CE - Auto interlocutorio 11001030600020250044200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00442-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: ESE Hospital San Jerónimo de Montería

(Córdoba), departamento de Córdoba y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica) Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de noviembre de 2020, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería

(Córdoba) expidió la certificación CETIL de información laboral número 2020108910799990009800031, correspondiente a la señora Fanny Isabel Navas Pastrana, en la que indicó: i) que estuvo vinculada como «promotor» de esa institución en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 1988 al 30 de abril de 1993 y ii) que la entidad responsable por dicho período es el

Pastrana, en la que indicó: i) que estuvo vinculada como «promotor» de esa institución en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 1988 al 30 de abril de 1993 y ii) que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Córdoba.

2. El 7 de noviembre de 2019, Porvenir SA solicitó al departamento de Córdoba el reconocimiento y pago del bono pensional al cual tiene derecho la señora Fanny Isabel Navas Pastrana, el cual quedó bajo el radicado núm.

02000011602088200.2

1 Expediente digital Samai, documento 007_DemandaWeb__3CETILCC34983530 2 Expediente digital Samai, documento 011_DemandaWeb__5COBRODPTOCC34983530Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 2 de 21

3. El 29 de noviembre de 2019, el departamento de Córdoba objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado por la señora Navas Pastrana, mediante el Sistema Interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, argumentando que la peticionaria no figuraba como beneficiaria del convenio de concurrencia número 492, suscrito entre dicho departamento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el

Ministerio de Salud y Protección Social.3

4. Porvenir SA, mediante oficio del 10 de julio de 2025, respondió a la objeción presentada por el departamento de Córdoba, señalando que se trataba de una «objeción infundada». En consecuencia, solicitó nuevamente al departamento

4. Porvenir SA, mediante oficio del 10 de julio de 2025, respondió a la objeción presentada por el departamento de Córdoba, señalando que se trataba de una «objeción infundada». En consecuencia, solicitó nuevamente al departamento que procediera con el reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente a la señora Navas Pastrana.4

5. Frente a ello, el 11 de julio de 2025, el departamento de Córdoba reiteró su objeción frente a la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional por las mismas razones expuestas en oficio del 29 de noviembre de 2019.5

6. Porvenir S.A. solicitó a la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público información sobre si la señora Navas Pastrana era beneficiaria del pasivo prestacional de salud, o si existía algún contrato de concurrencia suscrito entre las entidades involucradas. En respuesta, el 15 de septiembre de 2025, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda informó que la señora Navas Pastrana se encuentra registrada con el estado de

«retirado».6

7. Por lo anterior, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre el departamento de Córdoba, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) y el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público (Dirección de Regulación Económica).7

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011,

Público (Dirección de Regulación Económica).7

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 4118 del 25 de septiembre de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, (del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025), para que las autoridades

3 Expediente digital Samai, documento 013_DemandaWeb__6OBJECIONDPTOCC34983 4 Expediente digital Samai, documento 015_DemandaWeb__7RTAOBJECIONPORVENIR 5 Expediente digital Samai, documento 017_DemandaWeb__8REITERACIONOBJECION 6 Expediente digital Samai, documento 009_DemandaWeb__4LIQUIDACIONCC349835 7 Expediente digital Samai, documento 001_DemandaWeb__DEMANDACONFLICTODECO 8 Expediente digital Samai, documento 017POREDICTO_EDICTO_02EdictoRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 3 de 21

involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Consta que la secretaría comunicó 9 el presente asunto a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba); al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al departamento de Córdoba; a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA; a la señora Laura Giselle Banoy Becerra, apoderada de

departamento de Córdoba; a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA; a la señora Laura Giselle Banoy Becerra, apoderada de la AFP Porvenir SA, y a la señora Fanny Isabel Navas Pastrana.

En informe secretarial del 3 de octubre de 202510 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería ( Córdoba), el departamento de Córdoba y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba)11

Mediante oficio del 30 de septiembre de 2025, manifestó que es una entidad descentralizada, con autonomía y presupuesto independiente tal y como se establece en la Ordenanza núm. 33 del 27 de noviembre de 1994. Además, que el Ministerio de Salud y la gobernación de Córdoba suscribieron un convenio de concurrencia p ara el pago de la deuda prestacional de los funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a la planta de personal del Departamento Administrativo de Salud de Córdoba – DASALUD, hoy Secretaría Departamental de Salud, y los hospitales del departamento, entre ellos, el hospital San Jerónimo de Montería.

Señaló, que mediante la Ordenanza núm. 17 de 1996, la asamblea departamental ordenó la liquidación de la Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba y, en su lugar, cre ó una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita a la

ordenó la liquidación de la Caja de Previsión Social del departamento de Córdoba y, en su lugar, cre ó una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental, a través de la cual hace responsable al departamento del pasivo laboral y prestacional ; así como de las indemnizaciones que por todo concepto deje de pagar la entidad que se liquida.

Así las cosas, en desarrollo de dicha ordenanza, se suscribió un convenio de concurrencia entre el departamento de Córdoba - Secretaría de Salud y las ESE del departamento, entre las que se encuentra la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, con el objetivo de pagar las deudas prestacionales correspondientes a los funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría

9Expediente digital Samai, documento 016ED_EXPEDIENTE_05Informedecomunicac 10Expediente digital Samai, documento 023ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00442 11 Expediente digital Samai, documento 020_DemandaWeb__ALEGATOSDECONCLUSIONRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 4 de 21

de Salud departamental, y los hospitales del orden departamental, como el antes referido.

Por lo tanto, manifestó que es el departamento de Córdoba la entidad responsable y competente para efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Navas Pastrana.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público12

El 2 de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus consideraciones.

Indicó que no es el llamado a garantizar el pago del pasivo pensional de la señora

El 2 de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus consideraciones.

Indicó que no es el llamado a garantizar el pago del pasivo pensional de la señora Fanny Isabel Navas Pastrana por los tiempos laborados en el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy ESE, debido a que, según la información reportada por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) y la documentación correspondiente al pasivo prestacional de las entidades del sector salud, la señora Navas Pastrana no se encuentra registrada como beneficiaria del Pasivo Prestacional del Sector Salud, razón por la cual, su pasivo no puede ser financiado a través de los convenios de concurrencia . Así las cosas, la responsabilidad recae en la entidad empleadora.

3. Departamento de Córdoba13

Mediante memorial dirigido a la Sala del 30 de septiembre de 2025, el departamento de Córdoba señaló que no está obligado a reconocer y pagar el bono pensional de la señora Navas Pastrana porque nunca tuvo vinculación laboral con el ente territorial; adicionalmente, la peticionaria no es beneficiaria del convenio de concurrencia núm. 492 de 1999.

En consecuencia, le corresponde a la entidad empleadora, en este caso la ESE Hospital Jerónimo de Montería (Córdoba), presupuestar y pagar el bono pensional solicitado.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la

1. Competencia

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de

12 Expediente digital Samai, documento 023_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaPronunciamientoaco 13 Expediente digital Samai, documento 020_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosDptodeCorRadicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 5 de 21

competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) y el departamento de Córdoba; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de l a solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Fanny Isabel Navas Pastrana por el tiempo que laboró para el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy ESE, comprendido entre el 27 de septiembre de 1988 y el 30 de abril

solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Fanny Isabel Navas Pastrana por el tiempo que laboró para el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy ESE, comprendido entre el 27 de septiembre de 1988 y el 30 de abril de 1993; y iii) todas las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.

2. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva14.

3. Aclaración previa.

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de

y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

14 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 6 de 21

De conformidad con los antecedentes enunciados, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tiene derecho la señora Fanny Isabel Navas Pastrana , correspondiente al período laborado en el Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba), hoy ESE, comprendido entre el 27 de septiembre de 1988 al 30 de abril de 1993.

El conflicto surge, porque la ESE Hospital San Jerónimo de Montería (Córdoba) mediante el CETIL núm. 202010891079999000980003 precisó no ser la competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al periodo comprendido entre 27 de septiembre de 1988 y el 30 de abril de 1993 . Esta posición se fundamenta en lo dispuesto en la Ordenanza 017 de 1996 de la Asamblea Departamental de Córdoba, la cual establece que el departamento es responsable del pasivo causado y acumulado a cargo de la Caja Departamental de Previsión

En este sentido, Porvenir SA, ante la respuesta de la ESE requirió al departamento de Córdoba, quien también negó su competencia, al señalar que la ESE Hospital

cargo de la Caja Departamental de Previsión

En este sentido, Porvenir SA, ante la respuesta de la ESE requirió al departamento de Córdoba, quien también negó su competencia, al señalar que la ESE Hospital San Jerónimo de Montería no suscribió contrato de concurrencia alguno con dicho departamento.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante certificación del 15 de septiembre de 2025 , negó la participación y responsabilidad de la Nación en la emisión del bono pensional relacionado con la señora Navas Pastrana, pues indicó que la ESE no la reportó como beneficiaria, y por tanto, no quedó inscrita en calidad de beneficiari a en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas15:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud.

15 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06000-2025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-0025700, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de

análisis exhaustivo sobre los asuntos objeto del presente conflicto, en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; el proceso de descentralización del sector salud; las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 7 de 21

1. Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 16, y mediante la Ley 9ª de 1973 17, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

«conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas , como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre

16 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».

Pública». 17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 18 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 8 de 21

otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que

(artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197519

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud , dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo

19 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y

del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo

19 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 9 de 21

10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

Ahora bien, como lo señaló la Sala 20, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 21 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente» , de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y

territorial correspondiente» , de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 22 que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, y en especial, adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial

20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 21 Ley 10 de 1990 (enero 10 ) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden

sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley. 22 Ley 60 de 1993 (agosto 12) «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Polí tica y se dictan otras disposiciones». Esta ley fue derogada por Ley 715 de 2001.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00442-00 Página 10 de 21

en materia salarial y prestacional, y estableció un mecanismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud

Ley 60 de 1993

Esta disposición creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud23 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspectos, que el Gobierno nacional, por medio

prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspectos, que el Gobierno nacional, por medio de reglamento, establecería la forma en que la Nación y las entidades territoriales concurrirían al pago del pasivo pensional.

Ley 100 de 199324

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios» y se refirió al sector salud y al fondo del pasivo, en el artículo 242, en los siguientes términos:

Artículo 242. FONDO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.

El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta, será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que establece la misma Ley.

A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de

los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60