CE - Auto interlocutorio 11001030600020250041000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Álzate

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00410-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: ESE Hospital San Rafael de Cáqueza

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca , y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados respectivamente, por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. La ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), en calidad de entidad certificadora, expidió el certificado CETIL núm. 202005832001411000170002 del 15 de mayo de 2020, correspondiente a la señora Martha del Pilar Galeano Gasca, en el que indicó: i) que estuvo vinculada a esa institución, como bacterióloga, desde el 5 de agosto de 1985 y hasta el 4 de agosto de 1986; y (ii) que la entidad responsable

el que indicó: i) que estuvo vinculada a esa institución, como bacterióloga, desde el 5 de agosto de 1985 y hasta el 4 de agosto de 1986; y (ii) que la entidad responsable por dicho periodo era el departamento de Cundinamarca.

2. El 23 de mayo de 2021, Porvenir SA le solicitó al departamento de Cundinamarca la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional tipo A, a favor de la señora Martha del Pilar Galeano Gasca, por el periodo laboral atrás aludido.

3. El 28 de julio de 202 2, el departamento de Cundinamarca objetó la solicitud de

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto núm. 11001-03-06-000-2024-00410-00Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 2 de 23

reconocimiento y pago del bono pensional porque,

[…] de acuerdo al certificado No. SDAF-282 de 28 de junio de 2022, emanado de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la señora MARTHA DEL PILAR GALEANO GASCA, NO se encuentra registrada en ninguno de los formularios (10, 11, 18) del cálculo del Pasivo Prestacional del Sector Salud “CAMISA”, por lo

la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la señora MARTHA DEL PILAR GALEANO GASCA, NO se encuentra registrada en ninguno de los formularios (10, 11, 18) del cálculo del Pasivo Prestacional del Sector Salud “CAMISA”, por lo que se determina que el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca NO es responsable del reconocimiento y pago de la cuota parte de bono pensional solicitado.

4. El 20 de marzo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de Porvenir SA, emitió documentación en la que registró que el responsable por el tiempo de servicios prestados en el antiguo Hospital San Rafael de Cáqueza

(Cundinamarca), era el departamento de Cundinamarca.

5. El 5 de septiembre de 2025, Porvenir SA planteó conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, para que se determinara la autoridad competente para estudiar la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha del Pilar Galeano Gasca, por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 1985 y el 4 de agosto de 1986, en el que prestó sus servicios en el antiguo Hospital San Rafael de Cáqueza de Cundinamarca, hoy ESE.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó en la Secretaría de la Sala, el edicto núm. 381 del 9 de septiembre de 2025, por el término de 5 días hábiles (de sde el 12 hasta el 18 de septiembre de 2025) para que las

Secretaría de la Sala, el edicto núm. 381 del 9 de septiembre de 2025, por el término de 5 días hábiles (de sde el 12 hasta el 18 de septiembre de 2025) para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto4. Consta en informe de la Secretaría de la Sala del 9 de septiembre de 2025, que se comunicó el presente conflicto de competencias a Porvenir SA, a la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, al abogado Juan Camilo Rodríguez Cardona, apoderado de Porvenir SA, y a la señora Martha del Pilar Galeano Gasca5. De acuerdo con constancia de la Secretaría de la Sala, la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca) presentó alegatos 6, al igual que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 7 y la Unidad Administrativa Esp ecial de Pensiones del

4SAMAI. Actuación núm.7. POREDICTO_06__Edicto_0_20250909102210475

5SAMAI. Actuación núm.6. EXPEDIENTEDIGI_06_INFORMEDECOMUNICA

6SAMAI. Actuación núm. 9_MemorialWeb_Otro-202500410PRONUNCIA(.pdf)

5SAMAI. Actuación núm.6. EXPEDIENTEDIGI_06_INFORMEDECOMUNICA

6SAMAI. Actuación núm. 9_MemorialWeb_Otro-202500410PRONUNCIA(.pdf) 7SAMAI. 20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Consideracionesconf(.pdf) NroActua 7Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 3 de 23

departamento de Cundinamarca 8. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca)9

Manifestó que la señora Martha del Pilar Galeano Gasca laboró en esa institución entre el 5 de agosto de 1985 y el 4 de agosto de 1986, tiempo en el cual ese hospital era una dependencia del extinto servicio seccional de salud de Cundinamarca y, por ende, el llamado a asumir la responsabilidad frente al bono pensional era el departamento de Cundinamarca.

Mencionó que de acuerdo con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la entidad territorial era la llamada a presupuestar y pagar el pasivo prestacional causado hasta el 31 de diciembre de 1993, y no la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), pues en ese momento no tenía vida jurídica, como se reconoció legalmente en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011 y de acuerdo al análisis realizado por esta Sala en decisiones 2024-00501 y 2025-00212.

Adujo, con apoyo en las aludidas decisiones, que la institución hospitalaria no era

realizado por esta Sala en decisiones 2024-00501 y 2025-00212.

Adujo, con apoyo en las aludidas decisiones, que la institución hospitalaria no era entidad concurrente al pago del pasivo pensional causado con anterioridad al 31 de diciembre de 1993, y que el contrato de concurrencia le correspondía a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y al departamento de Cundinamarca.

Adicionalmente, señaló que para los ex funcionarios del sector salud de esa entidad territorial, se suscribió el contrato de concurrencia 204 de 2001, el cual financió el pasivo prestacional del personal activo al 31 de diciembre de 1993, pero no fue objeto de modificación para incluir la financiación del personal retirado al 31 de diciembre de 1993, ni se suscribió un nuevo contrato.

3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público10

Afirmó que, esa entidad debía ser desvinculada porque «no tiene la facultad ni la competencia para expedir certificaciones laborales de personas que no han trabajado para este ministerio […] esta obligación recae única y exclusivamente en el empleador […] la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA».

Expuso que, al estudiar la documentación de las entidades del sector salud del departamento de Cundinamarca, encontró que la señora Martha del Pilar Galeano Gasca «NO ES BENEFICIARIA por el tiempo laborado en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA», dado que el hospital no la reportó como beneficiaria del

8 SAMAI. Actuación 24. INFORMESECRETA_Informesecretarial20_0_20250919170421915

RAFAEL DE CÁQUEZA», dado que el hospital no la reportó como beneficiaria del

8 SAMAI. Actuación 24. INFORMESECRETA_Informesecretarial20_0_20250919170421915 9SAMAI. Actuación núm. 9. 11001030600020250041002MemorialWeb2025916151241 10 SAMAI. Actuación núm. 20.1100103060002025500371002MemorialWeb202591621255Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 4 de 23

pasivo prestacional del sector salud; en consecuencia, el pasivo causado a 31 de diciembre de 1993, no podía ser financiado a través de convenios de concurrencia, aunque su expectativa de derecho pensional se mantiene incólume, no correspondía a la Nación financiarlo.

3.3. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC)

Indicó que era una entidad especializada en la atención y seguimiento de las obligaciones pensionales a cargo del departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca; sin embargo, de acuerdo con la certificación de beneficiarios del fondo del pasivo prestacional emitida el 19 de noviembre de 1998 por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud, el fondo de pensiones públicas del departamento no es responsable de la emisión y pago del bono pensional de la señora Martha del Pilar Galeano Gasca.

Asimismo, señaló que la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 3061 de 1998, no

Pilar Galeano Gasca.

Asimismo, señaló que la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 3061 de 1998, no avaló concepto alguno por reserva pensional de personal retirado a 31 de diciembre de 1993.

Adujo que los recursos para sufragar la deuda prestacional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 no fueron calculados ni aportados por las entidades concurrentes; por lo tanto, de acuerdo con lo consagrado en el parágrafo 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, la obligación debía ser asumida por la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), en su calidad de empleador.

