos pensionales de los certificados como activos, es decir, a los funcionarios vinculados a la institución de salud a corte de diciembre de 1993», pero como en la situación bajo análisis, como el trabajador quedó reportado como beneficiario retirado, no era posible usar los recursos del aludido contrato.

3.3. Departamento del Valle del Cauca

Indicó que, «para el personal RETIRADO no se debe colocar al Departamento del Valle del Cauca como responsable, dicho periodo debe ser asumido por el Hospital, hasta el momento en que se suscriba el contrato de concurrencia».

Adujo que , para establecer la responsabilidad frente al bono pensional, debía tenerse presente que la Ley 60 de 1993, en su artículo 33, creó el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud, para garantizar el pago de las deudas por cesantía, reservas para pensiones y pensiones de jubilación causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993. Agregó que las entidades del sector salud debían seguir presupuestando y pagando el auxilio de cesantía y las pensiones hasta qu e se realizara el corte de cuentas y se estableciera la concurrencia de cada entidad territorial.

las entidades del sector salud debían seguir presupuestando y pagando el auxilio de cesantía y las pensiones hasta qu e se realizara el corte de cuentas y se estableciera la concurrencia de cada entidad territorial.

Manifestó que , el señor Carlos Julio Orrego Aristizábal, ostentó la calidad de retirado, «por lo que la ESE cuando haya reportado a un ciudadano como retirado del Pasivo Prestacional del Sector Salud, le corresponde a dicha entidad el pago de la obligación pensional, si bien es cierto que fueron relacionados en la certificación del pasivo prestacional, no se apropió [sic] recursos para su financiación bajo la teoría que correspondía a un pasivo INCIERTO».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 5 de 29

Esgrimió que, a la fecha no se han firmado los contratos de concurrencia, por eso debía aplicarse lo ordenado en el artículo 2.12.4.4.4, parágrafo 2° del Decreto 586 de 2017, que consagró que en aquellos eventos en que no existiera el mencionado contrato, ni corte de c uentas, se debía dar aplicación al artículo 242 de la Ley 100 de 1993, que dispuso que las entidades de salud continuarían «presupuestando y pagando las cesantías y pensiones».

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la

administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional , mientras que la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca) y el departamento del Valle del Cauca , son del orden territorial; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1988 y el 31 de agosto de 1989, tiempo en el que laboró para el antiguo Hospital Kennedy de Riofrío Valle (Valle del Cauca) ; y iii) todas las autoridades en conflicto negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

4.2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que,

competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

4.2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva11.

4.3. Aclaración previa

11 Este mandato es armónico con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 6 de 29

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4.4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados, en el presente asunto , le

y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4.4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados, en el presente asunto , le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional , presentada por Porvenir S.A., en representación del señor Carlos Julio Orrego Aristizábal por el tiempo que laboró en el antiguo Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca) , en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1988 y al 31 de agosto de 1989.

El conflicto surg ió porque la ESE Hospital Kennedy de Riofrío (Valle del Cauca) consideró que el competente para liquidar y pagar el bono pensional es el departamento del Valle del Cauca, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en virtud del contrato de concurrencia 01274 de 1997 , mientras que la entidad territorial aseveró que no era competente, pues no existía contrato de concurrencia.

El departamento del Valle del Cauca, sontiene que no existía contrato de concurrencia, en consecuencia , la institución hospitalaria debía continuar «presupuestando y pagando las cesantías y pensiones », pues «para el personal RETIRADO no se debe colocar al Departamento […] como responsable, dicho periodo debe ser asumido por el Hospital, hasta el momento en que se suscriba el contrato de concurrencia».

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público argumentó que aunque se habían suscrito contratos de concurrencia, con cargo a los recursos allí contemplados, solo se podía sufragar mesadas pensionales de los «beneficiarios certificados como

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público argumentó que aunque se habían suscrito contratos de concurrencia, con cargo a los recursos allí contemplados, solo se podía sufragar mesadas pensionales de los «beneficiarios certificados como jubilados y el pago de los bonos pensionales de los certificados como activos, es decir, a los funcionarios vinculados a la institución de salud a corte de diciembre de 1993», pero como en la situación bajo análisis el señor Carlos Julio Orrego Aristizábal quedó reportado como beneficiario retirado, no estaba cobijado por el mismo, en consecuencia la responsabilidad se hallaba en cabeza de la empleadora.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 7 de 29

1. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) El caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1 Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración12

Decreto Ley 2470 de 196813

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema 14, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local (i) con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales, y (ii) con la asignación de los recursos y la función de ejecución de los programas de salud.

La Ley 9ª de 197315

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá. También dispuso elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de l 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-2019-00041-00 y decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 1100103-06-000-2019-00213-00. 13 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».

03-06-000-2019-00213-00. 13 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 14 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio.//Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 15 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 8 de 29

prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma , en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197516

De igual forma , en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197516

El artículo 1° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica al sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local, y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional.

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud. Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud.

Frente al nivel seccional17, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: (i) formular los planes y

regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: (i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; (ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; (iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y (iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

16 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones». 17 El Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 9 de 29

5.2 El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración18

Como lo señaló la Sala en otra oportunidad 19, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud.

Ley 10 de 199020

1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud.

Ley 10 de 199020

Esta ley dispuso lo siguiente:

(i) La salud seguía siendo un servicio a cargo de la Nación administrado en asocio de las entidades territoriales, sus entes descentralizados y las personas privadas autorizadas (artículo 1º);

(ii) Definió el sistema en torno a los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación;

(iii) Señaló que lo conformaban «el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como, también, en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud»;

(iv) Sujetó las organizaciones locales y seccionales de salud, que autónomamente establecieran las entidades territoriales, «a las normas científicas para el control de los factores de riesgo para la salud» que dictara el Ministerio de Salud;

(v) Ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00.

el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 20 Ley 10 de 1990 (enero 10 ) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00371-00 Página 10 de 29

y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados . De igual forma, previó la prestación de servicios de atención médica por la Nación.

intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados . De igual forma, previó la prestación de servicios de atención médica por la Nación.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 21, que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, para lo cual:

(i) Definió los servicios y las competencias en temas de salud a cargo de las entidades territoriales y de la Nación;

(ii) Estableció las reglas para que los departamentos, los distritos y los municipios asumieran las funciones de dirección y administración del servicio de salud, así como su prestación directa;

(iii) Adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial en materia salarial y prestacional;

(iv) En especial, estableció