CE - Auto interlocutorio 11001030600020250037600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 1° de octubre de 2025

Número único: 11001-03-06-000-2025-00376-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Defensoría de Familia - Centro Zonal Villeta – Regional Cundinamarca y Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta (Cundinamarca).

Asunto: autoridad competente para resolver de fondo la situación jurídica de una menor de edad con ocasión a la declaratoria de nulidad del proceso por parte del juez. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados, respectivamente, por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante auto del 6 de junio de 20191, la Comisaría de Familia de Palocabildo

(Tolima) abrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante PARD) en favor de la menor de edad [T.S.A.G.]2, y adoptó como medida provisional de restablecimiento de sus derechos la ubicación en hogar sustituto.

(Tolima) abrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante PARD) en favor de la menor de edad [T.S.A.G.]2, y adoptó como medida provisional de restablecimiento de sus derechos la ubicación en hogar sustituto.

2. Mediante auto del 29 de agosto de 2019 3, la Comisaría de Familia de Palocabildo (Tolima) llevó a cabo la «audiencia de pruebas y fallo» dentro del PARD,

en la que resolvió:

PRIMERO: Restablecer los Derechos Fundamentales de la niña T.S.A.G. […].

1 Expediente digital, archivo «004ED_04_AutoDecretaNulida.pdf», folios 52 a 54. 2 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares 3 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 77 a 88.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 2 de 31

SEGUNDO: Ordenar como medida de protección en favor de la niña T.S.A.G., la consistente en LA ADOPCIÓN (CONCEPTO PARA DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 numeral 5 y artículo 61 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.

TERCERO: para el cumplimiento de la medida ordenada en el numeral segundo de la presente, remítase el expediente del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la niña T.S.A.G., al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Honda Tolima, para que el Defensor de Familia continúe con el trámite,

presente, remítase el expediente del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la niña T.S.A.G., al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Honda Tolima, para que el Defensor de Familia continúe con el trámite, una vez en firme la presente providencia.

3. Mediante auto de l 26 de septiembre de 2019 4, la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Honda – Regional Tolima indicó que el PARD «no se encuentra dentro de los parámetros exigidos por la ley [sic] 1878 de 2019», y dispuso el «envío de la historia de atención a la comisaria [sic] de familia de PALOCABILDO para que subsane, corrija las falencias evidenciadas».

4. El 27 de febrero de 20205, mediante oficio nro. 051, la Comisaría de Familia de Palocabildo (Tolima) remitió, nuevamente, el PARD adelantado en favor de la niña

[T.S.A.G.] a la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Honda – Regional Tolima, «con el objetivo de que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 1878 de 2018».

5. Mediante auto de l 9 de marzo de 2020 6, la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Honda – Regional Tolima señaló que la Comisaría de Familia de Palocabildo (Tolima) no realizó «las actuaciones descritas en el auto de fecha 26 de septiembre de 2019 de la suscrita defensora» y , en consecuencia, dispuso el «envío

Palocabildo (Tolima) no realizó «las actuaciones descritas en el auto de fecha 26 de septiembre de 2019 de la suscrita defensora» y , en consecuencia, dispuso el «envío de la historia de atención a la JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DE HONDA – TOLIMA7 para que adopte la decisión que en derecho corresponde».

6. El 13 de mayo de 2020 8, mediante oficio nro. 195, el Juzgado Promiscuo Municipal de Falan (Tolima) manifestó su falta de competencia para conocer «la petición de nulidad », y ordenó el envío de esta al Juzgado Promiscuo Municipal de

Palocabildo (Tolima).

4 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 98 a 99. 5 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 128. 6 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 130 a 131. 7 En este punto, es pertinente mencionar que al revisar el expediente contentivo del PARD no se encontró la constancia de envío ni recibido del Juzgado Promiscuo de Familia de Honda ni una actuación por parte de este; por el contrario, obra una actuación del Juzgado Promiscuo Municipal de Falan (Tolima). 8 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 140Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 3 de 31

7. Mediante auto de l 24 de mayo de 202 39, el Juzgado Promiscuo Municipal de Palocabildo (Tolima) manifestó que «por error involuntario [sic] en su ubicación digital

7. Mediante auto de l 24 de mayo de 202 39, el Juzgado Promiscuo Municipal de Palocabildo (Tolima) manifestó que «por error involuntario [sic] en su ubicación digital este Juzgado omitió dictar la decisión de nulidad respectiva dentro del término otorgado por el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006» . En consecuencia, decretó la perdida de competencia para conocer del PARD y dispuso su remisión al Juzgado

Promiscuo Municipal de Falan (Tolima).

8. Mediante auto del 8 de noviembre de 202310, el Juzgado Promiscuo Municipal de Falan (Tolima) declaró «la nulidad de todo lo actuado dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la niña T.S.A.G., desde el auto de apertura del 06 de junio de 2019, inclusive».

Igualmente, declaró la situación de vulnerabilidad de los derechos de la niña [T.S.A.G.], dispuso que la medida de protección en la modalidad de hogar sustituto adoptada en el mencionado auto de apertura se mantuviera, y remitió el PARD a la Defensoría de Familia de Honda (Tolima) para el «seguimiento de la medida».

9. Mediante auto del 26 de enero de 2024 11, la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Honda – Regional Tolima modificó la medida de hogar sustituto por la de medio familiar y dispuso la entrega de la niña [T.S.A.G.] a su progenitora, quien «reside en […] San Francisco - Cundinamarca».

10. Con ocasión de lo anterior, mediante auto del 5 de febrero de 202 412, la

medio familiar y dispuso la entrega de la niña [T.S.A.G.] a su progenitora, quien «reside en […] San Francisco - Cundinamarca».

10. Con ocasión de lo anterior, mediante auto del 5 de febrero de 202 412, la Defensoría de Familia del ICBF -Centro Zonal Honda – Regional Tolima trasladó el PARD a la Comisaría de Familia de San Francisco (Cundinamarca).

11. Mediante auto sin fecha 13, la Comisaría de Familia de San Francisco

(Cundinamarca) ordenó el cambio de la medida provisional de ubicación en medio familiar de la niña [T.S.A.G.] por la de ubicación inmediata en institución de protección, toda vez que, al realizar el seguimiento de las medidas , evidenció la vulneración de derechos por parte de su progenitora.

12. Mediante auto de l 28 de abril de 2025 14, la Comisaría de Familia de San Francisco (Cundinamarca) dispuso «trasladar las diligencias […] al ICBF centro zonal Villeta para que se lleve a cabo el trámite pertinente de adaptabilidad [sic]».

13. Mediante auto del 20 de mayo de 2025 15, la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Villeta – Regional Cundinamarca dispuso no avocar conocimiento del

9 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 141. 10 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 207 a 219. 11 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 244 a 245. 12 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 252.

11 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 244 a 245. 12 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 252. 13 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folios 285 a 286. 14 Expediente digital, archivo « [T.S.A.G.] 2.pdf», folios 174 a 175. 15 Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 2.pdf», folios 192 a 196.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 4 de 31

PARD y ordenó remitirlo al Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta «por competencia territorial (Art. 97 CIA) dada la ubicación actual de la niña en la modalidad hogar sustituto en el municipio de Villeta (Cundinamarca)».

14. Mediante auto de l 3 de junio de 202516, el Juzgado Promiscuo de Familia de

Villeta (Cundinamarca) resolvió lo siguiente:

1. Se decreta la nulidad de lo actuado en el PARD de la referencia a partir de la providencia de fondo del 8 de noviembre de 2.023 provista [sic] por el Juzgado Promiscuo Municipal de Falan, Tolima, y las decisiones provistas por las autoridades judiciales y administrativas que han tenido a su cargo el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos fundamentales de la referencia. Con todo, las pruebas allí evacuadas conservan validez.

2. Entendiendo que la decisión de definición jurídica emitida el 29 de agosto de 2.019 por la Comisaría de Familia de Palocabildo, Tolima, ha recobrado su validez y eficacia,

pruebas allí evacuadas conservan validez.

2. Entendiendo que la decisión de definición jurídica emitida el 29 de agosto de 2.019 por la Comisaría de Familia de Palocabildo, Tolima, ha recobrado su validez y eficacia, se ordena a la Defensoría de Familia de Villeta, Cundinamarca, proceda a evacuar el paso siguiente en el trámite, esto es, a determinar si hay lugar o no a proveer la declaratoria de adoptabilidad de la menor [T.S.A.G.], o si es menester decretar alguna medida u otras medidas distintas para que aquella garantice el disfrute de sus derechos fundamentales.

15. Mediante auto de l 8 de agosto de 202517, la Defensoría de Familia nro. 2 del ICBF -Centro Zonal Villeta – Regional Cundinamarca resolvió proponer ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y el Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta (Cundinamarca), con el fin de determinar la autoridad competente para declarar «en situación de adoptabilidad a la niña referida […] teniendo en cuenta la declaratoria de nulidad decretada por el Juzgado Promiscuo de Familia Circuito Judicial de Villeta

(Cundinamarca)».

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 349 de fecha 13 de agosto de 202518, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco

en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 349 de fecha 13 de agosto de 202518, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco (5) días, desde el 14 al 21 de agosto de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

16 Expediente digital, archivo «004ED_04_AutoDecretaNulida.pdf». 17 Expediente digital, archivo s «002ED_02_CONSTANCIARADICAD.pdf», «003ED_03_OficioConsejoEsta.pdf». 18 Expediente digital, archivo «008POREDICTO_07_EDICTO.pdf».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 5 de 31

Según informe secretarial del 13 de agosto de 2025 19, consta que se libraron comunicaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Villeta - Regional Cundinamarca , al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Villeta (Cundinamarca), a la Comisaría de Familia de San Francisco (Cundinamarca) , a la Personería Municipal de San Francisco, a la Comisaría de Familia de Palocabildo (Tolima), al Juzgado Promiscuo Municipal de Palocabildo (Tolima) , a la Personería Municipal de Palocabildo , a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Honda – Regional Tolima, al Juzgado Promiscuo de Familia de Honda (Tolima), al Juzgado Promiscuo de Familia de Falan

Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Honda – Regional Tolima, al Juzgado Promiscuo de Familia de Honda (Tolima), al Juzgado Promiscuo de Familia de Falan (Tolima), a la Personería Municipal de Falan, a la Procuraduría Provincial de Honda, al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, a la Corporación Amor por Colombia, a la señora G.K.P.L., madre sustituta, y a la señora L.J.A.G., progenitora20 de la menor de edad T.S.A.G.