Finalmente, manifestó que el convenio de sustitución pensional número 001 de 2003, destinado a la administración y pago del pasivo pensional, no financió ni entregó recursos para la deuda del personal retirado a 31 de diciembre de 1993, por eso no podía atenderse la solicitud de la extrabajadora.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción

Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asuntoRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 5 de 23

de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional , mientras que la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca) y el departamento de Cundinamarca , son del orden territorial; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional de la señora Martha del Pilar Galeano Gasca por el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 1985 y el 4 de agosto de 1986, tiempo en el que laboró para el antiguo Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), hoy ESE ; y iii) todas las autoridades en conflicto negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

4.2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declar ará en la parte resolutiva11.

4.3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4.4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados, en el presente asunto , le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente a la señora Martha del Pilar Galeano Gasca, por el tiempo que laboró en el Hospital San

11 Este mandato es armónico con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia

11 Este mandato es armónico con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 6 de 23

Rafael de Cáqueza (Cundinamarca) -hoy ESE-, esto es, entre el 5 de agosto de 1985 y el 4 de agosto de 1986.

El conflicto surgió porque la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), mediante el CETIL núm. 202005832001411000170002 del 15 de mayo de 2020, precisó no ser la competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha del Pilar Galeano Gasca, pues , en su concepto, quien debía responder era el departamento de Cundinamarca. Para sustentar lo precedente, esgrimió que para los exfuncionarios del sector salud del departamento de Cundinamarca se suscribió el contrato de concurrencia 204 de 2001, el cual financió el pasivo prestacional del personal activo al 31 de diciembre de 1993, pero no fue objeto de modificación para incluir la financiación del personal retirado al 31 de diciembre de 1993, ni se suscribió un nuevo contrato.

El departamento de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC), argumentó que los recursos para el pago de la deuda prestacional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 no fueron calculados ni aportados por las entidades

de Pensiones del Departamento de Cundinamarca (UAEPC), argumentó que los recursos para el pago de la deuda prestacional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 no fueron calculados ni aportados por las entidades concurrentes; por lo tanto, de acuerdo con lo consagrado en el parágrafo 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 586 de 2017, el pago debía ser asumido por la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca), en su calidad de empleador.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aseveró que la señora Martha del Pilar Galeano Gasca no fue reportada por el hospital como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud ; en consecuencia, su pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 no podía ser cancelado a través de convenios de concurrencia, por eso no correspondía a la Nación financiarlo, sino al empleador.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas12:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo.

12 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06000-2025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-0025700, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimie ntos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 7 de 23

1. Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración13

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 14, y mediante la Ley 9ª de 1973 15, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincula r a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197516

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 5 de noviembre de 2025,

dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 5 de noviembre de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00417-00. 14 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 15 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 16 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 8 de 23

otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y

organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197517

Este decreto dispuso que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo

dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

17 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 9 de 23

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración18

Ahora bien, como lo señaló la Sal a19, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 20 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras

inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 20 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 21 que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, y en especial, adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del niv el territorial

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 5 de noviembre de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00417-00. 19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 20 Ley 10 de 1990 (enero 10 ) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su

20 Ley 10 de 1990 (enero 10 ) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley. 21 Ley 60 de 1993 (agosto 12) «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Polí tica y se dictan otras disposiciones». Esta ley fue derogada por Ley 715 de 2001.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00410-00 Página 10 de 23

en materia salarial y prestacional, y estableció un mecanismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración22

Ley 60 de 1993

Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración22

Ley 60 de 1993

Esta disposición creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud23 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspectos, que el Gobierno nacional, por medio de reglamento, establecería la forma en que la Nación y las entidades territoriales concurrirían al pago del pasivo pensional.

Ley 100 de 199324

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios» y se refirió al sector salud y al fondo del pasivo, en el artículo 242, en los siguientes términos: