CE - Auto interlocutorio 11001030600020250040400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00404-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca , Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 17 de julio de 2004, el antiguo Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca) expidió certificación laboral donde hizo constar que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, prestó sus servicios desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987. En el mismo documento manifestó que la entidad responsable del pago del bono pensional era el «Departamento de

Martha Patricia Velásquez Quintero, prestó sus servicios desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987. En el mismo documento manifestó que la entidad responsable del pago del bono pensional era el «Departamento de Cundinamarca – Hospital San Antonio de Arbeláez Fondo Pasivo Prestacional Contrato de Concurrencia (…) Sustituido por el FONDO DE PENSIONES

PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA (…)».

2. En misiva, sin fecha, Porvenir SA se dirigió al Departamento de Cundinamarca, en representación de la afiliada, señora Martha Patricia Velásquez Quintero, para «solicitar a su entidad proceder con el proceso de emisión, reconocimiento y pago

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto núm. 11001-03-06-000-2025-00404-00.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 2 de 24

del bono pensional, al cual nuestro (sic) afiliado (sic) tiene derecho».

3. El 5 de febrero de 2024, el Departamento de Cundinamarca, por medio del sistema interactivo de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado.

sistema interactivo de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado.

4. El 13 de junio de 2024, Porvenir SA elevó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público «consulta masiva por varios de sus afiliados, a través [d]el radicado de

entrada No. 1 -2024-053351 (…)»4, dentro de los cuales se encontraba la señora Martha Patricia Velásquez Quintero.

5. El 4 de julio de 2024, en respuesta a la anterior solicitud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió documental en la que no figura como beneficiaria de contrato de concurrencia la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, sino que se encuentra clasificada como «Retirado».

6. El 14 de agosto de 2025, en el sistema interactivo de bonos pensionales a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se registró que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero laboró con la ESE San Antonio de Arbeláez, desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987, y que el responsable por ese tiempo era el departamento de Cundinamarca.

7. El 3 de septiembre de 2025, Porvenir SA planteó conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, para que se determinara la autoridad que le corresponde estudiar la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero , por el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1986 y el 5 de marzo de 19875, en el que prestó

autoridad que le corresponde estudiar la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero , por el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1986 y el 5 de marzo de 19875, en el que prestó sus servicios en el antiguo Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE.

8. El 21 de octubre de 2025 , la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca), en calidad de entidad certificadora, expidió el certificado CETIL núm. 202510890680031000240001, correspondiente a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, en el que reiteró: i) que estuvo vinculada a esa institución, como enfermera, desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987; (ii) no se realizaron aportes a algún fondo de pensione s, y (ii i) que la entidad responsable por dicho periodo era el departamento de Cundinamarca.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

4 La anterior información consta en la respuesta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio con ocasión del auto de mejor proveer. 5 En algunos párrafos del escrito mediante el cual propuso el confl icto, Porvenir SA enunció que, para efectos del bono pensional, el extremo final del nexo laboral con la institución hospitalaria fue el 5 de marzo de 1997, pero en auto de mejor proveer se le solicitó que aclarara la mencionada fecha, y contestó que lo correcto era 5 de marzo de 1987.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 3 de 24

fecha, y contestó que lo correcto era 5 de marzo de 1987.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 3 de 24

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó , en la Secretaría de la Sala, el edicto núm. 376, del 3 de septiembre de 2025, por el término de 5 días hábiles (desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 2025) para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6. En constancia de Secretaría de la Sala, se observa que el 3 de septiembre de 2025, a través de correo electrónico, se comunicó el presente conflicto de competencias a Porvenir SA, a la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero7. De acuerdo con constancia de Secretaría de la Sala, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca, y la Unidad Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, presentaron alegatos8. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. El consejero ponente, mediante auto del 14 de octubre del año en curso9, ordenó, a

alegatos8. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. El consejero ponente, mediante auto del 14 de octubre del año en curso9, ordenó, a través de Secretaría de la Sala, oficiar a la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) para que remitiera la certificación electrónica de tiempos laborados en esa entidad por la señora Martha Patricia Velásquez Quintero; informara la naturaleza jurídica de esa institución hospitalaria en el tiempo en e l cual la trabajadora atrás aludida prestó sus servicios y allegara copia de los actos de transformación de esa institución hospitalaria, desde su fundación y hasta la fecha en la cual adquirió la naturaleza jurídica de empresa social del Estado. De igual manera, ordenó oficiar a Porvenir SA para que aportara las reclamaciones que hubiera elevado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al departamento de Cundinamarca, y a la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), en relación con el bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero y aclarara los extremos temporales. Así mismo, dispuso oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al departamento de Cundinamarca, para que manifestaran si Porvenir SA u otra administradora elevó alguna reclamación concerniente al bono pensional y anexaran la respuesta que hubieran dado.

