CE - Auto interlocutorio 11001030600020250042900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00429-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad del Pacífico y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura Asunto: autoridad administrativa competente para tramitar el radicado E -2024-384728 que corresponde al Hallazgo Administrativo número 24 con presunta incidencia disciplinaria. Oficina de control disciplinario interno inoperante.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de agosto de 2022 1, mediante oficio núm. 2022EE0132924, la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República informó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura el resultado de la auditoría financiera para la vigencia 2021 realizada a la Universidad el Pacífico, y le trasladó, para lo de su competencia, los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria que evidenció.

de la auditoría financiera para la vigencia 2021 realizada a la Universidad el Pacífico, y le trasladó, para lo de su competencia, los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria que evidenció.

2. El 19 de julio de 2024 2, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura ordenó remitir por competencia a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria que evidenció la Con traloría, entre los cuales se encontraba el «Hallazgo No. 24 Política Pública de las personas en condición de discapacidad y/o para educación inclusiva».

1 005_DemandaWeb__Expediente.pdf 2 IbidemRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 2 de 31

3. El 24 de julio de 2024 3, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura remitió a Universidad del Pacífico los radicados:

E-2024-384678, Contiene 1 Cuaderno con 5 Folios E-2024-384728, Contiene 1 Cuaderno con 5 Folios E-2024-384694, Contiene 1 Cuaderno con 7 Folios

El radicado E-2024-384728 corresponde al hallazgo administrativo número 24, con presunta incidencia disciplinaria, de la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República , que origina la presente solicitud de conflicto4.

4. A través de escrito del 27 de agosto de 2025 5, mediante cual solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias, la Universidad

solicitud de conflicto4.

4. A través de escrito del 27 de agosto de 2025 5, mediante cual solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias, la Universidad del Pacífico manifestó su falta de competencia para atender los asuntos disciplinarios derivados del hallazgo núm. 24 (radicado PGN E-2024-384728), al considerar que «No existe formalmente, en la Universidad del Pacífico, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria», y que permita garantizar el debido proceso y la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, como quiera que al interior de la Universidad se está adelantando el proceso de estructuración, implementación y organización de dicha oficina.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 3986 del 18 de septiembre de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (entre el 19 y el 25 de septiembre de 2025), con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó 7 sobre el presente conflicto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción Buenaventura, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, a la

3 Ibidem 4 De acuerdo con el informe de la Contraloría, el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Buenaventura, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, a la

3 Ibidem 4 De acuerdo con el informe de la Contraloría, el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria número 24, se relaciona con la presunta falta de cumplimiento de la Universidad del Pacífico de las políticas trazadas por el Estado, dado que no cuenta con un programa de acción estructurado que le permita adoptar las medidas adecuadas y necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población de estudiantes más vulnerables a través de la implementación de la política pública de las personas en condición de discapacidad y/o para educación inclusiva (A) (D), situación que ha sido señalada en los informes de auditoría a las vigencias 2016, 2019 y, 2020 y han sido incluidas en el plan de mejoramiento institucional, sin embargo , persiste el incumplimiento. 005_DemandaWeb__Expediente.pdf 5 001_DemandaWeb__ConflictoNegativoCom.pdf 6 023POREDICTO_04Edicto.pdf 7 025ED_10Informecomunicacio.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 3 de 31

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacífico y a la Contraloría General de la República.

En el mencionado informe, la Secretaría de la Sala dejó constancia que las comunicaciones se realizaron con base en la información suministrada en el escrito de formulación del presunto conflicto de competencia administrativa; sin perjuicio de las que surjan con posterioridad del estudio, análisis y solución del caso, que sean ordenadas por los despachos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el

las que surjan con posterioridad del estudio, análisis y solución del caso, que sean ordenadas por los despachos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró auto de apertura de investigación 8, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 9, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva10 de este.

Así, pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 11, la Sala determin ará que la comunicación del presente asunto a los presuntos sujetos disciplinables que surjan en curso de la actuación disciplinaria, se realice en la etapa procesal que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Según constancia secretarial del 26 de septiembre de 202512, durante la fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura y la Rectoría de la Universidad del Pacífico presentaron alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Universidad del Pacífico

En escrito del 25 de agosto de 2025, declaró su falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario con base en los siguientes argumentos:

Precisó que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, entre las

8 Artículo 111, Ley 1952 de 2019.

Precisó que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, entre las

8 Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 9 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 10 Artículo 115: RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición. 11 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013. 12 031ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00429.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 4 de 31

cuales se encuentran las de los entes universitarios autónomos, que, aunque gozan de un estatuto constitucional especial, no significa que estén exentos del pleno respeto al ordenamiento jurídico, incluyendo la efectiva implementación de los cambios legislativos introducidos con la promulgación de la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

En virtud de lo anterior, el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, señala que el sujeto disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y

artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, señala que el sujeto disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, por lo que en el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

Adicionalmente, indicó que el artículo 93, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, señaló que toda entidad u organismo del Estado debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, y que, si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, le corresponderá la competencia a la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de julio de 2020, determinó que el Estado colombiano, en un plazo razonable, debía adecuar el ordenamiento jurídico interno con el propósito de que, entre otros asuntos, se evitara la concentración de las facultades de investigación y sanción en una misma autoridad.

Destacó que, para garantizar el cumplimiento de la separación de las fases de instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios , tanto la Procuraduría General de la Nación como el Departamento Administrativo de la Función Pública han establecido las directrices para la impl ementación de la Ley 1952 de 2019 , modificada por la Ley 2094 de 2021.

Es así como a partir de la declaratoria del Título V «Régimen disciplinario de los empleados universitarios» (Artículos 71 al 86), del Acuerdo Superior N. 001 del 29

modificada por la Ley 2094 de 2021.

Es así como a partir de la declaratoria del Título V «Régimen disciplinario de los empleados universitarios» (Artículos 71 al 86), del Acuerdo Superior N. 001 del 29 de julio de 2009, la Universidad del Pacífico no cuenta con una unidad u oficina del más alto nivel que conozca de los procesos disciplinarios garantizando la separación de las fases de investigación y juzgamiento , sin embargo a partir del Acuerdo Superior núm. 162 del 29 de junio de 2023, el Consejo Superior de la universidad, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, le concedió facultades al rector para adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para tal fin.

De tal suerte que , en virtud de lo previsto en el inciso 6° del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, «En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de laRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 5 de 31

Nación, según la calidad del disciplinable », la Universidad del Pacífico resolvió remitir el expediente disciplinario a la Procuraduría General de la Nación, por falta de competencia.

Pese a lo anterior la universidad alleg ó memorial fechado el 25 de septiembre de 202513 precisando, entre otros, que se encuentra en un proceso de reorganización institucional y que mediante el Acuerdo Superior No. 216 del 5 de junio de 2025 se

Pese a lo anterior la universidad alleg ó memorial fechado el 25 de septiembre de 202513 precisando, entre otros, que se encuentra en un proceso de reorganización institucional y que mediante el Acuerdo Superior No. 216 del 5 de junio de 2025 se creó la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, así como los cargos de jefe de control disciplinario interno de instrucción y el de profesional especializado y profesional universitario. Señaló que para el funcionamiento de la oficina se requiere la incorporación de los cargos creados a la planta global de la institución, así como la modificación y actualización del manual de funciones junto con una serie de actividades previas, razones por las que no se tiene formalmente una dependencia que, actualmente, detente la competencia disciplinaria.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción Buenaventura

Se pronuncia respecto al conflicto de competencias promovido por la Universidad precisando que el 29 de marzo entró en vigencia la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011.

Puntualiza que el artículo 3° de la Ley 2094 de 2021 dispone separar las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios y, de otra parte , de conformidad con las facultades extraordinarias previstas en el artículo 69 , el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 1851 de 2021 , que entró en vigencia el 29 de marzo de 2022, y modificó, entre otras, la planta de personal y el régimen de competencias, estructura y funcionamiento de la Procuraduría General

vigencia el 29 de marzo de 2022, y modificó, entre otras, la planta de personal y el régimen de competencias, estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, incorporando las procuradurías delegadas, regionales , provinciales y distritales de instrucción y de juzgamiento, con funciones disciplinarias.

Consecuencia de lo anterior, precisa la Procuraduría, las competencias se redistribuyeron. El artículo 22 del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el artículo 76 del Decreto 262 de 2000, estableció las competencias de las procuradurías distritales y provinciales de instrucción, dentro de las cuales no se encuentra la de adelantar investigación contra servidores de entidades de orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico.

Expuso que la Universidad del Pacífico es un ente universitario autónomo, del orden nacional, que tiene la obligación como toda entidad u organismo del Estado, con excepción de la Rama Judicial, de crear una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer de las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra sus servidores.

13 028RECIBEMEMORIAL_110011PDF.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 6 de 31

En efecto, indicó que desde la expedición de la Ley 200 de 1995 (artículo 48), y posteriormente con la promulgación de las Leyes 734 de 2002 (artículos 34 y 76) y 1952 de 201 9, modificada -esta última - por la Ley 2094 de 2021, se ratificó tal obligatoriedad, situación que, en su criterio, aplica incluso a las instituciones de

1952 de 201 9, modificada -esta última - por la Ley 2094 de 2021, se ratificó tal obligatoriedad, situación que, en su criterio, aplica incluso a las instituciones de educación superior, sin que pueda mediar justificación alguna para incumplir con ese deber.

De acuerdo con lo anterior, la Procuraduría precisó que es competencia del Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico conocer de las actuaciones disciplinarias contra los servidores adscritos a esa institución universitaria.

Ahora bien, en sus alegatos también distinguió entre dos situaciones, a saber: i) la existencia o no de un operador de control disciplinario interno en la institución, y ii) la imposibilidad de garantizar la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, a partir de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. En este caso, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , otorga competencia a la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, la Procuraduría considera que el conflicto promovido por la Universidad debe ser resuelto en el sentido de otorgarle competencia a dicha institución , dado que no ha probado la circunstancia de hecho y de derecho que no le permita garantizar el ejercicio de la función disciplinaria a través del jefe de la Unidad u Oficina autónomas del más alto nivel jerárquico con la separación de la instrucción y el juzgamiento. No obstante, en caso de no poder garantizarlo así, deberá enviar a la Procuraduría General de la Nación solo aquellos expedientes en los que se

Oficina autónomas del más alto nivel jerárquico con la separación de la instrucción y el juzgamiento. No obstante, en caso de no poder garantizarlo así, deberá enviar a la Procuraduría General de la Nación solo aquellos expedientes en los que se haya culminado la etapa instructiva, o en el caso de que no pueda garantizar la segunda instancia.

Por lo anterior, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado declarar competente al mencionado grupo de control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso, a saber , laRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 7 de 31

Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción Buenaventura , y la Universidad del Pacífico no tienen un superior común, dado que son autoridades autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que : i) las autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, y la Universidad del Pacífico, son del orden nacional ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta , relacionada con el radicado E -2024384728, que corresponde al Hallazgo Administrativo número 24 con presunta incidencia disciplinaria, y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación disciplinaria.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto

disciplinaria, y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación disciplinaria.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 8 de 31

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho

reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar con ocasión del Hallazgo Administrativo número 24, con presunta incidencia disciplinaria, evidenciado por la la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República (radicado PGN E-2024-384728) relacionado con la implementación de la «Política Pública de las personas en condición de discapacidad y/o para educación inclusiva».

La Universidad del Pacífico primeramente señaló que, actualmente, se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa con el fin de crear la unidad u oficina de control disciplinario interno, e implementar los cambios legislativos introducidos por el nuevo código general disciplinario. Agregó que esa institución universitaria no puede cumplir con las garantías de instrucción y juzgamiento, razón por la cual, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, remitió el conocimiento del asunto a la Procuraduría General de la Nación.

Pese a lo anterior la universidad allegó memorial fechado el 25 de septiembre de 202515 precisando, entre otros, que se encuentra en un proceso de reorganización institucional y que mediante el Acuerdo Superior No. 216 del 5 de junio de 2025 se

Pese a lo anterior la universidad allegó memorial fechado el 25 de septiembre de 202515 precisando, entre otros, que se encuentra en un proceso de reorganización institucional y que mediante el Acuerdo Superior No. 216 del 5 de junio de 2025 se creó la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, así como los cargos de jefe de co ntrol disciplinario interno de instrucción y el de profesional especializado y profesional universitario. Señaló que para el funcionamiento de la oficina se requiere la incorporación de los cargos creados a la planta global de la institución, así como la m odificación y actualización del manual de funciones junto con una serie de actividades previas, razones por las que no se tiene formalmente una dependencia que, actualmente, detente la competencia disciplinaria.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura enfatizó en la obligación que tiene toda entidad u organismo del Estado, con excepción de la

15 028RECIBEMEMORIAL_110011PDF.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 9 de 31

Rama Judicial, de crear una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer de las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra sus servidores.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las

de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de Universidad del Pacífico. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración16

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios d e igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa17.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública18, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades19.

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de l 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2019-00120-00. 17 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se

17 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00429-00 Página 10 de 31

La Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado 20 que en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, se reconoce al Estado como titular de la

La Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado 20 que en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, se reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 21. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria ) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.22

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control disciplinario interno y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración 23

Por control disciplinario interno debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

De acuerdo con el artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2094 de 2021 , corresponde a las oficinas de control disciplinario interno conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

Sobre las reglas de competencia para adelantar los procesos disciplinarios , es importante recordar que desde la Ley 734 de 2002 el Legislador introdujo la obligación de las entidades u órganos del Estado de contar con una oficina de control disciplinario interno,