CE - Auto interlocutorio 11001030600020250046200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Delegada para la Segunda Instancia de Bogotá y

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una comisaria de familia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante oficio del 4 de febrero de 2021, la Procuraduría Primera Distrital remitió por competencia a la Personería de Bogotá queja disciplinaria interpuesta por el señor C.

A. C. G. contra la comisaria de familia Y. F. C. G., por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el trámite y decisión de las medidas de protección dentro de procesos adelantados ante la entonces comisaria primera de familia de Usaquén II.

La queja se dirigió, en particular, contra decisiones del 11 de junio, 13 de julio y de 7 de octubre de 2020, adoptada s dentro de trámite s de protección por violencia

La queja se dirigió, en particular, contra decisiones del 11 de junio, 13 de julio y de 7 de octubre de 2020, adoptada s dentro de trámite s de protección por violencia intrafamiliar, en la que el quejoso afirmó que la comisaria había actuado de manera irregular y sin fundamento jurídico adecuado.

2. El 20 de septiembre de 2021, la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III dispuso la apertura de indagación preliminar para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y la eventual existencia de falta disciplinaria atribuible a la servidora investigada.

3. Posteriormente, mediante auto núm. 476 del 19 de mayo de 2022, la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la comisaria Y. F. C. G., al advertir la necesidad de profundizar en

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 2 de 19

el análisis de las actuaciones desplegadas por la servidora en las fechas 11 de junio, 13 de julio y 7 de octubre de 2020, relacionadas con el trámite de las medidas de protección por violencia intrafamiliar.

el análisis de las actuaciones desplegadas por la servidora en las fechas 11 de junio, 13 de julio y 7 de octubre de 2020, relacionadas con el trámite de las medidas de protección por violencia intrafamiliar.

4. El 21 de abril de 2025, mediante auto núm. 0246, la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III terminó y archivó la investigación disciplinaria, al concluir que no se configuraba falta disciplinaria. La decisión fue notificada al quejoso, quien interpuso recurso de apelación contra dicha determinación.

5. El recurso fue conocido por la Personería Delegada para la Segunda Instancia, que mediante auto PSI 027 del 25 de agosto de 2025 se declaró sin competencia para continuar con el trámite, al estimar que los hechos investigados se relacionaban con el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la comisaria de familia en los procesos de medidas de protección por vio lencia intrafamiliar , razón por la cual remitió las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para lo de su competencia.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, una vez recibida la actuación, profirió auto de fecha 25 de septiembre de 2025, en el cual igualmente se declaró sin competencia, al considerar que los hechos investigados datan del año 2020, época en la que aún no habían entrado en vigencia las normas que asignaron competencia a la jurisdicción disciplinaria judicial, ni se había posesionado la Comisión Nacional

de Disciplina Judicial.

En consecuencia, el 3 de octubre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina

a la jurisdicción disciplinaria judicial, ni se había posesionado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En consecuencia, el 3 de octubre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá propuso conflicto negativo de competencias administrativas con la Personería de Bogotá y remitió la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para su definición.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil fijó el edicto núm. 429 el 3 de octubre de 2025, por el término de cinco (5) días, esto es, entre el 9 y el 16 de octubre de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones dentro del trámite del conflicto negativo de competencias administrativas

De acuerdo con el informe secretarial del 3 de octubre de 2025, la Secretaría comunicó la existencia del conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Personería Delegada para la Seg unda Instancia de la Personería de Bogotá y a la Personería de Bogotá.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 3 de 19

Asimismo, en dicho informe se dejó constancia de que el expediente podría contener documentación sujeta a reserva disciplinaria, por lo que se puso a consideración del

Asimismo, en dicho informe se dejó constancia de que el expediente podría contener documentación sujeta a reserva disciplinaria, por lo que se puso a consideración del despacho ponente la procedencia de comunicar el asunto a la disciplinada Y. F. C. G., así como a otras autoridades potencialmente interesadas.

Durante la fijación del edicto, según el informe secretarial de 17 de octubre de 2025, las autoridades involucradas guardaron silencio.

El despacho sustanciador, al revisar los documentos del expediente disciplinario remitido, advirtió que la actuación que dio origen al conflicto contaba con auto de apertura de investigación disciplinaria, proferido el 19 de mayo de 2022, por lo cual la disciplinada adquirió formalmente dicha calidad conforme al artículo 111 del Código General Disciplinario. En consecuencia, mediante auto del 30 de octubre de 2025, ordenó comunicar la existencia del conflicto a la disciplinada.

Mediante informe secretarial del 11 de noviembre de 2025, la Secretaría señaló que la señora Y.F.C.G. guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Delegada para la Segunda Instancia de la Personería de Bogotá

Aunque esta autoridad no presentó alegatos dentro del trámite del conflicto ante la Sala, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el auto PSI 027 del 25 de agosto de 2025, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar conociendo del proceso disciplinario adelantado contra la comisaria Y. F. C. G.

En dicha providencia, la Personería señaló que los hechos objeto de investigación se

2025, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar conociendo del proceso disciplinario adelantado contra la comisaria Y. F. C. G.

En dicha providencia, la Personería señaló que los hechos objeto de investigación se relacionan directamente con actuaciones adelantadas por la comisaria en ejercicio de funciones jurisdiccionales, específicamente dentro de los trámites de medidas de protección por violencia intrafamiliar. Resaltó que, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política y la normativa especial que regula a las comisarías de familia, dichas actuaciones tienen naturaleza jurisdiccional.

Con fundamento en lo anterior, indicó que la competencia disciplinaria frente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales —aun de manera excepcional o transitoria — corresponde a la jurisdicción disciplinaria judicial, integrada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, conforme a los artículos 2º y 239 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1 y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Por lo anterior, solicitó que la actuación fuera remitida a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por tratarse de la autoridad competente para conocer lasRadicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 4 de 19

investigaciones disciplinarias frente a quienes actúan en ejercicio de la función jurisdiccional.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

Si bien esta autoridad tampoco presentó alegatos dentro del término conferido por la Sala, se tienen en cuenta los argumentos expuestos en el auto del 25 de septiembre de 2025, mediante el cual igualmente se declaró sin competencia para avocar el

Si bien esta autoridad tampoco presentó alegatos dentro del término conferido por la Sala, se tienen en cuenta los argumentos expuestos en el auto del 25 de septiembre de 2025, mediante el cual igualmente se declaró sin competencia para avocar el conocimiento del proceso disciplinario.

En dicha decisión, la Comisión Seccional sostuvo que los hechos investigados ocurrieron en los meses de junio, julio y octubre de 2020, esto es, antes de la entrada en vigencia plena del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y antes de la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021). Por tanto, en ese momento la jurisdicción disciplinaria judicial aún no se encontraba en funcionamiento, ni había entrado en vigor el régimen normativo que permitirí a atribuirle competencia para conocer de estos hechos.

Indicó, en consecuencia, que no era jurídicamente posible aplicar de manera retroactiva las normas que atribuyen competencia a la Comisión Nacional y a sus seccionales para ejercer la función disciplinaria respecto de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales. En ese contexto, estimó que la competencia frente a hechos ocurridos en el año 2020 correspondía a las autoridades disciplinarias administrativas, entre ellas la Personería de Bogotá, que fue la autoridad que originalmente conoció de la queja y adelantó la investigación.

Por lo expuesto, la Comisión Seccional propuso conflicto negativo de competencias con la Personería Delegada para la Segunda Instancia y remitió la actuación a esta Sala de Consulta y Servicio Civil para su resolución.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

la Personería Delegada para la Segunda Instancia y remitió la actuación a esta Sala de Consulta y Servicio Civil para su resolución.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, a saber, la Personería Delegada para la Segunda Instancia de la Personería de Bogotá y la Comisión Seccional de DisciplinaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 5 de 19

Judicial de Bogotá, no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se

está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel terri torial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos, por cuanto: i) la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá es del orden nacional , y la Personería Delegada para la Segunda Instancia de la Personería de Bogotá es del orden distrital; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de la queja disciplinaria presentada el 7 de octubre de 2020 contra la comisaria de familia

Y. F. C. G., por presuntas irregularidades en el trámite de medidas de protecci ón por violencia intrafamiliar; y iii) ambas autoridades han negado sucesivamente su competencia para adelantar o continuar con la actuación disciplinaria, lo que condujo a la formulación del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

Es importante señalar que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ejerce funciones de carácter jurisdiccional, la Sala mantiene la competencia para resolver la controversia, debido a que también está inmersa en el conflicto una autoridad de carácter administrativo3, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes

administrativo3, y, con sujeción al debido proceso, debe definirse la autoridad facultada para iniciar o continuar el proceso correspondiente.

La indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los bienes que busca tutelar el proceso disciplinario y, en general, los derechos de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal; a la vez que contradice el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, según el cual «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad

3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 201900063; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 6 de 19

y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]» […]»4 y, en segundo lugar, porque para identificar la autoridad competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo. Todo lo anterior, en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional mediante las providencias en las cuales ha reconocido la competencia de la Sala para dirimir conflictos de competencia en este tipo de casos5.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así

artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva6.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2014, radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00; 16 de mayo del 2018, radicación 11001 -03-06-000-201700200-00; 18 de junio de 2019 radicación 11001 -03-06-000-2019-00063-00; 20 de mayo del 2021, radicación 11001-03-06-000-202100024-00. 5 Corte Constitucional, Autos 1044 de 2021 y 1691 de 2022. « Al respecto, esta Corporación, mediante Auto 1044 de 2021 16, señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta “aplicable lo dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre

dispuesto por los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011, s egún los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto”. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir es te tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas ». [subrayas y resaltado de la Sala]. 6 Este mandato es armónico con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 7 de 19

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del caso

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria originada por la queja presentada contra la comisaria de familia Y. F. C. G., por presuntas irregularidades en el trámite y decisión de las medidas de protección adoptadas en casos de violencia intrafamiliar.

La Personería Delegada para la Segunda Instancia de Bogotá negó competencia para resolver el recurso de apelación presentado contra el auto de archivo, al considerar que los hechos investigados corresponden al ejercicio de función jurisdiccional, por lo cual la competencia disciplinaria recae en la jurisdicción disciplinaria judicial, conforme a los artículos 2º y 239 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1° y 61 de la Ley 2094 de 2021.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá también negó competencia para conocer del asunto. Señaló que los hechos ocurrieron en los meses de junio, julio y octubre de 2020, época en la que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aún no se encontraba en funcionamiento (posesionada el 13 de enero de 2021) y no se había consolidado el régimen legal que atribuye competencia a la jurisdicción disciplinaria judicial para investigar a autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Por tal razón, consideró que no es posible aplicar retroactivamente dicho

y no se había consolidado el régimen legal que atribuye competencia a la jurisdicción disciplinaria judicial para investigar a autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Por tal razón, consideró que no es posible aplicar retroactivamente dicho régimen a hechos anteriores a su entrada en vigor, y que la competencia correspondería a las autoridades disciplinarias administrativas, entre ellas la Personería de Bogotá.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas7:

1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración. ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia. Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración.

7 Cabe anotar que la Sala recientemente se pronunció sobre la competencia para adelantar actuaciones disciplinarias elevadas contra comisarios de familia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante la decisión del 18 de marzo de 2025, Radicado CCA 2 025-00046, M.P. Juan Manuel Laverde Álvarez, cuyo marco teórico se acoge en el presente asunto.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 8 de 19

1. Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y v) El caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

1. Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y v) El caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración8

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas encuentra fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual se establece lo siguiente:

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Las comisarías de familia en Colombia fueron creadas por el entonces Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) en su artículo 295, con la función de brindar protección a los menores en situación irregular, e intervenir en casos de conflicto familiar. A partir de la expedición de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), las funciones de las comisarías fueron establecidas en el artículo 83 de dicha norma, e incorporadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar que tiene como propósito la prevención, garantía, restablecimiento y reparación de los derechos de todos los miembros del grupo familiar.

Más adelante, la Ley 2126 de 20219 derogó el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y en su artículo 3° definió la naturaleza jurídica de las comisarías de familia, manteniendo las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma,

las funciones jurisdiccionales de estas, funciones que se activan tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, en el marco de lo previsto en el artículo 17 de la misma norma, así:

Artículo 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley. [negrilla de la Sala].

En su artículo 12, esta ley establece las funciones de las comisarías, entre las cuales se encuentra la de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 24 de febrero de 2023, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00282-00. Decisión del 11 de junio de 2025, radicado núm.11001-03-06-000-202500211-00. Decisión del 18 de marzo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00639-00 9 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 9 de 19

El artículo 1710 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

El artículo 1710 de la norma en cita establece las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, las cuales se derivan del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comisarías de familia:

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar . Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. [subraya la Sala].

En relación con la naturaleza de las comisarías de familia que en su momento previó la Ley 1098 de 2006, y que se mantiene en la Ley 2126 de 2021, la Corte Constitucional11 reconoció que, si bien son autoridades de carácter administrativo, en los casos de violencia intrafamiliar actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales:

2.5.1. Así las cosas, es preciso señalar que las Comisarías de Familia, son autoridades administrativas que, en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar12.

2.5.2. Pues bien, la ley 294 de 1996, que fue modificada por la ley 575 de 2000, y sus decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En

decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, indican el procedimiento que deben observar las autoridades competentes en los casos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, establece que la decisión final del comisario o del juez, según el caso, que imponga una medida de protección definitiva, será recurrible ante el juez de familia, mediante el recurso de apelación, el cual se otorgará en el efecto devolutivo.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de autoridades que transitoria u ocasionalmente administran justicia. Reiteración13.

10 Modificatorio del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, antes modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. 11 Sentencia T-642 de 2013. 12 Las funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia se fundamentan en la Ley 575 de 2000, que está en concordancia con el artículo 116 de la Constitución, que al respecto dispone: Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 13 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 18 de marzo de 2025,

administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 13 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 18 de marzo de 2025, expediente núm. 11001 -03-06-000-2025-00046-00. Decisión del 18 de marzo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00639-00Radicación: 11001-03-06-000-2025-00462-00 Página 10 de 19

El artículo 111 original de la Ley 270 de 1996 14, «Estatutaria de la Administración de Justicia», disponía que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de sus consejos seccionales eran los competentes para disciplinar a quienes de manera ocasional o transitoria ejercían función jurisdiccional, a los funcionarios de la Rama Judicial y a los abogados.

Asimismo, de conformidad con el artículo 193 15 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) , la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia para conocer procesos disciplinarios en contra de quienes desempeñaban funciones jurisdiccionales de manera transitoria u ocasional.

5.3. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a autoridades que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración16.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, en

transitoria. Reiteración16.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Ac