CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00437-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Universidad de Pacífico y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura y Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca Asunto: autoridad administrativa competente para conocer de una queja disciplinaria. Oficina de control disciplinario interno inoperante. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de agosto de 20223, mediante memorial rad. 2022EE0132924, la Contraloría General de la Nación trasladó a la Procurad uría Provincial de Instrucción de Buenaventura varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria encontrados en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021.

Entre ellos, el hallazgo núm. 18 denominado dotación para personal relacionados con

Buenaventura varios hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria encontrados en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021.

Entre ellos, el hallazgo núm. 18 denominado dotación para personal relacionados con la orden de compra núm. 156-2021 suscrita por la Universidad del Pacífico , en el que se indicó:

[…]

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 5_110010306000202500437004DemandaWeb2025 922213414, folio: 7Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 2 de 28 La Universidad del Pacífico celebró el día 27 de septiembre de 2021 la orden de compra No. 023-2021 con la Fábrica de Calzado Rómulo por la suma de $7.386.330, y el contrato 156-2021 suscrito con la empresa Confecciones Meicy por $44.556.456, para la adquisición de vestidos en los cuales se evidenció que lo determinado en el estudio de conveniencia presenta diferencia con lo definido en los contratos, en los siguientes aspectos:

a.) Estructuración del estudio de conveniencia

[…]

b.) Certificado de disponibilidad presupuestal

[…]

c.) Determinación valor contrato

siguientes aspectos:

a.) Estructuración del estudio de conveniencia

[…]

b.) Certificado de disponibilidad presupuestal

[…]

c.) Determinación valor contrato

2. Mediante auto sin fecha4, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura consideró que los presuntos implicados ostentan la calidad de servidores públicos de la Universidad del Pacifico de Buenaventura , por lo que ordenó la remisión del expediente rad. E -2024-384673 a la oficina de control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico, para lo de su competencia. Dicho expediente fue remitido mediante oficio núm. SPIB-105 del 24 de junio de 20245.

3. El 27 de agosto de 2025 6, mediante memorial núm. 202520010008891, la Universidad del Pacifico solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que « [s]e resuelva el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Universidad del Pacífico y la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, determinando cuál de las dos autoridades es quien tiene actualmente competencia para asumir el conocimiento y trámite del radicado E-2024-384673».

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3 ° de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 2 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 4067 del 24 de septiembre de 2025, por el término de cinco días hábiles,

artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el 2 de abril de 2025, la Secretaría de la Sala fijó el edicto número 4067 del 24 de septiembre de 2025, por el término de cinco días hábiles, contados del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, para que las autoridades

4 Expediente digital SAMAI 2025-437, documento: 5_110010306000202500437004DemandaWeb2025 9222 13414, folios: 3-4 5 Expediente digital SAMAI 2025-437, documento: 5_110010306000202500437004DemandaWeb2025 9222 13414, folio: 1 6 Expediente digital SAMAI 2025-437, documento: 1_110010306000202500437002DemandaWeb2025 922213414 7 Expediente digital SAMAI 2025-437, documento: 24_POREDICTO_04Edicto_0_20250924105026497Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 3 de 28 involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones frente al conflicto de competencia planteado.

En el expediente obra constancia secretarial del 24 de septiembre de 20258 sobre la comunicación de la existencia del presente trámite a la Universidad del Pacífico, a la Procuraduría General de la Nación , a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura, al Comité Disciplinario Interno de la Universidad del Pacífico, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Univer sidad del Pacífico, a la señora Martha Cecilia Mosquera Vásque z, en calidad de funcionaria de la Universidad del

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Univer sidad del Pacífico, a la señora Martha Cecilia Mosquera Vásque z, en calidad de funcionaria de la Universidad del Pacífico, a la Contraloría General de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Según informe secretarial del 3 de octubre de 20259, durante el término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura presentó consideraciones, mientras que, las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

Posteriormente, según informe secretarial del 9 de octubre de 2025 10, la Universidad del Pacífico, allegó alegatos.

El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación contra las personas indeterminadas que pudier on incurrir en la s irregularidades descritas en el hallazgo núm. 18 encontrado por la Contraloría General de la República, en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021, que acreditaran la calidad de investigado de alguna persona en concreto, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación, etapas del procedimiento disciplinario en las que se podría levantar la reserva de este.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario» 11, la Sala determinará que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de

encargado de ejercer el control disciplinario» 11, la Sala determinará que la comunicación del presente asunto se realizará a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de los sujetos , por ahora indeterminados, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Asimismo, el despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, encontró relevante vincular al presente conflicto de competencias a la

8 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 23_EXPEDIENTEDIGI_05Informecomunicacio _3_20250924104901308 9 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 28_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial20 _0_20251003101005106 10 Expediente digital SAMAI 2025-437, documento: 33_INFORMESECRETA_Informesecretarial20_0_2 0251009170145969 11 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013.Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 4 de 28 Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y así como solicitar a la Universidad del Pacífico el Acuerdo Superior núm. 216 de 2025, que creó la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción y los cargos de jefe de control disciplinario interno de instrucción y profesional universitario, e información sobre la orden de compra núm. 156 de 202 1, para lo cual, se expidió auto de mejor proveer del 21 de octubre de 202512.

interno de instrucción y profesional universitario, e información sobre la orden de compra núm. 156 de 202 1, para lo cual, se expidió auto de mejor proveer del 21 de octubre de 202512.

Mediante informe secretarial del 30 de octubre de 2025 13, la Secretaría de la Sala informó que la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico guardaron silencio.

En informe secretarial del 31 de octubre de 2025 14, costa que la Universidad del Pacífico allegó memorial.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Universidad del Pacífico

Mediante escrito del 2 de octubre de 202515, esta autoridad presentó consideraciones en donde manifestó que actualmente no tiene competencia para atender los asuntos disciplinarios que se presentan en la institución o aquellos remitidos por la Procuraduría General de la Nación, argumentando que:

Se encuentran adelantando un proceso de reestructuración y reorganización administrativa poniendo de presente que mediante Acuerdo Superior núm. 162 de 29 de junio de 2023 y ante la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el Consejo Superior de la institución concedió facultade s al rector para adelantar todas las gestiones administrativas y contractuales necesarias para la creación de la oficina de control disciplinario interno.

Indicó que, en virtud de ello, mediante Acuerdo Superior núm. 215 del 5 de junio de 2025 el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico derogó el régimen disciplinario

Indicó que, en virtud de ello, mediante Acuerdo Superior núm. 215 del 5 de junio de 2025 el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico derogó el régimen disciplinario de los empleados universitarios previsto en el Acuerdo Superior núm. 001 del 29 de julio de 2009.

Agregó que, en la misma fecha, se expidió el A cuerdo Superior núm. 216 el cual creó en la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción y los cargos de jefe de

12 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 34_Autoparamejor_CCA2025437AutoVF_0_2025 1021173311740 13 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 39_INFORMESECRETA_20250437INFORMESEC RE_0_20251030082917344 14 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 45_INFORMESECRETA_Informesecretarial20_0_2 0251031165856677 15 Expediente digital SAMAI 2025 -437, documento: 29_RECIBEMEMORIAL_CONSIDERACIONES 437_0_20251009153441860Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 5 de 28 control disciplinario interno de instrucción, profesional especializado y profesional universitario.

Sin embargo, afirmó que, para el funcionamiento de dicha oficina, se requiere la incorporación de los cargos creados a la planta global de cargos de la universidad, así como la modificación y actualización del manual de funcione s. Al respecto, manifestó que el proyecto de acuerdo por el cual se adicionan cargos y se modifica la planta global se encuentra pendiente de segundo debate para su aprobación.

como la modificación y actualización del manual de funcione s. Al respecto, manifestó que el proyecto de acuerdo por el cual se adicionan cargos y se modifica la planta global se encuentra pendiente de segundo debate para su aprobación.

Finalmente, concluyó que, en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , en el evento de que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan cumplir por parte de la entidad estatal respectiva, en razón de su estructura, el conocimiento del asunto será de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura

Mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2025 16, presentó alegatos ante la Sala, en los que puso de presente las razones por las cuales estima que carece de competencia para conocer de la investigación de la referencia.

En primer lugar , señaló que no tiene competencia asignada para adelantar investigación contra servidores de entidades de orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico.

Seguidamente, indicó que la titularidad de la potestad disciplinaria, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno para conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias.

Así las cosas, concluyó que corresponde a la Universidad del Pacífico adelantar los procesos disciplinarios de los servidores de la entidad, teniendo además, el deber legal de garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento.

IV. CONSIDERACIONES

procesos disciplinarios de los servidores de la entidad, teniendo además, el deber legal de garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

16 Expediente digital 2025 -196, SAMAI, documento: 11_110010306000202500196002MemorialWeb 2025472191Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 6 de 28 El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y la Universidad del Pacífico, no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011,

emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que i) las dos autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura y la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, y la Universidad del Pacífico son del orden nacional ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con el traslado del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria núm. 18 levantado por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021; iii) las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de

autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

De lo que se concluye, que la Sala es competente para dirimir el presunto conflicto de competencias de la referencia, dado que se cumplen las exigencias descritas.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, losRadicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 7 de 28 cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario en contra sujetos indeterminados, relacionados con los hechos

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario en contra sujetos indeterminados, relacionados con los hechos del traslado del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria núm. 18 levantado por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada a la Universidad del Pacífico para la vigencia 2021.

La Universidad del Pacífico sostiene que, actualmente, se encuentran adelantando un proceso de reestructuración y reorganización administrativa, en virtud de ello sostuvo que, aunque con el acuerdo 216 de 2025 se creó la oficina de control disciplinario interno, esta no se encuentra en funcionamiento, porque para ello se requiere la incorporación de los cargos de jefe de control disciplinario interno de instrucción, profesional especializado y profesional universitario a la planta global de cargos de la universidad, así como la modificación y actualización del manual de funciones, lo cual aún se encuentra pendiente de implementar.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura señaló que no tiene competencia asignada para adelantar investigación contra servidores de entidades de orden nacional, como es el caso de los servidores adscritos a la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, indicó que la titularidad de la potestad disciplinaria corresponde a las oficinas de control disciplinario interno para conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias , por lo que, aseguró que es la Universidad del Pacífico la que debe adelantar los procesos disciplinarios de los servidores de la entidad.

los asuntos disciplinarios contra los servidores de sus dependencias , por lo que, aseguró que es la Universidad del Pacífico la que debe adelantar los procesos disciplinarios de los servidores de la entidad.

17 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 8 de 28 Por último, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca guardó silencio.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración. iii) Competencia de la Procuraduría General de la Nación, en la salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento. Reiteración. iv) El control disciplinario interno de la Universidad del Pacífico. Reiteración. v) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración18

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración18

De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa19.

En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública20, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades21.

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. 19 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación

núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública». 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046).Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 9 de 28 Como se vio, la Ley 1952 de 201922, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria 23. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad ( acción disciplinaria ) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─.24

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios

5.2. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina, dependencia o unidad de control disciplinario interno y de garantizar que las etapas de instrucción y juzgamiento sean conocidas por funcionarios diferentes e independientes. Reiteración25

En el marco de la potestad disciplinaria de la cual el Estado es titular, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, disposición modificada por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente en materia de control disciplinario interno:

Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones de la procuraduría general de la nación e independencia de la acción. artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…]

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

[…]

22 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Consejo de Estado, Sala

partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-202400518-00; decisión del 18 de septiembre de 2024, radicación 11001 -03-06-000-2024-00470-00; y decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-2024-00168-00. 23 Ley 1952 de 2019, artículo 2°. 24 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». 25 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación 11001-03-06-0002023-040; decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001 -03-06-0002024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 10 de 28

2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.Radicación 11001-03-06-000-2025-000437-00 Página 10 de 28 A su vez, el artículo 92 de la misma Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, al regular la competencia en razón del sujeto disciplinable, establece:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

[…]

Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder prefer ente de la Procuraduría General de la Nación.

[…]

Para cumplir el mandato legal que se asigna a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas, el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, dispone:

Artículo 93. Control disciplinario interno. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Discipli na Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Judicial y las Comisiones Seccionales de Discipli na Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción.

Parágrafo 1o. Se entiende por oficina del más alto