CE - Auto interlocutorio 11001030600020250043800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00438-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Concejo Municipal de San Gil (Santander) y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de

Instrucción de Santander.

Asunto: autoridad competente para decidir una recusación presentada en contra de un concejal.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 , del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de agosto de 2025 1, el señor Edgar Ricardo Mantilla formuló ante el Concejo Municipal de San Gil (Santander) una recusación en contra del señor Rafael Acosta, en calidad de concejal de dicho municipio , con fundamento en lo

siguiente:

Entonces, como ya todos sabemos, el alcalde y los concejales han tenido muchos problemas, especialmente con el concejal RAFAEL ACOSTA con quien se han denunciado varias veces por los medios de comunicación y a toda hora se agreden. Es por esto, que considero que debido a todos los problemas que se han presentado

problemas, especialmente con el concejal RAFAEL ACOSTA con quien se han denunciado varias veces por los medios de comunicación y a toda hora se agreden. Es por esto, que considero que debido a todos los problemas que se han presentado entre RAFAEL ACOSTA y el alcalde, no se debería dejar que el concejal acosta sea el ponente del proyecto que quiere adicionar recursos para obras del municipio, pues yo no confío que haya imparcialidad por parte de este señor.

Al contrario, yo creo que si el concejal acosta (sic) es el que dirige el proyecto, otra vez van a devolverlo, porque en la política creo que es así y a mí me parece que es mejor que para que se puedan adicionar los recursos es mejor que nombren a otro,

1 Expediente digital, archivo «Recusación Acosta.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 2 de 17

porque si no es así lo denuncio penalmente y en (sic) esta misma carta la copiare a la procuraduría (sic), porque él ya debe tener conocimiento de las situaciones que pueden constituir un conflicto de intereses, así como la importancia de identificarlos y declararlos preventivamente en cumplimiento de la política de integridad pública.

2. El 11 de septiembre de 2025 2, el Concejo Municipal de San Gil (Santander) informó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander que el señor Rafael Norberto Acosta Wandurraga no aceptó la recusación interpuesta , y dispuso el envío de los «documentos pertinentes de la recusación a los respetados despachos de la Honorable Procuraduría Regional de Santander y Honorable Procuraduría Provincial de San Gil, con el fin de que con fundamento en sus funciones y

envío de los «documentos pertinentes de la recusación a los respetados despachos de la Honorable Procuraduría Regional de Santander y Honorable Procuraduría Provincial de San Gil, con el fin de que con fundamento en sus funciones y competencia se pronuncien al respecto».

3. El 15 de septiembre del presente año 3, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil el presunto conflicto entre esa autoridad y el Concejo Municipal de San Gil

(Santander), argumentando que carece de competencia para resolver la recusación mencionada, toda vez que esta se formuló contra un solo integrante del Concejo Municipal de San Gil (Santander), «lo que no tiene la potencialidad de perturbar el quorum deliberatorio y decisorio de la corporación edilicia, para resolver la recusación antes mencionada, conditio sine qua non para que el Ministerio Público asuma el conocimiento».

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 407 de fecha 23 de septiembre de 20254 en la Secretaría de la Sala, por el término de 5 días hábiles, esto es, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según informe secretarial del 23 de septiembre de 20255, consta que se comunicó la presentación del conflicto a la Procuraduría General de la Nación ; a la

alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según informe secretarial del 23 de septiembre de 20255, consta que se comunicó la presentación del conflicto a la Procuraduría General de la Nación ; a la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander; a la Procuraduría Provincial de San Gil ; al Concejo Municipal de San Gil (Santander) ; al señor Randy Sahydd Muñoz Gamboa, en calidad de presidente del Concejo Municipal de San Gil; al señor Rafael Norberto Acosta Wandurraga , en calidad de recusante; y Edgar Ricardo Mantilla Pinto, en calidad de recusado.

2 Expediente digital, archivo « Correo 11 sept 2025 Concejo de San Gil solicitud reiteración de respuesta_.pdf». 3 Expediente digital, archivo s «3ED_EXPEDIENTE_04CONSTANCIARADICACI(.pdf)», «20254119992 conflicto competencias negativo.pdf». 4 Expediente digital, archivo «007POREDICTO_EDICTO_03Edicto.pdf». 5 Expediente digital, archivo «004ED_EXPEDIENTE_05Informedecomunicac.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 3 de 17

De acuerdo con el informe secretarial del 3 de octubre de 20256, dentro del término de fijación del edicto, el presidente del Concejo Municipal de San Gil (Santander) y la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander presentaron alegatos o consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Concejo Municipal de San Gil (Santander)7.

consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Concejo Municipal de San Gil (Santander)7.

El 29 de septiembre de 2025, el Concejo Municipal de San Gil (Santander) presentó sus consideraciones.

En primer lugar, transcribió el artículo 12 del CPACA, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.

En segundo lugar, señaló que el artículo 119 del Acuerdo 004 de 2020, «por medio del cual se adopta el reglamento interno del Concejo Municipal de San Gil […]» dispone lo siguiente:

En caso de que el concejal se declare impedido, el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al procurador Regional de Santander, para que se pronuncie dentro de los diez (10) días siguientes sobre su aceptación o no.

Cuando el(los) Concejal(es) recusado(s) manifestará(n) si acepta(n) o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

En ese sentido, precisó que el procedimiento que ha adelantado esa entidad se realiza en cumplimiento de los artículos 12 del CPACA y 119 del Acuerdo 004 de 2020 emitido por el Concejo Municipal de San Gil (Santander).

No obstante, indicó que les resulta de gran importancia la decisión que emita la Sala de Consulta en el presente caso, por lo siguiente:

6 Expediente digital, archivo «015ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00438.pdf». 7 Expediente digital, archivo «010_MemorialWeb_Alegatos-30002013072025c.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 4 de 17

[…] obedeciendo a que en este momento existe la necesidad de concretar, si en la actualización del reglamento interno del Concejo Municipal de San Gil, que se adelanta por estos días, debe o no entrar a modificar el Artículo 119 del mismo, y que para este fin, nos acogeremos a la providencia que emita la Honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Respetado Consejo de Estado.

2. Procuraduría Regional de Instrucción de Santander8.

El 1.º de octubre de 2025, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander presentó sus consideraciones.

Señaló que el artículo 119 del Acuerdo 004 de 2020 , emitido por el Concejo Municipal de San Gil (Santander) , es contrario a la Constitución y la ley, pues le asigna nuevas funciones a esa Procuraduría, de manera que dicho Concejo se está

Municipal de San Gil (Santander) , es contrario a la Constitución y la ley, pues le asigna nuevas funciones a esa Procuraduría, de manera que dicho Concejo se está atribuyendo competencias que no le corresponden. En ese sentido, advirtió que si bien, los concejos municipales tienen la facultad de expedir su propio reglamento interno, este debe estar en armonía con las normas de mayor jerarquía y con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Indicó que el Concejo Municipal de San Gil (Santander) es competente para resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten contra uno o algunos de los cabildantes, siempre que dichos incidentes no afecten el cuórum deliberatorio y decisorio, como en el presente caso.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i)

actuación o asunto de naturalez a administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional, esto es, la Procuraduría General de la Nación , a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander; y la otra entidad es del orden territorial, esto es , el Concejo Municipal de San Gil (Santander); ii) está en curso una actuación administrativa, particular y

8 Expediente digital, archivo «011_MemorialWeb_Alegatos-Oficio3440Pronunci.pdf».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 5 de 17

concreta, en razón de la recusación presentada el 26 de agosto de 2025, por el señor Edgar Ricardo Mantilla en contra del señor Rafael Acosta, en calidad de concejal de dicho municipio y iii) las autoridades negaron la competencia para adelantar la actuación administrativa.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los

decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto , le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver la recusación presentada el 26 de agosto de 2025, por el señor Edgar Ricardo Mantilla en contra del señor Rafael Acosta, en calidad de concejal del municipio de San Gil (Santander).

El Concejo Municipal de San Gil (Santander) señaló que la recusación presentada contra el señor Rafael Acosta fue enviada por competencia a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Instrucción de Santander , en cumplimiento de los artículos 12 del CPACA y 119 del Acuerdo 004 de 2020 emitido por el Concejo Municipal de San Gil (Santander).

9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia

por el Concejo Municipal de San Gil (Santander).

9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 6 de 17

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Instrucción de Santander manifestó que el artículo 119 del Acuerdo 004 de 2020 emitido por el Concejo Municipal de San Gil (Santander) es contrario a la Constitución y la ley, e indicó que dicho concejo es la autoridad competente para resolver la recusación mencionada, pues esta se formuló contra un solo integrante, «lo que no tiene la potencialidad de perturbar el quorum deliberatorio y decisorio de la corporación edilicia, para resolver la recusación antes mencionada».

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Los concejos municipales. Noción y competencias. ii) Régimen de conflicto de intereses de los concejales. Impedimentos y recusaciones. iii) Funciones de la Procuraduría General de la Nación y las procuradurías regionales para resolver recusaciones e impedimentos. iv) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Los concejos municipales. Noción y competencias10

El artículo 312 superior, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Los concejos municipales. Noción y competencias10

El artículo 312 superior, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 200711, establece lo siguiente:

Artículo 312. En cada municipio habrá una corporación político - administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuer do con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal […].

Estas corporaciones públicas están integradas por los concejales, que son elegidos por voto popular, en virtud de lo cual no son empleados públicos 12, pero, la naturaleza jurídica de su vinculación cabe dentro del concepto más amplio de servidores públicos13.

10 Este capítulo tuvo como base la d ecisión del 13 de diciembre de 2023, radicación 11001 -03-06000-2023-00675-00 emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 11 Acto Legislativo No. 1 de 2007 (junio 27), «Por medio del cual se modifican los numerales 8 y 9 del artículo 135, se modifican los artículos 299 y 312, y se adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la Constitución Política de Colombia. Diario Oficial No. 46.672 de junio 27 de 2007. 12 Constitución Política, Art. 312, inciso segundo, parte final: «[…] Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos […]».

12 Constitución Política, Art. 312, inciso segundo, parte final: «[…] Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos […]». 13 Constitución Política, Art. 123: «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas […]. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 7 de 17

Sobre las funciones atribuidas a esa Corporación «político – administrativa», el artículo 313 de la Carta dispone que corresponde a los concejos, entre otras facultades: reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio; adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; autorizar al alcalde celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo; votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales; dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos; determinar la e structura de la administración municipal; reglamentar los usos del suelo; elegir personero y dictar medidas para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio.

El Acto Legislativo nro. 1 de 2007, le otorgó a los concejos la competencia expresa de ejercer control político sobre la administración municipal, por lo que adicionó el artículo 313 constitucional con dos funciones, la de «citar y requerir a los secretarios del despacho del al calde para que concurran a las sesiones» y la de «proponer

de ejercer control político sobre la administración municipal, por lo que adicionó el artículo 313 constitucional con dos funciones, la de «citar y requerir a los secretarios del despacho del al calde para que concurran a las sesiones» y la de «proponer moción de censura respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo […]»14.

Estas funciones ponen de relieve la importancia de las decisiones de esta Corporación en el devenir político y administrativo del ente territorial, así como la necesidad de que ellas se tomen en el seno de una corporación democráticamente constituida15.

En consecuencia, como lo dijo la Sala de Consulta en el concepto 1889 de 2008, dada la naturaleza de los concejos municipales, sus funciones y las características de sus miembros, las actuaciones de uno y otros están reguladas en la Constitución y la ley y, por ende, deben ajustarse al principio de legalidad; as í mismo, deberán observar el artículo 209 constitucional que señala como finalidad de la función administrativa el servicio de los intereses generales, bajo los principios de eficacia, celeridad y coordinación de las autoridades administrativas, entre otros16.

14 La jurisprudencia había considerado que no obstante su carácter administrativo, los concejos municipales ejercían una forma de control político respecto de la administración municipal «en su calidad de órganos elegidos popularmente». Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-082-96 (febrero 29), Exp. D1055-1057 (acumulados); C-405-98 (agosto 10), Exp. D-1952; C518-07 (julio 11), Exp. D-6579.

29), Exp. D1055-1057 (acumulados); C-405-98 (agosto 10), Exp. D-1952; C518-07 (julio 11), Exp. D-6579. 15 Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1665 de 2005. 16 El principio de legalidad es un postulado esencial del Estado Social de Derecho y de toda manifestación del poder público , conforme al cual, será legítima la actuación de las autoridades en cuanto se desarrolle dentro del preciso ámbito funcional definido por el Legislador, por lo que se proscriben las actuaciones de los servidores públicos que impliquen omisión o extralimitación en el ejercicio de estas. Está previsto en los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política, así: Artículo 6. «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones ». Artículo 121. «Ninguna autoridad del Estado podr á́ ejercer funcionesRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 8 de 17

De lo expuesto, la Sala encuentra que la Constitución Política define a los concejos municipales como corporaciones político-administrativas de elección popular, cuya naturaleza se caracteriza por combinar funciones normativas, de planeación y de control político dentro del ámbito territorial. Aunque sus miembros -los concejalesno ostentan la calidad de empleados públicos, son servidores públicos , en la medida en que ejercen funciones estatales y su actuación se somete al principio de legalidad.

