CE - Auto interlocutorio 11001030600020250037500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de 2025

Número único: 11001 03 06 000 2025 00375 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Superintendencia de Notariado y Registro, Departamento

Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Asunto: autoridad competente para responder una petición

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados, respectivamente, por los artículos 2 .° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación que consta en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 2 de julio de 2025, el señor Luis Guillermo Pérez Pérez, en representación de la entidad sin ánimo de lucro Little Guardians Foundation, presentó ante la Superintendencia de Notariado y Registro una « [solicitud de informe estadístico detallado sobre inconsistencias en la actualización catastral a nivel nacional ]»3. La petición tenía como propósito «obtener un informe estadístico exhaustivo relacionado con las irregularidades detectadas en los procesos de actualización catastral adelantados por gestores catastrales a nivel nacional desde 2020 hasta la fecha».

petición tenía como propósito «obtener un informe estadístico exhaustivo relacionado con las irregularidades detectadas en los procesos de actualización catastral adelantados por gestores catastrales a nivel nacional desde 2020 hasta la fecha».

En concreto, requirió lo siguiente:

[…] En virtud de esta detallada normativa, solicitamos de manera puntual y técnica:

1. DATOS GENERALES DEL INFORME ESTADÍSTICO:

• Número total de irregularidades detectadas desde 2020.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250037500 que reposa en SAMAI. 3 Texto original en mayúscula sostenida.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 2 de 24

• Distribución anual y territorial específica por municipios y departamentos afectados.

2. CLASIFICACIÓN DETALLADA DE IRREGULARIDADES:

• Desglose cuantitativo y cualitativo de errores materiales, metodológicos, fraudes de asignación de estratos, duplicidades, modificaciones injustificadas en avalúos y variaciones extremas.

3. ESTADÍSTICAS TÉCNICAS PROFUNDIZADAS:

• Indicadores estadísticos detallados como promedio y desviación estándar de las variaciones catastrales por municipio.

• Distribución específica del número de predios afectados por incrementos

• Indicadores estadísticos detallados como promedio y desviación estándar de las variaciones catastrales por municipio.

• Distribución específica del número de predios afectados por incrementos extremos (>100%, 500%, 1000%, 10,000%) y decrementos significativos (>50%,

90%).

• Relación técnica entre variaciones del avalúo, área física y estrato socioeconómico.

4. RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y ACCIONES CORRECTIVAS:

• Estadísticas sobre auditorías ejecutadas, gestores auditados con irregularidades identificadas y acciones correctivas implementadas (multas, sanciones administrativas, revocaciones).

• Listado exhaustivo y detallado de gestores catastrales sancionados, incluyendo razón social, NIT, ubicación, naturaleza específica de irregularidad y sanción aplicada.

5. REPRESENTACIÓN GEOESPACIAL Y VISUAL:

• Mapas interactivos que faciliten la visualización de los municipios con mayores irregularidades.

• Gráficas que permitan análisis comparativo visual de las variaciones promedio del avalúo catastral por municipio.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO TEMPORAL Y TERRITORIAL:

• Estudio evolutivo anual de irregularidades detectadas.

• Comparativa territorial entre municipios y gestores catastrales públicos y privados.

7. DATOS DETALLADOS SOBRE RECLAMOS CIUDADANOS:

• Información precisa sobre cantidad total de reclamos presentados.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 3 de 24

• Resultados y estadísticas sobre la efectividad en la resolución favorable de estos reclamos para los contribuyentes.

• Resultados y estadísticas sobre la efectividad en la resolución favorable de estos reclamos para los contribuyentes.

8. Adicionalmente, se solicita:

• Copia integral de todos los actos administrativos que han dado inicio formal a procesos de investigación contra gestores catastrales a nivel nacional.

• Un concepto técnico oficial por parte de la Superintendencia, sobre el alcance o aplicación de la normativa catastral vigente en Colombia, enfatizando en su viabilidad y pertinencia en relación con la tributación justa y equitativa de los ciudadanos, con siderando especialmente aspectos socioeconómicos y condiciones específicas de las zonas actualizadas.

2. El 29 de julio de 2025, a través de radicado SRD-200 SNR2025EE-165037-01, la Superintendencia de Notariado y Registro dio respuesta a la petición del señor Luis Guillermo Pérez Pérez, frente a lo solicitado en los numerales 4 y 8.

El 29 de julio de 2025, mediante oficio 202510056569, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, le informó al ciudadano que había remitido por competencia las solicitudes planteadas en lo s numerales 1, 2 y 7, a la Superintendencia de Notariado y Registro y los puntos 3, 5, y 6 al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

3. El señor Luis Guillermo Pérez Pérez interpuso acción de tutela por considerar que la Superintendencia de Notariado y Registro había vulnerado su derecho fundamental de petición al responder parcialmente.

4. A través de sentencia de tutela de primera instancia, el 5 de agosto de 2025, el

que la Superintendencia de Notariado y Registro había vulnerado su derecho fundamental de petición al responder parcialmente.

4. A través de sentencia de tutela de primera instancia, el 5 de agosto de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal declaró la carencia actual de objeto por hecho superado parcial de la violación al derecho fundamental de petición del demandante por p arte de la Superintendencia de Notariado y Registro , en relación a los puntos 4 y 8 de la solicitud de fecha 2 de julio de 2025 y, por tanto, frente a estos, negó su protección.

Asimismo, tuteló el derecho fundamental del accionante, respecto de los demás numerales de la petición, ordenando lo siguiente:

a. Al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA “DANE” que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, adecué [sic] el trámite impartido a la petición del señor LUIS GUILLERMO PÉREZ PÉREZ remitida por competencia por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO el 24 de julio de 2025 y, en consecuencia, proponga el conflicto negativo de competencias conforme a lo normado por el artículo 39 del CPACA.

b. Una vez resuelto el conflicto de competencias negativo entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA “DANE” y laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 4 de 24

“SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO”, la entidad competente, deberá resolver la petición o puntos a su cargo, dentro del término señalado en el artículo 14 ibidem.

CUARTO: EXHORTAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI “IGAC” para que en caso que determine que la petición del demandante que le fuera remitida o alguno de sus puntos no son de su competencia, se abstenga de devolverlos a las entidades que le dieron tr aslado, y en su lugar proponga en conflicto negativo de competencias. En todo caso, emita respuesta oportuna, de fondo, coherente e integral con lo peticionado, y la ponga en conocimiento del interesado.

Del acápite de la actuación procesal de la citada decisión de tutela, se extrae que la Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las pretensiones de la acción de tutela por considerar que sus competencias y funciones giran alrededor de la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los notarios y registradores de instrumentos públicos , así como sobre la orientación, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, conforme a lo normado por el Decreto 2723 de 2014.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE se opuso a la acción de tutela al manifestar que no ha bía vulnerado el derecho fundamental de petición, pues su rol en la política de catastro multipropósito es de carácter general y de articulación con otras políticas públicas como la reforma rural integral, el ordenamiento territorial, entre otras. Por consiguiente, la responsabilidad

fundamental de petición, pues su rol en la política de catastro multipropósito es de carácter general y de articulación con otras políticas públicas como la reforma rural integral, el ordenamiento territorial, entre otras. Por consiguiente, la responsabilidad sobre la gestión catastral de forma específica recae en el «IGAC» y los gestores catastrales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 2294 de 2023.

A su turno, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC se opuso a la acción de tutela, pues no desatendió ningún requerimiento y tampoco incurrió en mora en la respuesta.

6. A través de oficio radicado 202510061585 del 8 de agosto de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE promovió conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, par a que se resuelva el conflicto de competencias presentado entre esa autoridad y la Superintendencia de Notariado y Registro frente a la autoridad competente para resolver las solicitudes planteadas en los numerales 1, 2, 6 y 74.

4 Así, en el escrito de solicitud de resolución de conflicto , se indica: «Asunto: Artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Se promueve conflicto de competencia administrativa negativo – Entre la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR y Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para determinar la Entidad competente de dar respuesta a las solicitudes 1, 2, 6 y 7 formuladas por el Se ñor Luis Guillermo P érez P érez en representaci ón de Little Guardians Foundation, relacioandas con irregularidades detectadas en los procesos de actualizaci ón catastral

y 7 formuladas por el Se ñor Luis Guillermo P érez P érez en representaci ón de Little Guardians Foundation, relacioandas con irregularidades detectadas en los procesos de actualizaci ón catastral adelantados por gestores catastrales a nivel nacional desde 2020 hasta la fecha. […] PETICIÓN […] «Se resuelva el conflicto de competencias administrativas negativo, precisando que laRadicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 5 de 24

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 .° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 348 del 12 de agosto de 2025 en la Secretaría de la Sala de Consulta por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, al señor Luis Guillermo Pérez Pérez, a Little Guardians Foundation, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala según la cual, durante la fijación del edicto, las autoridades en conflicto y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante auto para mejor proveer del 3 de octubre del 2025, el despacho ponente requirió información a las autoridades involucradas, a fin de contar con información

edicto, las autoridades en conflicto y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante auto para mejor proveer del 3 de octubre del 2025, el despacho ponente requirió información a las autoridades involucradas, a fin de contar con información suficiente para la resolución del conflicto planteado ; adicionalmente, se vinculó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Según consta en informe secretarial del 16 de octubre de 2025, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC presentaron consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Superintendencia de Notariado y Registro

A través de escrito de alegatos del 15 de octubre de 2025, la Superintendencia de Notariado y Registro (en adelante SNR) manifestó que, conforme al Decreto 2335 del 2023, el DANE es el organismo rector del sistema estadístico nacional y tiene a su cargo la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas oficiales de carácter económico, social y territorial.

