CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-0306-000-2025-00435-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad del Pacifico y Procuraduría General de la NaciónProcuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle de Cauca Asunto: autoridad administrativa competente para conocer de una queja disciplinaria. Oficina de Control Disciplinario Interno inoperante

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 4 de agosto de 2022 mediante oficio 2022EE0132924, la Contraloría General de la República trasladó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria encontrados en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021.

Entre ellos, el hallazgo núm. 21 denominado «Incumplimiento de requisitos precontractuales (A) (D)»3.

auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021. Entre ellos, el hallazgo núm. 21 denominado «Incumplimiento de requisitos precontractuales (A) (D)»3.

2. El 19 de julio de 2024, dentro del proceso disciplinario E-2024-384678 iniciado con ocasión del hallazgo núm. 21 « Incumplimiento de requisitos precontractuales (A)

(D» determinado en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacifico , para la vigencia 2021 , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura profirió un auto en el que resolvió remitir el referido hallazgo administrativo núm. 21 a la Oficina de Control Disciplinario

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250043600 que reposa en SAMAI. 3 Expediente digital, archivo 5_110010306000202500435004DemandaWeb2025922211410 (2).pdf. Folios 7-12.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 2 de 25 Interno de la Universidad del Pacifico , sede Buenaventura, para lo de su competencia4.

Lo anterior, partiendo de la premisa según la cual le corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las

Interno de la Universidad del Pacifico , sede Buenaventura, para lo de su competencia4.

Lo anterior, partiendo de la premisa según la cual le corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias, y teniendo en consideración que, de acuerdo con los hechos expuestos , el presunto implicado tiene la calidad de funcionario de la Universidad del Pacifico, sede Buenaventura.

3. El 2 de septiembre de 2025 la Universidad del Pacífico remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a efectos de dirimir el conflicto suscitado entre esa entidad y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de

Instrucción de Buenaventura5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 24 de septiembre de 2025, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 404, por el término de cinco días hábiles, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia del 24 de septiembre de 2025, sobre la comunicación de la existencia del presente asunto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, al

de la existencia del presente asunto a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Pacifico 6, a la señora Martha Cecilia Mosquera Vásquezprofesional jurídica especializada de la Universidad del Pacífico7, a la Contraloría General de la República y al Departamento Administrativo de Función Pública8.

Según inform e secretarial el 3 octubre de 2025, las autoridades y particulares involucrados guardaron silencio.

4 Ibid. Folios 1-4. 5 Expediente digital, archivo 1_110010306000202500435002DemandaWeb2025922211410 (1).pdf 6 Informa la Secretaria de la Sal a de Consulta y Servicio Civil, «se comunic a teniendo en cuenta lo relacionado en el expediente allegado por la Universidad del Pacifico». 7 Informa la Secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil, «Se comunica teniendo en cuenta que es la encargada de presentar la solicitud de conflicto de competencias». 8 Informa la Secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil, «Se comunica teniendo en cuenta la solicitud realizada a este, el día 2 de mayo de 2024, respecto de una consulta sobre la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno».Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 3 de 25 Obra constancia de la Secretaría de la Sala9 del 9 de octubre de 2025, en el sentido de que, durante la fijación del edicto, la Universidad del Pacífico presentó alegatos.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala9 del 9 de octubre de 2025, en el sentido de que, durante la fijación del edicto, la Universidad del Pacífico presentó alegatos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación contra las personas indeterminadas que pudieron incurrir en las irregularidades que dieron lugar a la actuación disciplinaria en contra de funcionarios de la Universidad del Pacifico, con ocasión del hallazgo núm. 21, advertido en la auditoría financiera realizada a dicha institución, por la Contraloría General de la República, para la vigencia 2021, que acreditaran la calidad de investigado de alguna persona en concreto, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o providencia a través de la cual se hubiera ordenado el archivo definitivo de la investigación, etapas del procedimiento disciplinario en las que se podría levantar la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la reserva, la Sala determinará que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de los sujetos, por ahora indeterminados, en la etapa procesal disciplina ria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

El 27 de octubre de 2025 se expidió un auto de mejor proveer, con el fin de vincular a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca al presente trámite y solicitar a la Universidad del Pacífico copia del Acuerdo Superior 216 de 2025.

la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca al presente trámite y solicitar a la Universidad del Pacífico copia del Acuerdo Superior 216 de 2025.