Las competencias asignadas por los artículos 312 y 313 superiores, reforzadas por

medida en que ejercen funciones estatales y su actuación se somete al principio de legalidad.

Las competencias asignadas por los artículos 312 y 313 superiores, reforzadas por el Acto Legislativo 01 de 2007, revelan que los concejos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio político local , al ejercer control político sobre la administración municipal mediante la citación de secretarios y la eventual moción de censura, entre otros.

Ahora bien , el artículo 31 de la Ley 136 de 1994 17, además, dispone que «los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones».

5.2. Régimen de conflicto de intereses de los concejales. Impedimentos y recusaciones

El artículo 55 de la Ley 136 de 199418, determina que una de las causas de perdida de investidura de los concejales, es la violación del régimen de conflicto de intereses.

A su vez , el artículo 70 ibidem señala que un concejal se encuentra incurso en conflicto de intereses, cuando tiene interés directo en una decisión porque le afecta de alguna forma, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho; de manera, que le corresponde declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

Ahora, en caso de no hacerlo , la norma también contempla, que cualquier

afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho; de manera, que le corresponde declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

Ahora, en caso de no hacerlo , la norma también contempla, que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la respectiva causal de impedimento y que no se haya comunicado al concejo municipal, puede recusarlo ante este.

distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley ». Artículo 122. «No habrá́ empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o reglamento». 17 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios» 18 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 9 de 17

En ese sentido, e l trasfondo de las recusaciones y los impedimentos es el de asegurar la independencia e imparcialidad de quienes, de acuerdo con la ley, deben adoptar una decisión y deben separarse del proceso por la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley. Ello significa que se persigue el ejercicio probo de la función.

Por ello, como lo ha manifestado el Consejo de Estado 19, los impedimentos y recusaciones se han instituido como una garantía de la imparcialidad de la autoridad, quien dentro de sus competencias tiene potestad de tomar decisiones de naturaleza administrativa, electoral o judicial, pues el ejercicio de tales competencias implica el respeto de los principios de transparencia, imparciali dad y moralidad, como improntas que caracterizan el desempeño de las atribuciones en

naturaleza administrativa, electoral o judicial, pues el ejercicio de tales competencias implica el respeto de los principios de transparencia, imparciali dad y moralidad, como improntas que caracterizan el desempeño de las atribuciones en garantía del interés general que evitan que circunstancias ajenas inclinen de forma ilegítima su decisión.

5.3. Funciones de Procuraduría General de la Nación y las procuradurías regionales para resolver recusaciones e impedimentos20

El artículo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que las disposiciones generales del proceso administrativo, contempladas en la parte primera del código, se aplicaran a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas ; no obstante, cuando existan procedimientos regulados en leyes especiales, estos se aplicaran preferentemente respecto de la norma de carácter general ; precisando que en «lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».

Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 señala el trámite general de los impedimentos y recusaciones, así:

ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo secto r administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del

su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo secto r administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento,

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 2 de abril de

2020. Exp. 11001-0328-000-2020-00040-00. 20 Este capítulo tuvo como base la d ecisión del 13 de diciembre de 2023, radicación 11001 -03-06000-2023-00675-00 emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00 Página 10 de 17

determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio

inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez ven cidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo. [Destaca la Sala].

Del procedimiento antes descrito se observa que la atribución de competencia a la Procuraduría General de la Nación para el trámite de impedimentos y recusaciones se presenta cuando las autoridades nacionales no tienen superior ni cabeza del respectivo sector administrativo, o cuando se trate de impedimentos y recusaciones contra el alcalde o alcaldesa mayor del distrito capital ; y en relación con las procuradurías regionales, la competencia surge con ocasión de impedimentos o recusaciones presentados contra autoridades territoriales que no tienen superior ni cabeza del respectivo sector administrativo.

En este sentido, y en atención a que la recusación objeto del presente conflicto se encuentra dirigida contra un concejal, la Sala considera menester precisar si los concejales son autoridades territoriales, para los efectos del trámite previsto en el artículo ibidem.

Al respecto, los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 definen la autoridad civil, política y muni