CE - Auto interlocutorio 11001030600020250044000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Número único: 11001-03-06-000-2025-00440-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Villanueva (Santander) y

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Asunto: autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria iniciada en contra de una servidora de la administración municipal, con funciones de inspección de policía

(hoy inspector de convivencia y paz). Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artícul os 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a resolver el conflicto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. Un ciudadano presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil (Santander) en contra de la señora L. C. R. P3., quien se desempeñaba como técnico de gobierno con funciones de inspección de policía de Villanueva (Santander), por presunta mente haber omitido imponer medidas sancionatorias, haber revelado información del denunciante y haber actuado bajo presunta injerencia de un concejal dentro del trámite de un proceso policivo

de Villanueva (Santander), por presunta mente haber omitido imponer medidas sancionatorias, haber revelado información del denunciante y haber actuado bajo presunta injerencia de un concejal dentro del trámite de un proceso policivo iniciado en el año 2025 , el cual correspondía a una querella presentada por particulares vinculados a actividades de extracción de piedra en un área ambiental protegida.

2. La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil (Santander), mediante auto del 28 de abril de 2025, remitió la queja a la Personería Municipal de Villanueva

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001-0306-000-2025-00440-00 expediente digital SAMAI. 3 Para garantizar la reserva de la actuación disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, se omitirán los nombres de los investigados. Se hará uso de siglas con las iniciales de sus nombres y apellidos.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 2 de 19

(Santander), en virtud del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, toda vez que esta iba dirigida contra un servidor del orden municipal.

3. A través de auto del 2 de mayo de 2025, la Personería Municipal de Villanueva

(Santander), en virtud del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, toda vez que esta iba dirigida contra un servidor del orden municipal.

3. A través de auto del 2 de mayo de 2025, la Personería Municipal de Villanueva

(Santander) dispuso la apertura de indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar, 4 decretó pruebas de oficio y citó al quejoso para diligencia de ratificación y ampliación de la queja.

4. Posteriormente, mediante auto del 6 de junio de 2025, la Personería Municipal de Villanueva (Santander) remitió la actuación disciplinaria a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, al considerar que las inspecciones de policía, cuando tr amitan querellas, ejercen funciones jurisdiccionales y que, por tanto, el control disciplinario correspondía a la jurisdicción disciplinaria judicial.

5. Con fundamento en dicha remisión, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, mediante auto del 24 de junio de 2025, inició investigación disciplinaria en contra de la señora L. C. R. P., por presuntas irregularidades en el trámite del proceso policivo.

El 9 de septiembre siguiente, en audiencia de ampliación de queja y versión libre el quejoso ratificó el sentido de su denuncia. Por su parte, la investigada explicó que la actuación correspondía a una querella por comportamientos contrarios a la convivencia, instaurada en contra del propio quejoso, y aclaró que su intervención se limitó a recepcionar la queja, programar las audienc ias y dictar órdenes de policía y medidas preventivas.

la convivencia, instaurada en contra del propio quejoso, y aclaró que su intervención se limitó a recepcionar la queja, programar las audienc ias y dictar órdenes de policía y medidas preventivas.

6. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander declaró su fata de competencia para continuar con la investigación disciplinaria, pues las actuaciones reprochadas se desarrollaron en ejercicio de funciones administrativas de policía, y no en desarrollo de funciones jurisdiccionales; en consecuencia, suscitó conflicto negativo de competencias con la Personería Municipal de Villanueva

(Santander) y dispuso remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

4 Aunque la queja disciplinaria mencionó a la servidora L. C. R. P., la Personería Municipal de Villanueva (Santander) abrió inicialmente la indagación preliminar «contra funcionarios por determinar», en atención a que en esa etapa procesal debía verificarse la ocurrencia de los hechos y la posible responsabilidad de los servidores que hubiesen intervenido en la actuación policiva. Posteriormente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander identificó a la funcionaria y abrió investigación formal en su contra.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 3 de 19

En cumplimiento de lo anterior, el 16 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander remitió oficialmente el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento de lo anterior, el 16 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander remitió oficialmente el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 409 del 24 de septiembre de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, desde el 26 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025, para que las autoridades involucradas y los sujetos interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

El conflicto se comunicó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Personería Municipal de Villanueva (Santander), a y la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil (Santander).