Obra informe secretarial del 22 de agosto de 202521 en el que se señala que, dentro del término de fijación del edicto , las autoridades involucradas y demás particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Villeta – Regional

Cundinamarca22

La Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal Villeta – Regional Cundinamarca no presentó alegatos ni consideraciones. No obstante, en el auto del 8 de agosto de 2025, manifestó su falta de competencia y precisó que la autoridad administrativa competente para declara r o no la adoptabilidad de la niña T.S.A.G. es el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Villeta, por las siguientes razones:

Ahora bien, conforme a los pronunciamientos por parte del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil frente a los conflictos de competencia administrativa, ha sido reiterativa en manifestar que la actividad del juez de familia en los casos de pérdida de competencia y nulidades dentro del proceso administrativo de restablecimiento de

de Consulta y Servicio Civil frente a los conflictos de competencia administrativa, ha sido reiterativa en manifestar que la actividad del juez de familia en los casos de pérdida de competencia y nulidades dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos tiene un carácter administrativo y no jurisdiccional, a fin de suplir la función de las autoridades administrativas (defensor de familia, comisario de familia o inspector de policía).

19 Expediente digital, archivo «007ED_08_INFORMEDECOMUNICA.pdf». 20 Al revisar el registro civil de nacimiento de la menor de edad [T.S.A.G.] se observa que no presenta reconocimiento de la filiación paternal. Expediente digital, archivo «[T.S.A.G.] 1.pdf», folio 39. 21 Expediente digital, archivo «016ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00376.pdf». 22Expediente digital, archivo s «002ED_02_CONSTANCIARADICAD.pdf», «003ED_03_OficioConsejoEsta.pdf».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 6 de 31

En razón a lo anterior, la Defensoría de Familia considera que la autoridad administrativa que debe asumir la definición de la situación legal de fondo frente a la declaratorio [sic] o no de adoptabilidad de la niña [T.S.A.G.] debe ser ejercida y asumida directamente por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Villeta, en razón a la falta de competencia de la Defensoría dada la naturaleza del proceso avocado por el mentado juzgado y definido por este frente a las nulidad es procesales del Juzgado Promiscuo Municipal de Falan (Tolima), dado el vencimiento del término para definir la

falta de competencia de la Defensoría dada la naturaleza del proceso avocado por el mentado juzgado y definido por este frente a las nulidad es procesales del Juzgado Promiscuo Municipal de Falan (Tolima), dado el vencimiento del término para definir la situación jurídica consagrado en el artículo 102 de la [L]ey 1098 de 2006 (recuérdese que esta primera etapa se computaba en los primeros seis meses de la apertura del proceso de restablecimiento de derechos el cual se generó a partir del 06 de junio de 2019 por la Comisaria de Familia de Palocabildo (Tolima)), por tal motivo, solicito respetuosamente tener en cuenta el carácter administrativo atribuido a los jueces de familia […].

2. Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta (Cundinamarca)23

El Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta no presentó alegatos ni consideraciones. No obstante, su posición se puede extraer del auto del 3 de junio de 2025, por medio del cual resolvió devolver el expediente a la defensoría de familia para que determinara «si hay lugar o no a proveer la declaratoria de adoptabilidad» de la menor de edad T.S.A.G.

Indicó que «entendiendo que la definición de la situación jurídica incorporada en el fallo del 29 de agosto de 2019 provisto por la Comisaría de Familia de Palocabildo » recobró eficacia, la actuación a seguir es «la emisión de la decisión de declaratoria de adoptabilidad conforme al inciso segundo del artículo 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia», la cual corresponde a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal

adoptabilidad conforme al inciso segundo del artículo 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia», la cual corresponde a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Villeta – Regional Cundinamarca pues la niña T.S.A.G. «en la actualidad tiene domicilio y residencia en Villeta, Cundinamarca » y porque la «declaratoria de la adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e

23 Expediente digital, archivo «004ED_04_AutoDecretaNulida.pdf».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 7 de 31

integral y el ejercicio pleno de sus derechos 24. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia25.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 201826 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código

administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 201826 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan las siguientes: El artículo 1° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

24 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 25 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991). 26 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 8 de 31

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 27 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, la Sala destaca lo siguiente: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera

meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

27 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 9 de 31

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños,

establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878);

1. el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 2018 28 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional29.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le

se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional29.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

28 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 29 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha di ferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley ». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00376-00 Página 10 de 31

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo

se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) s