CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043000 de 2025

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043000 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Bogotá, D.C., veintiseis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001-03-06-000-2025-00430-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Universidad del Pacifico y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura Asunto: autoridad administrativa competente para continuar una actuación disciplinaria en contra de funcionarios de la Universidad del Pacifico. Oficina

de Control Interno Disciplinario inoperante. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. Con oficio sin fecha 3, la Contraloría General de la Nación trasladó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, encontrados en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021. Entre ellos, el hallazgo núm. 6 denominado «Registro de litigios y demandas (A) (D)» 4.

2. Mediante Auto del 6 de febrero de 20245, la Procuraduría Regional de Instrucción del

de litigios y demandas (A) (D)» 4.

2. Mediante Auto del 6 de febrero de 20245, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, con fundamento en la competencia atribuida en el artículo 76 del

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250043000 que reposa en SAMAI. 3 Expediente digital, archivo 5_110010306000202500430004DemandaWeb2025918185338 (1).pdf, foli o 13. 4 Ibíd. Folio 14. 5 Carpeta Principal 005_DemandaWeb_Expediente.pdf. Folios 7-11.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 2 de 26

Decreto Ley 262 de 2000 6, remitió las diligencias radicadas bajo el IUS E -2022571027/IUC D -2022-2613832, que se abrieron para investigar la responsabilidad disciplinaria específica originada por la materialización del hallazgo núm. 6 «Registro de Litigios y Demandas», detectado por el órgano de Control Fiscal contra la Universidad del Pacífico, a partir de un informe de auditoría realizado para la vigencia 2021, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura con el propósito de que se iniciaran las actuaciones disciplinarias a las que hubiera lugar.

del Pacífico, a partir de un informe de auditoría realizado para la vigencia 2021, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura con el propósito de que se iniciaran las actuaciones disciplinarias a las que hubiera lugar.

3. Por Auto del 15 de marzo de 2024 7, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura ordenó iniciar la indagación previa contra algunos funcionarios de la Universidad del Pacifico, en los términos del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019.

4. Mediante Auto del 30 de abril de 20258, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura consideró que la presunta conducta con implicaciones disciplinarias objeto de investigación, comprometía el comportamiento del señor W.Q.M. en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Con trol Interno ; servidor público de la Universidad del Pacifico, que es una entidad del orden nacional . Por lo tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 2º y 3 de la Ley 1952 de 2019 , modificada por la Ley 2094 de 2021, ordenó la remisión del expediente con radicado núm. IUS E-2022-571027 /IUC D20222613832 a la oficina de control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico, para lo de su competencia.

5. El 2 de septiembre de 2025 la Universidad del Pacífico remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa entidad y la Procuraduría Gene ral de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de

Buenaventura9.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa entidad y la Procuraduría Gene ral de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura9.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 399 del 18 de septiembre de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, es decir, desde el 19 hasta el 25 de septiembre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.

6 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las dive rsas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.» 7 Carpeta Principal 005_DemandaWeb_Expediente.pdf. Folios 23-27. 8 Carpeta Principal 005_DemandaWeb_Expediente.pdf. Folios 57-60. 9 Expediente digital archivo 1_110010306000202500421002DemandaWeb202591115918 (1).pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 3 de 26

Según informe secretarial de l 18 de septiembre de 2025 10, se le comunicó sobre el presente conflicto a la Universidad del Pacifico, a la Procuraduría General de la Nación a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacifico, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Pacifico, y a la Contraloría General de la Nación.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala del 26 de septiembre de 2025 11, de que, durante la fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura y la Universidad del Pacífico presentaron escrito de consideraciones. Las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, encontró relevante vincular al presente conflicto de competencias a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y solicitar a la Universidad del Pacífico el Acuerdo Superior núm. 216 de 2025, que creó la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción , así como los cargos de jefe de control disciplinario interno de instrucción y profesional universitario, para lo cual, se expidió auto de mejor proveer del 22 de octubre de 202512.

Mediante informe secretarial del 30 de octubre de 202513, la Secretaría de la Sala informó que la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico guardaron silencio.

Mediante informe secretarial del 30 de octubre de 202513, la Secretaría de la Sala informó que la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico guardaron silencio.

En informe secretarial del 31 de octubre de 202514, consta que la Universidad del Pacífico allegó información.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Universidad del Pacifico15

Manifestó que no existe formalmente, en la Universidad del Pacífico, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria. Señaló que si bien existió un «Grupo de Control Disciplinario Interno», establecido mediante el Acuerdo Superior 001 de 2009, este quedó mal constituido y no satisfizo los requerimientos de imparcialidad y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución Política, en los términos que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio

10 024ED_10Informecomunicacio.pdf 11 030ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00430.pdf 12 Expediente digital 31Autoparamejor_CCA2025430AMCHGAutov(.pdf) NroActua 9 13 Expediente digital 36INFORMESECRETA_20250430INFORMESECRE(.doc) NroActua 13 14 Expediente digital, archivo 42INFORMESECRETA_Informesecretarial20(.pdf) NroActua 17 15 Expediente digital, 27RECIBEMEMORIAL_110011PDF(.pdf) NroActua 7Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 4 de 26

de 2020, así como tampoco desarrollaba de manera íntegra los postulados de la imparcialidad y seguridad jurídica, desconociendo lo establecido en la Ley 2094 de 2021.

Puso de presente que la Universidad del Pacífico se encuentra en un proceso de reorganización institucional para el fortalecimiento de su gestión administrativa, académica, investigativa y financiera.

Que, en desarrollo de dicho proceso, se expidió el Acuerdo Superior núm. 162 del 29 de junio de 2023, que decidió «Conceder facultades al rector para que pueda adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para la creación de la oficina de control interno disciplinario, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo».

Expuso que con el Acuerdo Superior núm. 215 del 05 de junio de 2025, se derogó el Título V "Régimen disciplinario de los empleados univ ersitarios" atendiendo a que este ya no respondía a la realidad jurídica y normativa actual, y era necesaria una actualización de las normas internas de la Universidad. Y, que con el Acuerdo Superior núm. 216 del 5 de junio de 2025, se creó la Oficina de C ontrol Disciplinario Interno de Instrucción, y los cargos de jefe de Control Disciplinario Interno de Instrucción, Profesional Especializado y Profesional Universitario . Sin embargo, dicha oficina no se encuentra aún incorporada a la planta de cargos, por lo cual no se encuentra operando, de manera que no se tiene formalmente, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

Adujo que para realizar tal incorporación en la planta global se requiere la expedición de

de manera que no se tiene formalmente, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

Adujo que para realizar tal incorporación en la planta global se requiere la expedición de un nuevo acuerdo pero que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico no ha podido sesionar porque existe una situación coyuntural en el Ministerio de Educación Nacional atinente a la designación de los delegados del Ministro de Educación en los cuerpos colegiados, razó n por la cual, el quorum para deliberar y decidir del Consejo Superior Universitario se encuentra afectado y, por lo tanto, no es posible fijar fecha para que el órgano colegiado sesione, así como tampoco se puede establecer con exactitud , el tiempo en el que pueda iniciar a operar la Oficina de Control Disciplinario Interno.

La Ley 1952 de 2019, en su artículo 92 (modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021), expresa que, en el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan cumplir por parte de la entidad estatal respectiva, por razón de su estructura, el conocimiento del asunto será de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Por lo expuesto, concluyó que, actualmente no le es posible ejercer la competencia disciplinaria, y que mal haría la Universidad del Pacífico si actuara, careciendo de competencia para ello, desconociendo lo establecido en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 5 de 26

administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 5 de 26

2. Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de

Buenaventura16

En escrito de consideraciones del 23 de septie mbre de 2025 , la procuraduría citó en primer lugar, el artículo 22 del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el Articulo 76 del Decreto 262 de 2000, que estableció las competencias de las procuradurías distritales y provinciales de instrucción, y señaló que, en aplicación de esta norma, ese despacho no tiene competencia asignada para adelantar investigación contra servidores de entidades del orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico.

Manifestó que conforme al artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 , relacionado co n la titularidad de la potestad disciplinaria, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias.

En consecuencia, adujo que le compete a la Universidad del Pacífico , conforme a la normatividad que regula el control disciplinario interno , adelantar los procesos disciplinarios de los servidores de la entidad, es decir, está en la obligación de garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento, y la Procuraduría General

normatividad que regula el control disciplinario interno , adelantar los procesos disciplinarios de los servidores de la entidad, es decir, está en la obligación de garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento, y la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio del poder preferente podrá iniciar, proseguir, o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y municipales , cuando ello sea del caso. Pero no cuando simplemente la entidad se niegue a adelantar el proceso disciplinario aduciendo la no conformación de la oficina de control disciplinario interno, desconociendo con ello las disposiciones legales que regulan dicho proceso, por no haber tomado las medidas necesarias para ello.

En este sentido, reiteró que constituye un deber legal de la entidad la implementación del control disciplinario interno, garantizando al menos la etapa de instrucción, y trasladar a la Procuraduría General de la Nación, los procesos en los cuales no es posible ejercer la etapa de juzgamiento, pues no puede realizar de forma automática e inmediata la remisión de los procesos, bajo la expresión de que no existe formalmente, en la Universidad del Pacífico, una dependencia que actualmente detent e la competencia disciplinaria.

Adicionalmente, señala que la Universidad del Pacífico no ha probado sumariamente la implementación de alternativas relacionadas con el deber de cumplimiento de la obligación legal de organizar una unidad u oficina del mas alto nivel con la planta existente, con el f in de garantizar la etapa de instrucción , y remitir a la Procuraduría

implementación de alternativas relacionadas con el deber de cumplimiento de la obligación legal de organizar una unidad u oficina del mas alto nivel con la planta existente, con el f in de garantizar la etapa de instrucción , y remitir a la Procuraduría

16 Expediente digital, 25_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOCONF(.pdf) NroActua 6Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 6 de 26

General de la Nación, los procesos en la etapa de juzgamiento , conforme a las competencia asignadas al interior de la misma, según el caso.

Concluyó que, conforme al artículo 38 numeral 33 del CGD , la Universidad del Pacífico tiene el deber de implementar el control disciplinario interno al más alto nivel jerárquico y tiene la competencia conforme al artículo 93 del CGD de adelantar la actuaci ón disciplinaria contra sus servidores.

3. Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca

Está autoridad no presentó consideraciones o alegatos, pese a la vinculación, por parte del despacho ponente, al presente conflicto de competencias, mediante auto para mejor proveer del 22 de octubre de 2025.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario , regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario , regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el cas o bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación y la Universidad del Pacífico , no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia y, en caso de que sí, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 7 de 26

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos

de la competencia simultáneo o sucesivo.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 7 de 26

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional , esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buena ventura y la Universidad del Pacífico ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con la actuación disciplinaria iniciada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura con ocasión del traslado realizado por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria núm. 6 denominado «Registro de litigios y demandas (A) (D)», levantado por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021 , y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencias, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta

artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencias, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.

3. Aclaración Previa

La función de definir la au toridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada compete nte la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

17 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 8 de 26

En el presente caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con la actuación disciplinaria iniciada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura con ocasión del traslado realizado por parte

En el presente caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con la actuación disciplinaria iniciada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura con ocasión del traslado realizado por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria núm. 6 denominado «Registro de litigios y demandas (A) (D)» levantado por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021.

La Universidad del Pacífico sostuvo que mediante el Acuerdo Superior núm. 216 del 05 de junio de 2025 se creó una oficina de control disciplinario interno en dicha institución universitaria, pero que dicha oficina no se encuentra aún incorporada a la planta de cargos, por lo cual no se encuentra operando . De manera que no se tiene formalmente una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria, y que por lo mismo, el conocimiento del asunto sería competencia de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura , por su parte, reiteró que constituye un deber legal de la entidad la implementación del control disciplinario interno, garantizando, al menos, la etapa de instrucción, y trasladar a la Procuraduría General de la Nación, los procesos en los cuales no es posible ejercer la etapa de juzgamiento, pues no puede realizar de forma automática e inmediata la remisión de los proceso s, bajo el argumento de que no existe , formalmente, en la Universidad del Pacífico una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

no puede realizar de forma automática e inmediata la remisión de los proceso s, bajo el argumento de que no existe , formalmente, en la Universidad del Pacífico una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

  1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de Universidad del Pacífico. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración18

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 9 de 26

de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa19.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa19.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública 20, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades21.

Como se vio, la Ley 1952 de 2019 22 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria23. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas , los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.24

19 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-000cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001 -03-06-0002006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, par a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 2 7 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 22 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Consejo de Estado, Sala de Consulta y

Servicio Civil, decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-2024-00518-00; decisión del 18 de septiembre de 2 024, radicación 11001-03-06-000-2024-00470-00; y decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-2024-00168-00. 23 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 24 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria». […] «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00430-00 Página 10 de 26

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento. Reiteración 25

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

En el marco de la potestad disciplinaria de la cual el Estado es titular, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificada por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificada por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

Artículo 2. T itularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la procuraduría general de la nación e independencia de la acción. artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…].

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas

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