CE - Auto interlocutorio 11001030600020250042500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00425-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisaría de Familia del municipio de Bello (Antioquia) y la

Defensoría del I nstituto Colombiano de Bienestar Familiar– Dirección Regional Antioquia – Centro Zonal Aburrá Norte.

Asunto: falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Etapa inicial del PARD. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 d e la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de mayo de 2025 2, la Comisaría de Familia d e Bello (Antioquia) tuvo conocimiento del informe realizado por el área de trabajo social del Hospital San Vicente Fundación, según el cual la niña L.J.J.T.3 se encontraba en una situación de riesgo en sus derechos a la v ida, calidad de vida, al cuidado personal, a un ambiente sano, a la protección y al derecho integral en la primera infancia.

2. En la misma fecha, la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) expidió acta de

ambiente sano, a la protección y al derecho integral en la primera infancia.

2. En la misma fecha, la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) expidió acta de verificación de derechos de la menor de edad L.J.J.T.4, y, como consecuencia de ello, mediante auto del 10 de junio de 20255, ordenó la apertura del proceso de restablecimiento de derechos (en adelante PARD), con radicado núm. 29 -2025, a favor de la niña L.J.J.T. y adoptó, como medida provisional, su ubicación en medio familiar extenso, con su abuela paterna, la señora J.E.Q.G., quien tiene su domicilio en el mismo municipio de Bello.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 12. 3 Para preservar el derecho a la intimidad del menor de edad la Sala utilizará las iniciales de su nombre y el de sus familiares. 4 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 14. 5 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 29.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 2 de 15

Asimismo, dado que no se evidenció un contexto de violencia intrafamiliar que amenazara o generara una vulneración de derechos de la menor de edad, se ordenó la remisión del PARD al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección

Asimismo, dado que no se evidenció un contexto de violencia intrafamiliar que amenazara o generara una vulneración de derechos de la menor de edad, se ordenó la remisión del PARD al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección Regional AntioquiaCentro Zonal Norte, conforme a lo dispuesto por el artículo 5. ° de la Ley 2126 de 2021. El expediente fue entregado el 3 de julio de 20256.

3. A través de auto de traslado del 15 de julio de 2025, recibido el 23 de julio de la misma anualidad7, la Defensoría del ICBF– Dirección Regional Antioquia – Centro Zonal Aburrá Norte devolvió el expediente a l a Comisaría de Familia de Bello

(Antioquia) al considerar no ser la autoridad competente para continuar con el PARD, pues evidenció que el presente asunto se desprendía del PARD en trámite a favor del niño C.J.T., hermano de L.J.J.T, quien en el marco del mismo había sido ubicado en el hogar sustituto PAN, lo cual significaba que le correspondía al Centro Zonal Sur Oriente avocar conocimiento y continuar con el presente asunto . No obstante, señaló que realizó la búsqueda en el Sistema Información Misional y evidenció que el PARD del niño C.J.T. , a la fecha , no contaba con defensor asignado.

4. Por tal motivo, el 28 de julio de 2025, la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) presentó conflicto negativo de competencias ante el juez de familia de Bello

(reparto) para que se determinara la autoridad que debía seguir adelantando el PARD de la menor de edad L.J.J.T.

presentó conflicto negativo de competencias ante el juez de familia de Bello (reparto) para que se determinara la autoridad que debía seguir adelantando el PARD de la menor de edad L.J.J.T.

En su escrito reiteró que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. ° de la Ley 2126 de 2021, carece de competencia toda vez que no evidenció una vulneración a los derechos de la niña por violencia intrafamiliar, e indicó que no le asiste ni siquiera competencia subsidiaria, puesto que dentro del municipio de Bello existe sede del ICBF a la que le corresponde el restablecimiento de los derechos de menores de edad por vulneraciones diferentes a las suscitadas por violencia intrafamiliar.

Igualmente, aclaró que dentro del PARD del hermano de la menor de edad, C.J.T, sí se cuenta con defensora as ignada, la cual está adscrita al Centro Zonal Sur Oriente, y que, en todo caso no resultan procedentes los argumentos expuestos por la defensora del Centro Zonal Aburrá Norte para no avocar conocimiento y devolver el expediente, pues el ICBF es una sola entidad y si por directrices internas consideraba no ser competente, el asunto debía resolverse de manera intraorgánica y no dilatar el PARD.

5. El Juzgado de Familia de Orali dad del Circuito de Bello (Antioquia), a través de auto del 15 de agosto de 2025 8, indicó que no era el competente para dirimir el conflicto de competencias suscitado entre las auto ridades administrativas del PARD, pues, en su criterio, no es de su jurisdicción, y, en consecuencia, remitió el

6 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 52.

PARD, pues, en su criterio, no es de su jurisdicción, y, en consecuencia, remitió el

6 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 52. 7 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip), folio 54. 8 Expediente digital, 2ED_02004AutoRechazoConf(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 3 de 15

presunto conflicto negativo de competencias administrativas a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , con el fin de determinar la autoridad administrativa a la cual le corresponde continuar con el PARD, con radicado núm. 29-2025, a favor de la niña L.J.J.T.9.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 394 del 18 de septiembre de 202510, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Según informe secretarial del 18 de septiembre de 202511, consta que se comunicó la existencia d el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Sede Regional de AntioquiaCentro Zonal Aburrá Norte del ICBF, a la Comisaría de Familia del municipio de Bello (Antioquia), a la defensora de familia

la existencia d el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Sede Regional de AntioquiaCentro Zonal Aburrá Norte del ICBF, a la Comisaría de Familia del municipio de Bello (Antioquia), a la defensora de familia M.C.A.A., al hogar sustituto PAN, a l Juzgado de Familia de Oralidad de Bello (Antioquia), a los progenitores J.C.T.B y J.C.J.Q, y, a la abuela paterna de la menor de edad L.J.J.T.

Según informe secretarial del 26 de septiembre de 2025 12, dentro del plazo establecido para la fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Sin embargo, consta en el expediente que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar allegó un escrito con fecha del 26 de septiembre de 2025, en el que indicó que el presente asunto le había sido asignado al área encargada del instituto para que le diera el trámite correspondiente.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES Y TERCEROS INTERVINIENTES

1. Comisaría de Familia del municipio de Bello (Antioquia)

Esta autoridad no presentó alegatos; sin embargo, los argumentos en los cuales se apoyó para declarar su falta de competencia se encuentran expuestos en el escrito del 28 de julio de 202513, en el cual propuso el conflicto de competencias ante el Juez de Familia de Bello (Antioquia). En este manifestó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. ° de la Ley 2126 de 2021 , la competencia de las

9 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 4.

establecido en el artículo 5. ° de la Ley 2126 de 2021 , la competencia de las

9 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 4. 10 Expediente digital, 16POREDICTO_Edicto(.pdf). 11 Expediente digital, 13ED_17Informedecomunicac(.pdf). 12 Expediente digital, 19ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00425(.pdf). 13 Expediente digital, 3ED_0301SegundaInstancia(.zip).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 4 de 15

Comisarías de Familia para llevar los procesos administrativos de restablecimiento de derechos se encuentra delimitada a las situaciones de violencia en el contexto

familiar, mientras que las Defensorías deberán conocer de las demás amenazas o vulneraciones a los derechos diferentes a las que incluyan violencia intrafamiliar.

Asimismo, reiteró que no es posible aplicar la competencia subsidiaria de la cual hace mención el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, en tanto, las comisarías solo asumirían dicha competencia en los municipios en donde el ICBF no hubiese designado defensor de familia, situación que no ocurre en el presente caso.

En ese sentido, señaló que no son de recibo y que, además, carecen de sustento jurídico, los argumentos mediante los cuales la Defensoría adscrita al Centro Zonal Aburrá Norte no avocó conocimiento y devolvió el expediente, pues si en virtud de una directriz interna de reparto consideraba no ser competente, su obligación era trasladarlo a quien le correspondiera al interior de la entidad y no ponerle una carga

Aburrá Norte no avocó conocimiento y devolvió el expediente, pues si en virtud de una directriz interna de reparto consideraba no ser competente, su obligación era trasladarlo a quien le correspondiera al interior de la entidad y no ponerle una carga extra a la Comisaría de revisar si el PARD del menor C.J.T., hermano de L.J.J.T., tenía un defensor asignado . No obstante, aclaró que el menor s í contaba con defensora asignada desde el 11 de julio de 2025, la cual estab a adscrita al Centro Zonal Sur Oriente.

Así las cosas, señaló que se encuentran todos los supuestos de hecho y de derecho para que, en el presente caso, sea el ICBF el que continue con el trámite del PARD de la menor de edad L.J.J.T.

2. Defensoría Centro Zonal Aburrá Norte - Dirección Regional Antioquia

Esta autoridad tampoco presentó alegatos; sin embargo, sus argumentos se extraen del auto de traslado y remisión del expediente del 15 de julio de 2025, mediante el cual señaló su falta de competencia para continuar con el presente asunto.

En este indicó que la Resolución núm. 937 del 21 de abril de 2025 define las reglas de competencia que debe seguir la Regional Antioquia cuando dos o más hermanos ingresan a protección con diferentes medidas. Así entonces, refirió que en el numeral 1.2 del artículo 12 de la señalada Resolución se indica:

1.2 Cuando los Niños, Niñas y Adolescentes sean ubicados unos en medida institucional y otros en medio familiar (familia de origen, extensa, de crianza o solidaria), conocerá de todos los p rocesos el Defensor de Familia asignado a la medida institucional.

institucional y otros en medio familiar (familia de origen, extensa, de crianza o solidaria), conocerá de todos los p rocesos el Defensor de Familia asignado a la medida institucional.

En ese orden , la Defensoría señaló que efectuó la búsqueda en el Sistema de Información Misional y pudo evidenciar que el presente PARD en favor de la menor L.J.J.T. se deriva del PARD en trámite de su hermano C.J.T., quien se encuentraRadicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 5 de 15

ubicado en el hogar sustituto PAN, el cual le corresponde al Centro Zonal Sur Oriente.

En consecuencia, indicó que , de acuerdo con la citada resolución, en el caso en concreto, es el mismo Centro Zo nal Sur Oriente el que debe continuar con los dos procesos administrativos de restablecimientos de derechos, en tanto, en dicha

normativa se señala que cuando existan hermanos con procesos administrativos de restablecimiento de derechos en trámite y uno de ellos se encuentre ubicado en un hogar sustituto, el defensor que conozca de ese PARD debe, a su vez, conocer de todos los demás que se dispongan con sus hermanos. No obstante, aclaró que, con la mencionada búsqueda no evidenció que dentro del PARD del menor C.J.T. se contara con defensor asignado.

Por lo anterior, ordenó la devolución de l expediente a la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) «con el fin de que se realicen las indagaciones de designación de autoridad conforme a las reglas indicada s previamente, para que se efectúe la respectiva remisión que a la fecha no fue posible adelantar», puesto que, insistió en

Bello (Antioquia) «con el fin de que se realicen las indagaciones de designación de autoridad conforme a las reglas indicada s previamente, para que se efectúe la respectiva remisión que a la fecha no fue posible adelantar», puesto que, insistió en que era el Centro Zonal Sur Oriente de la Regional Antioquia del ICBF el que debía continuar con el PARD y asignar un defensor, en tanto el menor de edad C.J.T. se encuentra ubicado en el hogar sustituto PAN.

3. Juez de Familia de Oralidad del Circuito de Bello (Antioquia)

Esta autoridad , a través de auto del 15 de agosto de 2025 , resolvió remitir el presente asunto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto manifestó carecer de competencia para decidir sobre la autoridad administrativa que debe continuar con el PARD a favor de la niña L.J.J.T dentro del conflicto de competencia s que le fue propuesto por la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) en escrito del 28 de julio de 2025.

Al respecto precisó que, aunque se podría pensar que declararía la inadmisibilidad del asunto en tanto la defensoría adscrita al Centro Zonal Sur Oriente - Dirección Regional Antioquiaa la fecha no se había pronunciado sobre su competencia para continuar el trámite del PARD que le correspondería por conexidad, lo cierto es que, dentro del presente asunto , carece de com petencia territorial , puesto que, precisamente, esa Defensoría - Centro Zonal Sur Oriente - Dirección Regional Antioquiase enc uentra por fuera del circuito judicial de Bello. Por tal razón, consideró remitir el conflicto a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que defina

precisamente, esa Defensoría - Centro Zonal Sur Oriente - Dirección Regional Antioquiase enc uentra por fuera del circuito judicial de Bello. Por tal razón, consideró remitir el conflicto a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que defina la autoridad competente para continuar con el PARD.

IV. CONSIDERACIONES

1. CompetenciaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 6 de 15

1.1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

De conformidad con los art ículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto

de naturaleza administrativa, particul ar y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En este caso concreto, la Sala declarará la falta de competencia para decidir de fondo el conflicto negativo de competencias suscitado entre la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) y la Defensoría de Familia del Centro Zonal Aburrá Norte de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para continuar con el PARD que se adelanta en favor de la menor de edad L.J.J.T.

Ello, por cuanto la autoridad competente para dirimir el presente asunto es el juez

Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para continuar con el PARD que se adelanta en favor de la menor de edad L.J.J.T.

Ello, por cuanto la autoridad competente para dirimir el presente asunto es el juez de familia, en aplicación de la norma especial prevista en el parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, artículo modificado por el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, que asignó, específicamente, a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de competencia generados entre autoridades administrativas (comisarías de familia, defensorías de familia e inspecciones de policía – hoy de convivencia y paz), respecto de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos , que se encuentren en la etapa inicial, adelantados en favor de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, en concordancia con e l numeral 16 del artículo 21 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

1.2. La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración14

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […].

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten, específicamente, entre

defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […].

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten, específicamente, entre

14 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 201611001 -03-06-000-202200276 00 del 7 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 7 de 15

defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, ahora de convivencia y paz15, en asuntos de familia.

Ante esta disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó , en forma expresa o tácita , ninguna de las disposiciones señaladas en el C PACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la

función de resolver los conflictos de competenc ia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112, numeral 10, y 151, numera l 3, del CPACA.

De esta manera, los jueces de familia y la Sala de Consulta tienen una competencia a prevención para resolver los conflictos de competencias administrativas que se susciten en materia de familia, conforme a las normas enunciadas.

1.3. El alcance del parágrafo 3 del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, artículo

a prevención para resolver los conflictos de competencias administrativas que se susciten en materia de familia, conforme a las normas enunciadas.

1.3. El alcance del parágrafo 3 del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en actuaciones administrati vas reguladas por el Código de Infancia y Adolescencia. Reiteración16

La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) , cuyo propósito fue reducir los tiempos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, bajo los principios de celeridad y eficacia (artículo 209 constitucional) y lograr que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes fuera realmente efectiva. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil, se analizará el trámite a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificados por la Ley 1878 de 2018).

1.3.1. Trámite al que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006, modificados por la Ley 1878 de 2018. Reiteración17

El artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 regula la «iniciación de la actuación administrativa» del PARD. Este trámite se extiende también al artículo 100 de la

15 Ley 2492 de 2025, «Por medio de la cual se establece el cambio de denominación de los

administrativa» del PARD. Este trámite se extiende también al artículo 100 de la

15 Ley 2492 de 2025, «Por medio de la cual se establece el cambio de denominación de los “Inspectores de Policía” por “Inspectores de Convivencia y Paz” y se ordenan otros lineamientos que contribuyan a la convivencia y a la paz nacional y se dictan otras disposiciones.» 16 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 11001 -03-06-000-2023-0034100 del 4 de octubre de 2023. 17 Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 201611001-03-06-000-2022 00276-00 del 7 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 8 de 15

misma normativa, por lo que debe entenderse que el parágrafo 3º del artículo 3 de la Ley 1878 de 2018 cobija ambos preceptos.

El artículo 3 de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, para precisar aspectos atinentes al auto de apertura del PARD y a su contenido. De las modificaciones realizadas debe resaltarse el parágrafo tercero, conforme al cual:

Parágrafo 3º: En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala

el juez de familia resuelva el conflicto.

El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.

En caso de declararse falta de competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso. [Subraya la Sala].

En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas (defensores de familia, comisarios de familia o (a fa lta de los anteriores), los inspectores de policía, ahora inspectores de convivencia y paz )18 que en el Código de la Infancia y la Adolescencia están llamadas a conocer de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a partir del momento en que les sea puesto en conocimiento la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente . Dicho parágrafo establece las siguientes medidas, mientras el conflicto se resuelve:

• Dispone, como ejercicio de competencia a prevención, que la primera autoridad que conoció del proceso debe seguir conociéndolo mientras se resuelve el conflicto.

• Asigna al juez de familia la competencia para resolver el conflicto de competencias administrativas.

• Confiere plena validez a la actuación y a la decisión, cuando el juez de familia encuentre que la autoridad administrativa que llevó a cabo el proced imiento no era la competente.

• Establece un plazo perentorio (15 días) para que el juez decida, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

encuentre que la autoridad administrativa que llevó a cabo el proced imiento no era la competente.

• Establece un plazo perentorio (15 días) para que el juez decida, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

18 En concordancia con el CGP, artículo 21, numeral 16.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 9 de 15

Ahora bien, las normas del procedimiento administrativo general contenidas en el CPACA se aplican para supli r los vacíos 19 del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, regulado en la ley especial (Código de la Infancia y la Adolescencia).

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, se confirió a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de competencia que puedan presentarse en el trámite regulado por dicha norma, por lo que, al existir una norma especial de aplicación prevalente no hay un vacío que se deba suplir.

En consecuencia, la Sala ha sostenido que los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas que legalmente pueden realizar estos procedimientos (defensores y comisarios de familia, e inspectores de policíahoy

inspectores de convivencia y paz) desde el «conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos» hasta la definición de la situación jurídica (fallo), «declarando en situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña o adolescente», regulado en los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la

o vulneración de los derechos» hasta la definición de la situación jurídica (fallo), «declarando en situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña o adolescente», regulado en los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificados, respectivamente, por los artículos 3.° y 4.° de la Ley 1878 de 2018, son competencia del juez de familia.

En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas, en la etapa inicial del PARD, permite cumplir una garantía propia del debido proceso, consistente en que se decide el asunto por la autoridad legalmente habilitada para conocer y decidir una determinada actuación (con la intervención de una autoridad judicial), a la vez que se propicia la aproximación material y formal al motivo del conflicto y su pronta solución.

Reitera la Sala que la Ley 1878, en el parágrafo 3. ° del artículo 3. °, al igual que el numeral 16 del artículo 21 del CGP, consagran esa intervención del juez de familia en la actuación administrativa de protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, solamente cuando el conflicto se plantea entre las autoridades administrativas de familia reguladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia20, en la etapa inicial del PARD.

Una situación diferente se presenta, en la e tapa de «seguimiento», como lo ha explicado la Sala en diferentes oportunidades, al señalar que «la Ley 1878 de 2018 reforzó la concurrencia de las autoridades de familia y de los coordinadores de los centros zonales del ICBF en el trámite del seguimiento, y estableció formalidades y

reforzó la concurrencia de las autoridades de familia y de los coordinadores de los centros zonales del ICBF en el trámite del seguimiento, y estableció formalidades y

19 Confrontar con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011. 20 Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cfr. Arts. 79 a 98 de la Ley 1098 de 2006.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00425-00 Página 10 de 15

términos para su desarrollo, [más] no contempló una disposición especial en materia de conflictos de competencias.

En consecuencia, en presencia de dichos conflictos [en la etapa de seguimiento], [le] corresponde a la Sala dirimirlos, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021»21.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas,

los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva22.

3. El caso concreto

Revisados los antecedentes del caso, así como los documentos que obran en el expediente y los planteamientos presentados por las autoridades involucradas, la

decisión, y así se declarará en la parte resolutiva22.

3. El caso concreto

Revisados los antecedentes del caso, así como los documentos que obran en el expediente y los planteamientos presentados por las autoridades involucradas, la Sala declarará su falta de competencia para resolver el conflicto suscitado entre la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) y la Defensoría de Familia del Centro Zonal Aburrá Norte de la Regional Antioquia del ICBF para continuar con el PARD que se adelanta en favor de la menor de edad L.J.J.T., por las siguientes razones:

En el presente asunto, la Sala encuentra que, el 26 de mayo de 2025, la Comisaría de Familia de Bello (Antioquia) tuvo conocimiento del informe realizado por el área