CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-0433-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Ministerio de Comercio, Industria y TurismoMINCIT-, Superintendencia de Sociedades y Departamento

Nacional de Planeación.

Asunto: autoridad competente para resolver el derecho de petición presentado por un particular, relacionado con el trámite de impugnación de la inscripción de los proponentes en el Registro Único de Proponentes (RUP), de que trata el numeral 6.3 del artículo 61 de la Ley 1150 de 2007.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 2, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20213, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de junio de 2025, el señor Pablo Andrés Argoty Caicedo elevó petición de consulta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante MINCIT ), respecto a la posibilidad de unificación de criterios para el cobro de la tasación de la caución que debe prestarse dentro del trámite de impugnación de la inscripción

consulta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante MINCIT ), respecto a la posibilidad de unificación de criterios para el cobro de la tasación de la caución que debe prestarse dentro del trámite de impugnación de la inscripción de los proponentes en el Registro Único de Proponentes (en adelante RUP) . Específicamente, el ciudadano solicitó 4:

1. En ejercicio de sus facultades, proceda a impartir instrucciones específicas que propendan, por adoptarse un trámite unívoco en cada una de las Cámaras de Comercio del país, respecto a la tasación y/o fijación de la caución exigida para el trámite de la impugnación de la inscripción en el RUP. Si usted no es la autoridad competente sírvase informar cuál es la autoridad competente para hacerlo, dado que la SuperSociedades manifestó que no tiene asignada esa función.

2. En el evento en que se considere que no se puede unificar el trámite de la impugnación de la inscripción en el RUP, en razón a la discrecionalidad de las

1 Este artículo fue modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012. 2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 3 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 4 Expediente digital. 8ED_EXPEDIENTE_092Solicituddelsenor(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 2 de 27

procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 4 Expediente digital. 8ED_EXPEDIENTE_092Solicituddelsenor(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 2 de 27

Cámaras de Comercio, solicito se impartan directrices claras y precisas en donde se fijen unos límites para la tasación y/o fijación de la caución exigida para el trámite de la impugnación de la inscripción en el RUP, dada la disparidad de criterios, tal y cómo se acreditó con las respuestas allegas por dichas entidades.

3. Informar si ¿es jurídicamente viable que todas las cámaras de comercio del país presenten diferentes trámites para la tasación y/o fijación de la caución exigida en el procedimiento de la impugnación de la inscripción en el RUP? Indicar sustento normativo que respalda su postura (sic)

4. Informar ¿Cuál es la norma supletiva que deben utilizar las cámaras de comercio para llenar el vacío legal de que trata numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 en lo que concierne al procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en la impugnación del RUP?

5. Informar si ¿puede el MINCIT directamente o a través de la SuperSociedades, exhortar y/o conminar a la Cámara de Comercio de Pasto para que proceda a fijar de manera inmediata el procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en la impugnación del RUP?

6. Informar si ¿puede el MINCIT directamente o a través de la SuperSociedades,

de manera inmediata el procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en la impugnación del RUP?

6. Informar si ¿puede el MINCIT directamente o a través de la SuperSociedades, proponer una alternativa jurídica para que la Cámara de Comercio de Pasto adopte un procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en la impugnación del RUP?

7. Informar si ¿el MINCIT directamente o a través de la SuperSociedades, puede imponer y/o aplicar las medidas correctivas necesarias a la Cámara de Comercio de Pasto por no disponer (sic) un procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en el trámite de impugnación del RUP. En caso afirmativo, proceder con el procedimiento para la aplicación de éstas. Si ninguna de estas entidades tiene esa competencia, sírvase informar ¿cuál sería la entidad encargada?

2. Mediante oficio de l 12 de agosto de 2025 5, MINCIT respondió la mencionada petición de manera general sobre las materias a cargo de dicha entidad; no obstante, en virtud del artículo 21 del CPACA , modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, remitió el asunto a las autoridades que consideraba competentes para conocer de l mismo, esto es, a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (en adelante ANCP -CCE) y al

Departamento Nacional de Planeación.

3. El 14 de agosto de 2025, la ANCP-CCE remitió a su vez el derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades 6. En el escrito de traslado por competencia

Departamento Nacional de Planeación.

3. El 14 de agosto de 2025, la ANCP-CCE remitió a su vez el derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades 6. En el escrito de traslado por competencia

5 Expediente digital. 13_MemorialWeb_Alegatos-ACTADEPOSESIONJEF(.pdf), folios 241-243. 6 Expediente digital. 7ED_EXPEDIENTE_084Remisionporcompet(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 3 de 27

señaló que si bien, de acuerdo con el artículo 2 º del Decreto 4170 de 2011 , la Agencia funge como ente rector en contratación pública , lo cierto es que carece de facultades de inspección, vigilancia y control sobre las demás entidades públicas; por lo tanto, no le corresponde realizar el trámite solicitado en el derecho de petición.

4. Con la remisión hecha por la ANCP-CCE a la Superintendencia de Sociedades, el señor Pablo Andrés Argoty Caicedo consideró que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso , toda vez que si la ANCP-CCE consideró que también carecía de competencia para dar respuesta a la petición, debió proponer el presunto conflicto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, tal y como lo establece el artículo 39 del CPACA 7, y no remitirlo a dicha superintendencia8.

En consecuencia, presentó acción de tutela 9, la cual fue asignada al Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , el que, mediante fallo del 8 septiembre de 2025 , con radicado núm. 11001334106820250035600,

Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , el que, mediante fallo del 8 septiembre de 2025 , con radicado núm. 11001334106820250035600, ordenó lo siguiente: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, en cumplimiento al artículo 39 del CPACA, remita la actuación a la autoridad judicial que corresponda para que dirima el conflicto de competencia administrativa.

TERCERO: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, adelante las gestiones administrativas necesarias para impartirle el trámite que corresponda a la solicitud formulada por el señor Pablo Andrés Argoty Caicedo y que le fue remitida por competencia por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, la cual deberá ser resuelta en los términos legalmente establecidos para el efecto. De lo anterior deberá inf ormársele de manera efectiva al interesado en el mismo lapso (sic) El juzgado indicó, f rente a la ausencia de respuesta al derecho de petición por parte del Departamento Nacional de Planeación , que la entidad se encontraba todavía dentro del término otorgado por ley para emitir pronunciamiento. Dicha respuesta fue dada el 17 de septiembre de 202510.

7 Este artículo fue modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021.

todavía dentro del término otorgado por ley para emitir pronunciamiento. Dicha respuesta fue dada el 17 de septiembre de 202510.

7 Este artículo fue modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021. 8 Expediente digital. 13_MemorialWeb_Alegatos-ACTADEPOSESIONJEF(.pdf). Folios 1-4. 9 Expediente digital. 9ED_EXPEDIENTE_101Fallode8deseptiem(.pdf). 10 Expediente digital. 31RECIBEMEMORIAL_20253200636391PABLOA(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 4 de 27

5. Así entonces, en obediencia al citado fallo de tutela la ANCP-CCE, mediante oficio del 10 de septiembre de 202511, remitió las actuaciones ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado «con el fin de que se dirima el presente conflicto de competencia y se determine de manera definitiva la entidad que debe responder de fondo la petición presentada».

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto núm. 402 del 22 de septiembre de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días contados desde el 26 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto12.

desde el 26 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto12.

Consta que se comunicó la actuación 13, por conducto de la Secretar ía de la Sala, a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente , al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , a la Superintendencia de Sociedades, al Departamento Nacional de Planeación, al Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al señor Pablo Andrés Argoty Caicedo.

