CE - Auto interlocutorio 11001030600020250040300 de 2025

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001030600020250040300 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00403-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111 modificados, por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en calidad de entidad certificadora, expidió «certificación de salarios - laboral para bono y/o pensión » el 23 de mayo de 2005 4 correspondiente a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, en la que indicó que la mencionada ciudadana estuvo vinculada

y/o pensión » el 23 de mayo de 2005 4 correspondiente a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, en la que indicó que la mencionada ciudadana estuvo vinculada como enfermera licenciada de esa institución entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991, y que la entidad responsable del pago del bono pensional es el departamento de Cundinamarca.

2. El 21 de septiembre de 2023, la Sociedad Administradora de Fondos de

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250040300 que reposa en SAMAI. 4 Documento «7_110010306000202500403005DemandaWeb202593194828» Demanda por ventanilla virtual.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 2 de 21

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (en adelante Porvenir S.A.) solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, por el tiempo laborado en el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Colegio (Cundinamarca), entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991.

de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, por el tiempo laborado en el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Colegio (Cundinamarca), entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991.

3. El 5 de febrero de 2024, el departamento de Cundinamarca objetó, a través del sistema interactivo de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado. Indicó que la afiliada se encuentra registrada en las bases de datos del cálculo actuarial del Ministerio de Salud «CAMISA», en el formulario 18, como retirada a 31 de diciembre de 1993, de acuerdo con la certificación SDAF-708 de 26 de septiembre de 2023 expedida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

4. Porvenir S .A. planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil conflicto de competencias administrativas entre la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , con el fin de determinar la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, por el tiempo en que laboró en el Hospital Nuestra Señora del Carmen d e El Colegio (Cundinamarca), entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado,

octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala el edicto núm. 375 del 3 de septiembre de 2025, por el término de cinco días hábiles (del 4 al 10 de septiembre de 2025) , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 3 de septiembre de 2025, por Secretaría de la Sala se comunicó y vinculó al trámite del conflicto de competencias administrativas de la referencia a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca , al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad Administrativa de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC). También se comunicó a Porvenir S.A., a su apoderada Laura Giselle Banoy Becerra, y a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero.

De acuerdo con informe secretarial de l 11 de septiembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. En informe secretarial de la misma fecha, consta que la ESE

y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. En informe secretarial de la misma fecha, consta que la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) presentó consideraciones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 3 de 21

A través de auto para mejor proveer del 4 de noviembre de 2025, el despacho ponente requirió información relevante para el estudio del conflicto. Según informe secretarial del 12 de noviembre de 2025, Porvenir S .A. y la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Colegio (Cundinamarca) allegaron documentos.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En escrito del 9 de septiembre de 2025 manifiesta que, la señora Martha Patricia Velásquez Quintero tiene la calidad de beneficiar ia retirada, y que no se ha suscrito convenio de concurrencia alguno que la cobije.

Señala que no le corresponde reconocer ni pagar el bono pensional de la señora Velásquez Quintero, por que el pasivo causado por los servicios prestados en las instituciones de salud es responsabilidad de estas en su condición de empleadoras.

Indica que la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado no implica la creación de una nueva persona jurídica, y por lo tanto est as no pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores. Por lo anterior, expone que en virtud del artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, en armonía con

implica la creación de una nueva persona jurídica, y por lo tanto est as no pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores. Por lo anterior, expone que en virtud del artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, en armonía con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) deberá seguir presupuestando y pagando el pasivo de sus trabajadores y extrabajadores «hasta tanto no se termine el corte de cuentas y se suscriba el convenio de concurrencia».

2. Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca

En escrito del 1 0 de septiembre de 2025, indic a que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero fue reportada en calidad de beneficiaria retirada, y, que para este caso no se calculó una reserva pensional a fin de financiar el pasivo.

Manifiesta que en virtud de lo previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en su calidad de entidad empleadora , debe presupuestar y pagar el bono pensional en favor de la señora Velásquez Quintero, mientras se suscriben nuevos convenios de concurrencia en los que se incluyan a los extrabajadores reportados como retirados.

3. ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca)

En comunicación de fecha 11 de septiembre de 2025, expresa que adquirió personería jurídica a partir de la Ordenanza núm. 243 del 15 de octubre de 2008 y que, con anterioridad a esa fecha, funcionaba como una dependencia del entonces Servicio

jurídica a partir de la Ordenanza núm. 243 del 15 de octubre de 2008 y que, con anterioridad a esa fecha, funcionaba como una dependencia del entonces Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca. En consecuencia, considera no estar llamada a asumir las obligaciones previstas en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para la época en que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero prestó susConflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 4 de 21

servicios, esa institución de salud era una dependencia del departamento de Cundinamarca.

4. Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC)

Manifiesta que, el convenio de sustitución pensional número 001 de 2003, destinado a la administración y al pago del pasivo pensional a favor de los beneficiarios exclusivos del pasivo prestacional del sector salud no financió ni entregó recursos para el pago de la deuda del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 o no registrado en dicho instrumento contractual.

Agrega que, el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos entregados con fundamento en el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001 suscrito entre el Ministerio de Salud y el departamento de Cundinamarca , no permite atender pagos distintos a los allí establecidos.

Indica que, solo hasta el momento en que se realice el recálculo de la deuda «y se sitúen los recursos adicionales en este fondo de pensiones», se podrían asumir nuevas obligaciones que incluyan el pago del pasivo pensional al personal retirado de las entidades hospitalarias.

sitúen los recursos adicionales en este fondo de pensiones», se podrían asumir nuevas obligaciones que incluyan el pago del pasivo pensional al personal retirado de las entidades hospitalarias.

Manifiesta que, si bien las empresas sociales del Estado no existían como tales antes de la Ley 100 de 1993, eran instituciones hospitalarias que prestaban servicios de salud, por lo cual, su transformación conlleva que sus activos sean utilizados para respaldar sus pasivos y, por consiguiente, asumir las obligaciones adquiridas por el antiguo hospital.

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia de la Sala en el caso concreto

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asun to de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos toda vez que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional; esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de

y Crédito Público; las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con la solicitud de reconocimiento del bono pensional de la señora MarthaConflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 5 de 21

Patricia Velásquez Quintero por el tiempo que laboró para el Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamar ca), hoy ESE, por los períodos comprendidos entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991 ; y iii) todas las autoridades involucradas han negado la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar la actuación correspondiente.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva5.

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, por el per íodo comprendido entre el 10 de octubre de 1990 y el 18 de junio de 1991, durante el cual laboró en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca).

El conflicto surge porque la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) considera no ser competente para atender la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Velásquez Quintero, bajo el argumento que, las deudas por concepto del pasivo prestacional y pensional del sector salud no deben imputarse a esa autoridad , por cuanto , para la fecha en que la

5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de

salud no deben imputarse a esa autoridad , por cuanto , para la fecha en que la

5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 6 de 21

solicitante laboró en ella, tal institución no tenía personería jurídica y dependía del departamento de Cundinamarca.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público alega que, al no haberse suscrito convenio de concurrencia para financiar el pasivo del personal retirado de las instituciones hospitalarias, le corresponde al Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en calidad de empleador, presupuestar y pagar el bono pensional a favor de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero.

A su turno, e l departamento de Cundinamarca alega no ser competente, por cuanto, dada la calidad de retirada que tiene la señora Velásquez Quintero, y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 , corresponde a la entidad hospitalaria presupuestar y pagar el bono pensional de la solicitante.

Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca indica que, aunque antes de la Ley 100 de 1993 las empresas sociales del Estado no existían, los hospitales ya funcionaban y por ende sus activos deben respaldar los pasivos previos, de modo que, en la actualidad corresponde a la ESE Hospital Nuestra Señora

que, aunque antes de la Ley 100 de 1993 las empresas sociales del Estado no existían, los hospitales ya funcionaban y por ende sus activos deben respaldar los pasivos previos, de modo que, en la actualidad corresponde a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) asumir las obligaciones adquiridas antes de su transformación en empresa social del Estado.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas6:

  1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

6 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-0002025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00257-00, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre aspectos jurídicos de asuntos similares al que se estudia en el presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional d e Salud, el proceso de descentralización del sector salud, las competencias y procedimientos para garantizar el

el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional d e Salud, el proceso de descentralización del sector salud, las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tal es decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia. 6 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 7 de 21

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 7, y mediante la Ley 9ª de 1973 8, el legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 19759

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de

protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respect ivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

7 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 8 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 9 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 8 de 21

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197510

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios

tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197510

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

10 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 9 de 21

Ahora bien, como lo señaló la Sala11, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 199012 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

(ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 13 que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, y en especial, adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial en materia salarial y prestacional, y estableció un mec anismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud

Ley 60 de 1993

Esta disposición creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud 14 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 12 Ley 10 de 1990 (enero 10) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

12 Ley 10 de 1990 (enero 10) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley . 13 Ley 60 de 1993 (agosto 12) «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». Esta ley fue derogada por Ley 715 de 2001. 14 Ley 60 de 1993 (12 de agosto), artículo 33. Fondo Prestacional del Sector Salud.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00403-00 Página 10 de 21

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspect

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