6 SAMAI. Actuación núm.4. 15POREDICTO_04__Edicto(.pdf) 7 SAMAI. Actuación núm. 5. Soporte comunicación POR EDICTO de fecha (pdf) . 8 SAMAI. Actuación núm.10. 25ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00404 (pdf)

7 SAMAI. Actuación núm. 5. Soporte comunicación POR EDICTO de fecha (pdf) . 8 SAMAI. Actuación núm.10. 25ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00404 (pdf) 9 SAMAI. Actuación núm. 19. Subcarpeta: AutodemejorproveerCC_0_20250616204124246.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 4 de 24

El 2 2 de octubre de 202510, en informe de la Secretaría de la Sala, consta que Porvenir SA , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el departamento de Cundinamarca se pronunciaron y allegaron la información requerida, mientras que la ESE San Antonio de Arbeláez, guardó silencio. El 23 de octubre de 202511, a través de informe secretarial, se comunicó al despacho que la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) aportó la documental solicitada.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca)12

Aunque dentro del término inicialmente concedido no presentó alegatos, sus argumentos se pueden extraer del escrito enviado como respuesta al auto de mejor proveer, en el que esgrimió que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero prestó sus servicios en esa entidad desde el 6 de marzo de 1986 hasta el 5 de marzo de 1987, sin que obraran registros posteriores. Aseveró que aport ó la certificación electrónica de tiempos laborados, donde precisaba los periodos de prestación de

sus servicios en esa entidad desde el 6 de marzo de 1986 hasta el 5 de marzo de 1987, sin que obraran registros posteriores. Aseveró que aport ó la certificación electrónica de tiempos laborados, donde precisaba los periodos de prestación de servicios. En dicha documental se reitera que la señora atrás mencionada, laboró como enfermera, desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987, sin registrar aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales), por lo cual, la entidad responsable era el departamento de Cundinamarca.

En cuanto a la naturaleza jurídica de esa institución, afirmó que se transformó en empresa social del Estado a partir de la ordenanza núm. 253 de 15 de octubre de 2008.

3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público13

Esgrimió que, de acuerdo con la certificación expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, del entonces Ministerio de Salud, a fecha del 19 de noviembre de 1998 , la señora Martha Patricia Velásquez Quintero tenía la calidad de retirada de la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), por ese motivo, no estaba cobijada por el convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001, porque el Ministerio giró los recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, pero no para los beneficiarios retirados, sin que pueda darse una destinación diferente a los dineros del convenio.

Aseveró que a la fecha no se ha suscrito convenio de concurrencia que permita financiar el pasivo del personal retirado de la institución hospitalaria , pues el

del convenio.

Aseveró que a la fecha no se ha suscrito convenio de concurrencia que permita financiar el pasivo del personal retirado de la institución hospitalaria , pues el

10SAMAI. Actuación núm. 17. INFORMESECRETA_202500404INFORMESECR (doc). 11SAMAI. Actuación núm.20. 43INFORMESECRETA_Informesecretarial20 (pdf). 12SAMAI.Actuación núm.44.MemorialWeb_Otro-oficiorespuesta (Pdf). 13SAMAI. Actuación Núm. 6. MemorialWeb_Contestación Demanda-ID683_oposicion_con (pdf).Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 5 de 24

departamento de Cundinamarca no ha culminado el procedimiento dispuesto en el Decreto 586 de 2017, que adicionó el capítulo 4 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015; en consecuencia, la institución de salud es la responsable.

Argumentó que, aunque es cierto que los centros de salud se transformaron, no puede predicarse que para efectos laborales se trate de dos personas jurídicas distintas; en consecuencia, las ESE que se crearon, son las llamadas a ser sujetos pasivos del cobro de bonos pensionales.

3.3. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC)

Indicó que esa entidad se especializaba en la atención y seguimiento de las obligaciones pensionales a cargo del departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca; sin embargo, de acuerdo con la certificación de beneficiarios del fondo del pasivo prestacional, emitida el 19

obligaciones pensionales a cargo del departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca; sin embargo, de acuerdo con la certificación de beneficiarios del fondo del pasivo prestacional, emitida el 19 de noviembre de 1998 por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud, el Fondo de Pensiones Públicas del departamento no era responsable de la emisión, ni del pago del bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero.