Mediante informe secretarial del 3 de octubre de 202514, consta que, dentro del término de fijación del edicto, el señor Pablo Andrés Argoty Caicedo y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades allegaron escritos de alegatos y/o consideraciones para ser tenido s en cuenta en el trámite de l presente conflicto. L as demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Igualmente, consta en informe secretarial del 29 de octubre de 2025 15 que el Departamento Nacional de Planeación allegó escrito del 17 de septiembre de 2025 mediante el cual respondió el derecho de petición elevado, para que fuese tenido en consideración.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - ANCPCCE

11 Expediente digital. 5ED_EXPEDIENTE_06Solicituddepromoci(.pdf). 12 Expediente digital. 10POREDICTO_EDICTO_02Edicto(.pdf).

CCE

11 Expediente digital. 5ED_EXPEDIENTE_06Solicituddepromoci(.pdf). 12 Expediente digital. 10POREDICTO_EDICTO_02Edicto(.pdf). 13 Expediente digital. 3ED_EXPEDIENTE_04Informedecomunicac(.pdf). 14 Expediente digital. 32ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00433(.pdf). 15 Expediente digital. 33INFORMESECRETA_Informesecretarial20(.pdf).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 5 de 27

Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; sin embargo, sus argumentos se pueden extraer del oficio del 14 de agosto de 2025, a través del cual remitió por competencia a la Superintendencia de Sociedades el derecho de petición en el cual «se hacen una serie de solicitudes relacionadas con la tasación y/o fijación de la caución exigida para el trámite de la impugnación de la inscripción en el registro Único de Proponentes a la que hace referencia el artículo 6.2 (sic) de la Ley 1150 de 2007».

En dicho documento indicó que , de conformidad con el artículo 2º del Decreto 4170 de 2011 funge como ente rector en materia de contratación pública, pero no por esto cuenta con facultades de inspección, vigilancia y control sobre las demás entidades públicas.

Arguyó que, dentro de sus funciones, las cuales se encuentran establecidas en la Ley 489 de 1998 , no se encuentra la función de «otorgar información de la cual no es competente o realizar trámites que no son de su conocimiento». En ese sentido, precisó que de acuerdo con el numeral 5º del artículo 3º y el numeral 8º del artículo 11 del Decreto

competente o realizar trámites que no son de su conocimiento». En ese sentido, precisó que de acuerdo con el numeral 5º del artículo 3º y el numeral 8º del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011 dispone de competencia para atender consultas referentes a temas contractuales solo para absolver consultas sobre aplicación de normas de carácter general.

A lo anterior, se puede adicionar lo expuesto en el oficio del 10 de septiembre de 2025 mediante el cual propuso el presente conflicto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil . En este señaló que tras haber sido remitida la petición por parte del MINCIT, en virtud del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, la Agencia analizó que la competencia para resolver la petición elevada le correspondía realmente a la Superintendencia de Sociedades , ya que de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020 tiene a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio «así como las previstas en los artículos 27, 37 y 94 del Código de Comercio respecto del registro mercantil».

2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCITEste ente ministerial tampoco presentó alegatos ; no obstante, de la respuesta otorgada al peticionario, señor Pablo Andrés Argoty Caicedo, el 12 de agosto de 2025 , en la que además corrió traslado de competencia tanto al D epartamento Nacional de Planeación como a la ANCP-CCE, es posible extraer lo siguiente:

En primer lugar, precisó que no cuenta con facultades para impartir asuntos sobre contratación estatal regulados a través de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150

como a la ANCP-CCE, es posible extraer lo siguiente:

En primer lugar, precisó que no cuenta con facultades para impartir asuntos sobre contratación estatal regulados a través de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2008. En ese sentido, indicó que, de acuerdo con el Decreto 210 de 2003, «el sector CIT» solo cuenta con competencia en temas de registro para reglamentar el registro mercantil, el registro nacional y el funcionamiento de las cámaras.

Así entonces, explicó que la responsabilidad de liderar y coordinar la política pública en materia de contratación estatal se encuentra en cabeza d el Departamento Nacional de Planeación. Al respecto señaló:Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 6 de 27

En ejercicio de esta función [el DNP], diseña los lineamientos estratégicos, técnicos y normativos que orientan el sistema de compras públicas, promueve la eficiencia y transparencia en la contratación, y supervisa la correcta implementación de herramientas como el Registro Único de Proponent es (RUP), el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y otros instrumentos relacionados.

Frente al Registro Único de Proponentes (RUP) , indicó que fue creado con la Ley 1150 de 2008, y posteriormente modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 , sin embargo, la administración del registro fue delegad a a las Cámaras de Comercio. Además, aclaró que si bien en dicha ley se facultó al Gobierno nacional para fijar las tarifas de : inscripción en el registro, renovación, modificación, actualización y

embargo, la administración del registro fue delegad a a las Cámaras de Comercio. Además, aclaró que si bien en dicha ley se facultó al Gobierno nacional para fijar las tarifas de : inscripción en el registro, renovación, modificación, actualización y certificaciones16, lo cierto es que no se precisó de manera «exegética» la reglamentación sobre la tarifa en los casos de impugnación de la inscripción de los proponentes en el Registro Único de Proponentes (RUP), sobre la cual recae la presente petición.

En consecuencia, explicó que, al no contar con dicha facultad, no le corresponde impartir ninguna instrucción sobre el particular, así como tampoco le es dable pronunciarse sobre los planteamientos o absolver las preguntas propuestas dentro del derecho de petición más allá de su competencia ; indicó que «le corresponde al Departamento Nacional de Planeación y su Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente, emitir conceptos, guías y reglamentaciones que garanticen la coherencia del régimen de contratación estatal».

Por otra parte, frente a las preguntas relacionadas con la posibilidad de que el ente ministerial directamente o a través de la Superintendencia de Sociedades pudiera regular, corregir o exhortar a las cámaras de comercio, especialmente a la de Pasto, para que se fije un procedimiento para la tasación de la caución exigida en la impugnación de la inscripción de los proponentes en el RUP, señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Código de Comercio, las facultades de inspección, vigilan cia y control de las cámaras de comercio fueron atribuidas a la Superintendencia de Sociedad es, no

el artículo 87 del Código de Comercio, las facultades de inspección, vigilan cia y control de las cámaras de comercio fueron atribuidas a la Superintendencia de Sociedad es, no obstante, al carecer ese ente ministerial de competencia reglamentaria en asuntos de contratación estatal tampoco le sería posible impartir instrucciones a dicha entidad.

Finalizó precisando que, el artículo 5º de la Ley 489 de 1998 establece textualmente que la competencia de las entidades administrativas esta circunscrita con exclusividad a los asuntos asignados expresamente en la ley.

3. Departamento Nacional de Planeación

16 Las cuales se encuentran reglamentadas por el Decreto 2260 de 2019, suscrito por las carteras del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 7 de 27

Si bien el DNP no presentó alegatos, sus argumentos se pueden extraer de la respuesta otorgada al peticionario mediante oficio del 17 de septiembre de 202517, en el cual precisó que de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1893 de 2021, le corresponde, entre otras funciones las siguientes:

ARTÍCULO 3. Funciones del Departamento Nacional de Planeación. Son funciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de las que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 9 de la Ley 2056 de 2020, las siguientes:

1. Elaborar, coordinar e integrar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para consideración del Consejo Nacional de Planeación y del Consejo Nacional de Política

1. Elaborar, coordinar e integrar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para consideración del Consejo Nacional de Planeación y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), así como su posterior presentación al Congreso de la

República.

(…)

28. Orientar el diseño y velar por la implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en los asuntos de competencia de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, teniendo en cuenta criterios de eficiencia y transparencia. (…)

No obstante, aclaró que:

De conformidad con el numeral 28 del artículo 3 del Decreto 1893 de 2021, el DNP es competente para emitir lineamientos en materia de política pública en asuntos de competencia de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, donde uno de ellos es el RUP. No obstante, la definición de una tasa dentro de un procedimiento administrativo, como lo es la impugnación del registro en el RUP, no hace parte de un lineamiento u orientación de política pública; por lo tanto, no resulta procedente para esta Entidad establecer de manera autónoma y directa una tasa adjudicada a título de caución dentro del proceso de impugnación de la inscripción en el RUP.

Así entonces, indicó que de la lectura del numeral 6.3 del artículo 618 de la Ley 1150 de 2007 se desprende la existencia de un vacío normativo respecto a cuál debe ser la tarifa o los criterios a los que deben acogerse las cámaras de comercio para establecer dicha caución.

No obstante, señaló que de acuerdo con las funciones de MINCIT establecidas en el

o los criterios a los que deben acogerse las cámaras de comercio para establecer dicha caución.

No obstante, señaló que de acuerdo con las funciones de MINCIT establecidas en el Decreto 210 de 200319, especialmente aquella regulada en el numeral 12 del artículo 28

17 Expediente digital. 31RECIBEMEMORIAL_20253200636391PABLOA(.pdf). 18 Este artículo fue modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012. 19 La autoridad resaltó las siguientes: «1. Participar en la formulación de la política, los planes y programas de desarrollo económico y social.

2. Formular la política en materia de desarrollo económico y social del país relacionada con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de bienes, servicios entre ellos elRadicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 8 de 27

ibidem20, así como lo establecido por el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020 y en los Decretos 1736 de 2020 y 1380 de 2021, dicho Ministerio ostenta «la potestad para establecer las políticas de regulación sobre el Registro Mercantil y las Cámaras de Comercio, siendo estas últimas las competentes para conocer y dar trámite a las solicitudes de inscripción, renovación, actualización y cancelación del Regist ro Único de Proponentes de conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015».

En consecuencia, señaló que la remisión del derecho de petición al DNP carece de sustento normativo ya que como entidad no se encuentra habilitada por la ley para definir

1082 de 2015».

En consecuencia, señaló que la remisión del derecho de petición al DNP carece de sustento normativo ya que como entidad no se encuentra habilitada por la ley para definir las tarifas dentro de los procedimientos administrativos que no le son propios, como lo es la tarifa de la tasación y/o fijación de la caución exigida en la impugnación del RUP.

4. Superintendencia de Sociedades

La entidad presentó escrito de alegatos el 2 de octubre de 2025 , mediante el cual le solicitó a esta Sala que se declarara la inexistencia de conflicto de competencias administrativa en el presente asunto. Lo anterior, sustentado en las siguientes razones:

En primer lugar, explicó que, una vez recibida la petición, en modalidad consulta, procedió a darle respuesta «de fondo, argumentada y sustentada» mediante oficio del 12 de septiembre de 2025. En dicho escrito aclaró preliminarmente que con fundamento en los artículos 14 y 28 del CPACA con su respuesta emitía un concepto de carácter general y abstracto que no buscaba «resolver situaciones de orden particular».

Así entonces, en dicho pronunciamiento indicó que la única regulación vigente respecto del trámite de impugnación del RUP es aquella establecida en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, a pesar de ser el superior funcional de las cámaras de comercio en materia de registros, lo cierto es que no cuenta con la competencia para establecer la tarifa respecto a la caución bancaria que debe presentarse al momento de impugnar el RUP, así como tampoco cuenta con la competencia para instruir a las cámaras de comercio del país en ese aspecto puesto que la ley no la habilita para realizarlo.

presentarse al momento de impugnar el RUP, así como tampoco cuenta con la competencia para instruir a las cámaras de comercio del país en ese aspecto puesto que la ley no la habilita para realizarlo.

Manifestó que:

Se reitera lo afirmado con anterioridad, respecto de que la Superintendente de Sociedades, en relación con la supervisión de las cámaras de comercio del país, debe obedecer al cumplimiento de funciones y competencias previamente establecidas por la Constitución y la ley, respetando el principio constitucional de legalidad en aras de

turismo y tecnología para la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio interno y el comercio exterior (…)» 20 En la cual se señala que le corresponde «Establecer las políticas de Regulación sobre Registro Mercantil y Cámaras de Comercio y hacer seguimiento a las actividades de las Cámaras de Comercio»Radicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 9 de 27

garantizar a los supervisados el respeto de sus derechos, la transparencia y la seguridad jurídica y, en ese sentido, no resulta legalmente posible instruir, exhortar o conminar a ninguna cámara de comercio del país la adopción de un trámite para la tasación y/o fijación de la caución de que trata el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y mucho menos imponer medidas correctivas al respecto.

Finalmente, a juicio de esta Oficina, bajo la normativa vigente no existe autoridad competente para imponer y/o aplicar las medidas correctivas necesarias a la Cámara de Comercio de Pasto por no disponer un procedimiento para la tasación y/o fijación de la

Finalmente, a juicio de esta Oficina, bajo la normativa vigente no existe autoridad competente para imponer y/o aplicar las medidas correctivas necesarias a la Cámara de Comercio de Pasto por no disponer un procedimiento para la tasación y/o fijación de la caución exigida en el trámite de impugnación del Registro Único de Proponentes.

Ahora, en el escrito de alegatos presentado ante esta Corporación, explicó que la materia del asunto objeto del derecho de petición es competencia del legislador y que «las facultades administrativas asignadas a la Superintendencia de Sociedades en relación con las cámaras de comercio, por mandato del artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, no le permiten abrogarse competencias legislativas».

En ese sentido señaló que del análisis de todas las preguntas planteadas por el peticionario era viable concluir que existía un vacío normativo en el trámite establecido por el artículo 6º, numeral 6.3 , de la Ley 1150 de 2007, en lo que se refiere a la impugnación de un acto de inscripción en el RUP. Lo anterior, puesto que, la norma en cita se abstuvo de consagrar la fórmula para el c álculo de la caución bancaria , o de compañía de seguros , que se debe con stituir para garantizar los perjuicios que se le puedan causar al inscrito, pero adicionalmente porque esta tampoco facultó al Gobierno nacional para definir mediante decreto dicha determinación.

Al respecto reiteró que, en todo caso, el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020 no incluyó dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control la facultad de regular la tasación en cuestión. En consecuencia, concluyó:

Al respecto reiteró que, en todo caso, el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020 no incluyó dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control la facultad de regular la tasación en cuestión. En consecuencia, concluyó:

Este es el vacío normativo que no se ha solucionado y que ahora se pretende superar mediante el ejercicio del derecho de petición en interés general por parte del peticionario dirigido a que, en cuanto concierne a la Superintendencia de Sociedades, se expida un acto administrativo de carácter general que llene el vacío legislativo y se disponga el mecanismo de cálculo del monto de la referida caución bancaria o de compañía de seguros.

Tal y como se respondió al peticionario, de fondo, de manera informativa y explicativa, debidamente sustentada en el régimen jurídico vigente, a través de la respuesta impartida mediante Oficio 220-117082 del 12 de septiembre de 2025 (Radicado 2025 -01-850018), la solución del vacío normativo es de resorte del legislador y no puede ser llenado con las facultades administrativas asignadas a la Superintendencia de Sociedades.

5. Señor Pablo Andrés Argoty CaicedoRadicación: 11001-03-06-000-2025-00433-00 Página 10 de 27

Sus argumentos se extraen tanto del escrito de alegatos presentado ante esta Corporación como del derecho de petición presentado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , del cual se desprenden los 7 interrogantes citados en los antecedentes del presente documento.

En ambos documentos el peticionario explicó que el trámite de impugnación del RUP, en

Industria y Turismo , del cual se desprenden los 7 interrogantes citados en los antecedentes del presente documento.

En ambos documentos el peticionario explicó que el trámite de impugnación del RUP, en principio, fue regulado a través del artículo 44 del Decreto 1464 de 2010 , el cual establecía, en su literal c) , que el valor de la caución que debía constituirse a favor del proponente para garantizar el pago de los perjuicios que se le pudiesen causar con la reposición, correspondían al «8% del K de contratación del proponente impugnado».

Sin embargo, señaló que dicho decreto fue derogado por el artículo 9.2 del Decreto 734 de 2012, el cual, a su vez, fue