CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-0306-000-2025-00432-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad del Pacifico y Procuraduría General de la NaciónProcuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle del Cauca Asunto: autoridad administrativa competente para conocer de una queja disciplinaria. Oficina de control disciplinario interno inoperante.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc ioso Administrativo, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 4 de agosto de 202 2, mediante documento 2022EE0132924, la Contraloría General de la República remitió a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, información acerca de la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021 , en la que se realizaron distintos hallazgos administrativos.

Dentro de dichos hallazgos , se encuentra el «núm.17. titulado Código de clasificación de bienes y servicios. (A)(D)» , el cual consiste en presuntas

hallazgos administrativos.

Dentro de dichos hallazgos , se encuentra el «núm.17. titulado Código de clasificación de bienes y servicios. (A)(D)» , el cual consiste en presuntas irregularidades en la celebración del contrato n úm. 132 entre la Universidad del Pacifico y la empresa Bioport Zomac SAS.

2. El 5 de julio de 2024, dentro del proceso disciplinario E -2024-381614, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura profirió un auto en donde

resolvió lo siguiente:

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en est e acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250043200 que reposa en SAMAI.Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 2 de 25

PRIMERO: Remitir el Hallazgo No 17 en contra de los funcionarios de la Universidad del Pacifico, a la Oficina de Control Interno de la Universida d del Pacifico de Buenaventura, para lo de su competencia.

Lo anterior, a l considerar que corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer los asuntos disciplinarios contras los servidores de sus dependencias.

3. Mediante oficio del 27 de agosto de 2025, la Universidad del Pacífico manifestó que

entidades del Estado conocer los asuntos disciplinarios contras los servidores de sus dependencias.

3. Mediante oficio del 27 de agosto de 2025, la Universidad del Pacífico manifestó que actualmente no cuenta con una oficina de control disciplinario interno que garantice el debido proceso, la autonomía e independencia, la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento y la doble instancia, por lo que «procederá a remitir el expediente, aclarando a su vez, que se remite en el estado en el que se recibió, sin ninguna actuación sobre el mismo, por considerar que no se tiene competencia para ello».

Por lo anterior, propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un conflicto negativo de competencias administrativas entre esa entidad educativa y la Procuraduría Provincial de Buenaventura , con el fin de que se determine la autor idad administrativa competente para asumir el conocimiento de la investigación disciplinaria.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 24 de septiembre de 2025, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 401, por el término de cinco días hábiles, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 24 de septiembre de 2025, sobre la comunicación de la existencia del pre sente asunto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría

conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 24 de septiembre de 2025, sobre la comunicación de la existencia del pre sente asunto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacifico 3, a la señora Martha Cecilia Mosquera Vásquez - profesional jurídica especializada de la Universidad del Pacífico4,

3 Informa la Secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil, «se comunica teniendo en cuenta lo relacionado en el expediente allegado por la Universidad del Pacifico». 4 Informa la Secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil, «Se comunica teniendo en cuenta que es la encargada de presentar la solicitud de conflicto de competencias».Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 3 de 25 a la Contraloría General de la República y al Departamento Administrativo de Función Pública5.

Según inform e secretarial el 3 octubre de 2025, la Universidad del Pacífico y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura allegaron consideraciones. Las demás autoridades y particulares involucrados guardaron silencio.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación contra las person as indeterminadas que pudieron incurrir en las irregularidades encontradas con ocasión del hallazgo núm. 17, advertido en la auditoría financiera

expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación contra las person as indeterminadas que pudieron incurrir en las irregularidades encontradas con ocasión del hallazgo núm. 17, advertido en la auditoría financiera realizada a dicha institución, por la Contraloría General de la República, para la vigencia 2021, que acredita ran la calidad de investigado de alguna persona en concreto, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación por todos los cargos, etapas del procedimiento disciplinario en las que se podría levantar la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la reserva, la Sala determinará que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de los sujetos, por ahora indeterminados, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

El 11 de noviembre de 2025 se expidió un auto de mejor proveer, con el fin de vincular a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca al presente trámite y solicitar a la Universidad del Pacífico copia del Acuerdo Superior 216 de 2025.

A través de informes secretariales del 20 de noviembre de 2025, se puso de presente que la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca guardó silencio y la Universidad del Pacífico atendió la solicitud efectuada6.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico

Universidad del Pacífico atendió la solicitud efectuada6.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico

Mediante escrito del 2 de octubre de 2025, la institución educativa indicó que «no existe una oficina o unidad de control disciplinario interno en la Universidad del Pacífico, conforme con las disposiciones legales vigentes», a pesar de que, mediante el Acuerdo Superior núm. 162 de 2023 , se hubieran otorgado facultades al vicerrector para adelantar las gestiones necesarias para su creación.

5 Informa la Secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil, «Se comunica teniendo en cuenta la solicitud realizada a este, el día 2 de mayo de 2024, respecto de una consulta sobre la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno». 6 SAMAI, expediente digital, archivos 040 y 044.Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 4 de 25 Puso de presente que, si bien en vigencia de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) la universidad contaba con un grupo de control disciplinario interno, ese grupo no cumplía con los requerimientos legales. Además, en vigencia de la Ley 1952 de 2019, no le era factible a esa oficina garantizar la doble instancia, razón por la cual, en aplicación del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, la competencia para conocer de la queja disciplinaria, a su juicio, debía ser de la Procuraduría General de la Nación.

Adicionalmente, sostuvo que es clara la obligación de la Universidad del Pacífico de implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno y que, con ese

Adicionalmente, sostuvo que es clara la obligación de la Universidad del Pacífico de implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno y que, con ese propósito, se están adelantando los trámites correspondientes. Señaló que c on el Acuerdo Su perior núm. 216 del 5 de junio de 2025, se cre ó en la Universidad del Pacífico la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción y los cargos de jefe de control disciplinario interno de instrucción, profesional especializado y profesional universitario.

No obstante, para el funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción se requiere la incorporación de los cargos creados a la planta global de cargos de la universidad, la modificación y actualización del manual de funciones , así como una serie de procesos administrativos. Por lo tanto, en la actualidad no se cuenta con una dependencia que pueda asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios contra los servidores de la institución , razón por la cual , con el fin de garantizar el debido proceso, todos los asuntos de esa naturaleza han sido remitidos a la Procuraduría General de la Nación.

Por último, aclar ó que el expediente se remitió en el estado en el que se recibió, sin ninguna actuación o decisión de fondo sobre el mismo, por considerar que no se tiene competencia para ello.

2. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de

Buenaventura

En sus consideraciones del 3 de octubre de 2025, dicha autoridad señaló que la Universidad del Pacífico, por mandato expreso de la Ley 1952 de 2019, modificada por

Buenaventura

En sus consideraciones del 3 de octubre de 2025, dicha autoridad señaló que la Universidad del Pacífico, por mandato expreso de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, está obligada a organizar y poner en funcionamiento una oficina o unidad del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios contra sus servidores.

Sostuvo que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el artículo 76 del Decreto 262 de 2000, «este despacho no tiene competencia asignada para adelantar investigación contra servidores de entidades de orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico».

Adicionalmente, señaló que constituye un deber legal de la entidad implementar el control disciplinario interno, garantizando al menos la etapa de instrucción , y trasladar a la Procuraduría General de la Nación los procesos en los cuales no es posible ejercer la etapa de juzgamiento. Pero, la Procuraduría «no puede realizar de forma automáticaRadicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 5 de 25 la remisión de procesos, bajo la expresión de que no existe formalmente, en la Universidad del Pacifico, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso objeto de estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación, a través de las Procuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y la Universidad del Pacífico, no tienen un superior común . Se trata de autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo

se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos los requisitos para que la Sala asuma el conocimiento del presente conflicto de competencias. En efecto : i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, esto es, la Procuraduría General de la Nación, a través de las Procuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en relación con la actuación disciplinaria en contra de funcionarios indeterminados de la Universidad del Pacifico, surgida con ocasión del hallazgo núm. 17, advertido en la auditoría financiera realizada a dicha institución, por la Contraloría General de la República, para la vigencia 2021. Dicho hallazgo, consiste en presuntas irregularidades en la celebración del contratoRadicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 6 de 25 núm. 132 entre la Universidad del Pacifico y la empresa Bioport Zomac SAS y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la referida actuación.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva7.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman part e del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frent e a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

2. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir la autoridad competente para conocer la actuación disciplinaria en contra de funcionarios indeterminados de la Universidad del Pacifico, con ocasión del hallazgo núm. 17, advertido en la auditoría financiera realizada a dicha institución, por la Contraloría General de la República, para la vigencia 2021. Dicho hallazgo consiste en presuntas irregularidades en la celebración del contrato núm. 132 celebrado entre la Universidad del Pacifico y la empresa Bioport Zomac SAS.

La Universidad del Pacífico señaló que no c uenta con una Oficina de Control

en presuntas irregularidades en la celebración del contrato núm. 132 celebrado entre la Universidad del Pacifico y la empresa Bioport Zomac SAS.

La Universidad del Pacífico señaló que no c uenta con una Oficina de Control Disciplinario Interno operativa que pueda asumir los procesos disciplinarios en curso, ya que la institución se encuentra en un proceso de reestructuración y reorganización administrativa. Dicho proceso incluye la creación de esa oficina, lo cual se hizo, aunque falta crear los cargos correspondientes en la planta global, y la implementación de los cambios introducidos por el Código General Disciplinario. Adicionalmente, sostuvo que es clara la obligación de la Universidad del Pacífico de implementar la Unidad u Oficina

7 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 7 de 25 de Control Disciplinario In terno y que, con ese propósito, se están adelantando los trámites correspondientes.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura , adujo que es un deber legal de la Universidad del Pacífico implementar el control disciplinario interno, garantizando al menos la etapa de instrucción . Asimismo, tiene la obligación de trasladar a la Procuraduría General de la Nación los procesos en los cuales no sea posible ejercer la etapa de juzgamiento. Finalmente, sostuvo que dicha Procuraduría no cuenta con

Procuraduría General de la Nación los procesos en los cuales no sea posible ejercer la etapa de juzgamiento. Finalmente, sostuvo que dicha Procuraduría no cuenta con competencia para adelantar investigaci ón contra servidores de entidades de orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico.

Por último, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca guardó silencio.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina , dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico. Reiteración v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración8

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa9.

ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa9.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. 9 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública».Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 8 de 25

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública10, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública10, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades11.

Como se vio, la Ley 1952 de 201912, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 13. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria ) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los fu ncionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.14

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración15

Por control interno disciplinario debe entenderse la ofic ina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

En el marco de la potestad disciplinaria de la cual el Estado es titular, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificada por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificada por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 12 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-202400518-00; decisión del 18 de septiembre de 2 024, radicación 11001 -03-06-000-2024-00470-00; y decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-2024-00168-00. 13 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 14 Ley 1952 de 2019, artículo 2. « El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del

13 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 14 Ley 1952 de 2019, artículo 2. « El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 15 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040; decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001 -03-06-0002024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 9 de 25 Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la procuraduría general de la nación e independencia de la acción. artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…].

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…].

disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…].

A su vez, el artículo 92 de la misma Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, al regular la competencia en razón del sujeto disciplinable, establece:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…].

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

[…].

Para cumplir el mandato legal que se asigna a las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, dispone:

Artículo 93. Control disciplinario interno. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto e s el siguiente:> Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura

Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.Radicación 11001-03-06-000-2025-000432-00 Página 10 de 25 La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

Parágrafo 1o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deber á́ ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

Parágrafo 2o. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. [...]. [Resalta la Sala].

Más adelante, la Ley 2094 de 2021, que modifi