A través de informe secretarial del 5 de noviembre de 2025, se puso de presente que la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca guardó silencio y que la Universidad del Pacífico envió escrito de consideraciones10.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico11

Manifestó que no existe formalmente, en la Universidad del Pacífico, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria. Señaló que si bien en la Universidad del Pacífico existió un «Grupo de Control Disciplinario Interno», establecido mediante el Acuerdo Superior 001 de 2009, este quedó mal constituido y no satisfizo los requerimientos de imparcialidad y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución Política, en los términos que señaló la Corte Interamericana de Derechos H umanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, así como tampoco se desarrollaba de manera íntegra los postulados de la imparcialidad y seguridad jurídica, desconociendo lo establecido en la Ley 2094 de 2021.

9 030INFORMESECRETA_Informesecretarial20.pdf. 10 Expediente digital, archivo 41INFORMESECRETA_20250435INFORMESECRE(.doc) NroActua 17 11 Expediente Digital 38RECIBEMEMORIAL_RESPUESTA2025435(.pdf) NroActua 15Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 4 de 25

11 Expediente Digital 38RECIBEMEMORIAL_RESPUESTA2025435(.pdf) NroActua 15Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 4 de 25 Puso de presente que, la Universidad del Pacífi co se encuentra en un proceso de reorganización institucional para el fortalecimiento de su gestión administrativa, académica, investigativa y financiera.

Que en desarrollo de dicho proceso se expidió el Acuerdo Superior núm. 162 del 29 de junio de 2023, mediante el cual se decidió « [c]onceder facultades al rector para que pueda adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para la creación de la oficina de control interno disciplinario, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo».

Expuso que con el Acuerdo Superior núm. 215 del 05 de junio de 2025, se derogó el Título V "Régimen disciplinario de los empleados universitarios" atendiendo que este ya no respondía a la realidad jurídica y normati va actual, y era necesaria una actualización de las normas internas de la Universidad. Y, que con el Acuerdo Superior núm. 216 del 05 de junio de 2025, se creó en la Universidad del Pacífico, la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción y los cargos de jefe de Control Disciplinario Interno de Instrucción, Profesional Especializado y Profesional Universitario, pero que dicha oficina no se encuentra aún incorporada a la planta de cargos, por lo cual no está operando, de manera que no se tiene fo rmalmente, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

Adujo que para realizar tal incorporación en la planta global se requiere la expedición

cargos, por lo cual no está operando, de manera que no se tiene fo rmalmente, una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria.

Adujo que para realizar tal incorporación en la planta global se requiere la expedición de un nuevo acuerdo pero que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico no ha podido sesionar porque existe una situación coyuntural en el Ministerio de Educación Nacional atinente a la designación de los delegados del ministro en los cuerpos colegiados, razón por la cual, el quorum para deliberar y decidir del Consejo Superior Universitario se encuentra afectado y, por lo tanto, no es posible fijar fecha para que el órgano colegiado sesione, así como tampoco se puede establecer con exactitud el tiempo en el que pueda iniciar a operar la Oficina de Control Disciplinario Interno.

La Ley 1952 de 2019, en su artículo 92 (modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021), expresa que, en el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan cumplir por parte de la entidad estatal respectiva, por razón de su estructura, el conocimiento del asunto será de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Por lo expuesto, concluyó que, actualmente no le es posible ejercer la competencia disciplinaria y que mal haría la Universidad del Pacífico si actuara, careciend o de competencia para ello, desconociendo lo establecido en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal

competencia para ello, desconociendo lo establecido en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 5 de 25

2. Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de

Buenaventura

Esta entidad no presentó sus consideraciones o alegatos dentro del término establecido para tal efecto. Su posición respecto de la competencia en relación con la actuación administrativa que origina este conflicto se desprende del auto del 19 de julio de 2 024 mediante el cual trasladó el hallazgo con incidencia disciplinaria núm . 21 «Incumplimiento de requisitos precontractuales (A) (D)» determinado en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacifico para la vigencia 2021.

En dicho auto señaló que le corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del estado conocer los asuntos disciplinarios contras los servidores de sus dependencias, y teniendo en consideración que, de acuerdo con los hechos expuestos el presunto implicado tiene la calidad de funcionario de la Universidad del Pacifico -sede Buenaventura, le corresponde a su oficina de control disciplinario adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en relación con los hallazgos evidenciados en la auditoría financiera antes mencionada.

IV. CONSIDERACIONES

Buenaventura, le corresponde a su oficina de control disciplinario adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en relación con los hallazgos evidenciados en la auditoría financiera antes mencionada.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso objeto de estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y la Universidad del Pacífico, no tienen un superior común . Se trata de autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011,

emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la SalaRadicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 6 de 25 está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, esto es, la Procuraduría General de la Nación, a través de las Procuradurías Provincial de Instrucción de Buenaventura y Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, que consiste en determinar la autoridad competente para conocer la actuación disciplinaria en contra de funcionarios por determinar de la Universidad del Pacifico, con ocasión del hallazgo con incidencia disciplinaria núm. 21 «Incumplimiento de requisitos precontractuales (A) (D)» determinado en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacifico para la vigencia 2021; y iii) ambas autoridades

(D)» determinado en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacifico para la vigencia 2021; y iii) ambas autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar la referida actuación.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modifica do por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva12.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que f orman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estat ales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

2. Problema jurídico y síntesis del conflicto

12 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autor idades carentes de

12 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autor idades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 7 de 25 La Sala debe definir la autoridad competente para conocer la actuación disciplinaria a que haya lugar en contra de funcionarios por determinar de la Universidad del Pacifico, con ocasión del hallazgo con incidencia disciplinaria núm. 21 «Incumplimiento de requisitos precontractuales (A) (D)» determinado en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacifico para la vigencia 2021.

La Universidad del Pacífico sostuvo que mediante el Acuerdo Superior núm. 216 del 05 de junio de 2025 se creó una oficina de control disciplinario interno en dicha institución universitaria, pero que dicha oficina está aún incorporada a la planta de cargos, por lo cual no se encuentra operando, de manera que, no se tiene formalmente una dependencia que actualmente detente la competencia disciplinaria y que por lo mismo el conocimiento del asunto sería competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría General de Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura , adujo que le corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del estado conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores

de Instrucción de Buenaventura , adujo que le corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del estado conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias, y teniendo en consideración que, de acuerdo con los hechos expuestos el presunto implicado tiene la calidad de funcionario de la Universidad del Pacifico -Sede Buenaventura, le corresponde a su oficina de control disciplinario interno adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en relación con los hallazgos evidenciados en la auditoría financiera para la vigencia 2021.

Por último, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca guardó silencio.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico. Reiteración v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración13

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración13

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 8 de 25 De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa14.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública15, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades16.

Como se vio, la Ley 1952 de 201917, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 18. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria ) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplin a Judicial ─a través de sus seccionales─.19

interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplin a Judicial ─a través de sus seccionales─.19

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que

14 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sa la de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación

núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). 17 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-202400518-00; decisión del 18 de septiembre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-2024-00470-00; y decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-2024-00168-00. 18 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 19 Ley 1952 de 2019, artículo 2. « El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra

municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 9 de 25 las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración20

Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

En el marco de la potestad disciplinaria de la cual el Estado es titular, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificad a por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la procuraduría general de la nación e independencia de la acción. artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…].

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…].

A su vez, el artículo 92 de la misma Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de

y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…].

A su vez, el artículo 92 de la misma Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, al regular la competencia en razón del sujeto disciplinable, establece:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…].

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

[…].

Para cumplir el mandato legal que se asigna a las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, dispone:

20 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040; decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001 -03-06-0002024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 10 de 25

2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000435-00 Página 10 de 25

Artículo 93. Control disciplinario interno. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplina rios que se adelanten