A través de informe del 3 de octubre de 2025, la Secretaría de la Sala precisó que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades guardaron silencio.

Posteriormente, la consejera ponente profirió auto del 10 de octubre de 2025, mediante el cual ordenó comunicar el trámite del conflicto a la investigada L. C. R.

P. y solicitar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander remitir de forma c ompleta el expediente disciplinario, incluidas las actas y registros de audiencias.

Mediante informe secretarial del 22 de octubre de 2025, la Secretaría dejó

forma c ompleta el expediente disciplinario, incluidas las actas y registros de audiencias.

Mediante informe secretarial del 22 de octubre de 2025, la Secretaría dejó constancia de la recepción de la información remitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y que la investigada guardó silencio dentro del término otorgado para presentar consideraciones.

Ahora bien, revisados los documentos del expediente no se encontró el pliego de cargos o providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 5, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva para el quejoso.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»6, el despacho ponente determinó que la comunicación del presente asunto al quejoso se realice a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra de la señora L. C. R. P , en la etapa procesal disciplinaria que

5 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 4 de 19

corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Municipal de Villanueva (Santander)

Esta autoridad no presentó alegatos dentro del término del traslado; sin embargo, su posición se encuentra consignada en el auto del 6 de junio de 2025, mediante el

1. Personería Municipal de Villanueva (Santander)

Esta autoridad no presentó alegatos dentro del término del traslado; sin embargo, su posición se encuentra consignada en el auto del 6 de junio de 2025, mediante el cual remitió el expediente disciplinario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Entre los argumentos principales expuestos en dicha providencia se destacan los siguientes:

1. Sostiene que, conforme al artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con los artículos 55 y 56 de la Ley 2430 de 2024, carece de competencia para adelantar la investigación disciplinaria contra servidores que ejercen funciones jurisdiccionales, incluso de manera excepcional o transitoria.

1. Considera que la inspectora de policía habría actuado en ejercicio de una función jurisdiccional, toda vez que el proceso objeto de reproche corresponde a una querella policiva que implicaba resolver un conflicto entre particulares. En consecuencia, estimó que la competencia para investigar disciplinariamente a la funcionaria recaía en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Esta autoridad tampoco presentó alegatos adicionales ante la Sala; sin embargo, en el auto interlocutorio del 15 de septiembre de 2025, mediante el cual se declaró sin competencia y suscitó colisión negativa de competencias con la Personería Municipal de Villanueva, expuso de manera detallada las razones que sustentan su posición.

Los argumentos principales de la Comisión fueron los siguientes:

1. Considera que las actuaciones reprochadas a la señora L. C. R. P. se realizaron

posición.

Los argumentos principales de la Comisión fueron los siguientes:

1. Considera que las actuaciones reprochadas a la señora L. C. R. P. se realizaron en el marco del proceso policivo, tramitado bajo la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), en el ejercicio de funciones administrativas de policía, y no de funciones jurisdiccionales.

1. Precisa que no todas las decisiones adoptadas por los inspectores de policía en desarrollo de su función de autoridad tienen alcance jurisdiccional pues solo en los casos de amparos posesorios, tenencia o servidumbre, dichos funcionarios actúanRadicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 5 de 19

como jueces de policía; mientras que las actuaciones derivadas de querellas por comportamientos contrarios a la convivencia o la imposición de medidas correctivas, como la del presente asunto, son de naturaleza administrativa y en consecuencia, no comprometen el ejercicio de función jurisdiccional, y por tanto el conocimiento disciplinario corresponde a la Personería Municipal de Villanueva (Santander).

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes involucradas en el conflicto

autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes involucradas en el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Villanueva (Santander) y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander , no tienen un superior común , dado que son autoridades autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza admin istrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, la cual es la actuación disciplinaria seguida contra la técnico de gobierno con funciones en inspección de

sucesivo.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, la cual es la actuación disciplinaria seguida contra la técnico de gobierno con funciones en inspección de policía (hoy Inspección de Convivencia y Paz) en la alcaldía de Villanueva (Santander); ii) una de las autoridades en conflicto , esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, es del orden nacional; la otra, esto es la Personería de Villanueva (Santander) es del orden territorial; y iii) ambasRadicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 6 de 19

autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 7, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que se buscan tutelar con el proceso, y en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al ius puniendi estatal y contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»8 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo

2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]»8 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos9.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto

7 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-0002017-00200-00; 18 de junio de 2019 radicación 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00. 9 Corte Constitucional, autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones

9 Corte Constitucional, autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. «Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 202116, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [Subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 7 de 19

de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta

de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva10.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar la investigación disciplinaria iniciada contra la señora L. C. R. P., en su condición de técnico de gobierno con funciones de inspección de policía del municipio de Villanueva (Santander), hoy inspector de convivencia y paz , por presuntas irregularidades cometidas en el trámite de un proceso policivo por comportamientos contrarios a la convivencia, adelantado bajo la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

La Personería Municipal de Villanueva (Santander), mediante auto del 6 de junio de 2025, remitió el expediente disciplinario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, al considerar que la funcionaria investigada ejercía funciones

La Personería Municipal de Villanueva (Santander), mediante auto del 6 de junio de 2025, remitió el expediente disciplinario a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, al considerar que la funcionaria investigada ejercía funciones jurisdiccionales, razón por la cual estimó que la competencia para adelantar la investigación corresponde a dicha Comisión.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en auto del 15 de septiembre de 2025, se declaró sin competencia para continuar la investigación, al considerar que las actuaciones reprochadas a la investigada no derivan del ejercicio de funciones jurisdiccionales, sino de funciones administrativas de policía, pues se relacionan con la tramitación de una querella por comportamientos contrarios a la convivencia.

10 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 8 de 19

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. La naturaleza de las funciones asignadas a los inspectores de policía, ahora de convivencia y paz; ii) Las funciones asignadas a las personerías municipales . Poder disciplinario preferente. Reiteración. iii) Las f unciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; y iv) Análisis del caso concreto.

1. Las f unciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración; y iv) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La naturaleza de las funciones asignadas a los inspectores de policía, ahora de convivencia y paz.

La Ley 1801 de 2016 «Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», en su artículo 198, prevé:

Artículo 198. Autoridades de policía. Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana.

Son autoridades de Policía:

1. El Presidente de la República.

2. Los gobernadores.

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.

4. Los inspectores de Policía y los corregidores.

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional [...]. [Resalta la Sala].

A la luz de la citada norma, los inspectores de policía, ahora de convivencia y paz11, son autoridades de apoyo en el territorio nacional. Su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad , y conciliar y resolver los asuntos que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía.

son autoridades de apoyo en el territorio nacional. Su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad , y conciliar y resolver los asuntos que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía.

11 Ley 2492 de 2025, «Por medio de la cual se establece el cambio de denominación de los “Inspectores de Policía” por “Inspectores de Convivencia y Paz” y se ordenan otros lineamientos que contribuyan a la convivencia y a la paz nacional y se dictan otras disposiciones ».Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 9 de 19

En el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 , modificado por el artículo 6 de la Ley 2492 de 202512, se establecen las funciones de los ahora denominados inspectores de convivencia y paz rurales, urbanos , y se indica que, adicionalmente, deben cumplir «[l]as demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos». En consecuencia, las actuaciones que desarrollan los inspectores de policía, en ejercicio de la Ley 1801 de 2016, son por regla general de naturaleza administrativa, pues se enmarcan en la gestión de la autoridad de policía, que busca la preservación de la tranquilidad y la convivencia ciudadana. No obstante, de manera excepcional, dichas autoridades pueden ejercer funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, cuando adelantan procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, escenarios en los cuales profieren materialmente actos de administración de justicia, y las providencias que dicten adquieren carácter jurisdiccional13.

adelantan procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, escenarios en los cuales profieren materialmente actos de administración de justicia, y las providencias que dicten adquieren carácter jurisdiccional13. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional 14 ha sostenido que, por regla general, las actuaciones de los inspectores de policía tienen carácter eminentemente administrativo y que sus decisiones no son jurisdiccionales, salvo cuando actúan como jueces de policía en los juicios posesorios o de tenenci a. Al respecto precisó: Por regla general, las actuaciones de los inspectores de policía, en su calidad de autoridades administrativas, tienen “un carácter eminentemente administrativo; sus decisiones no son de carácter jurisdiccional […] y su procedimiento es de naturaleza policivo”.

15. Sin embargo, de forma excepcional los inspectores de policía ejercen función jurisdiccional en virtud de lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política.

En particular, dichas autoridades ejercen tal función “cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre” 15 por lo que allí profieren “materialmente actos de administración de justicia” y, en

12 «Por medio de la cual se establece el cambio de denominación de los “Inspectores de policía” por “Inspectores de Convivencia y Paz” y se ordenan otros lineamientos que contribuyan a la convivencia y a la paz nacional y se dictan otras disposiciones.» 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, pronunciamiento emitido dentro del CCA 2025-155, del 28 de mayo de 2025; Sección Tercera, Sentencia del 25 de octubre de 2019,

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, pronunciamiento emitido dentro del CCA 2025-155, del 28 de mayo de 2025; Sección Tercera, Sentencia del 25 de octubre de 2019, radicación 11001 -03-26-000-2019-00007-00 (63151); Sentencia del 25 de octubre de 2019, radicación 11001 -03-26-000-2019-00007-00 (63151); y Sentencia del 25 de octubre de 2019, radicación 11001-03-26-000-2019-00007-00 (63151). 14 Auto 1129 del 8 de junio de 2023 de la Corte Constitucional. expediente CJU-3978, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 15 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 2019 y T-1104 de 2008Radicación: 11001 03 06 000 2025 00440 00 Página 10 de 19

consecuencia, “ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales”.

16. En similar sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Consejo de Estado al señalar que: “Los actos administrativos de las autoridades de policía son aquellos tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social, en tanto que los de naturaleza jurisdiccional son los que están encaminados a resolver los conflictos que surgen entre dos partes, como sucede con los amparos posesorios y de tenencia de bienes”16.

En esa misma dirección, la doctrina disciplinaria reciente ha señalado que las Comisiones de Disciplina Judicial17 —tanto la Nacional como las seccionales— solo

y de tenencia de bienes”16. En esa misma dirección, la doctrina disciplinaria reciente ha señalado que las Comisiones de Disciplina Judicial17 —tanto la Nacional como las seccionales— solo son competentes para ejercer la acción disciplinaria respecto de autoridades administrativas que, de manera excepcional, desarrollen funciones jurisdiccionales, como ocurre con los inspectores de policía cuando tramitan juicios de amparo posesorio, tenencia o servidumbre. Esta posición ha sido reiterada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 18 al precisar que, conforme al artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, las funciones de los inspectores son esencialmente administrativas, pues consisten en la aplicación de las normas de policía y la resolución de conflictos de convivencia, y que únicamente ejercen función jurisdiccional en los casos expresamente previstos por la Constitución y la ley. En suma, la naturaleza de las funciones de los inspectores de policía es administrativa por regla general y jurisdiccional solo de manera excepcional, en los supuestos taxativamente previstos por el ordenamiento jurídico.

De lo anterior se concluye que los inspectores de policía, al atender querellas por comportamientos contrarios a la convivencia y aplicar medidas correctivas, ejercen funciones de carácter administrativo y no jurisdiccional.