También indicó que, de acuerdo con el Decreto 2723 de 2014, la SNR ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación de los servicios públicos registral y notarial, y sobre los gestores catastrales. Sin embargo, no tiene

Superintendencia de Notariado y Registro – SNR es la Entidad competente para resolverle las peticiones 1, 2, 6 y 7 de la solicitud formulada el 2 de julio de 2025 por el Señor Luis Guillermo Pérez

Superintendencia de Notariado y Registro – SNR es la Entidad competente para resolverle las peticiones 1, 2, 6 y 7 de la solicitud formulada el 2 de julio de 2025 por el Señor Luis Guillermo Pérez Pérez en representación de Little Guardians Foundation».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 6 de 24

a su cargo la generación de información estadística nacional ni la consolidación de bases de datos cuantitativas de carácter comparativo o metodológico.

Finalmente, solicitó que se declare que la autoridad competente para responder los puntos de la solicitud elevada por el señor Luis Guillermo Pérez Pérez es el DANE.

2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

A través de escrito del 15 de octubre de 2025, solicitó que se tuvieran en cuenta las consideraciones presentadas en el escrito del 8 de agosto de 2025, mediante el cual propuso el conflicto de competencias a la Sala. Así, en este último, la entidad señaló que:

1. La Ley 1955 de 2019 define los intervinientes en la Gestión Catastral del país. Así, otorga al IGAC la calidad de máxima autoridad catastral y califica a los gestores catastrales como entes territoriales y esquemas asociativos habilitados por el IGAC para la prestación del servicio público catastral.

1. El IGAC tiene la función de gestionar y custodiar la información catastral con miras a su producción, mantenimiento y difusión.

1. Por su parte, corresponde a la SNR ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a gestores, operadores y usuarios del servicio. Lo anterior, incluye el

a su producción, mantenimiento y difusión.

1. Por su parte, corresponde a la SNR ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a gestores, operadores y usuarios del servicio. Lo anterior, incluye el ejercicio de funciones asociadas a la observancia del cumplimiento del régimen de infracciones en la prestación del servicio público de gestión catastral.

En línea con lo anterior, solicita declarar competente a la SNR, pues esta:

[Es] miembro del SEN en virtud del literal b) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 2335 de 2023 y en tal condición le corresponde llevar las estadísticas a que haya lugar relacionadas con los temas a su cargo, que, para el caso que nos ocupa, correspondería llevar aquellas relacionadas con sus competencias, y como mínimo disponer de la información propias de sus funciones de inspección, vigilancia y control de la gestión Catastral, puntalmente sobre información de irregularidades detectadas en la prestaci ón del servicio público catastral nacional, incluyendo su distribución anual y territorial por municipios, departamentos y gestores catastrales, el desglose cuantitativo y cualitativo de los tipos de irregularidades (errores materiales, metodológicos, frau des de asignación de estratos, duplicidades, variaciones injustificadas en avalúos catastrales, entre otras), así como la información detallada sobre el volumen de reclamos presentados por la ciudadanía y la efectividad en su resolución.

3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

En la respuesta al auto para mejor proveer emitido el 3 de octubre de 2025 , el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) manifestó que no cumple

3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

En la respuesta al auto para mejor proveer emitido el 3 de octubre de 2025 , el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) manifestó que no cumple funciones de inspección, vigilancia y control sobre los gestores catastrales. A suRadicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 7 de 24

juicio, esta función se encuentra a cargo de la SNR, con fundamento en los artículos 81, 82 y 79 de la Ley 1955 de 2019, este último modificado por el artículo 43 de la Ley 2294 de 2023.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) las tres autoridades en conflicto son del orden nacional; estas son la

rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) las tres autoridades en conflicto son del orden nacional; estas son la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; ii) el conflicto recae sobre un asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta, esto es, la respuesta a los puntos 1, 2, 6 y 7 de la petición del 2 de julio de 2025 realizada por el señor Luis Guillermo Pérez Pérez; y iii) las tres entidades negaron su competencia para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , con su modificación, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión. Así se declarará en la parte resolutiva5.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales

5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que, el ejercicio de funciones administrativas por parte de autoridades carentes

5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que, el ejercicio de funciones administrativas por parte de autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 8 de 24

alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para responder los interrogantes 1, 2, 6 y 7 contenidos en la petición realizada el 2 de julio de 2025 por el señor Luis Guillermo Pérez Pérez, representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Little Guardians Foundation , relativa a la «solicitud de informe estadístico detallado sobre inconsistencias en la actualización catastral a nivel nacional»6.

El conflicto surge porque, a juicio del DANE, la SNR es la entidad competente para atender la petición, en atención a su calidad de miembro del Sistema Estadístico Nacional, que le permite producir estadísticas oficiales.

Por su parte, la SNR considera que, en virtud del artículo 2335 de 2023, el DANE es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo el

Nacional, que le permite producir estadísticas oficiales.

Por su parte, la SNR considera que, en virtud del artículo 2335 de 2023, el DANE es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo el procesamiento, análisis y difusión de estadísticas oficiales de carácter económico, demográfico, social y territorial.

Finalmente, el IGAC alega que no cumple funciones de inspección, vigilancia y control sobre los gestores catastrales. A su juicio, esta función se encuentra a cargo de la SNR, con fundamento en los artículos 81, 82 y 79 de la Ley 1955 de 2019, este último modificado por el artículo 43 de la Ley 2294 de 2023.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes aspectos:

1. Finalidad y objeto del derecho fundamental de petición. Reiteración; ii) La gestión catastral; iii) La Ley 2335 de 2023: Por la cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país; iv) Departamento Nacional de Estadística (DANE): Objeto y funciones. Reiteración; v) La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR): Objeto y funciones; vi) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) , creación y funciones.

Reiteración; vii) Caso concreto.

6 El conflicto de competencias se centra en las preguntas 1, 2, 6 y 7, pues fue únicamente frente a estos interrogantes que la Superintendencia de Notariado y Registro solicitó que se resolviera el conflicto.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 9 de 24

estos interrogantes que la Superintendencia de Notariado y Registro solicitó que se resolviera el conflicto.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 9 de 24

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Finalidad y objeto del derecho fundamental de petición. Reiteración7

El derecho fundamental de petición es una garantía constitucional de aplicación inmediata, tal como lo concibe y regula el artículo 23 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 85 ibidem. Este derecho consiste en la facultad que toda persona tiene para presentar peticiones ante las autoridades y obtener de estas pronta y adecuada respuesta. Sus titulares son todas las personas (naturales o jurídicas, mayores o menores de edad, nacionales o extrajeras), y sus destinatarios son todas las autoridades públicas, aunque también pueden serlo algunas organizaciones privadas, para garantizar los derechos fundamentales8.

El derecho fundamental constitucional de petición se encuentra desarrollado en el Título II de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley (estatutaria) 1755 de 2015, expedida en cumplimiento de lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-818 del 1 de noviembre de 2011.

El derecho de petición fue concebido como un instrumento expedito y eficaz, para que las personas puedan acudir, verbalmente o por escrito, ante la Administración o los particulares, según el caso, para solicitar el reconocimiento de un derecho; la resolución de una situación jurídica; la prestación de un servicio; el suministro de

que las personas puedan acudir, verbalmente o por escrito, ante la Administración o los particulares, según el caso, para solicitar el reconocimiento de un derecho; la resolución de una situación jurídica; la prestación de un servicio; el suministro de información; la consulta, examen u obtención de copias de documentos públicos; la formulación de consultas; la presentación de quejas, denuncias o reclamos, y la interposición de recursos, entre otros fines.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad o el particular competente tienen la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la petición, aun cuando esta no resulte positiva o favorable al destinatario.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado9:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría

7 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 21 de noviembre de 2023, radicado núm. 11001-0306-000-2023-00457-00, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 2 de abril de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00538-00. 8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 23 de febrero de 2022, radicación

núm. 11001-03-06-000-2024-00538-00. 8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 23 de febrero de 2022, radicación 11001-03-06-000-2021-00183-00; Decisión del 22 de julio de 20 20, radicación 11001-03-06-0002020-00154-00 y Concepto 2243 del 28 de enero de 2015. 9 Sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00375 00 Página 10 de 24

la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. […]. [Subrayas del original].

Con respecto al plazo que tienen las autoridades para dar respuesta a las solicitudes formuladas en virtud del derecho de petición, vale la pena precisar que la ley no establece un término único, sino plazos diferenciales, en atención al objeto de la

Con respecto al plazo que tienen las autoridades para dar respuesta a las solicitudes formuladas en virtud del derecho de petición, vale la pena precisar que la ley no establece un término único, sino plazos diferenciales, en atención al objeto de la petición. Así, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, tal como fue sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, preceptúa:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Igualmente, es importante tener en cuenta que el artículo 4° de Ley 1437 de 2011 establece que las actuaciones administrativas pueden iniciarse por quienes ejercen el derecho de pe