CE - Auto interlocutorio 11001030600020250042700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicaciones: 11001-03-06-000-2025-00427-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público Asunto: autoridad competente para efectuar el traslado de los recursos equivalentes a los aportes de pensión por el tiempo en que se prestó servicio en la Policía Nacional

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19 , respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.) prestó servicio en la Policía Nacional, durante los periodos comprendidos entre el 3 de abril de 2000 y el 3 de octubre de 2001, como auxiliar de policía y entre el 2 de mayo de 2006 y el 2 6 de abril de 2017, en calidad de patrullero de policía, de conformidad con lo establecido en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados ( CETIL), expedida el 7 de octubre de 2020 por la Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera3. A partir del 15 de julio de 1995,

Electrónica de Tiempos Laborados ( CETIL), expedida el 7 de octubre de 2020 por la Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera3. A partir del 15 de julio de 1995, el señor Linares Calderón se afilió a Colfondos AFP.

2. El 15 de noviembre de 2024, m ediante el escrito radicado con el núm. GE-2024088755-DIPON4, Colfondos, en favor de los beneficiarios del afiliado, presentó reclamación al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el objeto de que «efectu[ara] la convalidación de los tiempos servidos (sin aportes) a través de un cálculo actuarial que se proyectaría con el fin de que se pueda efectuar el traslado de dichos recursos a la cuenta de ahorro individual del afiliado Linares Calderón (q.e.p.d.) a la AFP

Colfondos».

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 1-7. 4 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 8 y 13.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 2 de 21

Lo anterior, en aplicación del artículo 4 del Decreto 1051 de 2014 , compilado en el artículo 2.2.16.1.18 del Decreto 1833 de 2016 5, que regula el traslado de cotizaciones simultáneas a cajas, fondos o entidades de previsión después de la fecha de corte del bono pensional.

3. El 28 de noviembre de 2024 6, mediante el oficio núm. GS -2024-085419-DITAH, el Grupo de Bonos y Cuotas Partes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa-Policía Nacional informó a Colfondos AFP que no era posible realizar «traslados de tiempos laborados en la Policía Nacional a semanas de cotización con base a un cálculo actuarial», pues la única forma de reconocimiento de dicho tiempo era «a través de la figura del bono pensional». Además, puso de presente que durante el tiempo en que se labora en la entidad no se rea lizan aportes para pensión, pues pertenece al régimen exceptuado.

4. El 23 de mayo de 20257, Colfondos AFP elevó una petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público , con el fin de que se le reconociera la convalidación de los tiempos laborados en la Policía Nacional. Señaló que el señor José Alexander Linares Calderón

(q.e.p.d.) prestó servicios a la Policía Nacional con posterioridad a la fecha en la cual se afilió al R égimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) , sin que se efectuaran aportes, pues la entidad se encuentra dentro de un régimen exceptuado.

Además, evidenció que, durante el período correspondiente a los meses de febrero a

efectuaran aportes, pues la entidad se encuentra dentro de un régimen exceptuado.

Además, evidenció que, durante el período correspondiente a los meses de febrero a noviembre de 2019, el señor L inares Calderón (q.e.p.d.) efectuó cotizaciones a AFP Colfondos AFP, por un total de 38 ,36 semanas, pero no alcanzó la cobertura de las 50 semanas de cotización para acceder a la pensión de sobrevivientes ; sin embargo, un juez de tutela ordenó el reconocimiento de pensión en favor de sus beneficiarios.

Por último, señaló que, «como el tiempo de servicio prestado a la Policía Nacional fue remunerado», solicit ó se indi que si ese ministerio tenía competencia para efectuar el reconocimiento de dicho tiempo.

5 “Traslado de cotizaciones simultáneas a cajas, fondos o entidades de previsión después de la fecha de corte del bono pensional. Los periodos cotizados a las cajas o fondos de previsión o servidos a una entidad pública con posterioridad a la fecha de corte del bono pensional, deberán ser trasladados a la administradora de pensiones responsable del reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar. El traslado se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado, sin que sumadas las mismas excedan el tope máximo legal de cotización, actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo periodo de las reservas para pensión de vejez del ISS, hoy Colpensiones, o en su defecto la infor mada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los periodos respectivos. Este cálculo se realizará conforme con las fórmulas de cálculo para un bono pensional tipo A modalidad 1.”

hoy Colpensiones, o en su defecto la infor mada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los periodos respectivos. Este cálculo se realizará conforme con las fórmulas de cálculo para un bono pensional tipo A modalidad 1.” 6 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 8-9. 7 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 11-15.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 3 de 21

5. El 17 de junio de 20258, mediante el oficio con radicado núm. 2-2025-037996, la oficina de Bonos Pe nsionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respondió a Colfondos AFP que la competencia era del Ministerio de Defensa Nacional, conforme el CETIL núm. 2020108001413970009 80133 del 7 de octubre de 2020, en su calidad de empleador.

6. El 18 de junio de 20259, Colfondos AFP elevó una petición al Grupo de Bonos y Cuotas Pensionales de la Policía Nacional, con el objeto de que se efectuara la convalidación de tiempos servidos (sin aportes), a través de un cálculo actuarial que se proyectaría con el fin de que se pueda efectuar el traslado de dichos recursos a la cuenta de ahorro individual del afiliado Linares Calderón (q.e.p.d.) en la administradora de pensiones , en aplicación a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1051 de 2014 , que fue compilado en el artículo 2.2.16.1.18 del Decreto 1833 de 2016.

aplicación a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1051 de 2014 , que fue compilado en el artículo 2.2.16.1.18 del Decreto 1833 de 2016.

Señaló que, si bien no era procedente el reconocimiento y pago de cupón de bono pensional, como se señaló en otras comunicaciones, sí e ra viable la convalidación de tiempos servidos.

7. El 26 de junio de 202510, la Dirección de Talento Humano del Ministerio de DefensaPolicía Nacional solicitó a Colfondos AFP que complementara la solicitud, en el sentido de especificar de forma clara «sobre qué asunto se debe emitirse (sic) la respuesta y de qué tipo de solicitud se trata».

8. En ese orden, el 18 de septiembre de 202511, Colfondos AFP propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un conflicto negativo de competencias administrativas entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de determinar la autoridad administrativa competente para efectuar el traslado de los recursos equivalente s a los aportes de pensión a los que presuntamente tenía derecho el señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d), por el tiempo en que prestó servicio en la Policía Nacional.

En el oficio, Colfondos adujo que, con posterioridad a la fecha en la cual se afilió al RAIS continuó vinculado a la institución, pero no se efectuaron aportes, pues la Policía Nacional se encuentra en un régimen exceptuado, razón por la cual procede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1051 de 2014, compilado en el

Nacional se encuentra en un régimen exceptuado, razón por la cual procede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1051 de 2014, compilado en el artículo 2.2.16.1.18 del Decreto 1833 de 2016, que regula los traslados de cotizaciones por los períodos posteriores a la fecha de corte del bono pensional.

8 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 25-27. 9 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 28-31. 10 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 41-42. 11 A despacho el 26 de septiembre de 2025.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 4 de 21

Así mismo, señaló que, de acuerdo con la norma citada, es válido que la Policía Nacional efectúe la convalidación de tiempos servidos (sin aportes) a través de un cálculo actuarial que se proyectaría, con el fin de que se pueda efectuar el traslado de dichos recursos a la cuenta de ahorro individual del afiliado en la AFP Colfondos.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2.º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 396 del 18 de septiembre de 2025 por el término de 5 días, entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran

del 18 de septiembre de 2025 por el término de 5 días, entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto12.

Consta que la Secretaría de la Sala comunicó el presente asunto al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Policía Nacional, a Colfondos AFP y a su apoderado Juan Fernando Granados Toro y, por último, a la señora Adriana Patricia Gómez Rojas, quien, según información de la administradora de pensiones , es beneficiaria del señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.)13.

De acuerdo con el informe secretarial del 26 de septiembre de 2025 que obra en el expediente14, durante la fijación del edicto , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones. Las demás autoridades y particulares involucrados guardaron silencio.

Ahora bien, cabe anotar que, mediante el auto del 8 de octubre de 202515, se solicitó: i) al Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Bogotá que remitiera copia del fallo de tutela proferido dentro del expediente con radicado núm. 11001311000620250051400; ii) al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional para que allegaran sus escritos de alegaciones o consideraciones, y iii) a Colfondos AFP, para que aclarara los periodos que son objeto del conflicto invocado en el presente asunto, el tipo de vinculación que tuvo el señor José Alexander Linares Calderón con el Ministerio de Defensa Nacional y con la Policía Nacional y si a la fecha se había realizado el reconocimiento de la pensión

que son objeto del conflicto invocado en el presente asunto, el tipo de vinculación que tuvo el señor José Alexander Linares Calderón con el Ministerio de Defensa Nacional y con la Policía Nacional y si a la fecha se había realizado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

Según los informes secretariales del 21, 23 y 27 de octubre de 202516, el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Bogotá, Colfondos AFP y el Ministerio de Defensa -Policía Nacional presentaron sus consideraciones y aportaron documentos al expediente.

12 SAMAI, expediente digital, índice 4. 13 SAMAI, expediente digital, índice 3, archivo 1. 14 SAMAI, expediente digital, índice 7. 15 SAMAI, expediente digital, índice 11. 16 SAMAI, expediente digital, índice 17, 20 y 24.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 5 de 21

Mediante el escrito del 9 de septiembre de 2025 17, el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Bogotá aportó el expediente contentivo de la acción de tutela con radicado núm. 11001311000620250051400, cuyas partes fueron Colfondos AFP y la Policía Nacional.

De dicha documentación se destaca la sentencia del 29 de julio de 2025, mediante la cual se tuteló el derecho de petición de la administradora de pensiones, para que se notificara en debida forma el requerimiento realizado con miras a completar la petición radicada el 28 de abril de 2025.

La solicitud está relacionada con las cotizaciones de pensión a las que tenía derecho el

notificara en debida forma el requerimiento realizado con miras a completar la petición radicada el 28 de abril de 2025.

La solicitud está relacionada con las cotizaciones de pensión a las que tenía derecho el señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.), mientras prestó servicios a la Policía Nacional entre el 03/04/2000 al 03/10/2001 y del 02/05/2006 al 26/04/2017. La anterior petición surgió como resu ltado de la negativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , mediante sentencia del 25 de agosto de 2025, confirmó la anterior decisión.

El 14 de octubre de 2025, Colfondos AFP18 señaló que los periodos objeto del presente asunto corresponden a los transcurridos entre el 3 de abril de 2000 y el 3 octubre del 2001, como auxiliar de policía (prestación servicio militar) y del 2 de mayo de 2006 al 26 de abril de 2017, como patrullero de la Policía Nacional.

Así mismo, puso de presente que reconoció la pensión de sobrevivientes a partir del 28 de julio de 2021 a la hija del señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.) y su pago fue incorporado en la nómina19.

También allegó la complementación a la petición del 28 de abril de 2025, en el que se solicitó que la Policía Nacional efectuara la convalidación de tiempos servidos (sin aportes) a través de un cálculo actuarial, con el fin de que se pudiera efectuar el traslado

solicitó que la Policía Nacional efectuara la convalidación de tiempos servidos (sin aportes) a través de un cálculo actuarial, con el fin de que se pudiera efectuar el traslado de los recursos a la cuenta de ahorro individual del afiliado en Colfondos AFP y, en consecuencia, se diera aplicación a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1051 de 2014, compilado en el artículo 2.2.16.1.18 del Decreto 1833 de 2016, por cuanto se prestó el servicio en una entidad pública de régimen exceptuado, después de la afiliación al RAIS (15 de julio de 1995)20.

17 SAMAI, expediente digital, índice 15. 18 SAMAI, expediente digital, índice 16. 19 SAMAI, expediente digital, índice 16, archivo 3. 20 Cabe anotar que la Sala desconoce la respuesta a la complemetación del derecho de petición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 6 de 21

Por último, el Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional21, mediante el escrito del 23 de octubre de 2025 , señaló que la Policía Nacional tenía un régimen especial y excepcional de pensiones, tal y como lo establece su artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público22

En sus alegatos del 25 de septiembre de 2025 , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no es ni ha sido una Caja de Previsión Social y, por tanto, no le correspondía realizar traslados o convalidaciones a favor del señor José Alexander

Público señaló que no es ni ha sido una Caja de Previsión Social y, por tanto, no le correspondía realizar traslados o convalidaciones a favor del señor José Alexander Linares Calder ón ( q.e.p.d.), por los tiempos laborados en el Ministerio de Defensa Nacional, pues no ha sido su empleador.

Sostuvo que, si bien tiene dentro de sus competencias efectuar las apropiaciones presupuestales, las cuales se giran a cada entidad para el pago de sus obligaciones, no es el responsable directo de las mismas.

2. Ministerio de Defensa Nacional23

Mediante escrito del 23 de octubre de 2025 24, el Ministerio de Defensa Nacional negó competencia para resolver la petición de Colfondos AFP, con el argumento de que la Policía Nacional pertenecía a un régimen especial y excepcional de pensiones, el cual no contemplaba el reconocimiento de las presta ciones sociales establecidas en la Ley 100 de 1993, tal y como lo establece su artículo 279.

Así mismo, los argumentos para negar su competencia y conocer de la solicitud de traslado de los recursos equivalentes a los aportes de pensión del causante, se encuentran reflejados en el oficio núm. GS-2024-085419-DITAH del 28 de noviembre de 202425, mediante el cual informó a Colfondos AFP que no era posible realizar «traslados de tiempos laborados en la Policía Nacional a semanas de cotización con base a un cálculo actuarial», pues la única forma de reconocimiento de dicho tiempo era «a través de la figura del bono pensional». Además, puso de presente que , durante el tiempo en que se laboró en la entidad no se realizaban aportes para pensión, pues pertenecía al régimen exceptuado.

de la figura del bono pensional». Además, puso de presente que , durante el tiempo en que se laboró en la entidad no se realizaban aportes para pensión, pues pertenecía al régimen exceptuado.

21 SAMAI, expediente digital, índice 19 y 22. 22 SAMAI, expediente digital, índice 6. 23 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2 (pruebas), fls. 5-8. 24 SAMAI, expediente digital, índice 19 y 22. 25 SAMAI, expediente digital, índice 2, archivo 2, fls. 8-9.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 7 de 21

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado .

Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidenc ie el reclamo o rechazo de la competencia de manera simultánea o sucesiva.

La Sala encuentra que se cumple con los requisitos señalados debido a que: i) el debate

naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidenc ie el reclamo o rechazo de la competencia de manera simultánea o sucesiva.

La Sala encuentra que se cumple con los requisitos señalados debido a que: i) el debate sobre ese aspecto pensional se da entre dos autoridades del orden nacional, esto es, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, que consiste en el traslado de los recursos equivalentes a los aportes de pensión a los que presuntamen te tiene derecho el señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.), por los periodos comprendidos entre el 3 de abril de 2000 y el 3 de octubre de 2001, como auxiliar de policía, y entre el 2 de mayo de 2006 y el 26 de abril de 2017, en calidad de patrullero de policía; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 .º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva26.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

se declarará en la parte resolutiva26.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

26 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administra tivas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 8 de 21

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis de la decisión

Aunque el conflicto está planteado en relación con la autoridad competente para trasladar los recursos equivalentes a los aportes de pensión a los que , presuntamente, tiene derecho el señor José Alexander Linares Calderón, lo cierto es que, de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes, el problema jurídico a resolver es de tipo presupuestal, esto es, que su origen tiene lugar en la ausencia de los recursos para hacer efectivo el respectivo traslado; razón por la cual, el problema jurídico quedaría de la siguiente manera:

presupuestal, esto es, que su origen tiene lugar en la ausencia de los recursos para hacer efectivo el respectivo traslado; razón por la cual, el problema jurídico quedaría de la siguiente manera:

La Sala debe definir la autoridad competente para efectuar las apropiaciones presupuestales y el posterior traslado de los r ecursos equivalentes a los aportes de pensión a los que presuntamente tiene derecho el señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.), por los periodos comprendidos entre el 3 de abril de 2000 y el 3 de octubre de 2001, como auxiliar de policía , y entre el 2 de mayo de 2006 y el 26 de abril de 2017, en calidad de patrullero de policía, de conformidad con lo establecido en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), expedida el 7 de octubre de 2020 por la Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera.

El Ministerio de Defensa Nacional sostiene que, en lo concerniente al periodo en disputa, no es posible realizar «traslados de tiempos laborados en la Policía Nacional a semanas de cotización con base a un cálculo actuarial», pues la única forma de reconocimiento de dicho tiempo es «a través de la figura del bono pensional». Además, puso de presente que durante el tiempo en que se labora en la entidad no se realizan aportes para pensión, pues pertenece al régimen exceptuado.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no es ni ha sido una Caja de Previsión Social y, por tanto, no le corresponde realizar traslados o convalidaciones a favor del señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.), por los

Caja de Previsión Social y, por tanto, no le corresponde realizar traslados o convalidaciones a favor del señor José Alexander Linares Calderón (q.e.p.d.), por los tiempos laborados en el Ministerio de Defensa Nacional, pues no ha sido su empleador.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a los siguientes temas:

1. Derecho a la seguridad social ii) Régimen especial prestacional para los miembros de la Fuer za Pública (Policía Nacional) iii) Traslado de recursos y convalidación de tiempos servidos en caso de prestación del servicio militar obligatorio. Reiteración iv) Caso concretoRadicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 9 de 21

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Derecho a la seguridad social

El artículo 2º de la Constitución Política consagra que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí consagrados; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Para efectos de cumplir dichos fines, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

En cuanto a la seguridad social, la Constitución Política prevé que «es un servicio público

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

En cuanto a la seguridad social, la Constitución Política prevé que «es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley» (artículo 48 CP).

En dicho marco, el Estado está obligado a garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y puede permitir la participación de los particulares, con miras a ampliar progresivamente la cobertura de la misma, que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

Lo anterior, bajo la prohibición de que no es posible destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

Con posterioridad el legislador expidió la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de garantizar el derecho irrenunciable de la persona y la comunidad a la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Este régimen está conformado por el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Sistema de Riesgos Profesionales y el Sistema de Servicios Sociales Complementarios.

En los términos del preámbulo de la Ley 100 de 1993, la seguridad social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00427-00 Página 10 de 21

Así mismo, el artículo 1º de di cha normativa prevé que el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Además, la seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de amparar a la población y su calidad de vida (art. 2º Ley 100 de 1993).

En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política se creó y organizó el Sistema de Seguridad Social Integral cuya dirección, coordinación y control estará a cargo del Estado.

En los términos del artículo 6 de la norma en cita, el Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las instituciones y los recu rsos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la Ley 100.

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la Ley 100.

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al Sistema, mediante mecanismos que, en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente accedan al Sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.

De esta forma, el sistema comprende las obligaciones a cargo del Estado y de la sociedad, las instituciones y los recursos destina dos a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios y otras que se incor