CE - Auto interlocutorio 11001030600020250045000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2025.

Número único: 11001-03-06-000-2025-00450-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda

Distrital de Instrucción de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia -liquidador.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del CPACA, modificado en su inciso 3º por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 112, numeral 10 del CPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de enero de 2025 1, el señor A.A.P.T2., en calidad de apoderado de los señores N.S.R., M.A.B.G., A.M.B.R., R.A.S.B., D.A.A.B., C.A.P.R., y A.M.R.P ., presentó una queja ante la Superintendencia de Sociedades, en contra del señor G.M.V.U., por las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido en su calidad de liquidador dentro d el proceso de insolvencia de las sociedades O.C.C.

presentó una queja ante la Superintendencia de Sociedades, en contra del señor G.M.V.U., por las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido en su calidad de liquidador dentro d el proceso de insolvencia de las sociedades O.C.C. SAS y C.D.V. SA., con núm. de radicación 2025-01-017272, adelantado ante dicha Superintendencia. La queja fue repartida al Grupo de Instrucción Disciplinaria de la entidad el 20 de enero de los corrientes.

2. El 4 de febrero de 20253, mediante el auto núm. 2025-01-035411, el Grupo de Instrucción Disciplinaria de la Superintendencia de Sociedades declaró su falta de competencia para conocer del asunto, y en consecuencia, lo remitió a la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá (reparto), al considerar que dicha autoridad era la competente para conocer el caso.

1Expediente digital Samai, documento 006ED_EXPEDIENTE_11001250200020250107, folio 6. 2Por tratarse de información relacionada con un procedimiento administrativo disciplinario susceptible de reserva, se anonimizará las partes involucradas y datos de dicho expediente. 3Expediente digital Samai, documento 006ED_EXPEDIENTE_11001250200020250107, folio 8Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 2 de 19

3. Por reparto, el asunto fue asignado a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, la cual, mediante auto del 28 de febrero de 20254, resolvió remitirlo por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,

Instrucción de Bogotá, la cual, mediante auto del 28 de febrero de 20254, resolvió remitirlo por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, al considerar que, conforme al artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, la potestad disciplinaria sobre particulares disciplinables corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

4. El 6 de mayo de 20255, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer la queja disciplinaria contra el señor G.M.V.U., por las presuntas irregularidades cometidas en su calidad de liquidador en el proceso de insolvencia de las sociedades O.C.C. S.A.S. y C.D.V. S.A. En consecuencia, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencia suscitado entre dicha Comisión y la Procuraduría Segunda Distrital de

Instrucción de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 419 del 30 de septiembre de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, (del 3 al 9 de octubre de 2025), para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6. Consta que la secretaría comunicó el presente asunto 7 a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá; a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; a la

las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6. Consta que la secretaría comunicó el presente asunto 7 a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá; a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá. En informe secretarial del 10 de octubre de 20258 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Frente al señor G.M.V.U., en su calidad de auxiliar de la justicia -liquidador, la Secretaría de la Sala informó 9 que no les fue comunicado el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria contemplada en el artículo 115 de

4Expediente digital Samai, documento 006ED_EXPEDIENTE_11001250200020250107, folio 32. 5Expediente digital Samai, documento 006ED_EXPEDIENTE_11001250200020250107. 6Expediente digital Samai, documento 007POREDICTO_EDICTO_03Edicto 7Expediente digital Samai, documento 004ED_EXPEDIENTE_05Informedecomunicac 8Expediente digital Samai, documento 010ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2025-00450 9 Expediente digital Samai, documento 005ED_EXPEDIENTE_06InformesecretarialRadicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 3 de 19

la Ley 1952 de 2019 10; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos. El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el

la Ley 1952 de 2019 10; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquellos. El despacho ponente, al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, no encontró el auto de apertura de investigación ni la orden de vinculación del señor G.M.V.U. que acreditaran su calidad de investigado 11, así como tampoco la citación a audiencia, ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 12, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este. Así, pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»13, el despacho del consejero ponente determinó que la comunicación del presente asunto se realizara a través de la autoridad que se declarará competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra del señor G.M.V.U., en su calidad de auxiliar de la justicia — liquidador, en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

Esta autoridad no presentó consideraciones ; sin embargo, las razones por las cuales manifiesta que carece de competencia se extraen del auto del 6 de mayo de

2025. En dicho pronunciamiento se señala que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia fueron incorporados al régimen disciplinario aplicable a los particulares, y que dicha norma establece que la competencia para conocer de las acciones disciplinarias contra particulares recae

de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares de la justicia fueron incorporados al régimen disciplinario aplicable a los particulares, y que dicha norma establece que la competencia para conocer de las acciones disciplinarias contra particulares recae en la Procuraduría General de la Nación y en las personerías.

2. Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá

Esta autoridad no presentó consideraciones ; sin embargo, las razones por las cuales manifiesta que carece de competencia se extraen del auto del 28 de febrero de 2025.

10«Artículo 115: Reserva de la actuación disciplinaria . En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. // El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición». 11Artículo 111, Ley 1952 de 2019. 12Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 13Corte Constitucional, sentencia T-499 de 2013.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 4 de 19

Frente a ello, indicó a la Sala que la competencia para ejercer la acción disciplinaria contra los auxiliares de la justicia corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, al considerar que estos funcionarios tienen una ca tegorización especial conforme a la Ley 1952 de 2019 que los distingue de los particulares que ejercen funciones públicas de manera

Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, al considerar que estos funcionarios tienen una ca tegorización especial conforme a la Ley 1952 de 2019 que los distingue de los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Asimismo, sostuvo que, dada la naturaleza de los cargos de los auxiliares de justicia y el carácter colaborativo de su servicio en el ejercicio de la función judicial, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 confirió competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigarlos y sancionarlos disciplinariamente. Añadió que dicha disposición no fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, por tratarse de una norma autónoma respecto de la Ley 734 de 2002.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , no t ienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de

Disciplina Judicial de Bogotá , no t ienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asuntoRadicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 5 de 19

de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las dos autoridades en conflicto, esto es la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria adelantada en contra del señor G.M.V.U. en su condición de auxiliar de justicia

Disciplina Judicial de Bogotá, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria adelantada en contra del señor G.M.V.U. en su condición de auxiliar de justicia (liquidador); y iii) ambas negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo 14, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]».

Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos15.

14Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; decisión del 16 de mayo de 2018,

radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 15Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [Subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 6 de 19

declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas». [Subrayas y resaltado de la Sala].Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 6 de 19

2. Suspensión de términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva16.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria contra el señor G.M.V.U., con ocasión de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido en su calidad de auxiliar de la justicia — liquidador— dentro del proceso de insolvencia de las sociedades O.C.C. SAS y

la actuación disciplinaria contra el señor G.M.V.U., con ocasión de las presuntas irregularidades en las que habría incurrido en su calidad de auxiliar de la justicia — liquidador— dentro del proceso de insolvencia de las sociedades O.C.C. SAS y C.D.V. SA., tramitado ante la Superintendencia de Sociedades.

La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá negó ser competente y señaló que, si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 le otorga competencia para conocer de las investigaciones de los particulares disciplinables, esto no aplica a los auxiliares de justicia, los cuales ejercen una función de colaboración dentro de un proceso judicial.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifestó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el particular es disciplinable conforme al Código General Disciplinario será investigado y juzgado

16 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 7 de 19

por la Procuraduría General de la Nación. Por lo que reiteró su falta de competencia para conocer el asunto y remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

para conocer el asunto y remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Naturaleza del liquidador en procesos de insolvencia empresarial. iii) Supresión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración. iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. v) Funciones de la Procuraduría General de la Nación frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración17

La naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201218, que señala:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano

requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…]. [Subrayas de la Sala].

La Corte Constitucional19 ha señalado que los auxiliares de la justicia «no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas».

17 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación número 1100103-06-000-2024-00509-00. 18 Ley 1564 del 12 de julio de 2012 «[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones». 19 Corte Constitucional Sentencia C-798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 8 de 19

De igual manera, la Sala ha precisado20 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Naturaleza del liquidador en procesos de insolvencia empresarial

La Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para conocer y dirigir los procesos de insolvencia empresarial, como jueces del concurso, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso

La Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para conocer y dirigir los procesos de insolvencia empresarial, como jueces del concurso, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes. (Artículo 6, inciso 1º, de la Ley 1116 de 200621).

Sobre el ejercicio de estas funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades, la Sala señaló lo siguiente22:

[…] de conformidad con lo dispuesto por el inciso 3º. del artículo 116 de la Carta y su correspondiente desarrollo a través de los artículos 90 de la ley 22 2 de 199512 y 6º de la ley 1116 de 2006, la Superintendencia de Sociedades puede ejercer funciones jurisdiccionales para conocer y decidir los procesos concursales.

Sobre las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades y su facultad para designar liquidadores se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2006, así:

“(…) la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa del orden nacional que en virtud de delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, fue investida de funciones jurisdiccionales por el artículo 90 de la ley 22 2 de 1995 para conocer y decidir los procesos concursales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución. Para estos efectos, y con fundamento en las facultades conferidas por el artículo 84 de la

la ley 22 2 de 1995 para conocer y decidir los procesos concursales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución. Para estos efectos, y con fundamento en las facultades conferidas por el artículo 84 de la citada Ley 222, podrá decretar la d isolución y ordenar la liquidación de cualquier entidad vigilada, cuando sea el caso, para lo cual, en la providencia de apertura del trámite liquidatorio, designará un liquidador que se convierte en auxiliar de la justicia, el que debe actuar dentro de las estrictas condiciones contempladas en la ley”. [Subrayas de la Sala].

20Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-201700200-00(C). 21 Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 22Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Decisión del 22 de abril de 2009 (Radicación núm. 11001-03-06-000-2009-00027-00).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 9 de 19

Ahora bien, al iniciarse el proceso de insolvencia empresarial, el juez del concurso debe designar al liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades , según lo establecido por el artículo 67 de

Ahora bien, al iniciarse el proceso de insolvencia empresarial, el juez del concurso debe designar al liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades , según lo establecido por el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 . Es decir, la ley prevé que la naturaleza del cargo de liquidador en esta clase de procesos es la de auxiliar de la justicia.

En el mismo sentido, el artículo 2.2.2.11.1.1 del Decreto 1074 de 201523, modificado por el artículo 1 del Decreto 2130 de 2015, resalta la naturaleza de auxiliar de la justicia, entre otros, del cargo de liquidador , en los procesos de insolvencia empresarial:

Artículo 2.2.2.11.1.1. Naturaleza de los cargos de promotor, liquidador e interventor. Los promotores, liquidadores y agentes interventores son auxiliares de la justicia y su oficio es público, ocasional e indelegable. Estos cargos deben ser ejercidos por personas de conducta intachable, deben gozar de excelente reputación y ser idóneos para cumplir con su función, la cual deben desarrollar con imparcialidad e independencia.

[…]. [Subrayas de la Sala].

De otro lado, e l artículo 2.2.2.11.1.3. del citado Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1167 de 2023 , define el cargo de liquidad or e indica sus funciones, dentro de las cuales se encuentra n el cumplimiento de las cargas, deberes y responsabilidades en su condición de auxiliar de la justicia. Dispone esta norma:

sus funciones, dentro de las cuales se encuentra n el cumplimiento de las cargas, deberes y responsabilidades en su condición de auxiliar de la justicia. Dispone esta norma:

ARTÍCULO 2.2.2.11.1.3. Del cargo de liquidador . El liquidador es la persona natural o jurídica que actúa como administrador de los bienes del sujeto del proceso de liquidación judicial, así como representante legal de la persona jurídica sometida a este proceso. El liquidador deberá cumplir las cargas, deberes y responsabilidades propias de los administradores de conformidad con las normas vigentes, así como las de auxiliar de la justicia.

[…]. []Resaltado de la Sala].

Ahora bien, el juez del concurso está facultado para sustituir, de oficio o a petición de parte , a los auxiliares de la justicia , entre ellos el liquidador, con ocasión del incumplimiento de las funciones previstas en la ley o de las órdenes impartidas por el juez24.

23 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 24Ley 1116 de 2006, artículo 5. «Facultades y atribuciones del juez del concurso. Para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones:Radicación: 11001-03-06-000-2025-00450-00 Página 10 de 19

Adicional a ello, el liquidador podrá ser removido por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Manual de Ética expedido por la Superintendencia de

Adicional a ello, el liquidador podrá ser removido por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Manual de Ética expedido por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.2.11.1.6 25 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1167 de 2023, y por el incumplimiento de las obligaciones previstas para los auxiliares de justicia en el artículo 2.2.2.11.2.1326, modificado por el artículo 12 del Decreto 1167 de 2023.

En conclusión, los liquidadores designados por la Superintendencia de Sociedades, en los procesos de insolvencia empresarial, son auxiliares de la justicia.

// […]. // 8. Decretar la sustitución, de oficio o a petición de parte, de los auxiliares de la justicia, durante todo el proceso de insolvencia, con ocasión del incumplimiento de las funciones previstas en la ley o de las órdenes del juez del concurso, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo». 25Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.11.1.6. «Manual de Ética y Evaluación de la Gestión. Los auxiliares de la justicia, que integren la lista elaborada y administrada por la Superintendencia de Sociedades y cualquier persona que haya sido designada por la mencionada entidad para actuar como promotor, liquidador o agente interventor, deberán su jetarse a lo dispuesto en el Manual de Ética, que será expedido por la Superintendencia de Sociedades, para que sea cumplido y aplicado por ellos y con la finalidad de darlo a conocer y promoverlo a sus respectivos equipos de trabajo. //

Ética, que será expedido por la Superintendencia de Sociedades, para que sea cumplido y aplicado por ellos y con la finalidad de darlo a conocer y promoverlo a sus respectivos equipos de trabajo. // […]. // El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Manual de Ética constituye causal suficiente para la remoción del auxiliar del cargo de promotor, liquidador o agente interventor y la exclusión del auxiliar de la lista. // La Superintendencia de Sociedades eval