CE - Auto interlocutorio 11001030600020250040500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00405-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda Asunto: autoridad competente para conocer de una actuación disciplinaria contra un profesional del derecho vinculado a un municipio mediante contrato de prestación de servicios.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES1

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 27 de noviembre de 202 3, la Dirección Jurídica del Fondo Nacional de Turismo –FONTUR– presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra, entre otros, d el abogado E. R. M2., en su condición de asesor jurídico externo de la alcaldía, por presuntas irregularidades en la

Turismo –FONTUR– presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra, entre otros, d el abogado E. R. M2., en su condición de asesor jurídico externo de la alcaldía, por presuntas irregularidades en la iniciación de un trámite administrativo sancionatorio contra FONTUR derivado de un convenio de cooperación.

Según se desprende de la queja, el abogado E.R.M. habría participado en la elaboración y sustento de los actos administrativos mediante los cuales el municipio pretendió declarar el incumplimiento del convenio y ordenar la

1 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001-0306-000-2025-00405-00 expediente digital SAMAI. 2 Para garantizar la reserva de la actuación disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, se omitirán los nombres de los investigados. Se hará uso de siglas con las iniciales de sus nombres y apellidos.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 2 de 20

devolución de recursos, a pesar de que, por la naturaleza del convenio de cooperación, la administración municipal carecía de competencia para imponer sanciones a FONTUR.

2. Con fundamento en dicha queja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira abrió investigación disciplinaria en contra de l señor E.R.M., mediante auto del 27 de febrero de 2024 y, tras evaluar el material probatorio, en auto del 26 de agosto de 2024, remitió copias a la Comisión Seccional de Disciplina

Pereira abrió investigación disciplinaria en contra de l señor E.R.M., mediante auto del 27 de febrero de 2024 y, tras evaluar el material probatorio, en auto del 26 de agosto de 2024, remitió copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, al considerar que el comportamiento del abogado podría configurar faltas disciplinarias relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado, conforme al artículo 2° de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado).

3. Mediante auto del 25 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional Judicial de Risaralda declaró su falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria del abogado E.R.M., y ordenó devolver el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, al estimar que los hechos guardaban relación con la ejecución de un contrato estatal y no con el ejercicio de la abogacía, en tanto la presunta irregularidad se enmarca ba en un posible abuso o extralimitación de funciones administrativas.

4. Finalmente, mediante oficio del 6 de agosto de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira resolvió «ACEPTAR el conflicto de competencia propuesto por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL RISARALDA» y remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a fin de que resolviera el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre dicha procuraduría y la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial de Risaralda.

II. ACTUACIÓN PROCESAL3

Consejo de Estado, a fin de que resolviera el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre dicha procuraduría y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda.

II. ACTUACIÓN PROCESAL3

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto nro. 377 del 3 de septiembre de 2025, por el término de cinco (5) días hábiles (desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 2025), en la Secretaría de la Sala, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones dentro del trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 3 de septiembre de 2025, que se comunicó la existencia del conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y a la Comisión Seccional de

3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250040500 que reposa en SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 3 de 20

Disciplina Judicial de Risaralda, a la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Pereira, así como al abogado E. R. M. (en calidad de disciplinado),

De acuerdo con el informe secretarial del 11 de septiembre de 2025, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades y particulares involucrados guardaron

De acuerdo con el informe secretarial del 11 de septiembre de 2025, vencido el término de fijación del edicto, las autoridades y particulares involucrados guardaron silencio y el expediente fue remitido al despacho de la consejera ponente para decisión.

Mediante auto del 15 de octubre de 2025, la magistrada ponente ordenó solicitar información complementaria. En particular, requirió: i) al municipio de La Celia (Risaralda) el envío de copia íntegra del contrato de prestación de servicios suscrito con el abogado E. R. M. y ii) a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, copia de la queja disciplinaria presentada por FONTUR, así como los antecedentes que dieron origen al proceso en conflicto.

En cumplimiento de lo anterior, según informe secretarial del 23 de octubre de 2025, el municipio de La Celia remitió el contrato solicitado; la comisión seccional allegó la documentación requerida, y la procuraduría provincial guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda)

Mediante escrito allegado en el trámite del conflicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira expuso que, al verificar el contenido del contrato de prestación de servicios, suscrito entre el municipio de La Celia (Risaralda) y el abogado E . R. M., se advi rtió que el profesional fue contratado para apoyar la gestión del ente territorial en el fortalecimiento de los procesos de asesoría jurídica

abogado E . R. M., se advi rtió que el profesional fue contratado para apoyar la gestión del ente territorial en el fortalecimiento de los procesos de asesoría jurídica y representación judicial, extrajudicial y acompañamiento jurídico.

A partir de dicho objeto contractual, la Procuraduría señaló que el municipio requirió los servicios del abogado para ejercer, mediante contrato de prestación de servicios, su profesión de abogado, y que las actuaciones que dieron origen a la queja presentada por FONTUR derivaron de esa labor profesional, consistente en brindar acompañamiento y asesoría jurídica a la administración municipal.

En sustento de su posición, la Procuraduría citó la Sentencia C -899 de 2011 de la Corte Constitucional, en la que se precisó que los abogados que, en desarrollo de un vínculo contractual con el Estado, ejercen funciones propias de su profesión, no pueden quedar excluidos del control disciplinario que corresponde a la jurisdicción disciplinaria, pues de lo contrario se desconocería el principio de igualdad. En esa línea, destacó el siguiente aparte del fallo:

Independientemente de la relación que una persona pueda tener con el Estado,Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 4 de 20

bien como servidor público o bien como particular vinculado por contrato, debe responder por la forma como ejerce su actividad profesional si esta es la razón de su vínculo con el ente estatal, no entenderlo así sería entronizar un trato discriminatorio entre los individuos que ejercen una determinada profesión u oficio.

En consecuencia, la Procuraduría sostuvo que el abogado E . R. M. actuó en

discriminatorio entre los individuos que ejercen una determinada profesión u oficio.

En consecuencia, la Procuraduría sostuvo que el abogado E . R. M. actuó en ejercicio de su profesión dentro de la asesoría jurídica que prestaba al municipio, y por tanto la autoridad competente para conocer la actuación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, conforme a la Ley 1123 d e 2007, por la presunta falta disciplinaria cometida en ejercicio de su profesión de abogado.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda no presentó alegatos dentro del trámite adelantado ante esta Sala. No obstante, su posición frente a la competencia se desprende del auto del 25 de noviembre de 2024, en el cual declaró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario remitido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira.

En dicha providencia, la comisión sostuvo que el asunto se relaciona con las presuntas irregularidades cometidas por el denunciado en el cumplimiento de un contrato que lo vinculaba al municipio, concretamente por su intervención en la iniciación de un trámite administrativo sancio natorio contra el Fondo Nacional de Turismo –FONTUR–, actuación que podría constituir una extralimitación de funciones o abuso de poder.

Por esa razón, la comisión consideró que el caso no se enmarca en el ejercicio profesional de la abogacía regulado por la Ley 1123 de 2007, sino en el ámbito disciplinario propio de los particulares que ejercen funciones públicas, conforme a

Por esa razón, la comisión consideró que el caso no se enmarca en el ejercicio profesional de la abogacía regulado por la Ley 1123 de 2007, sino en el ámbito disciplinario propio de los particulares que ejercen funciones públicas, conforme a la Ley 1952 de 2019, por lo que l a competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, laRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 5 de 20

Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda , no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos, por cuanto: i) tanto la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, son autoridades del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, originada en la queja disciplinar ia presentada por el Fondo Nacional de Turismo –FONTUR– contra el abogado E.R.M., en su calidad de asesor jurídico externo del municipio de La Celia (Risaralda); y iii) ambas autoridades han negado sucesivamente su competencia para adelantar o continuar con la actuación correspondiente, lo cual dio lugar a la proposición del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

negado sucesivamente su competencia para adelantar o continuar con la actuación correspondiente, lo cual dio lugar a la proposición del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia debido a que también está inmersa en el conflicto una auto ridad de carácter administrativo 4, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

4Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014 -00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 6 de 20

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos5.

2. Términos legales

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos5.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva6.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

5 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún

disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala D+++isciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico perm ite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 6 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 7 de 20

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 7 de 20

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor E.R.M., abogado vinculado por el municipio de La Celia (Risaralda) mediante contrato de prestación de servicios, para prestar asesoría y acompañamiento jurídico a la administración municipal, dentro de l cual se habrían originado las actuaciones que motivaron la queja presentada por el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR–.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira sost uvo que la autoridad competente para continuar la investigación es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, por cuanto el municipio requirió los servicios del señor E.R.M. para ejercer, mediante contrato de prestación de servicios, su profesión de abogado, y las presuntas irregularidades derivan directamente de dicha labor profesional.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda manif estó que la competencia es de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, en la medida en que la presunta conducta imputada al contratista no se relaciona con el ejercicio de la abogacía, sino de una posible extralimitación de funciones e n el cumplimiento de un contrato estatal y en curso del trámite administrativo adelantado por la Alcaldía de La Celia (Risaralda) frente al Fondo Nacional de Turismo.

cumplimiento de un contrato estatal y en curso del trámite administrativo adelantado por la Alcaldía de La Celia (Risaralda) frente al Fondo Nacional de Turismo.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración; ii) Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas .

Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio. Reiteración; iv) El principio de non bis in ídem. Reiteración; v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración7

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de abril de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00042-00, decisión del 30 de abril de 2025 , con radicado 11001-03-06-0002025-00005-00. Decisión del 19 de noviembre de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025-0025300.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 8 de 20

Los artículos 69 y 70 de Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario […] » señalan el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de los particulares, así:

Los artículos 69 y 70 de Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario […] » señalan el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de los particulares, así:

ARTÍCULO 69. NORMAS APLICABLES. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.

ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso. [Se destaca]

De acuerdo con las disposiciones transcritas, es dable concluir que son sujetos disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Ahora, los artículos 91 y 92 ibidem, este último modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, señalan los factores que determinan la competencia en el régimen disciplinario para los particulares, así:

ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 9 de 20

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE.

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia e sté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia e sté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable. [Se destaca].

Es decir, de conformidad con el nuevo Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.

Es decir, de conformidad con el nuevo Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.

5.2 Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas , Reiteración8. El contrato de prestación de servicios es uno de los contratos estatales que define la Ley 80 de 19939 en el artículo 32, numeral 3º, así: ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Decisión del 30 de abril de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025-00005-00. 9 Ley 80 de 1993 ( octubre 28) “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00405-00 Página 10 de 20

disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […] 3o. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas ac tividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas ac tividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. De acuerdo con la norma transcrita, estos contratos pueden celebrarse con personas naturales solo si i) no es suficiente el personal de planta o ii) se trata de conocimientos especializados.

Ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y los principios que rigen la función pública.

Adicionalmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 2 de diciembre de 2013, se refirió al presente tema en los siguientes términos10:

[…] Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que la realidad material de las expresiones legales “…para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…” engloba necesariamente una misma sustancia jurídica: la del contrato de prestación de servicios definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestión de la entidad requirente en relación con su funcionamiento o el desarrollo de actividades relacionadas con la administ ración de la misma, que en esencia no implican en manera alguna el ej