CE - Auto interlocutorio 11001030600020250039800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de la Unión (Valle del Cauca), departamento del Valle del Cauca, Ministerio de Hacienda

y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10. °, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. La señora María Andrea Rojas Gil laboró en el antiguo Hospital San Esteban de La Unión del Valle del Cauca (hoy E.S.E Hospital Gonzalo Contreras de la Unión [Valle del Cauca]) desde el 4 de septiembre de 1979 hasta el 3 de septiembre de 19803. En la actualidad, la señora Rojas Gil se encuentra afiliada a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir S.A.), la cual adelanta

la actualidad, la señora Rojas Gil se encuentra afiliada a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir S.A.), la cual adelanta los trámites para el reconocimiento del bono pensional por el tiempo en que la referida señora trabajó en dicha institución hospitalaria.

2. El 17 de junio de 20244, Porvenir S.A. solicitó al departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Rojas Gil.

3. Porvenir SA interpuso una acción de tutela en contra de la Gobernación del Valle del Cauca por no haber dado respuesta a su solicitud del 17 de junio de 2024.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Samai, documento: Índice 2, Documento 7_DemandaWeb__3CENISSCC29598753(.pdf). 4 Samai, documento: Índice 2, 11_DemandaWeb__5COBROCC29598753DPTO(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 2 de 34

4. El 26 de julio de 20245, el director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del departamento del Valle del Cauca profirió una Resolución por la cual objetó la participación de ese ente territorial en el reconocimiento y pago del bono

4. El 26 de julio de 20245, el director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del departamento del Valle del Cauca profirió una Resolución por la cual objetó la participación de ese ente territorial en el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora María Andrea Rojas Gil por el tiempo en el que laboró en el Hospital San Esteban de la Unión del Valle del Cauca (hoy E .S.E. Hospital Gonzalo Contreras de la Unión [Valle del Cauca]). En ese sentido:

PRIMERO: Objetar la solicitud de reconocimiento y pago de la cuota parte del bono pensional Tipo A Modalidad 2/1 en calidad de EMISOR, CON FECHA DE REDENCIÓN VENCIDA DEL 20 DE ABRIL DE 2020, del(la) señor(a) MARIA ANDREA ROJAS GIL identificado(a) con la cé dula de ciudadanía No. 29.598.753, realizada por el fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR; teniendo en cuenta que el reconocimiento, emisión y expedición de la cuota parte del bono pensional debe ser realizado por la institución de salud donde laboró el(la) afiliado(a).

5. El 13 de marzo de 2025 6, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali profirió sentencia de Tutela núm. 89. En dicha providencia

resolvió:

PRIMERO: NEGAR la tutela incoada por PORVENIR S.A. - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS en contra de GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

A la anterior determinación arribó en virtud de la siguiente argumentación:

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

A la anterior determinación arribó en virtud de la siguiente argumentación:

Correspondió al Juzgado 8 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali resolver la situación planteada en el trámite constitucional, en el que la parte accionante indica que se le está violando su derecho de petición, toda vez que la entidad accionada no ha dado respuesta la solicitud que se relaciona con el reconocimiento y pago del bono pensional al que tendría derecho la Sra. MARIA ANDREA ROJAS GIL.

La parte actora presenta la prueba de radicación de la solicitud ante la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA el día 17 de junio de 2024, por sus (Sic) parte la entidad accionada al dar respuesta informa sobre la respuesta al requerimiento efectuado por PORVENIR, indicando que en virtud de la solicitud emitieron la Resolución No. 1091 del 26 de julio de 2024 por medio de la cual se objeta la participación del Departamento del Valle del Cauca – Fondo del Pasivo Prestacional del sector salud de un bono pensional tipo A, resolución notificada al fondo de pensiones el día 01 de agosto de 2024 al correo electrónico de la entidad. Ambas situaciones planteadas por la accionada, fueron probadas a través de la prueba documental aportada, donde se verifica la citada resolución y la constancia de envió de la misma como respuesta a la solicitud del 17 de junio de 2024. Es claro entonces, que la respuesta brindada a la solicitud presentada

5 Samai, documento: Índice 2, 15_DemandaWeb__7OBJECIONCC29598753D(.pdf).

junio de 2024. Es claro entonces, que la respuesta brindada a la solicitud presentada

5 Samai, documento: Índice 2, 15_DemandaWeb__7OBJECIONCC29598753D(.pdf). 6 Samai, documento: Índice 2, 13_DemandaWeb__6FALLOPRIMERAINSTANC(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 3 de 34

por la parte actora, fue contestada y notificada con anterioridad a la radicación de la presente acción constitucional, razón por la cual es improcedente y en ese sentido se despachara.

6. El 11 de abril de 20257, Porvenir S.A. elevó un consulta a la Dirección de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

(DGRESS), en la que se le solicitó información respecto de si la señora Rojas Gil es beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud por concepto de pensiones, o si se ha firmado algún contrato de concurrencia entre el hospital y el departamento que cubra su pasivo pensional, el DGRESS en respuesta informó que la E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de la Unión (Valle del Cauca ) no ha suscrito algún contrato de concurrencia y que la señora María Andrea Rojas Gil se encuentra reportada como retirada al 31 de diciembre de 1993.

7. El 19 de agosto de 20258, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre la E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de la Unión (Valle del Cauca ), el departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin

del Consejo de Estado dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre la E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de la Unión (Valle del Cauca ), el departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de determinar la autoridad que debe resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tenga derecho la señora María Andrea Rojas Gil , por los periodos laborados en la referida institución hospitalaria desde el el 4 de septiembre de 1979 hasta el 3 de septiembre de 1980.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 3709 del 26 de agosto de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (del 28 agosto al 3 de septiembre 2025) , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto.

En informe secretarial del 26 de agosto de 202510, consta que se comunicó la existencia del conflicto a la E .S.E. Hospital Gonzalo Contreras la Unión (Valle del Cauca ), a l departamento del Valle del Cauca , al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica , a la Unidad de Pasivo Pensional del Valle del Cauca, a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir SA y a su apoderada la abogada Laura Giselle Banoy Becerra y a la señora María Andrea Rojas Gil.

Cauca, a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir SA y a su apoderada la abogada Laura Giselle Banoy Becerra y a la señora María Andrea Rojas Gil.

7 Samai, Índice 2, documento: 15_DemandaWeb__7OBJECIONCC29598753D(.pdf). 8Samai, Índice 2, documento: 1_DemandaWeb__DEMANDACONFLICTODECO. 9Samai, Índice 2, documento: 16POREDICTO_05_EDICTO(.pdf). 10Samai, Índice 2, documento: 16POREDICTO_05_EDICTO(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 4 de 34

Según informe de la Secretaría de la Sala del 4 de septiembre de 2025 , dentro del término de fijación del edicto, la E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras la Unión (Valle del Cauca), y el departamento del Valle del Cauca presentaron consideraciones, el resto las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras la Unión (Valle del Cauca),11

El 1 de septiembre del 2025, la entidad hospitalaria allegó escrito de consideraciones a la Sala, en las que solicitó declarar que el Hospital Gonzalo Contreras E.S.E. no es la entidad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional requerido por AFP Porvenir S.A. en representación de la señora María Andrea Rojas Gil, por el tiempo en que laboró en el antiguo Hospital.

entidad competente para el reconocimiento y pago del bono pensional requerido por AFP Porvenir S.A. en representación de la señora María Andrea Rojas Gil, por el tiempo en que laboró en el antiguo Hospital.

Lo anterior se sustentó en el argumento según el cual, la señora Rojas Gil laboró en esa institución del 4 de septiembre de 1979 al 3 de septiembre de 1980, periodo en el que el hospital, ahora E.S.E., no contaba con personería jurídica, ni autonomía administrativa o presupuestal, sino que dependía de la Secretaria de Salud del Valle del Cauca. Asimismo, señaló que de conformidad con el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, los pasivos pensionales causados hasta el 31 de diciembre de 1993 en el sector salud son responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales y, cuando corresponda, de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del esquema de concurrencia regulado en la Ley 715 de 2001 y el Decreto 586 de 2017.

En ese sentido, concluyó que se debe declarar «competente [al] Departamento del Valle del Cauca, en su calidad de entidad territorial responsable del servicio de salud y del personal vinculado antes de 1993, conforme al marco normativo y jurisprudencial vigente».

2. Departamento del Valle del Cauca12

El departamento del Valle del Cauca presentó sus consideraciones mediante escrito del 2 de septiembre de 2025. En este documento, la entidad territorial solicitó « Declarar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad c ompetente para que suscriba nuevos contratos de concurrencia con la entidad hospitalaria o actualice el contrato de

2 de septiembre de 2025. En este documento, la entidad territorial solicitó « Declarar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad c ompetente para que suscriba nuevos contratos de concurrencia con la entidad hospitalaria o actualice el contrato de concurrencia firmado mediante «otrosí» y «Ordenar a la E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION para que actualice la información del Certificado Electrónico de Tiempos Laborados - CETIL en donde conste que la entidad hospitalaria es la responsable».

11Samai, índice núm. 05, documento: 19_MemorialWeb_Alegatos-RESPUESTACONFLITOD. 12Samai, índice núm. 06, documento: 31_MemorialWeb_Alegatos-20250902intervencio.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 5 de 34

Lo anterior, teniendo en consideración que, según su criterio, lo atinente a la financiación del pasivo pensional del personal retirado de las E.S.E., está a cargo de las propias E.S.E. y no de las entidades territoriales, mientras no se haya suscrito un contrato de concurrencia administrativo. Ello, de conformidad con el artículo 242 de la Ley 100 de

1993. En ese sentido manifestó lo siguiente:

Por lo que se concluye, que la responsabilidad del pago del pasivo prestacional de salud del personal retirado, es compartida entre la Nación como las entidades territoriales cuando se firme el contrato de concurrencia correspondiente, mientras que esta situación no se presente la obligación de pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias, puesto que están deben cumplir con lo establecido en el artículo 2.12.4.4.2 del Decreto 586 de 2017 […]

situación no se presente la obligación de pago permanece a cargo de las entidades hospitalarias, puesto que están deben cumplir con lo establecido en el artículo 2.12.4.4.2 del Decreto 586 de 2017 […]

Se establece de esta manera que mientras no se tenga evidencia que la entidad Hospitalaria o Empresa Social del Estado, presentara el formato con la información laboral de sus extrabajadores ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se emitiera el acto administrativo que determine el monto del pasivo pensional a cubrir por la Nación y el departamento del Valle del Cauca, es esta entidad hospitalaria la que debe asumir el pago del bono pensional mientras no se hubiera realizado el corte de cuentas ni la actualización del cálculo del pasivo prestacional.

Asimismo, la entidad territorial señaló que el Ministerio de Hacienda y Crédito público no puede liberarse de responsabilidad argumentando la falta de cuantificación exacta del pasivo pensional al 31 de diciembre de 1993 , por cuanto tiene la facultad de modificar las condiciones de los contratos de concurrencia.

3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El ministerio no presento alegatos o consideraciones. Sin embargo, mediante certificado emitido por la Oficina de Bonos Pensionales señaló que «LA NACION NO PARTICIPA EN EL BONO PENSIONAL» e incluyó la siguiente observación: «EL EMISOR NO ES LA

NACION»13.

Ahora bien, en su intervención en el trámite de la acción de tutela elevada por Porvenir S.A. en contra de la Gobernación del Valle del Cauca, señaló lo siguiente: «La NACION NO sería ni emisor ni mucho menos contribuyente en el bono pensional de la señora

S.A. en contra de la Gobernación del Valle del Cauca, señaló lo siguiente: «La NACION NO sería ni emisor ni mucho menos contribuyente en el bono pensional de la señora María Andrea Rojas Gil y, por lo tanto, no tendría responsabilidad alguna del mismo.» 14.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

13 Samai, documento: Índice 2, Documento: 9_DemandaWeb__4LIQUIDACIONCC295987. 14 Samai, documento: Índice 2, Documento: 13_DemandaWeb__6FALLOPRIMERAINSTANC(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 6 de 34

Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo. Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso y, por lo tanto, la Sala es competente para emitir un pronunciamiento de fondo , por cuanto: (i) está en curso una

de la competencia simultáneo o sucesivo. Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso y, por lo tanto, la Sala es competente para emitir un pronunciamiento de fondo , por cuanto: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, pues se trata de una solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora María Andrea Rojas Gil, (ii) las autoridades en conflicto son tanto del orden nacional: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como del orden territorial: la E.S.E. Gonzalo Contreras de la Unión (Valle del Cauca) , y el departamento del Valle del Cauca; y (iii) todas ellas negaron la competencia para resolver de fondo la solicitud.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea

al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

15 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 7 de 34

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional generado por el tiempo que la señora María Andrea Rojas Gil laboró en el Hospital San Esteban de La Unión del Valle del Cauca (hoy E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de La Unión [Valle del Cauca]), esto es, entre el 4 de septiembre de 1979 hasta el 3 de septiembre de 1980.

La E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras de La Unión (Valle del Cauca) consideró no ser la competente para pronunciarse sobre el reconocimiento y pago del bono pensional argumentando que para el periodo objeto del presente conflicto de competencias, el entonces Hospital San Esteban de La Unión del Valle del Cauca (hoy E .S.E. Hospital

competente para pronunciarse sobre el reconocimiento y pago del bono pensional argumentando que para el periodo objeto del presente conflicto de competencias, el entonces Hospital San Esteban de La Unión del Valle del Cauca (hoy E .S.E. Hospital Gonzalo Contreras) carecía de personería jurídica y dependía administrativamente del departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca sostuvo que lo atinente a la financiación del pasivo pensional del personal retirado de las E .S.E., está a cargo de estas mismas y no de las entidades territoriales, mientras no se haya suscrito un contrato de concurrencia.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, la Nación no sería ni emisora ni concurrente en el pago del bono pensional de la señora María Andrea Rojas Gil y, por lo tanto, no tendría responsabilidad alguna respecto del mismo.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

(i) Los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. (ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. (iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. (iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. (v) Los bonos pensionales. Reiteración. (vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración16

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración16

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06-000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001 -03-06-0002019-00041-00, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 8 de 34

Decreto Ley 2470 de 196817

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1.º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2.°).

Al definir los niveles del sistema 18, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

La Ley 9ª de 197319

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto,

en su jurisdicción.

La Ley 9ª de 197319

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; ii) suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas a l Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud; iii) dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e inst ituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud; iv) determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y v) elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

17 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 18 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por

18 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 19 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 9 de 34

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197520

El artículo 1.° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

«conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito

correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

20Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00398-00 Página 10 de 34

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197521

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los

denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197521

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Es pecial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la