CE - Auto interlocutorio 11001030600020250041800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 22 de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño e

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Asunto: autoridad competente para conocer un proceso disciplinario contra un asistente forense del Instituto Nacional de

Medicina Legal.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de septiembre de 2019 3, en la localidad de Samaniego , Nariño, dentro de la caracterización del Proyecto denominado «Cataluña» se realizó una jornada de toma de muestras biológicas a familiares de personas desaparecidas en varios municipios del departamento de Nariño, con el fin de obtener perfiles genéticos los cuales serían incorporados en la base de datos de búsquedas de personas desaparecidas.

2. En dicha jornada l a secretaria de gobierno del departamento de Nariño invitó a participar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual, a través de la

incorporados en la base de datos de búsquedas de personas desaparecidas.

2. En dicha jornada l a secretaria de gobierno del departamento de Nariño invitó a participar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual, a través de la Seccional de Nariño, participó designando para la toma de muestras al asistente forense de la Unidad Básica de Medicina Legal de Túquerres el señor L.E.B.M4. La actividad de

apoyo consistía en5:

[…] la toma de muestras biológicas a los familiares de personas desaparecidas, su registro en la plataforma SIRDEC, la custodia y manejo hasta la remisión de las mismas hasta su envío al Laboratorio de genética de la Regional Suroccidente, para de esta man era

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folios 1-4. 4 Para garantizar la reserva de la actuación disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, se omitirá el nombre del disciplinado. Se hará uso de siglas con las iniciales de su nombres y apellidos. 5 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folios 5-7.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 2 de 26

5 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folios 5-7.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 2 de 26

establecer los perfiles genéticos, subirlos al sistema CODIS y así continuar c on la búsqueda de personas desaparecidas.

3. El 15 de junio de 20216, la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas de Desaparición Forzada de Samaniego «Unidos por la Verdad» - ASVISUV presentó derecho de petición ante la Gobernación de Nariño , con el propósito de obtener información sobre la citada jornada en lo que respecta a «los nombres de personas dadas por desaparecidas y personas buscadoras. Registro de asistentes en las jornadas presenciales de documentación y caracterización en los municipios de Samaniego y Chachagui (sic)»

El referido derecho de petición fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que, a través de oficio núm. 0397 DRSO 2021 7, emitió respuesta e indicó, entre otras cosa s, que en la jornada de Samaniego se realiz ó el registro de información de desparecidos en el sistema SIRDEC y la toma de muestras a 23 individuos de varios grupos familiares de personas desaparecidas, las cuales fueron remitidas al laboratorio de genética.

4. Sin embargo, en el marco de recopilación de información para responder la petición elevada, el director de la Regional del Suroccidente de la entidad advirtió posibles irregularidades por parte del asistente forense L.E.B.M, puesto que evidenció que a pesar

elevada, el director de la Regional del Suroccidente de la entidad advirtió posibles irregularidades por parte del asistente forense L.E.B.M, puesto que evidenció que a pesar de haber tomado las muestras biológicas dentro de la citada jornada acaecida el 25 de septiembre de 2019 , solo las remitió al laboratorio de genética de la Regional Suroccidente hasta el 23 de julio de 2021.

5. En consecuencia, mediante auto núm. 000456 del 18 de noviembre de 20218, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ordenó apertura de indagación preliminar en contra del asistente forense L.E.B.M., y, el 8 de abril de 2024 , a través de auto núm. 000060, ordenó se abriera investigación disciplinaria.

6. Posteriormente, mediante auto núm. 000208 del 30 de septiembre de 20249, la Oficina de Control Disciplinario Interno ordenó la remisión por competencia de la actuación disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la que, a su vez, le remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño para que continúe con el trámite disciplinario.

Lo anterior, por considerar que de acuerdo con el Acto Legislativo núm. 02 de 2015, que modificó el artículo 257 de la Constitución Política, los artículos 31 y 125 de la Ley 270 de 1996, 33 de la Ley 938 de 2004 y la sentencia C-120 de 2021 le corresponde a la

6 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folio 11.

de 1996, 33 de la Ley 938 de 2004 y la sentencia C-120 de 2021 le corresponde a la

6 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folio 11. 7 Expediente digital. 3ED_030472021DELFOLIO1AL(.pdf). Folio 13. 8Ibidem. 9 Expediente digital. 6_EXPEDIENTEDIGI_06PROCDISC0472021FOL_5_20250910204043829%20(3).pdf. Folio 89.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 3 de 26

Comisión de Disciplina Judicial tramitar los procesos disciplinarios contra los empleados de la Rama Judicial.

7. A través de auto de 25 de junio de 202510, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño señaló que , mediante auto del 21 de octubre de 2024 , ordenó la apertura de investigación disciplinara en contra del asistente forense L.E.B.M; asimismo, indicó que, mediante auto del 25 de abril de 2025, dispuso prorrogar el término de dicha etapa.

Sin embargo, advirtió que en el marco del inicio del trámite de la etapa probatoria se encontró configurada la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 202 de la Ley 1952 de 2019, esto es, falta de competencia del funcionario para proferir el fallo . Lo anterior, debido a que la conducta presuntamente reprochable inició el 25 de septiembre del 2019, fecha que era anterior a su entrada en funcionamiento . Por tal motivo, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 21 de octubre de 2024 ,

septiembre del 2019, fecha que era anterior a su entrada en funcionamiento . Por tal motivo, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 21 de octubre de 2024 , mediante el cual se ordenó la apertura de investigación disciplinaria, y, remitió las diligencias por competencia a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

8. En consecuencia, la Oficina de Control Disciplinario Interno profirió auto núm. 0014 del 26 de agosto de 202511 mediante el cual no avocó conocimiento del proceso disciplinario, y, propuso conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con la finalidad de que se determine la autoridad competente para continuar las actuaciones disciplinarias adelantadas contra el asistente forense L.E.B.M

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 389 en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días , contados desde el 12 hasta el 18 de septiembre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto12.

Consta que se comunicó la actuación 13, por conducto de la Secretar ía de la Sala, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Oficina de Control Disciplinario Interno, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, y al señor

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Oficina de Control Disciplinario Interno, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, y al señor L.E.B.M, en su calidad de asistente forense.

10 Expediente digital. 6_EXPEDIENTEDIGI_06PROCDISC0472021FOL_5_20250910204043829%20(3).pdf. Folio 99. 11 Expediente digital. 2ED_02AUTONo001420250826(.pdf). 12 Expediente digital. 10POREDICTO_09Edicto(.pdf) 13 Expediente digital. 9ED_10Informecomunicacio(.pdf)Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 4 de 26

Mediante informe secretarial del 19 de septiembre de 2025 14, consta que, dentro del término de fijación del edicto, el jefe encargado de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses allegó un escrito de alegatos para ser tenido en cuenta en el trámite de l presente conflicto. L as demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se pueden extraer del auto del 25 de junio de 2025, en el cual sustentó su falta de competencia para conocer de las diligencias disciplinarias bajo la premisa de que a pesar de que la conducta investigada en el presente asunto se prolongó en el tiempo, lo cierto es que inició el 25

conocer de las diligencias disciplinarias bajo la premisa de que a pesar de que la conducta investigada en el presente asunto se prolongó en el tiempo, lo cierto es que inició el 25 de septiembre de 2019, momento para el cual la Comisión de Disciplina Judicial no había sido instalada, pues esto ocurrió hasta el 13 de enero de 2021.

En consecuencia, señaló que según la sentencia C -373 de 2016 esa entidad solo conocería de l as actuaciones de los empleados judiciales que ocurrieran con posterioridad a la fecha en cita. Así entonces, aquellas faltas cometidas con anterioridad serían examinadas por las autoridades que al momento de su ocurrencia tuviesen la competencia para conocerlas.

Por lo anterior, señaló que, en el presente asunto, de acuerdo con la fecha de ocurrencia de los hechos , es la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal la competente para asumir la investigación disciplinaria.

2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Mediante oficio núm. 697-OFCD-DG202515 del 16 de septiembre de 2025 , esta entidad presentó sus alegatos en los cuales reiteró su falta de competencia, y, argumentó, que si bien es cierto que los hechos que generaron la acción disciplinaria iniciaron el 25 de septiembre de 2019, tal como lo sostuvo la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, también lo es que la conducta que se derivó de dichos hechos es una conducta de carácter omisivo, la cual se prolongó en el tiempo y solo se consumó hasta el 23 de julio de 2021 cuando el asistente forense L.E.B.M finalmente cumplió con su deber de

de carácter omisivo, la cual se prolongó en el tiempo y solo se consumó hasta el 23 de julio de 2021 cuando el asistente forense L.E.B.M finalmente cumplió con su deber de enviar las muestras genéticas al laboratorio para su procesamiento.

Así entonces, indicó que:

14 Expediente digital. 16ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00418(.pdf) 15 Expediente digital. 15RECIBEMEMORIAL_OF067OFCDDG20250916(.pdf)Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 5 de 26

[…] siendo esta última fecha el 23 de julio de 2021 , la de consumación de la conducta y cesación de la omisión, evidentemente siendo posterior al 13 de enero de 2021, cuando ya la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Secciona les, ejercían la función Jurisdiccional Disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, esta Oficina considera que la competencia debe ser asumida en este caso por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

Asimismo, mencionó que la Sala de Consulta ha respaldado esta posición en diferentes oportunidades, en las cuales ha indicado que cuando se trate de faltas disciplinarias por conductas omisivas que se prolong uen en el tiempo, la competencia para conocer el asunto «la ejercerá la autoridad que al momento de cesar la falta tenga a cargo el ejercicio de la acción disciplinaria».

Finalmente, indicó que por disposición de los artículos 125 y 31 de la Ley 270 de 1996 y 33 de la Ley 938 de 2004 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

de la acción disciplinaria».

Finalmente, indicó que por disposición de los artículos 125 y 31 de la Ley 270 de 1996 y 33 de la Ley 938 de 2004 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial, lo cual significa que sus empleados se encuentra n clasificados dentro del grupo de empleados que ocupan cargos en las entidades administrativas de la Rama, y en consecuencia, de acuerdo con el artículo 19 del Acto Legislativo No. 02 de 2015, es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño la que debe ejercer la función disciplinaria contra el asesor forense L.E.B.M en su condición de empleado de la Rama Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, no tienen un superior común , dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

autónomas e independientes. En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto deRadicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 6 de 26

competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunt o de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto , esto es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño , son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria adelantada en contra del asistente forense L.E.B.M en su condición de empleado judicial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

condición de empleado judicial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo16, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos17.

16 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014 -00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 17 Corte Constitucional, autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una

17 Corte Constitucional, autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridadRadicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 7 de 26

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva18.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria que corresponda en contra del asistente forense L.E.B.M del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por la presunta mora en el envío de las muestras biológicas tomadas en el marco de la jornada realizada el 25 de septiembre de 2019, al laboratorio de genética forense de la Regional Suroccidente para su respectivo análisis.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que es la Comisión

2019, al laboratorio de genética forense de la Regional Suroccidente para su respectivo análisis.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño la competente para con ocer las actuaciones disciplinarias en contra del asistente forense L.E.B.M, por referirse a conductas omisivas prolongadas en el tiempo , hasta el 23 de julio de 2021, fecha en la que , finalmente, el asistente forense cumplió con su deber se enviar las muestras biológicas, la cual es posterior a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 18 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 8 de 26

A su turno, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño considera que a pesar de que la eventual mora en el envío de las muestras biológicas por parte de l asistente forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se prolongó en el tiempo, lo cierto es que inició el 25 de septiembre de 2019, es decir, antes de la entrada en funcionamiento de dicha Comisión (13 de enero de 2021), razón por la cual, no le es posible asumir la competencia frente a dichas actuaciones.

en funcionamiento de dicha Comisión (13 de enero de 2021), razón por la cual, no le es posible asumir la competencia frente a dichas actuaciones.

Para resolver este problema jurídico la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en materia disciplinaria. El factor subjetivo o personal. Reiteración. iii) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración. iv) La autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración. v) Faltas disciplinarias que se prolongan en el tiempo. Aplicación de la ley procesal en el tiempo. Reiteración. vi) El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCFy la naturaleza jurídica de sus empleados. Reiteración. vii) La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Reiteración. viii) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración19

El ius puniendi del Estado está en cabeza de la Administración e implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas, cuando incurren en el incumplimiento de las atrib uciones asignadas. El poder punitivo que se reconoce al Estado se fundamenta en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley20.

de los particulares que ejerzan funciones públicas, cuando incurren en el incumplimiento de las atrib uciones asignadas. El poder punitivo que se reconoce al Estado se fundamenta en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley20.

Esta potestad disciplinaria está justificada por la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, eficacia y eficiencia.

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 22 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00283-00. 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-00049-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 9 de 26

Asimismo, para que se respeten las prohibiciones, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses establecidos en la Constitución y en las leyes21.

Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios, o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de int ereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de int ereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con l as conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro22.

Entonces, el ejercicio de la facultad disciplinaria busca propender por el adecuado cumplimiento de la función pública, en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de la población, en general23. La Corte Constitucional, sobre el objetivo de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la po testad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]24.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial la

principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]24.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la Administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, es preciso indicar que el artículo 2° de la Ley 1952 de 201925 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, estableció:

21 Ley 1952 de 2019, artículo 23 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015. Radicación núm. 11001-03-25-000-2010-00162-00. 23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046. 24 Corte Constitucional, sentencia C-028 del 26 de enero 2006. 25 Ley 1952 de 2019 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00418-00 Página 10 de 26

ARTÍCULO 1º. Modificase el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 2º. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la Procuraduría General

ARTÍCULO 1º. Modificase el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 2º. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes