CE - Auto interlocutorio 11001030600020250041700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00417-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca , Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica).

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 , del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES1

1. El 29 de enero de 20212, la ESE San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) expidió la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL) número 202101890680025000590003, correspondiente a la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira, en la que indicó: i) que estuvo vinculada como odontóloga en esa

expidió la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL) número 202101890680025000590003, correspondiente a la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira, en la que indicó: i) que estuvo vinculada como odontóloga en esa institución desde el 2 de octubre de 1986 hasta el 1º de febrero de 1987; ii) que a la empleada se le hicieron los descuentos por concepto de seguridad social en

1 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente. No obstante, la posición de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), del departamento de Cundinamarca, de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , frente a su competencia para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional que ahora se estudia, se pudo extraer con exactitud de los alegatos y consideraciones que presentaron cada una de estas, una vez la Secretaría de la Sala de Consulta les comunicó la existencia del presente asunto. 2 Expediente digital, archivo «005ED_04CETILSONIAESPERANZ.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 2 de 24

pensión, salud y riesgos profesionales y iii) que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Cundinamarca.

2. El 13 de julio de 2025 3, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca objetó su participación en el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado por la señora Palacino, argumentando que, «[mediante

2. El 13 de julio de 2025 3, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca objetó su participación en el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado por la señora Palacino, argumentando que, «[mediante certificación SDAF -923se informa que la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda […] no avaló valor alguno por concepto de reserva pensional del personal retirado a 31 de diciembre de 1.993 ]»4. A su vez , señaló que, de conformidad con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la autoridad competente era la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca).

3. El 27 de agosto de 2025 5, la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá

(Cundinamarca) negó competencia, y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad , la AFP Colfondos Pensiones y Cesantías, el departamento de Cundinamarca , la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica) , con el fin de determinar la autoridad administrativa competente para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 388 de fecha

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 388 de fecha 11 de septiembre de 2025 6 en la Secretaría de la Sala, por el término de 5 días hábiles, esto es, del 12 al 18 de septiembre de 2025 , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 11 de septiembre de 20257, que se comunicó la presentación del conflicto a la coordinadora de Bonos Pensionales de Colfondos Pensiones y Cesantías, a la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca , al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social , a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del

3 Expediente digital, archivo «004ED_03Archivoae4914933bd.pdf». 4 Texto original en mayúscula sostenida. 5 Expediente digital, archivo s «003ED_02TRAZABILIDADCONFLI.pdf», «002ED_01DEMANDACONFLICTODE.pdf». 6 Expediente digital, archivo «020POREDICTO_17Edicto.pdf». 7 Expediente digital, archivo «019ED_19Informecomunicacio.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 3 de 24

departamento de Cundinamarca (UAEPC) , al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá (Cundinamarca), al Hospital Universitario de la Samaritana, al señor Oscar Orlando Berbeo Forero , apoderado de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), y a la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira.

De acuerdo con el informe secretarial del 19 de septiembre de 2025 8, dentro del término de fijación del edicto , la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca presentaron alegatos o consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Posteriormente, en informe secretarial de la misma fecha9, consta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca)10

La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) no presentó alegatos ni consideraciones. No obstante, en el auto del 27 de agosto de 2025, manifestó su falta de competencia y precisó que la autoridad administrativa competente para reconocer y pagar el bono pensional solicitado es el departamento de Cundinamarca.

Señaló que, l o que antes se denominaba Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, el 22 de marzo de 1996 se transformó en Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, por lo cual, solo hasta esta fecha , la referida ESE tuvo vida jurídica y capacidad legal para contraer derechos y obligaciones.

Fusagasugá, el 22 de marzo de 1996 se transformó en Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, por lo cual, solo hasta esta fecha , la referida ESE tuvo vida jurídica y capacidad legal para contraer derechos y obligaciones.

Indicó que el reconocimiento y pago del pasivo prestacional de la señora Palacino Pereira, como persona vinculada a la institución hospitalaria antes del 31 de diciembre de 1993, corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en concurrencia con el departamento de Cundinamarca , esta última como entidad territorial a la que pertenecía el antiguo Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá.

En ese sentido , advirtió que, de conformidad con el Decreto 586 de 2017, en aquellos casos en que no se haya efectuado el corte de cuentas, ni suscrito el contrato de concurrencia o sus adiciones o modificaciones, se debe aplica r lo consagrado en el inciso 5º del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, es decir, que la

8 Expediente digital, archivo «028ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00417.pdf». 9 Expediente digital, archivo «030INFORMESECRETA_Informesecretarial20.pdf». 10 Expediente digital, archivo «002ED_01DEMANDACONFLICTODE.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 4 de 24

entidad del sector salud , en este caso, el departamento de Cundinamarca deberá seguir presupuestando las cesantías y pensiones a que está obligado.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público11

entidad del sector salud , en este caso, el departamento de Cundinamarca deberá seguir presupuestando las cesantías y pensiones a que está obligado.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público11

El 19 de septiembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus consideraciones.

Señaló que la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira se encuentra registrada en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud como beneficiaria retirada.

Indicó que el convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001 giró los recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, pero no para los beneficiarios retirados , y no puede darse una destinación diferente a los recursos del convenio.

De igual manera, señaló que como no ha culminado el procedimiento dispuesto en el Decreto 586 de 2017, les corresponde a las instituciones de salud presupuestar y pagar las cesantías y pensiones a que están obligadas «hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993».

Finalmente, manifestó que la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado no implica la creación de una nueva persona jurídica y, por tanto, no pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores.

3. Departamento de Cundinamarca12

El 18 de septiembre de 2025, el departamento de Cundinamarca presentó sus consideraciones.

pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores.

3. Departamento de Cundinamarca12

El 18 de septiembre de 2025, el departamento de Cundinamarca presentó sus consideraciones.

Indicó que, según la información suministrada en los formularios 10, 11 y 18 del Calculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA), la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira fue reportada como beneficiaria retirada y, debido a esto , no se calculó una reserva pensional para financiar su pasivo pensional «ya que está relacionado como RETIRADO con características de ser un pasivo incierto exigible sólo cuando acceda a su derecho pensional por haber acreditado los requisitos para la pensión de vejez».

11 Expediente digital, archivo « 028_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaPronunciamientoaco.pdf». 12 Expediente digital, archivo «024_MemorialWeb_Alegatos-ALEGACIONESCONSEJO.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 5 de 24

En ese sentido, señaló que, de conformidad con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, «al no incluirse el pasivo correspondiente de los beneficiarios retirados, serán los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo».

Por último, manifestó que la obligatoriedad de pagar el pasivo inmerso en los contratos de concurrencia suscritos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales, no cobijan a los retirados al 31 de diciembre de 1993, siendo la institución hospitalaria ESE Hospital San Rafael

contratos de concurrencia suscritos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales, no cobijan a los retirados al 31 de diciembre de 1993, siendo la institución hospitalaria ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), en calidad de empleador, la responsable de presupuestar y pagar el pasivo reclamado por la señora Palacino Pereira, hasta tanto no se suscriban nuevos contratos de concurrencia en los que se incluya n a los extrabajadores reportados como retirados.

4. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de

Cundinamarca13

El 18 de septiembre de 2025, esta autoridad señaló que no es responsable de la emisión y pago del bono pensional reclamado por la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira , por los periodos laborados en la ESE Hospital San Raf ael de Fusagasugá (Cundinamarca), debido a que aquel la se encuentra registrada en la base de datos del Cálculo Actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA), formulario 18, como personal retirado a 31 de diciembre de 1993 y, en consecuencia, «NO es beneficiario (a) del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud».

Lo anterior con fundamento en lo siguiente:

1. El sector salud del departamento de Cundinamarca y el Fondo de Pensiones de Cundinamarca suscribieron en el año 2003 el convenio núm. 001 con el objeto de administrar los recursos del contrato de concurrencia núm. 204, esto es, administrar los recursos y pagar las obligaciones de los beneficiarios exclusivos a 31 de diciembre de 1993, representados en dos grupos: a)

objeto de administrar los recursos del contrato de concurrencia núm. 204, esto es, administrar los recursos y pagar las obligaciones de los beneficiarios exclusivos a 31 de diciembre de 1993, representados en dos grupos: a) reserva pensional de activos y b) reserva pensional de jubilados.

1. No obstante, frente al pago de las obligaciones pensionales del personal retirado a 1993 o no registrado, el citado contrato no registró recurso o valor alguno.

1. Contractualmente el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos entregados con fundamento en el contrato de concurrencia número 204 de 2001, no puede atender pagos distintos a los allí establecidos, pues asumir las oblig aciones pensionales de personas no registradas como beneficiarias del pasivo pensional, con cargo a dicho

13 Expediente digital, archivo «023_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOS2025417EN.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 6 de 24

contrato, conllevaría al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Fondo.

En ese sentido, manifestó que solo hasta el momento que las entidades obligadas realicen los trámites del recálculo de la deuda y se sitúen los recursos adicionales, el Fondo podrá asumir nuevas obligaciones, toda vez que en su calidad de mero administrador no tiene ninguna responsabilidad para adelantar acciones tendientes a la actualización y suscripción del otro sí en el que se incluya el cálculo y la financiación de la deuda del pasivo pensional de las personas sobre los cuales no se asignaron recursos.

De otro lado, señaló que, aunque las empresas sociales del Estado no existían

financiación de la deuda del pasivo pensional de las personas sobre los cuales no se asignaron recursos.

De otro lado, señaló que, aunque las empresas sociales del Estado no existían como tales antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, es claro que con anterioridad existían unas instituciones que prestaban los servicios de salud y que las mismas, con sujeción a la Ley se trasformaron en lo que hoy se conoce como ESE, de manera tal que la transformación en ESE no la exime de sus obligaciones.

En consecuencia, solicitó a la Sala de Consulta que se declarara la competencia de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca).

5. Colfondos SA: Fondo de Pensiones y Cesantías en Colombia

Esta autoridad no presentó alegatos ni consideraciones , y en el expediente tampoco obran actuaciones de las que se puedan extraer los argumentos en torno a su competencia respecto del reconocimiento del bono pensional solicitado.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se

o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional, esto es, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), el departamento deRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 7 de 24

Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al tiempo que la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira laboró en el antiguo Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), hoy ESE, esto es, desde el 2 de octubre de 1986 hasta el 1º de febrero de 1987 ; y iii) las autoridades negaron la competencia para adelantar o continuar la actuación administrativa.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas,

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto , le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al tiempo que la señora Sonia Esperanza Palacino Pereira laboró en el antiguo Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), hoy ESE, esto es, desde el 2 de octubre de 1986 hasta el 1º de febrero de 1987.

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de

de octubre de 1986 hasta el 1º de febrero de 1987.

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 8 de 24

El departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca señalaron que la autoridad responsable es la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca), pues «al no incluirse el pasivo correspondiente de los beneficiarios retirados, serán los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo».

Por su parte, l a ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) indicó que la autoridad competente es el departamento de Cundinamarca, toda vez que, para la fecha del periodo que se reclama, la entidad hospitalaria no contaba con capacidad legal para adquirir derechos ni contraer obligaciones, pues era una dependencia del departamento de Cundinamarca.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que no le corresponde responder por el pasivo prestacional de la señora Palacino Pereira, dado que el convenio de concurrencia núm. 204 del 24 de diciembre de 2001 no contempla recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios retirados , y, en consecuencia, les corresponde a las instituciones de salud presupuestar y pagar las cesantías y pensiones a que están obligadas «hasta tanto no se realice el

recursos para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios retirados , y, en consecuencia, les corresponde a las instituciones de salud presupuestar y pagar las cesantías y pensiones a que están obligadas «hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas la s entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993».

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas15:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

15 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06000-2025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-0025700, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimie ntos para garantizar el pago del

análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimie ntos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 9 de 24

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 16, y mediante la Ley 9ª de 1973 17, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal,

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada

16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».

que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada

16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 18 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00417-00 Página 10 de 24

unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197519

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios

tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197519

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dej