Adujo que los recursos para el pago de la deuda prestacional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993, no fueron calculados ni aportados por las entidades concurrentes; por lo tanto y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 5°, del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, el compromiso de pago deberá ser presupuestado, reconocido y pagado por el hospital que fungió como empleador.

Reiteró que el convenio de sustitución pensional número 001 de 2003, destinado a la administración y pago del pasivo pensional, no financió ni entregó recursos para la deuda del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 , por eso no podía atenderse la solicitud de la extrabajadora. Por lo anterior, precisó que desde el punto de vista contractual, el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos entregados con fundamento en el convenio de concurrencia número 204 de 2001, suscrito entre el Ministerio de Salud y el departamento de Cundinama rca, no permite atender pagos distintos a los allí establecidos.

3.4. Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca

departamento de Cundinama rca, no permite atender pagos distintos a los allí establecidos.

3.4. Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca

Expresó que para la señora Martha Patricia Velásquez Quintero no se calculó una reserva pensional para financiar el pasivo, pues ella «está relacionado (sic) como RETIRADO (sic) con características de ser un pasivo incierto exigible solo cuando acceda a su derecho pensional por haber acreditado los requisitos para la pensión de vejez».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 6 de 24

Argumentó que, de acuerdo con el inciso 5° del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, cuando no se incluya el pasivo correspondiente a los beneficiarios retirados, serán los hospitales los llamados a responder, toda vez que los contratos de concurrencia no cobijaban a los retirados a 31 de diciembre de 1993, como lo era la señora Martha Patricia Velásquez Quintero. Por lo precedente, sustentó que, mientras se suscribían nuevos contratos de concurrencia en donde se incluyera a los trabajadores retirados, quien debía asumir la obligación era la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez, dado que fungió como empleador.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional, mientras que las otras, la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca, y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC), son del orden territorial ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimi ento y pago de un bono pensional de la señora Martha Patricia Velásquez Quintero por el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1986 y el 5 de marzo de 1987 , tiempo en el que laboró para el antiguo Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE ; y iii) todas las autoridades en conflicto negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación administrativa.

4.2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado

conflicto negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación administrativa.

4.2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

14 Este mandato es armónico con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 7 de 24

4.3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4.4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4.4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados, en el presente asunto, debe la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional , correspondiente a la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, por el tiempo que laboró en el antiguo Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), hoy ESE, en el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1986 y el 5 de marzo de 1987.

El conflicto surgió porque la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) certificó que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero laboró en esa institución como enfermera, desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987, y que el competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional es el departamento de Cundinamarca.

Para sustentar lo precedente, la institución hospitalaria esgrimió que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero, aunque prestó sus servicios en esa entidad desde el 6 de marzo de 1986 y hasta el 5 de marzo de 1987, no se habían efectuado aportes a seguridad social ; en consecuencia, el departamento de Cundinamarca debía responder por el bono pensional , toda vez que esa institución de salud solo adquirió la naturaleza jurídica de empresa social del Estado a partir de la Ordenanza 253 de 15 de octubre de 2008.

El departamento de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial

adquirió la naturaleza jurídica de empresa social del Estado a partir de la Ordenanza 253 de 15 de octubre de 2008.

El departamento de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC), argumentó que los recursos para el pago de la deuda prestacional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993, no fueron calculados ni aportados por las entidades concurrentes; por lo tanto, de acuerdo con lo consagrado en el parágrafo 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, la llamada a responder era la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca) , por haber sido la empleadora.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 8 de 24

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aseveró que la señora Martha Patricia Velásquez Quintero tenía la calidad de retirada de la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), por ese motivo, no estaba cobijada por el convenio de concurrencia, porque el Ministerio giró los recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, no para los beneficiarios retirados.

La Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca centró su disertación en que, al no existir contrato de concurrencia para el personal retirado, de acuerdo con el inciso 5° del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la llamada a responder era la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas15:

con el inciso 5° del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la llamada a responder era la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas15:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración16

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 17, y mediante la Ley 9ª de 1973 18, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincula r a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

15 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06000-2025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-0025700, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimie ntos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia. 16 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 5 de noviembre de 2025, radicación nro. 11001-03-06-000-2025-00417-00. 17 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 18 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 9 de 24

Decreto Ley 056 de 197519

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como

Decreto Ley 056 de 197519

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Subraya la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual

19 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00404-00 Página 10 de 24

se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197520

Este decreto dispuso que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud ,

se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197520

Este decreto dispuso que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales d