CE - Auto interlocutorio 11001030600020250039900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00399-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Defensoría de Familia - Centro Zonal Santa Rosa de Cabal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Comisaria de Familia Santa Rosa de Cabal Asunto: autoridad competente para adelantar el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en el PARD a favor de una menor de edad y definir de fondo su situación jurídica.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados, respectivamente, por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 14 de marzo de 2025, una ciudadana dio a conocer la presunta vulneración de derechos en contra de la menor de edad V.M.F4 ante la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal, la cual ordenó realizar la respectiva verificación de derechos a través de l equipo interdisciplinario. Dicha diligencia se realizó ese mismo día, concluyendo que la menor de edad se enc ontraba en situación de violencia intrafamiliar.

Por lo anterior, la citada Comisaría dio apertura al PARD en favor de la menor de edad V.M.F., ordenando su ubicación en medio institucional en la Asociación

intrafamiliar.

Por lo anterior, la citada Comisaría dio apertura al PARD en favor de la menor de edad V.M.F., ordenando su ubicación en medio institucional en la Asociación Mundos Hermanos sede Pereira.

2. El 12 de mayo de 2025, la menor de edad V.M.F ingresó al Hospital Santa Mónica del municipio de Dosquebradas, para ser atendida por un presunto abuso

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se anota en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 1100103060002025039900 en SAMAI. 4 Por tratarse de una menor de edad, con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad se omitirá su nombre y el de sus familiares, y sólo se utilizarán las iniciales de sus nombres.Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 2 de 41 sexual del cual fue víctima en el interior del medio institucional donde se encontraba ubicada, por lo que la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal adelantó las actuaciones administrativas pertinentes para su protección.

3. El 22 de mayo de 2025, la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal remitió el asunto por competencia a la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, al considerar que ante el presunto abuso sexual en contra de la

el asunto por competencia a la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, al considerar que ante el presunto abuso sexual en contra de la menor de edad V.M.F. era competencia preferente y exclusiva del defensor de familia continuar con el PARD, conforme lo dispuesto en el articulo 5 parágrafo 1 de la Ley 2126 de 2021.

4. El 28 de mayo de 2025, en aplicación al interés superior de la menor de edad V.M.F., la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal de Cabal avocó conocimiento del trámite y modificó la medida provisional de ubicación en medio institucional, de la Asociación Mundos Hermanos sede Pereira a la Institución Arcoíris Claret Femenino en el municipio de Pereira.

5. Asi mismo, el 28 de mayo de 2025, la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, propuso conflicto negativo de competencia, ante el juez de familia de Pereira (reparto ) al considerar que el trámite debía continuar en conocimiento de la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal , por se r la autoridad competente para conocer asuntos donde se encuentran relacionados hechos de violencia intrafamiliar.

6. A través de auto núm. 543 del 12 de junio de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal rechazó el trámite por competencia , aludiendo que al ser un trámite de única instancia era competencia de los Juzgados Civiles Municipales, y, remitió la diligencia al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal.

un trámite de única instancia era competencia de los Juzgados Civiles Municipales, y, remitió la diligencia al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal.

7. Mediante de auto del 29 de julio de 2025, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, requirió a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Santa Rosa de Cabal, a efectos de que certificara la actual ubicación de la menor de edad V.M.F.

8. Mediante escrito de l 29 de julio de 2025 la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, atendió el requerimiento del juzgado informando que mediante auto de 1° de julio de 2025 : (i) modificó la medida provisional de ubicación en medio institucional adoptada en favor de la menor de edad V.M.F. y la ubicó en medio familia solidaria en cabeza del señor M. O. T. (padrino de bautizo), quien reside en la Vereda San Andrés del municipio de Chinchiná – Caldas; y (ii) remitió el PARD a la Comisaría de Familia de Chinchiná, para que continuara conociendo del asunto teniendo en cuenta la ubicación de la menor.Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 3 de 41

9. Mediante auto del 31 de julio de 2025, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, rechazó el trámite por competencia, indicando que debía ser conocido por el juez del domicilio donde se encuentra la menor de edad, esto es, al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná por lo que procedió a remitirlo.

conocido por el juez del domicilio donde se encuentra la menor de edad, esto es, al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná por lo que procedió a remitirlo.

10. El 12 de agosto de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná , declaró su falta de competencia para conocer del asunto y remitió las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efectos de que dirimiera el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal y la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal.

11. Recibido el conflicto en la Sala se comunicó el asunto a las autoridades involucradas, para que se pronunciaran sobre el mismo.

Consta en el expediente que mediante escrito de 9 de octubre de 2025, la Comisaría de Familia de Chinchiná allegó a la Sala la Resolución núm. 35 del 20 de agosto de 2025, en la que consta que dicha comisaría continuó el trámite del PARD remitido por la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal el 29 de julio de 2025, y resolvió la situación jurídica de la menor de edad V.M.F. así:

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINIR LA SITUACIÓN JURIDICA de la niña V.M.F.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR la medida de restablecimiento de derechos de la niña V.M.F. consistente en la ubicación en familia extensa y sustituirla por la de la ubicación de su familia de origen al lado de la señora B.B.F.V. en calidad de progenitora.

de la niña V.M.F. consistente en la ubicación en familia extensa y sustituirla por la de la ubicación de su familia de origen al lado de la señora B.B.F.V. en calidad de progenitora.

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR LA CUSTODIA de la niña V.M.F. de forma compartida entre sus progenitores […]. […]

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR POR COMPETENCIA TERRITORIAL el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a la Comisaria de Familia de Santa Rosa de Cabal - Risaralda, para que realice el seguimiento a las medidas ordenadas y rindan los correspondientes informes social y psicológico, determinando el camb io de medida o de situación jurídica, en caso de ser necesario. […]

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR al equipo psicosocial de la autoridad administrativa competente, realizar el seguimiento por un término que no exceda los seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, termino en el cual se determinará si procede el cierre del proceso cuando el mismo, ya hubiera superado la vulneración de derechos y cuente con las condiciones para garantizar sus derechos, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. […]

Igualmente, de la documentación remitida a la Sala por la Comisaria de Familia de Chinchiná consta, que ésta en cumplimiento del numeral séptimo de la citadaRadicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 4 de 41 Resolución núm. 35 del 20 de agosto de 2025, el 26 de agosto de 2025, remitió el PARD a la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal por competencia territorial,

Resolución núm. 35 del 20 de agosto de 2025, el 26 de agosto de 2025, remitió el PARD a la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal por competencia territorial, para que realizara el seguimiento psicosocial. Y que, luego de ello, el 3 de septiembre de 2025, la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal remitió por competencia para el respe ctivo seguimiento a la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, señalando que «conforme a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2126 de 2021, está comisaria de Familia tiene competencia en materia de violencia intrafamiliar y violencia sexual en el marco de la familia, mas no para el conocimiento ni seguimiento de casos relacionados con presunto abuso sexual, los cuales corresponden al ICBF».

12. Mediante escrito de 30 de octubre la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Santa Rosa de Cabal precisó, que el PARD de la menor V.M.F. ya había sido resuelto por la Comisaría de Familia del Municipio de Chinchiná , y que se encontraba pendiente por resolver la autor idad competente para realizar el seguimiento de las medidas ordenas por dicha comisaría.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el 26 de agosto de 2025 el edicto número 371 por el término de cinco días (28 de agosto al 3 de septiembre de 2025), para la presentación de

de la Sala fijó el 26 de agosto de 2025 el edicto número 371 por el término de cinco días (28 de agosto al 3 de septiembre de 2025), para la presentación de consideraciones o alegatos por parte de las autoridades involucradas y personas interesadas en el trámite del conflicto.

Según constancia Secretarial del 27 de agosto de 2025, se comunicó sobre el inicio de este trámite al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná – Caldas, a la Defensoría de Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal, a la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, a la Comisaría de Familia de Chinchiná, a la señora B.B. F. V. (madre de la menor de edad V.M.F.) al señor A.M.S. (padre de la menor de edad V.M.F.), al señor M.

O. T. ( Familia Solidaria – Padrino de la menor de edad V.S.F.) . y a la Personería

Municipal de Chinchiná.

Según consta en informe secretarial del 4 de septiembre de 2025, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares interesados en el presente conflicto guardaron silencio.

Mediante informe del 9 de octubre de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho ponente que la Comisaría de Familia de Chinchiná remitió documentos al

el presente conflicto guardaron silencio.

Mediante informe del 9 de octubre de 2025, la Secretaría de la Sala informó al despacho ponente que la Comisaría de Familia de Chinchiná remitió documentos al expediente. Igualmente informó que el 30 de octubre de 2025, la Defensoría deRadicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 5 de 41 Familia del ICBFCentro Zonal Santa Rosa de Cabal , también aportó información al expediente.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Defensoría de Familia Centro Zonal Santa Rosa de Cabal - Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Sus argumentos se toman del oficio que presentó el 30 de octubre de 2025, mediante el cual, sostuvo:

[…] es la comisaria de familia quien tiene la competencia para conocer de este caso, así en la actualidad se encuentre en etapa de seguimiento a la medida, lo anterior dado que:

La Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal asumió legítimamente la competencia para conocer el caso, y ha desarrollado diligencias preliminares y adoptado medidas provisionales conforme al debido proceso.

La aparición de presuntos hechos de violencia sexual no constituye una causa autónoma que justifique el traslado del proceso , sino una circunstancia adicional que debe ser conocida y gestionada por la misma autoridad que inició el procedimiento.

Finalmente, señala que es importante «generar un precedente con este caso para que en el futuro cada autoridad administrativa asuma la competencia propia de sus funciones y de esta manera prestar el mejor servicio para nuestros NNA, sin dilataciones y posibles re victimizaciones».

que en el futuro cada autoridad administrativa asuma la competencia propia de sus funciones y de esta manera prestar el mejor servicio para nuestros NNA, sin dilataciones y posibles re victimizaciones».

2. Comisaría de Familia Santa Rosa de Cabal

No presentó consideraciones. Sus argumentos se toman del oficio del 3 de septiembre de 202 5, mediante el cual remite por competencia el asunto para seguimiento a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Santa Rosa de Cabal, en el cual señaló que «conforme a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2126 de 2021, está comisaria de Familia tiene competencia en materia de violencia intrafamiliar y violencia sexual en el marco de la familia, mas no para el conocimiento ni seguimiento de casos relacionados con presunto abuso sexual », los cuales corresponden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su calidad de autoridad administrativa de protección.

En consecuencia, considera que, «en aplicación de los principios de protección integral, prevalencia y corresponsabilidad consagrados en la citada normativa, remite el proceso con el fin de que ese centro zonal adelante las actuaciones correspondientes y se garantice la protección y restablecimiento de los derechos de la menor».Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 6 de 41

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 5. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia6.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regula un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos

En el libro primero del citado código se regula un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido

5 Sentencia T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 6 Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 7 de 41 vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

• La Ley 1878 de 2018 7 introduce modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia) de las cuales se destacan las siguientes:

El artículo 1° modific a el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la

(Código de la Infancia y la Adolescencia) de las cuales se destacan las siguientes:

El artículo 1° modific a el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación prevé que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 ° de la Ley 1878 modific a el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adiciona el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 ° modifica el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento a las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098 con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 8 modifica el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que

adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 2019 8 modifica el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 ° de la Ley 1878 de 2018. De esta

norma, destaca la Sala:

7 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 8 «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 8 de 41 El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con

emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modifica las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

1. la verificación de los derechos (art ículo 52, modificado por el artículo 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los artículos 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento a esas medidas transitorias (art ículo 103, modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018 y el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia

artículo 6° de la Ley 1878 de 2018 y el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.

1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas. Reiteración9

9 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencia administrativa núm. 110010306000 -2025-00102, decisión del 28 de mayo de 2025, reiterado en decisiones del 11 de junio de 2025 con radicados 110010306000 -2025-00108 y 11001030600 0-Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 9 de 41

1.2.1 Competencia de la Sala

La Ley 1878 de 201810 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir de manera integral en todo el territorio nacional11. Como antes se mencionó, el artículo 3º de la citada ley modifica el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adiciona el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia conocer del conflicto que le ha sido planteado y

jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia conocer del conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y

d) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas.

2025-00112; decisión del 26 de noviembre de 2025, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencia administrativa núm. 110010306000-2025-00426. 10 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 11 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha

11 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación 11001-03-06-000-2025-00399-00 Página 10 de 41 De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo. Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro

rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo. Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

b. La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración12

Dispone la norma en cita: Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía , siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Ante esta disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso no modificó ni derogó en forma expresa o tácita ninguna de las disposiciones señaladas en el CPACA, respecto de los conflictos de competencias administrativas, ya que, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112, numeral 10, y 151, numeral 3, del CPACA, modificados,

mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112, numeral 10, y 151, numeral 3, del CPACA, modificados, respectivamente, por los artículos 2º, 19 y 27 de la Ley 2080 de 2021.

12 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación